Mostramos la estadística internas del dominio Nuevo Impulso.net
El Administrador es Ramón Palmeral
(Revista digital de ARTE, CULTURA Y OPINIÓN DESDE ALICANTE. Nuevoimpulso.net
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Trump está nervioso y preocupado por quedar como un "bocazas". Las cosas no le están saliendo como él quiere, especialmente en el ámbito del comercio internacional de los aranceles. Intenta imponer su voluntad a otros países mediante aranceles imposibles, pero sus tácticas están encontrando resistencia. Si yo fuera Ursula von der Leyen, ni siquiera le respondería: no se puede negociar con alguien que impone condiciones sin espacio para el diálogo.
Ha caído en la trampa de su propio juego de alguien que no tiene ni idea de como funciona hoya día economía internacional. En Europa lo vemos como un bufón.
La administración Trump ha lanzado una exigencia apremiante: quiere que las naciones con las que está negociando presenten sus mejores propuestas antes del martes 4 de junio, en el marco de las negociaciones comerciales multilaterales. Según un borrador enviado en forma de carta a los países involucrados, se les solicita que detallen sus mejores ofertas en áreas clave. Entre ellas, se incluyen:
Propuestas de reducción o eliminación de aranceles.
Cuotas para la compra de productos industriales y agrícolas estadounidenses.
Planes para desmantelar cualquier barrera no arancelaria.
Todo esto con el fin de acelerar las negociaciones y cumplir una fecha límite autoimpuesta por Washington, que vence en apenas cinco semanas (otra envite en este juego de poker). Este enfoque agresivo refleja la impaciencia y el estilo confrontativo de Trump, pero también deja ver cierta desesperación por lograr acuerdos que pueda presentar como "victorias" en su narrativa política.
Un órgano como el Tribunal Constitucional, cuando es elegido por el parlamento, puede ser percibido como poseedor de un menor valor democrático en comparación con otros mecanismos de selección más directos. Esto se debe a que, aunque los miembros del parlamento son representantes electos por el pueblo, su intervención en la designación de jueces introduce una capa adicional entre el electorado y la toma de decisiones en el poder judicial. La legitimidad democrática se transmite de forma indirecta, lo que puede generar dudas sobre la independencia judicial o sobre la politización del órgano, especialmente si la designación se realiza mediante cuotas partidistas o acuerdos opacos entre fuerzas políticas.
Cuando sea firme la opinión del TC sobre la Ley de Amnistía, la mayoría el pueblo español sentirá rechazo sobre esta decisión, lo que supone dudas, descontento y sospechas que nada favorecen la actual forma de elección de los magistrados del TC y habrá que cambiar e el futuro si en realidad pensamos con la soberanía reside en el pueblo español (Art. 1.2 de la Constitución). Por que todas las cosas se pueden cambiar para mejor por voluntad de las mayorías.
Elecciones de jueces y magistrdos en México
En contraste, México se encuentra en las etapas iniciales de un experimento democrático sin precedentes: sustituir el modelo tradicional de designación de jueces por uno basado en la elección directa por parte de los ciudadanos. El próximo domingo, los mexicanos acudirán a las urnas para elegir a más de 2600 jueces y magistrados —desde la Suprema Corte hasta los tribunales locales— en lo que representa la primera fase de una reforma que pretende redefinir el equilibrio entre democracia e independencia judicial. Este proceso plantea la elección directa de la mitad del poder judicial, quedando la otra mitad para el año 2027.
Este modelo eleva ostensiblemente el valor democrático de las instituciones judiciales, ya que traslada el poder de designación directamente al electorado. Sin embargo, también genera interrogantes importantes: ¿puede mantenerse la imparcialidad y la independencia judicial cuando los jueces deben hacer campaña electoral? ¿Cómo evitar que intereses económicos o partidistas influyan en el proceso electoral de los jueces? ¿Están los ciudadanos preparados para evaluar a los candidatos judiciales con criterios técnicos y jurídicos?
Conclusión
En definitiva, el modelo parlamentario y el modelo de elección directa representan dos enfoques distintos sobre cómo garantizar la legitimidad y la eficacia del poder judicial. Mientras el primero privilegia la representación institucional y la experiencia técnica, el segundo apuesta por una democratización radical que busca empoderar al ciudadano común en todas las esferas del poder público, incluida la justicia. El caso mexicano se convierte así en un laboratorio político cuyo desarrollo será observado con atención en todo el mundo, pues pone a prueba los límites entre democracia participativa, independencia judicial y eficacia institucional.
Ramón Palmeral
NOTA
!!!!Eleccciones generales ya¡¡¡
(Edificio del Tribunal Constitucional español en Madrid)
El Tribunal Constitucional avala la Ley de Amnistía: cómo funciona y cuáles son las funciones del TC
El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado los aspectos principales de la controvertida Ley de Amnistía, una decisión que ha generado intensas reacciones en el ámbito político y jurídico. Para comprender el alcance de esta resolución, es fundamental conocer qué es el Tribunal Constitucional, cómo funciona y cuál es su papel dentro del sistema institucional español. Según la ponencia de Inmaculada Montalbán tiene irregularidades jurídicas como la "malversación" y amorales, y corresponde al capricho de gobierno y de Conde-Pumpido.
Su aprobación va a supone una confrontación con la sociedad española e incluso catalana. El llamado "conflicto independentista catalán" no se va a acabar nunca con mano blanca o blanda"
Inmaculada Montalbán, afirma en su ponencia que "la justificación es clara y está muy alejada de moverse en meras referencias generales imprecisas como sostiene el Senado", puesto que las "explicaciones" del legislador, relativas a la necesidad de acabar con el conflicto catalán, "resultan razonables" y "no responden a capricho o mero voluntarismo". Por si había alguna duda, la ponencia de 191 páginas, justifica la promulgación de una ley tan excepcional en que "el 'procés' ha supuesto una de las mayores crisis que ha tenido que enfrentar nuestra democracia constitucional, tanto desde la perspectiva social como institucional".
Un confrontación con el Senado
Resulta ilógico y motivo de seria confrontación y preocupación institucional que una magistrada del Tribunal Constitucional emita una ponencia que se contrapone al criterio adoptado por el Senado, órgano constitucional que representa al pueblo español mediante la representación territorial de las provincias y ciudades autónomas. Esta discrepancia no puede ser tomada a la ligera, pues evidencia una tensión "sospechosas de imparcialidad" entre dos pilares fundamentales del sistema democrático y constitucional español: el poder judicial y el poder legislativo.
El Senado, como cámara de representación territorial, refleja la pluralidad de voces y realidades del Estado. Sus decisiones, aunque puedan estar sujetas a revisión constitucional, expresan la voluntad de los territorios que integran España. Por ello, cuando un órgano de control como el Tribunal Constitucional desestima o contradice dicha voluntad a través de una ponencia individual —más aún si esta proviene de una magistrada que debiera actuar con la mayor neutralidad e imparcialidad—, se genera un desequilibrio institucional que merece atención y análisis.
No se trata de negar la facultad del Tribunal Constitucional para ejercer el control de constitucionalidad, sino de subrayar la gravedad que implica cuando tal ejercicio se percibe como alejado de los consensos democráticos o enfrentado a decisiones legítimamente adoptadas por órganos representativos del pueblo (Art 1. 2 de la Constitución dice: "La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado"). En este contexto, la ponencia en cuestión no solo abre un debate jurídico, sino también político y democrático, ya que pone en entredicho la armonía entre los distintos poderes del Estado; es decir, nace una confrontación de posiciones entre el Senado y el TC.
Por tanto, este hecho debe ser analizado con detenimiento y con sentido de Estado, garantizando que los cauces institucionales se respeten y se preserve la legitimidad tanto de las decisiones judiciales como del mandato democrático expresado a través del Senado.
Dudas sobre la imparcialidad del TC
Un órgano como el Tribunal Constitucional, cuando es elegido por el parlamento, puede ser percibido como poseedor de un menor valor democrático en comparación con otros mecanismos de selección más directos. Esto se debe a que, aunque los miembros del parlamento son representantes electos por el pueblo, su intervención en la designación de jueces introduce una capa adicional entre el electorado y la toma de decisiones en el poder judicial. La legitimidad democrática se transmite de forma indirecta, lo que puede generar dudas sobre la independencia judicial o sobre la politización del órgano, especialmente si la designación se realiza mediante cuotas partidistas o acuerdos opacos entre fuerzas políticas.
El Tribunal Constitucional es un órgano independiente del Estado. No forma parte de los tres poderes clásicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), lo que le confiere un estatus especial como garante de la supremacía de la Constitución. Su función principal es velar por la adecuación de las leyes y actos normativos a la Constitución Española de 1978.
Entre sus competencias destacan:
Controlar la constitucionalidad de las leyes y normas con fuerza de ley.
Resolver conflictos de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.
Proteger los derechos fundamentales mediante el recurso de amparo.
Resolver recursos de inconstitucionalidad y cuestiones de constitucionalidad planteadas por jueces o tribunales.
En este contexto, la ponencia inicial elaborada por la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, ha respaldado la constitucionalidad de gran parte de la Ley de Amnistía, una norma impulsada por el actual Gobierno y diseñada, entre otros objetivos, para beneficiar a líderes independentistas catalanes encausados por su participación en el procés, incluido Carles Puigdemont. (Que no le interesan los problemas de España como la reducción de la jornada laborar, en cambio tiene poder democrático decisorio, lo que usa como arma de amenazas y chantaje constante y vergonzoso a Pedro Sánchez.
No obstante, la ponencia también ha estimado parcialmente tres de los motivos de inconstitucionalidad presentados por el Partido Popular en su recurso del 9 de septiembre. Estos motivos afectan a aspectos menores de la norma, pero no modifican su núcleo central.
Uno de los puntos más polémicos es que la ponencia no se pronuncia sobre el delito de malversación, una acusación que afecta directamente a Carles Puigdemont y otros líderes independentistas. Esto se debe a que el TC solo examina si la ley es constitucional, no si su aplicación a casos concretos es válida o no. Por lo tanto, será competencia de los jueces ordinarios determinar si procede aplicar la amnistía a los casos específicos, incluidos los relacionados con malversación.
La decisión ha desatado fuertes reacciones en el panorama político. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que “nos hacen creer que se compra un gobierno con privilegios a Puigdemont en legal”, expresando su rechazo frontal a una ley que, según sus palabras, rompe con los principios de igualdad y justicia.
Desde el otro lado, el Gobierno defiende la norma como una vía de reconciliación y de resolución política del conflicto catalán. Sin embargo, en el ámbito jurídico, muchos expertos advierten de la complejidad legal y ética que supone aprobar una amnistía selectiva.
Más allá de su legalidad, la Ley de Amnistía ha abierto un debate ético profundo. Algunos juristas consideran que, aunque técnicamente pueda ser constitucional si se interpreta en el marco de la jurisprudencia actual, su contenido es amoral al priorizar intereses políticos sobre principios jurídicos fundamentales como la igualdad ante la ley y la separación de poderes.
En definitiva, aunque el TC avale gran parte de la Ley de Amnistía, el debate político y social continúa abierto. La ponencia será discutida por los diez magistrados del Tribunal durante las próximas semanas, y se espera que las deliberaciones comiencen oficialmente el próximo 24 de junio. Su resolución marcará un hito en la historia reciente del constitucionalismo español.
Alicante, 02-06-2025
"La mujer metálica" (óleo de 116 x 87 cm) un cuadro de la serie "Mujeres del Futuro", del pintor alicantino Ramón PALMERAL, su obra anterior se titula "La Ginoide". Usa pintura óleo. (No es una obra de Arte Digital).
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El veintisiete de marzo de 2025, en la sede del Ateneo Blasco Ibáñez, se presentó el poemario de María Consuelo Giner Tormo, “Dioses y hombres”. Este libro hace el volumen setenta y nueve de la colección “Algo que decir”, que edita el Ateneo Blasco Ibáñez. Está prologado por el periodista y escritor Ramón Gómez Carrión y las ilustraciones han corrido a cargo del escritor y pintor Ramón Palmeral. “Dioses y hombres” quiere ser una simbiosis de deidad metafórica entre el poder sobrehumano y la humanidad capaz de endiosar por sus méritos. Así, la autora va emparejando a afamados escritores con un dios mitológico para desvelar que ellos también fueron mezquinos como muchos humanos y, que, a su vez, hay humanos muy capaces de parecer dioses por el adorno de sus merecimientos. El barítono bajo, Miguel García Casas, puso el broche final con la ejecución de las piezas liricas con que acostumbra a embelesar al público. El acto terminó con un vino de honor.
Política Territorial y Memoria Democrática - 24.5.2025
La ciudad fue testigo del bombardeo sobre el Mercado Central, el 25 de mayo de 1938; del exilio a través del puerto; y alberga la tumba de Miguel Hernández.
El Gobierno de España ha incoado expediente para declarar Lugar de Memoria Democrática a la ciudad de Alicante, que está vinculada estrechamente a la historia y la memoria colectiva de España durante la Guerra y la dictadura.
El Boletín Oficial del Estado ha publicado la incoación del expediente, señalando que Alicante es merecedora de este reconocimiento en virtud de dos episodios especialmente significativos: el bombardeo sobre el Mercado Central, el 25 de mayo de 1938; y el dramático exilio a través del puerto de la ciudad. Además, alberga la tumba de Miguel Hernández en el cementerio de Alicante.
Estos hitos constituyen, por sí solos, hechos de una singular relevancia por su repercusión en la memoria colectiva, vinculada a la represión y la violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de Estado de julio de 1936, la Guerra y la Dictadura, así como al exilio.
Uno de los hechos más dramáticos vividos por los alicantinos fue el bombardeo sobre el Mercado Central a las 11 horas del 25 de mayo de 1938, cuando la aviación italiana que auxiliaba al ejército sublevado lanzó hasta 90 bombas sobre el mercado, que se encontraba totalmente abarrotado de gente. Las consecuencias de aquella masacre fueron 273 fallecidos y al menos 244 heridos, algunos de ellos de enorme gravedad, además de una infinidad de edificios destruidos o dañados.
La opinión internacional reaccionó con indignación ante estas acciones contra los civiles alicantinos y se creó la "Comisión internacional para la investigación de los bombardeos áreas de España" compuesta por Gran Bretaña, Noruega y Suecia, que visitó Alicante los días 19 y 20 de agosto, y cuya conclusión fue que el ataque aéreo a la zona civil de la ciudad fue deliberado.
No menos graves fueron los días finales a la Guerra de España en Alicante, especialmente en el puerto. Durante el mes de marzo de 1939 Alicante se convirtió en el gran puerto del exilio. Desde este lugar salieron buques como el Winnipeg, el Marionga, el Ronwyn, el American Trader o el famoso Stanbrook, que, con 2.638 refugiados a bordo, fue bombardeado por la aviación franquista, aunque afortunadamente sin consecuencias.
Estos "barcos de exilio" salvaron la vida a miles de refugiados que consiguieron ponerse a salvo gracias a la evacuación. Mientras tanto, en el puerto de Alicante se sucedían las escenas de desesperación de la población y de los militares que no pudieron embarcar hacia el exilio, incluyendo episodios dramáticos de suicidios ante la perspectiva de represión que les esperaba. La mayoría de los combatientes fueron encerrados en diferentes campos de concentración, como el de Los Almendros o el de Albatera.
A estos dos destacados episodios se une que Alicante alberga la tumba del poeta Miguel Hernández en el cementerio, lugar de recuerdo y homenaje al poeta del pueblo que murió en la enfermería de la prisión de Alicante el 28 de marzo de 1942.
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Esta declaración no nos beneficiará en nada pero contentá a algunos X
De todo ses sabido desde tiempo de los griego y romanos que el poder corrompe. Nadie está completamente exento, incluso aquellos que exigen la máxima integridad a su alrededor. Aun así, esto no implica justificar lo que actualmente se informa, se escucha o se deduce en torno al Gobierno.
Primero, porque hay al menos una veintena de personas imputadas en el entorno más cercano del presidente Pedro Sánchez, directa o indirectamente. Segundo, porque el propio jefe del Ejecutivo no ha ofrecido aún explicaciones sobre los graves hechos que se están publicando en los últimos días. Desde hace un mes, no comparece públicamente ni responde preguntas, desde lo que se ha denominado “el apagón”. Y tercero, porque cada semana surge un nuevo escándalo vinculado de algún modo a La Moncloa.
La ciudadanía se encuentra saturada. Los casos se acumulan hasta el punto de perder la cuenta, la sorpresa e incluso el recuerdo del último escándalo, mientras transcurre lo que algunos ya llaman “la semana fantástica” de los operadores internos del PSOE que es un barco tocado en el juego de los barquitos.
Resulta llamativo el caso de la "fontanera", militante socialista con una trayectoria política significativa y vinculaciones polémicas (esto de pertenecer a un partido político es como pertenece a una secta religiosa). Ha sido acusada de ejercer presión sobre personas relacionadas con investigaciones al entorno presidencial, utilizando como vínculo un destacado abogado. Pese a que afirma ser periodista, no se le conocen labores en medios, aunque sí ha ocupado cargos políticos relevantes. Según informaciones recientes, habría ofrecido a un medio vídeos comprometidos de un fiscal que investiga al PSOE.
Ante estas acusaciones, resulta llamativa la falta de explicaciones por parte de los implicados. ¿Por qué solo se ha abierto un expediente interno a la "fontanera"? Sin embargo, todo indica que Pedro Sánchez continuará con su estrategia de resistencia: en silencio, enfocado en la situación internacional e la guerra en Gaza y en Ucrania, y centrado en objetivos como oficializar el catalán, eusquera y gallego en la UE. Oviando los problemas de los españoles como la vivienda, la sanidad, el desempleo, las pensiones... (es decir, gobernado con despotismo ilustrado de espalda el pueblo).
Sabe que una moción de censura es inviable y, por ahora, otros asuntos como las presuntas maniobras encubiertas o las crisis internas parecen quedar relegados a un segundo plano. Feijóo convoca una manifestación en Madrid para el domingo 8 de junio para pedir que Sánchez convoque elecciones. esta manifestación popular es una especie de plebiscito encubierto en pronunciamiento. Por meno el 14 de abril del 31 se proclamó la II República desde los balcones de los ayuntamientos tras unas elecciones municipales.
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Es denigrante para los ciudadanos tener que atenderlos en estas dependencias que son de 1931. Carece de vivienda para los guardias. No tiene garaje para los cuatro coches que tienen. Los cuarteles los construyen los ayuntamientos donde se ubican, es una norma del siglo XIX. No los construye el ministerio del Interior ni la Dirección General de la Guardia Civil.
San Vicente del Raspeig (cooficialmente en valenciano: Sant Vicent del Raspeig) es una ciudad y municipio español, situado al noroeste del área metropolitana de Alicante, en la provincia de Alicante, Comunidad Valenciana. Cuenta con 60 269 habitantes (INE 2024).
En el término municipal de San Vicente del Raspeig se encuentra, desde su fundación en 1979, el campus de la Universidad de Alicante. Este hecho le ha valido para colocársele desde entonces la etiqueta de ciudad universitaria y de residencia. Los núcleos urbanos de Alicante y de San Vicente forman un continuo urbanizado, además de poseer comunicaciones entre sí como tren Cercanías, tranvía TRAM (L2) o el autobús de línea n.º 24.
Y eso que San Vicente tiene ubicada la Universidad de Alicante.
Actualmente la policía local tiene 77 agente aunque por el número de habitantes podría llegar a los 86.
Un ayuntamiento que desde 2001 esta gobernado por el PP. Su último alcalde es José Rafael Pascual Llopis.
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94 años del cuartel de la Guardia Civil de San Vicente del Raspeig
Este año 2025 se cumplen noventa y cuatro años de la finalización de las obras de la Casa-Cuartel de la Guardia Civil de San Vicente del Raspeig, que se habían iniciado en el año 1927. En agosto de 1931, los cuatro guardias civiles más un cabo, se trasladaron desde su anterior ubicación, en la Calle Balmes, a la actual, en la Calle Miguel Hernández. Dicha Casa-Cuartel constaba, en aquél momento, de dos pabellones.
La anterior ubicación pasó a ser escuelas de Enseñanza Primaria, llamadas por todos los vecinos sanvicenteros como “Las Tres Escuelas”. Hoy, dichas escuelas sirven para instalaciones de la Cruz Roja y de asociaciones juveniles. La construcción de la entonces nueva Casa-Cuartel de la Guardia Civil estuvo dirigida por el arquitecto don Juan Vidal Ramos. Entendiendo que la dotación de guardias civiles era muy reducida para las necesidades del pueblo, se solicitó la ampliación de dos pabellones adicionales, cuya obra finalizó en mayo de 1936, incrementándose la plantilla con dos guardias civiles más.
Durante la construcción de la Casa-Cuartel, con financiación del Ayuntamiento de nuestro pueblo, los alcaldes, desde 1927 a 1936, fueron don Fernando Antón Pomares; don Vicente Lillo Beviá; don Ramón Orts Galán; don Mariano Botella Jover; don Mariano Guijarro Beviá; y, de nuevo, don Mariano Botella Jover.
Los terrenos en donde se construyó la Casa-Cuartel de la Guardia Civil fueron cedidos por cuatro vecinos de la localidad y todos los gastos de construcción y vestimenta fueron pagados por el Excmo. Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig.
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Palabras calves:
Vergüenza del Gobierno central o del Ayuntamiento San Vicentero.
NOTA.-
El Campello (Alicante) tenía una casona cuartel al pie de la Torre vigía frente a la Isleta y ahora tiene uno nuevo, excelente ubicación.
La Comandancia de la Guardia Civil de Alicante es un edificio del siglo XVIII, fue hospital militar y civil, se ocupa desde 1944, antes era de los Carabineros desde 1931. Tiene paralizada desde hace años las nuevas obras en Rabasa.
Los cuarteles de la Guardia Civil en un 90 % son viejos y se caen a cachos, algunos ha sido conventos desocupados desde la Desamortización de Mendizabal.
La indignación recorre todas las comandancias, puestos, despachos y oficinas de la Guardia Civil. Los agentes se sienten desde hace semanas señalados por los dirigentes socialistas por las investigaciones que tiene en marcha la Unidad Central Operativa (UCO) contra el entorno del Gobierno. Están inmersos en una de las mayores crisis de la historia del Instituto Armado, según informan fuentes del Cuerpo a LA RAZÓN.
El "cabreo mayúsculo" que se vive en el sino del Cuerpo no se circunscribe solo a los acontecimientos de esta semana. La paulatina pérdida de competencias en diferentes demarcaciones de España han mermado el poder histórico de la institución. Esta decisión se ha visto como un "proceso de desmantelamiento" en favor de los intereses políticos.
Muchos agentes han tenido que virar sus vidas profesionales y personales sin reparo. Son los damnificados del País Vasco, Cataluña o Navarra. "Estamos hasta las narices que nos usen como moneda de cambio política", afirman estas fuentes. Un lamento que se ha incrementado con el desarrollo de las últimas semanas.
El primero de estos acontecimientos fueron las declaraciones de varios dirigentes socialistas que les acusaban que filtrar los mensajes de WhatsApp del presidente del Gobierno con José Luis Ábalos, publicados por "El Mundo". Los investigadores del "caso Koldo" presenciaron atónitos como se proclamaban estas consignas contra ellos mismos.
Precisamente, este ataque contra su lealtad no se produjo cuando los medios reproducían los mensajes de Víctor de Aldama con miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Algo no cuadraba. A los pocos días se supo que una parte de las conversaciones fueron filtradas por el propio Ábalos. Estas manifestaciones frenaron la campaña latente contra ellos.
Una tranquilidad que no duró muchas semanas. Los audios de Leire Díez, conocida como la "fontanera" del PSOE, pusieron el foco en Antonio Balas, teniente coronel de la UCO, responsable del grupo contra la delincuencia económica que investiga los casos de corrupción del entorno del PSOE. Este mando lleva más de dos décadas en el Instituto Armado y cuenta con una trayectoria intachable que comenzó en la lucha contra ETA.
La plantilla de la Guardia Civil se ha tomado estas grabaciones como un nuevo ataque a uno de los mayores baluartes de la institución. "Solo se acuerdan de nosotros para meter mierda en lugar de preocuparse por las condiciones laborales, económicas o materiales", lamentan enfadadas estas fuentes.
El grado de indignación en todos los estamentos del Cuerpo es enorme con lo que consideran una reiteración de ataques gratuitos. Otro de los factores que no está ayudando es el silencio de la directora General Mercedes González o de Manuel Llamas, el Director Adjunto Operativo (DAO).
Y es que los agentes no se consideran respaldados por sus superiores y tienen que recibir cada día un nuevo golpe que escuchan o ven en los medios de comunicación. Consideran que están inmersos en una de las mayores crisis que ha vivido la institución en su larga historia.
Nadie podía imaginar que una de múltiples causas de hidrocarburos fuera el epicentro de tal polémica. La "Operación Drake" es el inicio de la investigación contra el presidente del grupo petrolero Hafesa Alejandro Hamlyn. Este caso ha estado rodeado de misterio.
La Guardia Civil reconoció en varios escritos que algunas las grabaciones claves desaparecieron o fueron dañadas. Una de las partes personadas en el procedimiento solicitó la imputación de más de una decena de agentes del Instituto Armado por estos hechos. Además, una semana antes del arranque la defensa de Hamlyn presentó un nuevo informe de peritaje forenses sobre las grabaciones.
Con todos estos acontecimientos, el lunes se iniciaron las sesiones en la Audiencia Nacional sin la presencia de Hamlyn. El empresario se encuentra en Dubai y no puede salir del país porque tiene un procedimiento judicial abierto. A la vista de los hechos, se decidió suspender durante un mes el juicio que se volverá a reanudar en San Fernando de Henares (Madrid).
A pesar de todos estos "palos" y críticas, la UCO sigue en pie desarrollando su trabajo. En el horizonte se encuentra el esperado informe solicitado por el Tribunal Supremos sobre aforados socialistas. De la misma forma que tienen sobre la mesa otras diligencias. No cesan en su labor de frenar a los delincuentes. Cueste lo que cueste y le pese a quien le pese.
Tomado de La Razón de 28 de mayo de 2025
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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, una de las piezas clave en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en España, lleva sufriendo desde hace tiempo un constante acoso y campañas de desprestigio. Presiones internas y ataques políticos buscan minar su independencia y capacidad operativa, lo que pone en serio riesgo su continuidad. La desaparición de esta unidad especializada supondría un duro golpe para el Estado de Derecho y la justicia en nuestro país.
En abril de 2016, Mario Conde, expresidente de Banesto y figura central del escándalo financiero de los años 90,
fue detenido por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en su
domicilio de Madrid. Al ser informado de la presencia de los agentes,
Conde respondió con una frase que reflejaba su experiencia y
conocimiento del sistema: “Si está aquí la Guardia Civil, es que viene con los deberes hechos”. (La Guardia Civil nunca actúa por su cuenta sino por el mandato de Jueces y Fiscales)
Desde su creación, la UCO ha liderado investigaciones que han sacudido los cimientos políticos y empresariales de España. Casos emblemáticos como la Gürtel, los ERE en Andalucía o la trama Koldo han sido posibles gracias a la pericia de esta unidad. La UCO no solo cuenta con expertos en investigación, sino que mantiene una estrecha colaboración con fiscales y jueces para desmontar redes criminales y corruptas. Y, aunque muchos investigados tratan de desprestigiarles y ven cada filtración en "nombre de la UCO", ellos siguen su trabajo: investigar y documentarlo en la investigación.
Todos los misiles van directos a derrocar a una unidad incómoda para muchos estratos del poder. Por ello, la desaparición de la UCO tendría consecuencias inmediatas y graves:
La UCO no solo combate la corrupción política, sino también delitos vinculados al narcotráfico, el contrabando, delitos telemáticos, los vinculados al deporte, desapariciones, crímenes sin resolver... Su desaparición aumentaría la vulnerabilidad de España ante estos delitos y minaría la confianza de los ciudadanos en que el Estado puede protegerles.
Jueces, fiscales y expertos en seguridad alertan sobre los riesgos de debilitar o eliminar esta unidad. La especialización, autonomía y experiencia acumulada no se sustituyen fácilmente y cualquier intento de desmantelarla sería un retroceso para la justicia y la transparencia.
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NOTAS DE NUEVO IMPULSO
Siempre ha sido así, que cuando investigas al gobierno de turno y otros órganos de poder, la presión se triplica, sin embargo el Duque de Ahumada los blindó en 1844 contra toda intromisión del poder y les legó la Cartilla del Guardia Civil que es una especie de código samurai como Cuerpo ambivalente civil y militar. Los gobiernos de turno no pueden prescindir de la Guardia Civil, ya la II República les cambió el nombre por Guardia Nacional Republicana, luego los integró con la Guardia de Asalto y Carabineros, pero fue por poca meses. Francisco Franco intentó suprimirlos como había hecho con los Carabineros en 1940, pero sus generales le aconsejaron que no lo hiciera, y no lo hizo. Nadie ha podido suprimirlos por que su labor de proteger el estado de derecho, y a la ciudadanía (de aquí su sobrenombre de Benemérito) "siempre fiel a su deber" y "Todo por la Patria" o "El honor es su principal divisa" los convierte en imprescindibles, y es causa de envidia entre los policías del mundo como el FBI. La Historia de la Guardia Civil es impecable. Su vida será larga y eterna. Y los gobiernos de turno pasarán como el polvo en los caminos.
Es una estupidez y un gasto innecesario la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez para que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas oficiales en la Unión Europea (UE). Porque lo tienen cogido por los cataplines o crótalos, para no convocar elecciones, y seguir en la Moncloa, si tuviera dignidad las convocaría, pero carece de ella. Con la cantidad de problemas que tiene España: No tiene presupuestos, desempleo, sanidad, vivienda, pensiones, inmigración, mendigos, chabolismo... A estas 3 lenguas, le podemos unir otras españolas como el canario del silbo, el andaluz de mi pueblo, bable, murciano, valenciano, balear y el melillense (una especie de espanarabe).
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Que catalán, gallego y euskera sean reconocidas como lenguas oficiales de la UE.
Argumenta que España asumiría íntegramente los costes, estimados en unos 132 millones de euros anuales, según cálculos preliminares de Bruselas.
Esto se enmarca dentro de los acuerdos con partidos nacionalistas e independentistas para lograr apoyos a la investidura, especialmente Junts per Catalunya, el partido de Carles Puigdemont.
¿Cuál es la posición del Partido Popular (PP)?
El Partido Popular (PP) ha sido crítico con esta iniciativa por varios motivos:
Coste económico elevado:
Consideran injustificado que se destinen más de 130 millones de euros anuales para este fin, en lugar de otras prioridades nacionales.
Concesión a intereses independentistas:
Acusan al Gobierno de ceder al “chantaje” de partidos como Junts o Bildu para mantenerse en el poder.
Según Alberto Núñez Feijóo, esto es una muestra de que Sánchez preside un “gobierno mafioso” (declaración que hizo recientemente en referencia a estas negociaciones).
Riesgos políticos y jurídicos:
El PP considera que esta medida rompe el principio de igualdad lingüística en Europa y podría abrir la puerta a más reclamaciones identitarias o secesionistas dentro de otros Estados miembro.
¿Qué ha pensado en Bruselas?
Que es un lío tremendo, por que daría lugar a la entrad de 50 idiomas locales de Europa.
El martes 27 de mayo, la presidencia polaca del Consejo de la UE retiró del orden del día la votación sobre la oficialidad de estas lenguas.
Varios países (Finlandia, Suecia, Austria, entre otros) expresaron reticencias por motivos jurídicos y económicos.
La decisión ha sido pospuesta indefinidamente. No hay una nueva fecha clara para el debate. No obstante, el Ministro de Asunto Exteriores José Manuel Albares intentará convencer, si no sobornar, a los países díscolos, para que acepten la propuesta vital para España de las 3 lenguas, salvo que deseen la imposición de aranceles.
Fuentes relevantes:
Declaraciones de ministros europeos recogidas por medios como El País, El Mundo, La Vanguardia, Euronews, etc.
Comunicados oficiales del Consejo de la Unión Europea.
Posiciones del Partido Popular expresadas por Feijóo y portavoces parlamentarios en intervenciones públicas y en el Congreso.
Conclusión
La oficialización de las lenguas cooficiales en la UE no se ha aprobado y enfrenta resistencias reales en Europa. Es, hasta ahora, una propuesta del Gobierno español con motivaciones políticas internas, principalmente ligadas a asegurar su estabilidad parlamentaria.
Tu opinión crítica refleja un sector amplio del electorado español que cuestiona el coste, la oportunidad política y las concesiones al independentismo, compartida por partidos como el PP y VOX.
¿Te gustaría que redacte este análisis como artículo de opinión o como carta al director para un medio? Puedo ayudarte con eso también.
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Argumento paleográfico práctico:
Es incuestionable que el estudio de la filología —la disciplina que se ocupa del análisis histórico, estructural y comparativo de las lenguas— tiene un valor inmenso en el campo de las humanidades. En este contexto, el análisis de lenguas antiguas, dialectos regionales, piedras rúnicas y demás sistemas lingüísticos extintos o minoritarios, resulta fundamental para la paleografía, la historia y la comprensión de la evolución cultural de los pueblos.
Estas investigaciones permiten reconstruir modos de vida, creencias, religión, sistemas de organización social y marcos de pensamiento que de otro modo quedarían perdidos en el tiempo. Su utilidad académica es innegable.
Sin embargo, una cosa es el valor histórico, filológico y científico de estas lenguas, y otra muy distinta es otorgarles estatus de lengua oficial en el contexto político y administrativo de la Europa moderna. Hacerlo puede generar complicaciones prácticas, como la fragmentación institucional, el aumento en los costes de traducción y comunicación, y una carga adicional de trabajo para la gestión administrativa de los Estados de los 27 y de la propia Unión Europea.
Además, en muchos casos, estas lenguas carecen de una masa científica, crítica de hablantes activos, de terminología moderna desarrollada y de una estandarización suficiente para cumplir con funciones oficiales y administrativas complejas. Darles este reconocimiento puede terminar siendo más simbólico que funcional, y generar divisiones o tensiones de identidad en lugar de promover una cohesión social real. En Europa se hablan unas 50 lenguas no oficiales
Por tanto, si bien es positivo que se estudien en clase de Literatura entre las lenguas peleolíticas, fenicio, latín y griego clásico se preserven y se fomenten como patrimonio cultural intangible, no necesariamente deben ser elevadas al rango de lenguas oficiales en instituciones contemporáneas que requieren un lenguaje funcional, común, técnico y ampliamente comprendido por todos.
Ramón Palmeral
(Cartel: Composición de Palmeral sobre otro cuadro de Xavi García, mayo 2025)
PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA “MIGUEL HERNÁNDEZ-COMUNIDAD VALENCIANA” 2026
El Patronato de la Fundación Cultural Miguel Hernández convoca el Premio Internacional de Poesía “Miguel Hernández-Comunidad Valenciana” 2026, con arreglo a las siguientes:
BASES
PRIMERA. Podrán participar todos los escritores que lo deseen, con una obra original e inédita escrita en castellano. No podrán concursar aquellos que hubieran obtenido el Premio en ediciones anteriores de este certamen.
SEGUNDA. La dotación del Premio único será de 8.000,00 euros, sujeta a la legislación tributaria vigente. Se entregará también al ganador un elemento artístico acreditativo.
TERCERA. Las obras, de tema libre, deberán contar con un mínimo de 500 y un máximo de 1.000 versos, escritas a máquina o en ordenador a doble espacio y por una sola cara, y con un índice de los poemas. Sólo se podrá enviar una obra por participante.
CUARTA. Se podrá participar mediante dos vías: por correo postal o mensajería y por correo electrónico. En caso de correo postal o mensajería, se presentarán las obras grapadas o encuadernadas debidamente, por quintuplicado, en formato DIN-A4. En los originales sólo se hará constar el título de la obra y un seudónimo. En sobre aparte dentro del mismo paquete, cerrado y con el título de la obra y el seudónimo en el exterior, se incluirán los datos personales del autor: nombre y apellidos, dirección, teléfono de contacto y correo electrónico, fotocopia del DNI o del pasaporte y una breve nota bio-bibliográfica.
En la opción de correo electrónico, se enviará a la dirección administración@miguelhernandezvirtual.com un único mail que contendrá dos archivos adjuntos, un PDF o Word con el poemario original, indicando título de la obra y seudónimo, y un archivo con los datos personales del autor: nombre y apellidos, dirección, teléfono de contacto y correo electrónico, fotocopia del DNI o del pasaporte y una breve nota bio-bibliográfica.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS Responsable: FUNDACIÓN CULTURAL MIGUEL HERNÁNDEZ
Finalidad: Gestión participación actividad indicada. Los datos personales del autor: nombre y apellidos, dirección, teléfono de contacto y correo electrónico, fotocopia del DNI o del pasaporte y una breve nota bio-bibliográfica solo se tendrá acceso de los finalistas.
Legitimación: Interés legítimo del Responsable y consentimiento del interesado.
Destinatarios: Se cederán datos por obligación legal, autorización expresa del interesado o para prestar un servicio como se explica en la información adicional. No se transferirán datos a terceros países.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos como se explica en la información adicional. Se informa de la existencia de un servicio de denuncias internas.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos expuesta en C/. MIGUEL HERNÁNDEZ, n.º 75 – 03300 ORIHUELA (Alicante) y solicitar una copia para su conservación en la dirección arriba indicada o en el correo electrónico administracion@miguelhernandezvirtual.com
QUINTA. El plazo de presentación de originales finaliza el día 30 de octubre de 2025. Los originales se enviarán a: Fundación Cultural Miguel Hernández, calle de Miguel Hernández n.º 75, 03300 Orihuela (Alicante). Se considerarán incluidas dentro de este plazo las obras que se envíen por correo y tengan matasellos de origen de esta fecha o anterior. En el sobre se indicará obligatoriamente: “Para el Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández-Comunidad Valenciana 2026”. Asimismo, será posible también remitir los originales a través de correo electrónico, rigiéndose en todo momento por lo expuesto en las presentes Bases, a la siguiente dirección: administracion@miguelhernandezvirtual.com
SEXTA. La Fundación Cultural Miguel Hernández designará un comité de lectura previo, constituido por especialistas, que seleccionará las obras sobre las que deliberará posteriormente el Jurado, presidido por un miembro del Patronato de la Fundación y con cuatro miembros más con voz y voto, que tendrá al Director de esta Institución como secretario de actas, con voz pero sin voto. El representante de la editorial encargada de su publicación tendrá voz pero no voto. Si en la deliberación previa a la votación se considerase por mayoría de sus miembros que ninguna de las obras presentadas posee calidad suficiente para optar al Premio, éste podrá declararse desierto.
SÉPTIMA. El fallo del Jurado será hecho público durante el mes de marzo de 2026, en fecha próxima al aniversario de la muerte del poeta Miguel Hernández. El fallo será inapelable y la asistencia del ganador al acto de entrega del Premio, imprescindible para percibir el mismo.
OCTAVA. La obra premiada será publicada por Devenir. El ganador tendrá derecho a recibir cincuenta ejemplares de su obra, entendiéndose que la dotación económica del Premio suple los derechos de autor, tanto mediante impresión como en proceso digital y/o a través de Internet. El ganador deberá facilitar, en el plazo de un mes desde que se le notifique la obtención del Premio, un soporte informático con el contenido íntegro de la obra premiada. Siempre que la obra sea editada se tendrá que destacar el galardón obtenido por la misma, con la indicación ‘Premio Internacional de Poesía Fundación Cultural Miguel Hernández 2026’.
NOVENA. Los originales no premiados serán destruidos, no admitiéndose peticiones de devolución.
DÉCIMA. La participación en este Premio implica la total aceptación de las Bases. El Jurado resolverá todos aquellos aspectos no contemplados en las mismas.
Orihuela, 1 de junio de 2025