La “ley Bolaños”: una amenaza a la independencia judicial según las asociaciones de jueces y fiscales
La conocida como "ley Bolaños", impulsada por el Ministerio de Justicia, ha desatado una profunda preocupación entre los profesionales de la judicatura y el Ministerio Público en España. Esta legislación ha sido duramente criticada por las principales asociaciones judiciales y fiscales, que la consideran un atentado contra la separación de poderes, al promover —según denuncian— un modelo de jueces y fiscales más dóciles ante el poder Ejecutivo.
Hoy se vive una jornada clave: representantes de las tres asociaciones judiciales y de las dos agrupaciones del Ministerio Fiscal han viajado a Estrasburgo para reunirse con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Henna Virkkunen. El objetivo es trasladar su alarma sobre los "peligros" que implican los cambios propuestos por el Gobierno, que afectan directamente al acceso a la carrera judicial y fiscal, la estabilización de más de mil sustitutos, y especialmente el refuerzo de la capacidad del Ejecutivo para controlar la Fiscalía General del Estado, al mantener la potestad de nombrar a su máximo responsable.
Para los convocantes de esta movilización, el fondo del problema es claro: las reformas que promueve el ministro Félix Bolaños permitirían al Gobierno un control más directo y estructural sobre el sistema judicial. Esto, en su opinión, pone en jaque la independencia judicial —un pilar esencial del Estado de Derecho—, y puede suponer un grave retroceso democrático.
La reunión con Virkkunen, aunque breve (de apenas media hora), es vista como una oportunidad crucial para conseguir un pronunciamiento de Bruselas que presione al Ejecutivo español. Las asociaciones buscan que la Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, inste al Gobierno a frenar, o al menos ralentizar, el proceso de aprobación de estas medidas, que se tramitan por la vía de urgencia.
El precedente es alentador para los jueces y fiscales. Ya en 2021, la presión europea logró detener una reforma judicial impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez que también fue muy cuestionada por su posible impacto en la independencia del poder judicial. Por eso, las asociaciones profesionales confían en que una nueva intervención de las instituciones comunitarias pueda disuadir al Gobierno de seguir adelante con una reforma que consideran irreversible y lesiva para las garantías democráticas.
En definitiva, lo que está en juego no es únicamente un conflicto corporativo, sino el modelo de justicia que se quiere preservar en España: uno donde los jueces y fiscales actúen con plena autonomía, o uno condicionado por la voluntad política del Ejecutivo.
La llamada Ley Bolaños, es una ley nacida del sátrapa Pedro Sánchez, porque calla, y cuando callas es que estás implicado. No puede luchar contra los jueces independientes que investigan a su mujer Begoña Gómez, o su hermano, a su secretarios de organización como Ábalos y Cerdán... etc y etc. por ello se vale de los llamados "fontaneros y fontaneras" de la Moncloa. A Sánchez le gustaría una Justicia que bailara a su órdenes. La gobernanza de Sánchez se ha acabado, no da para más. ¿Qué se inventará el 9 de julio en el Congreso.
Editorial Nuevo Impulso.net