El coste de garantizar el acceso a la vivienda de las personas vulnerables no puede recaer sobre el arrendatario particular, sino sobre el Estado, que es quien diseña y promueve las políticas de protección social. Sin embargo, el Gobierno ha optado por una vía que, bajo la bandera del "buenismo", traslada el peso de esa responsabilidad al propietario de la vivienda, convertido así en el gran perdedor de este juego político. Se protege a unos a costa de otros, sin compensación suficiente y sin asumir desde lo público el coste real de una política que se vende como social.
Según ha sabido este diario, este planteamiento fue defendido abiertamente ante Sumar durante las negociaciones. En el Ejecutivo eran plenamente conscientes de que los de Carles Puigdemont, con quienes negociaron de forma directa, tendrían enfrente a la banca catalana —gran tenedora de vivienda— si se permitía la aprobación del decreto que paraliza los desahucios. Aun así, el Gobierno siguió adelante, incluso cuando se vio obligado a introducir cambios para contentar al PNV, limitando la medida a los propietarios con tres o más viviendas, que serían los únicos impedidos de recuperar sus inmuebles cuando el inquilino acreditara vulnerabilidad y hubiera incurrido en impago.
Ese gesto hacia el PNV fue, en realidad, un guiño indirecto a Junts, tratando de equilibrar intereses políticos más que de resolver el problema de fondo. Lo que resulta más difícil de entender dentro del propio Ejecutivo es la reacción de Podemos. La secretaria general morada, Ione Belarra, lanzó un duro mensaje en la red social X calificando de «un asco» el pacto alcanzado con el PNV, pese a no conocer aún en detalle el contenido de los decretos aprobados por el Consejo de Ministros. Una crítica precipitada que evidencia, una vez más, la tensión interna en la izquierda y la falta de una posición clara y responsable sobre quién debe asumir realmente el coste de las políticas sociales.
Los Podemistas deben pagarle a los vulnerables el alquiler, y no rajarse las vestiduras:
El alquiler de los vulnerables ¡Que lo pague Belarra!
Hay algunos propietario de vivienda alquilada que se han tenido que ir a vivir a casa de los padres o amigos, y a su seguir pagando la hipoteca, agua, luz y gas... esto es injusto...
Además los propietarios de pisos alquilados en encuentran con la Ley 22/15 de segunda oportunidad, y ya no pagan su deuda, la Ley se la perdonas, y pierde el propietario, porque no se lo paga el Estado.
Y mienytras tanto Pedro Sánchez en Kwai hablando chorradas en inglés.