ASAJA denuncia una situación que califica de “especulación y usura sin precedentes” en el mercado energético y de insumos agrarios, que está afectando de forma directa a agricultores y ganaderos andaluces. Según la organización, la reciente escalada bélica en Oriente Medio, provocada por los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán, ha generado un clima de incertidumbre internacional que está siendo aprovechado por determinados actores del mercado para incrementar de forma injustificada los precios de productos esenciales para la actividad agraria. No es posible que los combustibles hayan subido su precio en diez días de guerra cuando lo combustible ya estaban tasados.
En esta guerra quien más ganas es Hacienda
Desde UPA Andalucía se insiste en que estos aumentos no responden a una evolución real de los costes del mercado, sino a un proceso claramente especulativo. Según explica Cózar Pérez, el gasóleo que actualmente se está vendiendo en muchas estaciones de servicio fue adquirido por las compañías cuando el petróleo cotizaba a precios considerablemente más bajos. Por tanto, considera que no existe una justificación económica para que el precio se haya disparado de forma tan repentina, más allá de la intención de aprovechar la incertidumbre geopolítica para incrementar los márgenes de beneficio.
La organización agraria advierte además de una situación aún más preocupante: la ralentización e incluso el bloqueo del suministro de gasóleo agrícola por parte de algunas petroleras. Esta circunstancia podría provocar serios problemas de abastecimiento y llegar a paralizar la actividad en el campo en un momento crucial del calendario agrario. Miles de agricultores necesitan combustible para poder trabajar con sus tractores y maquinaria agrícola, especialmente ahora que las condiciones meteorológicas han permitido retomar labores que habían quedado pendientes durante meses.
“Si el gasóleo B no llega a las gasolineras y los agricultores no pueden llenar sus depósitos, el campo se paraliza”, advierte Cózar Pérez. Una situación así, añade, no solo afectaría a los profesionales del sector, sino también al conjunto de la sociedad, ya que podría comprometer la producción y el suministro de alimentos.
UPA Andalucía denuncia que se está produciendo una doble irregularidad. Por un lado, se está encareciendo un combustible que ya se encontraba almacenado y que fue adquirido a precios más bajos. Por otro, se estaría limitando su salida al mercado con el objetivo de aplicar incrementos aún mayores en el futuro. Esta práctica, según la organización, agrava aún más la presión económica que sufren agricultores y ganaderos.
Además, la organización recuerda que menos del 5% del petróleo que consume España procede de la zona del conflicto, por lo que considera que el impacto directo de la guerra sobre el suministro energético del país es limitado. En este contexto, sostienen que los aumentos de precios registrados en los últimos días no están justificados por factores estructurales, sino que responden fundamentalmente a decisiones especulativas.
Ante este escenario, UPA Andalucía confía en que el Gobierno intervenga de forma urgente para frenar las prácticas abusivas en el mercado energético y garantizar el suministro de gasóleo agrícola. La organización subraya que la energía es un insumo estratégico para el sector agrario, imprescindible para realizar labores de siembra, tratamiento y recolección, así como para el transporte de productos.
Por ello, consideran necesario que las administraciones públicas vigilen el funcionamiento del mercado, investiguen posibles comportamientos especulativos y adopten medidas que protejan tanto a los productores como a los consumidores. De no hacerlo, advierten, el sector primario podría enfrentarse a una nueva crisis de costes que comprometería la viabilidad de muchas explotaciones y tendría consecuencias directas sobre los precios de los alimentos y la seguridad alimentaria.
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¿Qué hace la Comisión Nacional de Energía? para evitar la especulación.
Situación en España (CNMC)- Detección de competencia: La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) utiliza herramientas de inteligencia artificial desarrolladas internamente para detectar prácticas anticompetitivas en el sector energético.
- Modernización y Regulación: La CNMC está implementando el uso de IA y técnicas de "inteligencia de negocio" (BI) con contratos de alta inversión (más de 1.7 millones de euros) para analizar la complejidad de los mercados energéticos y mejorar la eficiencia.
- Flexibilidad y Redes: A partir de 2026, la CNMC obligará a implementar mecanismos de flexibilidad basados en tecnología para hacer más estables las redes, un proceso donde la IA juega un papel clave en la gestión de la demanda y generación.
- Digitalización: La estrategia España Digital 2026, bajo la cual actúa la CNMC, contempla la IA como un eje central para la optimización de recursos y la transición energética.
El Gobierno sigue sin concretar ayudas
Fuentes del Ejecutivo consultadas por LA RAZÓN confirmaron que se está preparando una «respuesta en un doble plano: uno coyuntural, con medidas para proteger a hogares, a trabajadores y a empresas afectadas, y otro estructural, con medidas para acelerar la transición ecológica y fortalecer la autonomía estratégica», pero continúan sin confirmar las medidas fiscales que se van a tomar, como ya se hizo con la guerra de Ucrania, limitándose a señalar que «seguimos monitorizando y evaluando». El PP se ha adelantado y ha propuesto un paquete fiscal para aliviar la situación, en el que destaca bajar al 10% el IVA de la energía, rebaja del IRPF y la supresión también del impuesto de generación eléctrica.
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La factura energética se convertirá este mes de marzo en una «paga extra» adicional para el Ministerio de Hacienda, que engordará sus arcas con unos ingresos multimillonarios procedentes de los impuestos que gravan el consumo de carburantes, luz y gas, merced a la guerra en Irán. Mientras el Gobierno sigue sin activar ningún plan de ayudas para rebajar el impacto de los precios energéticos en hogares, empresas y autónomos, las arcas públicas suman millones tras la recuperación de los tipos impositivos que se habían reducido tras la guerra de Ucrania. En concreto, la recuperación del IVA, el fin del tope al gas y la subida progresiva de los impuestos eléctricos han elevado la recaudación a cierre de febrero por encima de los 2.100 millones de euros, según datos recabados en Hacienda. Una cifra a la que hay que sumar ahora los ingresos sobrevenidos por el incremento de los precios energéticos provocado por el conflicto de Oriente Próximo.
En el caso de los carburantes, el precio del petróleo se disparó hasta los 120 dólares esta misma semana, aunque al cierre de la sesión de este martes el barril de Brent se quedó por debajo de los 88 dólares, tras caer un 11%. Pese a ello, el barril ha subido más de un 40% con respecto al cierre de 2025. Esto ha provocado que el precio del gasóleo se haya disparado 40 céntimos en poco más de una semana (hasta 1,86 euros de media) y 20 en la gasolina (1,70 euros por litro de media). Tomando como referencia el consumo alcanzado en el mes de marzo de 2025, que superó los 3.733 millones de litros, y la subida sufrida desde el inicio del conflicto, las cuentas son claras. Con el 21% de IVA, por cada litro de gasóleo Hacienda ingresaría 39 céntimos (8,4 céntimos más que antes de la guerra) y otros 36 céntimos en el caso de la gasolina (4,2 céntimos más). Esto se traduciría en más de 284 millones –casi 255 millones por el gasóleo y 29 por la gasolina–. A esta cifra habría que sumar lo que se recauda por el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH), que de media recauda unos 700 millones mensuales.
Pero Hacienda también se va a beneficiar de los ingresos impositivos de otros gravámenes energéticos. El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista sigue disparado y ayer se incrementó casi un 15%, al situarse en los 136,86 euros/MWh, alcanzando su máximo desde hace más de un año y confirmando una subida del 390% con respecto a los 28,43 euros del martes de la semana pasada y un ascenso del 2.800% sobre los 4,69 euros de hace un mes, el 10 de febrero. Además, en comparativa interanual, el encarecimiento es del 47,2%.