ARTICULOS DE OPINION


Revista digital de arte, cultura y opinión en Alicante. Enlace con POESIA PALMERIANA. En estas páginas no podemos estar ajenos a lo que pasa en España ni en el mundo. Dirigida por el escritor, poeta y pintor Ramón PALMERAL. Los lectores deciden si este blog es bueno, malo, o merece la pena leerlo. El periodismo consiste en decir lo que a algunos no les gustaría leer.

jueves, 2 de octubre de 2025

Lamentable actuación de la policía marroquí contra los manifestantes: ¿Dónde están los derechos humanos en Marruecos?

 

             (Furgoneta marroquí atropella a manifestantes. Internet)


Lamentable actuación de la policía marroquí contra los manifestantes: ¿Dónde están los derechos humanos en Marruecos?

Marruecos atraviesa una de las olas de protestas más significativas de su historia reciente. Lo que comenzó como una movilización pacífica en defensa del derecho a la salud se ha transformado en un conflicto de gran alcance, con episodios de violencia, represión policial y un creciente debate sobre la vigencia de los derechos humanos en el país.

El detonante de la protesta fue un hecho trágico: la muerte de ocho mujeres en un solo mes en el hospital Hassan II de Agadir. Este suceso visibilizó el deterioro de los servicios sanitarios y la percepción ciudadana de que el sistema de salud se encuentra en crisis, con altos índices de negligencia y falta de recursos. La indignación popular forzó la destitución de autoridades sanitarias locales y abrió investigaciones judiciales, pero estas medidas no lograron contener el malestar.

En ese contexto emergió GenZ 212, un colectivo juvenil nacido en Discord e integrado principalmente por marroquíes de la generación Z. Su nombre combina el código telefónico internacional del país con la identidad de una juventud hiperconectada, que se organiza en plataformas como TikTok, Instagram y Discord. Desde allí, difundieron un documento con reivindicaciones claras: cobertura sanitaria universal, modernización de hospitales, acceso a medicamentos a precios asequibles y mejoras sustanciales en el sistema educativo.

El movimiento se inserta en una ola global de protestas protagonizadas por jóvenes en distintos rincones del mundo —desde Nepal hasta Madagascar y Perú—, que reclaman gobiernos más transparentes, menos corruptos y más comprometidos con el bienestar social.

Las primeras manifestaciones en Marruecos se desarrollaron de manera pacífica el pasado sábado. Sin embargo, la falta de respuesta gubernamental y la creciente represión policial desembocaron, el martes, en enfrentamientos violentos. El saldo: decenas de heridos, numerosos detenidos y, en las últimas horas, dos muertes que marcan un punto de inflexión en el conflicto.

La dureza de la respuesta policial pone en cuestión la situación de los derechos humanos en Marruecos. Videos difundidos en redes sociales muestran cargas desproporcionadas, uso de material antidisturbios y detenciones arbitrarias. Para muchos observadores, el gobierno está respondiendo con fuerza a un movimiento que en esencia pide derechos básicos.

El trasfondo de estas protestas revela una crisis estructural más amplia: la juventud marroquí, que representa una cuarta parte de los 37 millones de habitantes del país, vive una realidad marcada por el desempleo masivo. La tasa de paro juvenil entre los 15 y 24 años alcanzó el 47 % en el segundo trimestre del año, lo que convierte la precariedad laboral en una bomba de tiempo social.

Las muertes registradas la noche pasada evidencian la gravedad de la situación y el riesgo de una escalada mayor. Mientras las autoridades insisten en mantener el orden, miles de jóvenes insisten en que no buscan la confrontación, sino dignidad, futuro y servicios básicos garantizados. La pregunta, ahora, es si el Estado marroquí está dispuesto a escuchar a su juventud o si persistirá en una vía represiva que solo puede alimentar más descontento.

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El gobierno español debe protestar oficialmente y llamar a consulta al embajador de Marruecos.

 ENLACE a más noticias:

https://www.antena3.com/noticias/mundo/intensa-noche-protestas-generacion-marruecos-furgon-policial-arrolla-manifestante_2025100168dcc9bf771e4a2d53259d34.html

 

Tres muertos al repeler la Gendarmería un asalto en la quinta jornada de protestas en Marruecos

Los jóvenes de la ‘Generación Z’ anuncian nuevas convocatorias “pacíficas” para exigir mejores servicios públicos, más puestos de trabajo y el fin de la corrupción

Voice of Moroccan Youth protest in Rabat

miércoles, 1 de octubre de 2025

La Clave de RTVE en 1981. Serraño Suñer explica el inicio de la Guerra Civil española

 


 ENLACE AL VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=KACWwTJvY7M

Participan: 

 Participan: José Luis López Aranguren (Ávila, 1909 - Madrid, 1996) Filósofo español. Ian Gibson (Dublín, 1939) Historiador e hispanista irlandés María del Pilar Primo de Rivera y Sáenz de Heredia (Madrid, 4 1907-Madrid, 1991) Política española José Prat (Albacete, 1905 -Madrid , 1994) Abogado y político español Eduardo de Rojas, Conde de Montarco (Madrid, 1909-Madrid, 2005) Cofundador de Falange Ramón Serrano Suñer (Cartagena, 1901 - Madrid, 2003) y Raimundo Fernández Cuesta, falangista y Ministro de Justicia (1896-1992).

Político y abogado español Emitido el 20 de noviembre de 1981

La Clave la diregía el periodista José Luis Baldín. Tras el nombramiento de José María Calviño como director general de RTVE Balbín llegó a ser director de los Servicios Informativos de Televisión Española entre 1982 y 1983. Sin embargo fue destituido pocos meses después.[10]​ Tras una serie de presiones por parte del gobierno socialista que presidía Felipe González,[11]​ el programa La Clave fue clausurado[12]​ y Balbín derivó paulatinamente hacia posiciones claramente enfrentadas con el gobierno de aquellos años.[13]

Los socialista nunca reconocieron la verdad de lo que pasó en la Republica y Guerra Civil, y siguen sin reconocrlo.

Una vez más Pedro Sánchez mintió. Dijo que iba a presentar presupuestos. Incumple un mandato constitucional

 

                (Al personaje del cuento de Pinocho le crecía la nariz cada vez que mentía)

 

 

 Alicante, 1 de octubre 2025

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve a situarse en el centro de la polémica por el incumplimiento de uno de los compromisos más relevantes en materia de gestión pública: la presentación en plazo del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE). Pese a haber prometido reiteradamente respeto a la Constitución y a las obligaciones que de ella se derivan, por tercer año consecutivo España llega al 30 de septiembre sin que las cuentas públicas hayan sido registradas en el Congreso de los Diputados.

La Carta Magna es clara en este aspecto: el Ejecutivo debe remitir el proyecto de PGE “al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”, lo que fija el límite en el último día de septiembre. No obstante, el Consejo de Ministros de este martes ―el último del mes― se celebrará sin haber aprobado ni el techo de gasto ni la senda de déficit, pasos previos imprescindibles para formalizar el proyecto presupuestario. En consecuencia, el retraso abre la puerta a que los Presupuestos de 2023, los últimos en vigor, continúen prorrogados hasta 2026, con todas las limitaciones que ello implica en materia de política económica.

El incumplimiento, lejos de sorprender, era asumido como una realidad tanto en el Ministerio de Hacienda como en los pasillos del Congreso. El calendario estaba agotado desde hace semanas, y para cumplir con la norma constitucional el Ejecutivo habría tenido que acelerar los trámites mucho antes. Sin embargo, no lo hizo. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistía aún el lunes en que el proyecto estaba “en la recta final”, con los “últimos números” pendientes de ajuste, y prometía llevar al Consejo de Ministros el techo de gasto y la senda de estabilidad “pronto”. Pero ese “pronto”, en términos legales, ya es demasiado tarde.

El retraso en la presentación de los Presupuestos no es un asunto menor. Además de constituir un incumplimiento constitucional, afecta a la credibilidad del Gobierno y limita la capacidad del Estado para adaptar sus políticas fiscales a las nuevas necesidades sociales y económicas. La prórroga presupuestaria puede garantizar la continuidad administrativa, pero impide introducir nuevos programas de gasto, actualizar inversiones o responder con flexibilidad a escenarios imprevistos, como tensiones internacionales o cambios en los mercados financieros.

Este episodio refuerza la percepción de que Sánchez utiliza los tiempos políticos en función de sus intereses de estabilidad parlamentaria y negociación con sus socios, relegando el cumplimiento estricto de las obligaciones constitucionales. La reiteración de este retraso erosiona la confianza en la gestión del Ejecutivo y alimenta la crítica de la oposición, que denuncia una falta de respeto a las instituciones y a la seguridad jurídica que debería imperar en la gestión de las cuentas públicas.

En definitiva, el hecho de que España encare por tercer año consecutivo un incumplimiento del mandato constitucional en materia presupuestaria no solo tiene implicaciones técnicas y financieras, sino que proyecta una imagen de deterioro institucional y debilita la autoridad del Gobierno en un momento en que la disciplina fiscal y la responsabilidad presupuestaria son claves para mantener la confianza de Bruselas y de los mercados.

¨Él mismo ha dicho cuando estaba en el oposición "sin presupuestos no se puede gobernar".

martes, 30 de septiembre de 2025

Las personas mayores no debe ir solas al cajero de los bancos a sacar dinero.

 



Tres rumanos detenidos en Alicante por robar a personas mayores en los cajeros automáticos

La Policía Nacional de Alicante imputa a los detenidos siete delitos de estafa a personas mayores a las que robaron más de 11.000 euros en los cajeros con el método conocido como la "siembra"

Juan Carlos Fresneda

Alicante |


Los objetos intervenidos a los detenidos
Los objetos intervenidos a los detenidos | Policía Nacional de Alicante

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres de nacionalidad rumana, de 35, 44 y 55 años por abordar a personas mayores en los cajeros automáticos de Alicante y sustraer el dinero de sus cuentas.

Están acusados de falsificación documental y estafa mediante el método conocido como ‘la siembra’ con el que han obtenido más de 11.000 euros.

El método de la siembra

El modus operandi utilizado consiste en abordar a personas de avanzada edad cuando sacaban dinero de los cajeros con sus tarjetas y marcaban el código secreto.

En ese momento, los detenidos actuaban distrayendo la atención de las víctimas, mientras que manipulaban el cajero para sustraer la mayor cantidad posible de dinero. Además, en algunos casos llegaron a forcejear y a agredir a sus víctimas.

Las denuncias ante la Policía Nacional llevaron a los agentes a identificar a este grupo criminal, especializado en hurtos y estafas con un amplio historial delictivo.

Ahora están imputados por siete delitos de estafa y de falsificación de documentación porque en el momento de la detención, portaban identificaciones y tarjetas bancarias a nombre de terceras personas.

Los tres arrestados han pasado a disposición de los Juzgados de Alicante.

Recomendaciones

La Policía Nacional alerta sobre esta modalidad delictiva al objeto de extremar las precauciones a la hora de realizar pagos con tarjetas bancarias y cuidar de no ser observados, mientras marcan sus códigos secretos PIN. En el mismo sentido, advierten de la necesidad de memorizar códigos y números secretos, y utilizar claves seguras, con objeto de dificultar el uso de terceras personas.

Finalmente, los agentes promueven una actitud precavida en todo momento y animan a que nunca, se pierda de vista los efectos y pertenencias personales, que puedan actuar de reclamo a delincuentes especializados y muy experimentados en la comisión de este tipo de delitos contra el patrimonio.

Las personas mayores no debe ir solas al cajero de los bancos a sacar dinero.

Variante de Torrellano con parada en el Aeropuerto de Alicante

 


Adicionalmente, Renfe ha informado que los servicios de Larga Distancia también se verán afectados. El Intercity València-Cartagena no circulará en ninguno de los dos sentidos durante los días 27 y 28 de septiembre, así como el 4 y 5 de octubre.

Variante de Torrellano con parada en el Aeropuerto de Alicante

Las obras de renovación de la vía afectarán únicamente a los servicios de Cercanías, además de Media y Larga Distancia en los tramos entre San Gabriel y Torrellano, y entre Elche Parque y Crevillent. Renfe ha reforzado los canales de comunicación, mediante megafonía y cartelería en estaciones, para mantener a los viajeros informados sobre este plan alternativo.

Los servicios de Larga Distancia también se verán afectados, por lo que el Intercity València-Cartagena no circulará en ninguno de los dos sentidos durante los días 27 y 28 de septiembre, así como el 4 y 5 de octubre

Esta infraestructura ferroviaria, la vía férrea que recorre el litoral sur de Alicante, está de actualidad, dentro del proyecto para desmantelar las vías de la costa en el sur de Alicante, un plan que lleva tiempo en discusión debido a la petición de los vecinos de la zona, que ha asumido el Ayuntamiento como propia. El Ministerio de Transportes, encabezado por Óscar Puente, ha acelerado el proyecto para la retirada de las vías en los barrios de San Gabriel y Agua Amarga. Esta acción forma parte de la segunda fase de la Variante de Torrellano, que también busca habilitar una nueva conexión ferroviaria entre Alicante y Murcia, pasando por el aeropuerto Miguel Hernández y Elche. En este contexto, el Ministerio ha anunciado la licitación de la redacción de los proyectos de esta fase por un valor de 6,3 millones de euros. El proceso sigue su curso mientras se tramita la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), cuya aprobación es crucial para continuar con la ejecución del plan.

Ya era hora del desmantelamiento de las vías de San Gabriel. ¿Que proyecto hay para este espacio?

 

              Vías de San Gabriel a Aguamarga de la línea Elche-Murcia

El relato del fango, y de todos contra mí, según Sanchez, ya no cuela en el pueblo español

 El relato del fango, y de todos contra mí, según Sánchez, ya no cuela en el pueblo español

Qué se dice: el “relato”

  • Sánchez y su entorno han insinuado en varias ocasiones que existe una persecución judicial (“todos contra nosotros”). ● Por ejemplo, ha hablado de “acoso político de los jueces”. La Razón+1

  • También se ha cuestionado la imparcialidad o independencia de organismos como la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) y la fiscalía, sosteniendo que hay una “maniobra” para perjudicarlo. ESdiario+2Converses a Catalunya+2


Por qué esa narrativa ya “no cuela” (o está perdiendo tracción)

  1. Multiplicidad de órganos independientes

    • Que varios organismos estén investigando diferentes asuntos que tienen relación con el presidente (su hermano, su esposa, excolaboradores, etc.) añade peso a la idea de que no todo se trata de una conspiración coordinada, sino de investigaciones separadas, cada una con su autonomía.

    • Por ejemplo, la Fiscalía Europea —que tiene competencias distintas y depende de normas europeas— participa en hechos concretos (como la recuperación de correos electrónicos relacionados con fondos europeos). La existencia de controles jurisdiccionales sobre sus actuaciones refuerza su credibilidad institucional. La Razón+3Iberley+3Ministerio del Interior+3

  2. Control judicial sobre la Fiscalía Europea

    • El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha establecido que los actos procesales de la Fiscalía Europea que puedan afectar la situación jurídica de las personas investigadas pueden ser controlados por los jueces nacionales. Esto demuestra que hay mecanismos de garantía que limitan el poder de esa fiscalía. Iberley

  3. Pruebas y acciones concretas revelan errores o exageraciones

    • En el caso del hermano de Sánchez, por ejemplo, se desmontaron algunas acusaciones (como sobre patrimonios exagerados) tras investigaciones de la UCO, la Agencia Tributaria y otras entidades. Esto refuerza la percepción de que no todo lo que se dice se sostiene con datos. El País. Estuvo alojado cuatro meses en la Moncloa sin teléfono móvil para que no le geolocalizaran, con domicilio fiscal en Portugal. Muy Mal ejemplo para el obrero q no llega a fin de mes.

    • Se han denunciado “filtraciones recortadas” de informes (ocurridos con la UCO) que generaron percepciones previas que luego resultaron no ajustarse a la realidad. La Razón+2La Vanguardia+2

  4. Desgaste discursivo y credibilidad

    • Hay análisis en medios de comunicación y artículos de opinión que señalan que el relato victimista (“el cerco judicial”, “todos contra mí”) está perdiendo efectividad, sobre todo entre el electorado moderado. Se dice que quienes pueden simpatizar con esa narrativa ya la han aceptado; seguir apelando a ella corre el riesgo de saturación, es decir, de volverse contra quien la emplea. Converses a Catalunya+1

    • El hecho de que existan investigaciones independientes y variadas, y que muchas de ellas estén funcionando con transparencia —más allá del gobierno central— da la impresión de que no hay una coordinación conspirativa tan amplia como dice el relato.

  5. Reconocimiento de los adversarios políticos

    • Personajes de la oposición (como Feijóo) han señalado precisamente que la investigación de la Fiscalía Europea, los informes de la UCO, etc., muestran que hay indicios reales basados en hechos, no solo en intenciones políticas, y que por tanto no se puede reducir todo a una conspiración orquestada. La Razón


Obstáculos prácticos a una conspiración tan amplia

  • Coordinación entre distintos organismos judiciales nacionales e internacionales (jueses, fiscalías autonómicas, Fiscalías Europea, la UCO, etc.) implicaría riesgos enormes de filtraciones, desacuerdos, falla de procedimientos, contradicciones.

  • Cada organismo tiene estructuras normativas y legales diferentes, jueces distintos, ámbitos territoriales distintos: esto hace difícil coordinar una “conspiración” sin que haya evidencias claras incontestables de esa coordinación.

    Mal ejemplo da Begoña Gómez a la ciudadanía, acogerse a una artimaña de la fiscalía para no acudir al exhorto judicial del juez Peinado.

    Se acabo el ciclo del sanchismo. 

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    Hoy expira el plazo para la presentación de los Presupuestos

    «La Constitución de 1978, aprobada por la voluntad general libremente expresada, exige la presentación de los Presupuestos Generales del Estado antes del 1 de octubre»

Artículo 134.3 de la Constitución Española: «El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior».

El texto constitucional no puede ser más claro y concluyente. El Gobierno tiene la obligación de presentar los Presupuestos Generales antes del día 1 de octubre. Se trata de un mandato de la Constitución. Pedro Sánchez, temeroso de que el Congreso de los Diputados rechazara sus Presupuestos Generales, no los llevó a la Cámara Baja ni en el año 2023 ni en el 2024. No se trata de que el Congreso los apruebe o los rechace. Se trata de la obligación de cumplir con un plazo establecido. Después, los diputados votarán a favor o en contra. Pero la presentación es una obligación constitucional.

La práctica democrática, tanto en las Repúblicas parlamentarias como en las Monarquías parlamentarias, es que si el Congreso de los Diputados (o su equivalente en otras naciones) rechaza los Presupuestos, el presidente del Gobierno o bien dimite o bien convoca elecciones generales. Los PGE constituyen la ley más importante de cada legislatura y si se pierde el respaldo de la soberanía nacional, el buen ejercicio democrático exige dimisión o elecciones generales. Hay que tener la cara de cemento armado, no para prorrogar los Presupuestos sino para eludir el mandato de presentarlos en la fecha que la Constitución establece. Lo razonable es, además, si el Gobierno no consiguiera el apoyo, la convocatoria de elecciones. Pero lo que no resulta aceptable es mofarse de la Constitución y no cumplir con lo que el artículo 134.3 ordena.

Con extraordinario esfuerzo, con asombro de la mayor parte del mundo, España conquistó tras la muerte del general Franco y su dictadura de casi 40 años, la democracia pluralista plena. La voluntad general libremente expresada aprobó en 1978, por abrumadora mayoría, la Monarquía de todos que propugnó siempre desde su exilio Don Juan III, es decir, una Monarquía parlamentaria similar a la establecida en varias de las naciones europeas más vanguardistas. Que el Gobierno de Pedro Sánchez no cumpla con un mandato constitucional del calibre que supone la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, resulta incalificable.

Y bien, hoy 30 de septiembre expira el plazo para que el Gobierno lleve al Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado 2026.

Luis María Anson, de la Real Academia Española


domingo, 28 de septiembre de 2025

Llega otra Dana a Valencia mientras el Ejecutivo del Gobierno sigue en la oposición. Gan Pampols reclama que la Administración General del Estado

 

Gan Pampols reclama que la Administración General del Estado "vuelva a adquirir un carácter apolítico" tras liderar el plan de recuperación de la Comunidad Valenciana ante la DANA

Mecenas    

MADRID, 24 de septiembre. El vicepresidente segundo de la Comunidad Valenciana y consejero para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, reclamó en el Fórum Europa que la Administración General de Estado, que "somos todos", "vuelva a adquirir un carácter apolítico" y que ponga el foco en los individuos. "Esto no es una competición y todo lo que no tenga como foco los ciudadanos, nos pasará factura".

Así se manifestó el exteniente general en un encuentro organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum en el que Gan Pampols explicó su gestión al frente de la reconstrucción de la región tras la dana que asoló la Comunidad Valenciana hace un año.

Pampols fue presentado por el ministro portavoz del Gobierno entre 2000 y 2002, Pío Cabanillas, que calificó al vicepresidente valenciano como "un gran español con una hoja de servicios fuera de lo común". Cabanillas hizo un repaso por la trayectoria militar al más alto nivel de Gan Pampols y le realizó una de las preguntas más incómodas: "¿Se arrepiente usted de haber aceptado el cargo?".

"En ningún caso", respondió rotundo el consejero valenciano nombrado por Mazón hace un año para liderar la reconstrucción. Pampols apeló precisamente a su vida militar para responder y dijo que uno "adquiere un espíritu de servicio público" y de "patriotismo cotidiano" que nunca se pierde.

En ese sentido, apeló a "no confundir política y administración" y reclamó que la Administración General del Estado, "que somos todos", vuelva a "adquirir un carácter apolítico". "La Administración General del Estado tiene mucho margen de mejora", dijo, pero advirtió de que "el único pacto de Estado que hay que hacer" es el que ponga en el centro al ciudadano.

En este sentido, admitió que no le parece normal "en absoluto” que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe del Ejecutivo valenciano, Carlos Mazón, no se hayan reunido. Y puso el ejemplo del volcán de La Palma cuando, explicó, once días después de la tragedia ya se había creado una comisión mixta que preside el ministro de Política Territorial.

Precisamente, al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, le ha trasladado Pampols de viva voz sus apreciaciones, aunque dijo que no ha obtenido respuesta. Tampoco ha recibido mensaje alguno a las dos cartas que ha remitido por escrito al Gobierno para conformar una comisión mixta que coordine el trabajo de todas las administraciones implicadas.

Además, según relató a su salida de este encuentro del Fórum Europa, el vicepresidente segundo de la Comunidad Valenciana también comunicó esta petición al anterior comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, José María Ángel Batalla, que dimitió por falsear su currículum; y a la actual comisionada Zulima Pérez Seguí.

No cree Pampols que esta falta de comunicación del Gobierno central se deba a un "boicot", añadió, "quizá es incapacidad". Por contra, el exmilitar valoró el papel de los Reyes: "Donde están influyen, transmiten serenidad y estabilidad. Están fuera del debate político y lo agradece todo el mundo".

Pese a las dificultades expuestas, el responsable del Plan Endavant de la Comunidad Valenciana afirmó que se ha trabajado mucho para lograr que un año después de la tragedia la región esté "funcionando y mejorando".

El Plan tiene cuatro pilares: personas, medio ambiente, economía e industria; y el cuarto de protección del medio natural. Y se estructura de forma transversal en dos ejes: "Las infraestructuras y un nuevo modelo de territorio".

El primer paso, relató, fue el diagnóstico. "300 folios de diagnóstico" que han dado lugar un plan de recuperación económico y social que tiene carácter plurianual y para el que recurrió a la consultora independiente PwC.

"Se usó la figura de los directores generales adscritos, personas responsables y capaces de cada una de las consejerías y se consiguió trazar un plan apoyado por una consultora externa naturalmente, porque tiene una capacidad de reacción inmediata y tiene un músculo que permite acortar plazos”, argumentó.

“La consultora ha seguido las directrices de planeamiento que se les han dicho”, indicó, y ahora el el turno de que las consejerías tomen el mando del plan del control porque es el momento en el que él "desaparece, que es lo que corresponde porque el trabajo está hecho”, aseveró.

Gan Pampols, que confirmó que su cese a petición propia será oficial el próximo 4 de noviembre, reconoció que el trabajo “se puede hacer más y mejor”, pero admitió cierta satisfacción por el esfuerzo y las decisiones que están permitiendo que las empresas valencianas, el comercio y los ciudadanos recuperen la normalidad.

En ese sentido, expuso que el Instituto Valenciano de Investigación Económica, "que es una organización de muchísimo prestigio", valoró inicialmente en 17.800 millones de euros los daños de la dana. Un dato al que hay que añadir, según dijo Gan Pampols, en torno a 10.000 euros más, lo que elevaría esa cifra hasta los 29.000 millones.

Por supuesto, expuso, los daños personales y las vidas humanas no se pueden valorar en esos términos pues "produce es dolor" irreparable y ahí los gestores públicos solo pueden mostrar su "empatía y proximidad con las víctimas para ayudarles a lo largo de todo el camino que no acaba nunca".

Por contra, en el aspecto del tejido económico explicó que se ha recuperado "en su mayor parte" y apeló a la evolución del Producto Interior Bruto de la región para demostrar que se está creciendo después de lo ocurrido.

En este sentido, también explicó que de los 16.000 millones comprometidos por el Gobierno, "se han gastado 6.000, y de ahí hay que quitar 3.700 millones que son del consorcio de compensaciones de seguros y del seguro agrario, y hay que matizar que no todo es inversión porque una cosa son los avales del ICO y otros los fondos".

También detalló el consejero de Mazón que se han entregado 600 millones de euros en ayudas y que hay comprometidos otros 500 millones.

La Unión Europea ha invertido 140 millones de euros, de los cuales solo han llegado 30 millones a la comunidad. E invertirá también según el anuncio realizado la semana pasada por el Gobierno central, 1.240 millones de euros a través de los fondos Next Generation, dedicados al empleo y la digitalización en la zona. "Si hubiera un mecanismo de coordinación podríamos ver a dónde van esos 1.240 millones y el destino final debería poderlo determinar la comunidad", lamentó.

"Todas las infraestructuras básicas de todo tipo están recuperadas", aseguró. Aunque apuntó a que "en la enseñanza hay algunos elementos que todavía estén en situación precaria, porque un colegio no se levanta de la nada, salvo en China".

Aún así, Gan Pampols añadió que él ha vivido en barracones con peores condiciones. Según el vicepresidente valenciano, la infraestructura sanitaria de la región también está en funcionamiento y recuperada completamente.

Voleybol playa en Urbanova (Alicante)

 


sábado, 27 de septiembre de 2025

Malversación de caudales públicos es la acusación del Juez Peinado a Begoña Gomez. Esto es lo que dice la IA

 

1. El delito de malversación de caudales públicos: definición legal y requisitos

Para analizar si la acusación contra Begoña Gómez podría sostenerse como “malversación de caudales públicos”, conviene repasar la definición legal del delito. Esto es lo que dice la IA:

Normativa aplicable

  • En el Código Penal español, el delito de malversación está tipificado en los artículos 432 y siguientes (432, 432 bis, 433, 433 bis).

  • La Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (LOTJ) regula los casos en que los hechos son competencia de un tribunal con jurado popular. BOE+2VMC Penalista+2

  • La Constitución Española en su artículo 125 contempla la participación ciudadana en la justicia, por ejemplo mediante el jurado, en los casos y la forma que la ley establezca. app.congreso.es

¿En qué consiste la malversación?

De manera resumida, el delito de malversación de caudales públicos se configura cuando:

  1. Sujeto activo: debe ser una autoridad o funcionario público (o persona que de alguna forma sea responsable del control o gestión de bienes públicos).

  2. Materia objeto: bienes públicos o fondos públicos de los cuales tenga la administración o gestión.

  3. Conducta típica: por ejemplo, apropiarse de esos bienes, destinarlos a fines distintos de los previstos, emplearlos para usos privados, falsificación de documentos contables públicos que afectan al patrimonio público, usar a empleados publico cuyo sueldo pagamos todos como empleados privados etc.

    • Esto incluye no solo la “apropiación directa”, sino también la utilización indebida de fondos públicos para fines privados (sin que medie apropiación literal).

    • También hay conductas conexas relacionadas con la falsedad contable (art. 433 bis).

  4. Daño o riesgo al patrimonio público: que el uso indebido cause un perjuicio efectivo o un riesgo para el erario público.

  5. Dolo: es decir, conciencia y voluntad de realizar esa conducta indebida.

Un punto importante es que no basta que haya “mala gestión” o un uso cuestionable: hace falta que haya indicios que soporten que la persona sabía, consintió o decidió actuar de forma ilícita.

Para que prospere la acusación de malversación, el instructor (“juez de instrucción”) debe haber identificado indicios suficientes de que Begoña Gómez, Cristina Álvarez u otros imputados habrían actuado conforme a alguno de los supuestos del tipo penal de los artículos 432 y siguientes.


2. Hechos hipotéticos en el caso (según información pública) y su encaje

Basándonos en lo que ha aparecido en prensa hasta ahora (con cautela, pues estamos ante indicios):

Lo que se sabe públicamente

  • La acusación pivota en que Cristina Álvarez, contratada bajo Presidencia, habría actuado como secretaria particular o colaboradora para tareas de carácter privado de Begoña Gómez, aunque su remuneración corría por fondos públicos.

  • Se citan correos electrónicos destinados a una cátedra vinculada a la Universidad que habría utilizado Gómez, incluso cuando ella no era catedrática. El País+5El País+5ElHuffPost+5

  • Inicialmente el juez Peinado descartó que Gómez incurriera en malversación, pero más tarde cambió de criterio y propuso transformar esa parte de la investigación en un procedimiento con jurado popular. ElHuffPost+2El País+2

  • En un auto, Peinado justifica que los hechos serían delitos cometidos por funcionarios en el ejercicio de sus cargos, y por eso propone someterlos al tribunal del jurado. LaSexta+2El País+2

  • La decisión afecta también a la asesora Cristina Álvarez y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. El País+3El País+3Diario AS+3

  • Se ha citado a las partes para concretar la imputación y comunicarles esta transformación del procedimiento. El País+2La Vanguardia+2

El encaje – riesgos y puntos débiles

Para que esta acusación de malversación prospere, deben salvarse varios obstáculos:

  • ¿Tiene carácter público el cargo de quien realizó la acción? En principio Álvarez fue contratada para funciones de Presidencia, lo que la sitúa en el ámbito público.

  • ¿Se puede demostrar que las tareas que desempeñó eran funciones privadas o tareas que no correspondían al puesto público? Si efectivamente hubo tareas privadas o personales de Gómez cobrando con fondos públicos, podría encajar en la modalidad de utilización pública para fines privados.

  • ¿Hay indicios sólidos (correos, documentación, testigos) que configuren ese uso indebido con dolo? Los correos que se han referido son precisamente ese tipo de indicio que el instructor invoca.

  • ¿Se ha producido un perjuicio concreto al erario (o riesgo de perjuicio)? Debe demostrarse que los fondos públicos fueron desviados efectivamente o que se generó un riesgo económico.

  • ¿Cabe alguna defensa exculpatoria (por falta de conocimiento, buena fe, delegación de funciones, compatibilidad normativa, etc.)? La defensa puede argumentar que las tareas que se le atribuyen eran compatibles con sus funciones, que no hubo cobro indebido, que no hay dolo, etc.

  • El hecho de que inicialmente el juez hubiese descartado la imputación por malversación y luego la reconsidere puede ser aprovechado por la defensa para cuestionar la consistencia de los razonamientos del juez. ElHuffPost+1

  • También es relevante que el Tribunal Supremo desestimara la imputación del ministro Félix Bolaños por “no haber indicios mínimos” en otra parte de la investigación, lo que muestra que instancias superiores ya han considerado debates probatorios. El País+1

En definitiva, la proposición del juez es que la conducta bajo investigación podría caer dentro del tipo penal de malversación (fundamentalmente, destino indebido de fondos públicos a fines privados) si se acreditan los indicios necesarios.


3. Jurado popular: ¿es procedente en este caso?

La otra gran cuestión que planteas es si este juicio debe tramitarse por jurado popular, y la respuesta es que sí puede ser procedente, bajo las reglas legales vigentes, si los hechos encajan en los delitos competentes del Tribunal del Jurado.

Base legal y competencia del jurado popular

  • La Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (LOTJ) establece que ciertos delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos pueden ser juzgados por un tribunal con jurado popular. LaSexta+3BOE+3Dexia Abogados+3

  • Entre esos delitos están la malversación de caudales públicos (artículos 432–434 del Código Penal) conforme al catálogo legal de la LOTJ. Newtral+5Dexia Abogados+5VMC Penalista+5

  • También pueden incluirse delitos conexos si guardan relación funcional con el delito principal que sí es competencia del jurado. (La LOTJ contempla la conexión penal). Revista Consinter+1

  • La competencia material del jurado incluye “delitos cometidos por funcionarios en el ejercicio de sus cargos”. Domínguez & Franco Abogados+3vLex+3LaSexta+3

El juez Peinado ha invocado justamente que los hechos investigados serían delitos cometidos en el ejercicio de funciones públicas, lo cual justificaría la transformación del procedimiento a uno con jurado. LaSexta+2El País+2

Procedimiento especial del juicio con jurado

Algunas particularidades:

  • El jurado está compuesto por 9 ciudadanos legos más un magistrado presidente, además de jurados suplentes. LaSexta+2OndaCero+2

  • El jurado no aplica la ley: su misión es valorar los hechos probados (si esos hechos están acreditados o no). Quien pronuncia la sentencia es el juez-presidente, tras incorporar el veredicto del jurado, y aplicando las normas penales correspondientes. Newtral+2BOE+2

  • El veredicto final (culpabilidad o no) se basa en la “creencia o convicción libre” de los jurados respecto de los hechos. BOE+2Newtral+2

  • El juicio debe respetar principios de oralidad, publicidad, inmediación, exclusión de pruebas ilegales, etc. BOE+1

  • Si el jurado no llegara a unanimidad, puede declararse el juicio nulo, etc., según reglas específicas. (Esto es usual en sistemas con jurado, aunque la regulación específica de mayoría varía).

  • Es una institución menos frecuente en España, aplicada principalmente en delitos graves y en casos con interés social. Newtral+2LaSexta+2

Críticas, riesgos o reservas

  • Hay quienes critican que delitos complejos de corrupción o administración pública pueden tener estructuras técnico-jurídicas difíciles de entender para ciudadanos legos. (Los ciudadanos no tenemos que ser expertos en leyes, esto asusto es de técnicos judiciales y de Hacienda).

  • La selección del jurado puede estar influida por sesgos ideológicos, o por la percepción pública del caso, lo que podría contaminar la imparcialidad del proceso.

  • Que 92 % de los casos con jurado acaben en condena ha sido citado en los medios como dato preocupante de sesgo. Cadena SER+1

  • También puede haber debates sobre si algunos delitos conexos o aspectos técnicos deben quedar fuera del ámbito del jurado si exceden su competencia técnica.

  • La defensa puede objetar que el juez instructor está avanzando demasiado y no ha delimitado con claridad los hechos ni la calificación jurídica concreta antes de pasar a jurado.

En el caso concreto, el juez Peinado ha considerado que procede aplicar el jurado para la parte de malversación, aunque las partes aún pueden presentar recursos o alegaciones contra esa decisión. LaSexta+2El País+2


4. Situación procesal del caso concreto: lo que se ha comunicado públicamente

Para reforzar el contexto, estos son algunos hitos y controversias tal como se conocen:

  • El juez Peinado ha comunicado a Begoña Gómez que, de llegar el caso a juicio, esa parte por malversación sería juzgada por un jurado popular. La Vanguardia+4El País+4RTVE+4

  • En mayo de 2025, el mismo juez consideró que no había indicios suficientes de malversación para imputar a Gómez ni a Álvarez. ElHuffPost+1

  • Tras ese primer descarte, el juez ha cambiado de criterio y ahora imputa también por malversación a Gómez, Álvarez y al delegado de Gobierno, atribuyéndoles indicios de uso indebido de fondos públicos. El País+4ElHuffPost+4El País+4

  • El Tribunal Supremo rechazó una imputación del ministro Félix Bolaños en otra rama del proceso por falta de indicios. El País+1

  • La defensa ha anunciado que recurrirá el auto que propone llevar a Gómez ante jurado popular. RTVE+2El País+2

  • Se ha citado a las partes para que contesten al auto y para que el juez concrete las imputaciones antes de enviar al juicio oral. El País+2La Vanguardia+2

  • Si bien la parte de malversación se transformaría para juicio con jurado, otras partes del proceso relativo a otros delitos (corrupción, tráfico de influencias, intrusismo) pueden seguir su trámite ordinario o conexo dependiendo de su naturaleza. Revista Consinter+3La Vanguardia+3El País+3


5. Conclusión: valoraciones sobre la legitimidad y probabilidad del proceso

En síntesis:

  • Sí es jurídicamente posible que un delito de malversación sea juzgado por un jurado popular, y la legislación vigente lo contempla expresamente para aquellos casos cometidos por funcionarios en ejercicio de su cargo.

  • En el caso concreto de Begoña Gómez, el juez instructor entiende que los hechos investigados podrían encajar en ese delito y por eso propone activar esta vía procesal.

  • No obstante, para que la acusación prospere, debe sostenerse con indicios sólidos, bien estructurados, que superen las objeciones de la defensa (falta de dolo, compatibilidad normativa, ausencia de perjuicio, etc.).

  • Hay debates legítimos sobre si este tipo de casos complejos deben someterse a jurado, dada la dificultad técnica, el sesgo posible y la novedad de aplicar la figura en escenarios de corrupción política.

  • El hecho de que el juez haya modificado su postura, y que instancias superiores ya han rechazado imputaciones en ramas conexas del caso, puede abrir líneas de defensa para impugnar tanto la acusación como la decisión de llevarlo a jurado.

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    A Begoña Gómez se le olvidó asistir al juicio por no tener una secretaria que el avise.