Desde cuando anidaron en España los fondos de inversión llamados "buitres". Los fondos de inversion se llevan nuestras casas

 

                                 (Un buitre se lleva una casa. imagen creada por IA)

 

Estoy de acuerdo de la Huelga General por la vivienda, pero ha sido tarde debió hacerse años atrás. Ahora se meten los sindicatos a desviar la atención y la eficacia de esta huelga popular.

 

Introducción 

En España, el fenómeno de los denominados "fondos buitre" (o fondos de deuda desahuciada / distressed debt) en el sector residencial no es resultado del decreto de un único gobierno o de un partido en exclusiva, sino de un conjunto de reformas legales, administrativas y decisiones de privatización aprobadas por distintos gobiernos (tanto del PP como del PSOE) y administraciones autonómicas o locales a lo largo de las últimas dos décadas.

El negocio consiste en comprar edificios o viviendas con inquilinos bien a bancos, partucalares o a Ayuntamientos. Les suben el alquiler a cuotas que no pueden pagar, luego reclaman a la Justicia y les de la razón, y seguidamente llega el lanzamiento o desahucio. Aquí existe presumiblemente una especie de mafia entre propietarios, abogados y jueces. Todo legal como el desahucio mediático de Mari Carmen de 87 años, fallecida hoy 8 de octubre. En lo que va de años ha habido unos a 25.000 desahucios. ¿Qué hay que legislar?

A continuación se detalla cómo se configuró el marco normativo y operativo que facilitó la entrada e intervención de estos fondos en el mercado inmobiliario español:

1. Cambios en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU)

Reforma de 2013 (Gobierno del Partido Popular - Mariano Rajoy)

• Reducción de la duración de contratos: Se redujo la duración mínima obligatoria de los contratos de alquiler de 5 años a 3 años.

• Flexibilización de actualización de rentas: Se permitió acordar subidas de precio al final de cada contrato sin limitaciones vinculadas al IPC, facilitando incrementos acentuados al renovar o sustituir inquilinos.

• Agilización de desahucios: Se aprobaron medidas de agilización procesal del alquiler ("desahucio exprés") para acortar plazos ante impagos.

Reforma de 2019 (Gobierno del PSOE / Unidas Podemos - Pedro Sánchez)

• Amplió nuevamente la duración mínima de los contratos a 5 años (o 7 años si el arrendador es persona jurídica/empresa). Sin embargo, no limitó los precios de entrada de los nuevos contratos de alquiler en ese momento, lo que propició revisiones al alza en los cambios de ciclo contractual.

2. Creación de las SOCIMI (2009 y 2012)

Las SOCIMI (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario) son vehículos societarios diseñados para atraer inversión privada e internacional al sector inmobiliario mediante ventajas fiscales.

• Creación en 2009 (Gobierno del PSOE - José Luis Rodríguez Zapatero): Se aprobó la Ley 11/2009 que creó las SOCIMI, estableciendo un tipo gravamen reducido del 19% en el Impuesto sobre Sociedades.

• Flexibilización y exención fiscal en 2012 (Gobierno del PP - Mariano Rajoy): Mediante la Ley 16/2012 se reformó el régimen de las SOCIMI eliminando el tipo del 19% y fijando un tipo impositivo del 0% en el Impuesto sobre Sociedades (a cambio de la obligación de distribuir dividendos a los socios, quienes tributan en su IRPF o impuesto correspondiente). Esto convirtió a España en un destino altamente atractivo para fondos internacionales como Blackstone, Cerberus o Lone Star.

3. Venta de Vivienda Pública Protegida (2012–2013)

Diversas administraciones autonómicas y locales vendieron paquetes de vivienda social o protegida a fondos de inversión para reducir déficit presupuestario tras la crisis financiera de 2008:

• Comunidad de Madrid (2013 - Gobierno autonómico del PP): El Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) vendió 2.935 viviendas protegidas al fondo Goldman Sachs / Azora. (Años más tarde, en 2018-2021, la justicia declaró nula esta venta por falta de justificación de la necesidad pública).

• Ayuntamiento de Madrid (2013 - Gobierno municipal del PP): La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) vendió 1.860 viviendas públicas a Magic Real Estate / Fidere (vinculado a Blackstone).

4. Transferencia de Activos Tóxicos y la Sareb (2012)

• Creación de la Sareb (2012): Tras el rescate bancario, el Gobierno del PP creó la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria ("banco malo") para absorber los activos inmobiliarios tóxicos de las cajas de ahorros rescatadas.

• Para sanear su balance rápidamente, la Sareb aplicó una estrategia de venta en bloque de grandes carteras de inmuebles y préstamos promotor colateralizados con importantes descuentos (haircuts) a grandes fondos internacionales institucionalizados.

5. Medidas Recientes sobre el Sector (2023–2026)

• Ley por el Derecho a la Vivienda (Ley 12/2023): Modificó el marco introduciendo el concepto de gran tenedor (titulares de 5 o más inmuebles urbanos residenciales en zonas tensionadas) e introdujo mecanismos de control de precios en áreas declaradas de mercado residencial tensionado, además de incrementar las exigencias procesales previas a la ejecución de desahucios cuando el demandante es un gran tenedor.

A continuación se detalla cómo se configuró el marco normativo y operativo que facilitó la entrada e intervención de estos fondos en el mercado inmobiliario español:

1. Cambios en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU)

Reforma de 2013 (Gobierno del Partido Popular - Mariano Rajoy)

• Reducción de la duración de contratos: Se redujo la duración mínima obligatoria de los contratos de alquiler de 5 años a 3 años.

• Flexibilización de actualización de rentas: Se permitió acordar subidas de precio al final de cada contrato sin limitaciones vinculadas al IPC, facilitando incrementos acentuados al renovar o sustituir inquilinos.

• Agilización de desahucios: Se aprobaron medidas de agilización procesal del alquiler ("desahucio exprés") para acortar plazos ante impagos.

Reforma de 2019 (Gobierno del PSOE / Unidas Podemos - Pedro Sánchez)

• Amplió nuevamente la duración mínima de los contratos a 5 años (o 7 años si el arrendador es persona jurídica/empresa). Sin embargo, no limitó los precios de entrada de los nuevos contratos de alquiler en ese momento, lo que propició revisiones al alza en los cambios de ciclo contractual.

2. Creación de las SOCIMI (2009 y 2012)

Las SOCIMI (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario) son vehículos societarios diseñados para atraer inversión privada e internacional al sector inmobiliario mediante ventajas fiscales.

• Creación en 2009 (Gobierno del PSOE - José Luis Rodríguez Zapatero): Se aprobó la Ley 11/2009 que creó las SOCIMI, estableciendo un tipo gravamen reducido del 19% en el Impuesto sobre Sociedades.

• Flexibilización y exención fiscal en 2012 (Gobierno del PP - Mariano Rajoy): Mediante la Ley 16/2012 se reformó el régimen de las SOCIMI eliminando el tipo del 19% y fijando un tipo impositivo del 0% en el Impuesto sobre Sociedades (a cambio de la obligación de distribuir dividendos a los socios, quienes tributan en su IRPF o impuesto correspondiente). Esto convirtió a España en un destino altamente atractivo para fondos internacionales como Blackstone, Cerberus o Lone Star.

3. Venta de Vivienda Pública Protegida (2012–2013)

Diversas administraciones autonómicas y locales vendieron paquetes de vivienda social o protegida a fondos de inversión para reducir déficit presupuestario tras la crisis financiera de 2008:

• Comunidad de Madrid (2013 - Gobierno autonómico del PP): El Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) vendió 2.935 viviendas protegidas al fondo Goldman Sachs / Azora. (Años más tarde, en 2018-2021, la justicia declaró nula esta venta por falta de justificación de la necesidad pública).

• Ayuntamiento de Madrid (2013 - Gobierno municipal del PP): La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) vendió 1.860 viviendas públicas a Magic Real Estate / Fidere (vinculado a Blackstone).

4. Transferencia de Activos Tóxicos y la Sareb (2012)

• Creación de la Sareb (2012): Tras el rescate bancario, el Gobierno del PP creó la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria ("banco malo") para absorber los activos inmobiliarios tóxicos de las cajas de ahorros rescatadas.

• Para sanear su balance rápidamente, la Sareb aplicó una estrategia de venta en bloque de grandes carteras de inmuebles y préstamos promotor colateralizados con importantes descuentos (haircuts) a grandes fondos internacionales institucionalizados.

5. Medidas Recientes sobre el Sector (2023–2026)

• Ley por el Derecho a la Vivienda (Ley 12/2023): Modificó el marco introduciendo el concepto de gran tenedor (titulares de 5 o más inmuebles urbanos residenciales en zonas tensionadas) e introdujo mecanismos de control de precios en áreas declaradas de mercado residencial tensionado, además de incrementar las exigencias procesales previas a la ejecución de desahucios cuando el demandante es un gran tenedor.

Que Pedro Sánchez meta a su mujer Begoña Gómez en las lista de diputados socialitas se llama NEPOTISMO

 

 

Que Pedro Sánchez meta a su mujer Begoña Gómez en las lista de diputados socialistas se llama NEPOTISMO. A nivel ideológico, el socialismo rechaza categóricamente el nepotismo y el favoritismo, ya que estos contradicen sus principios fundamentales de igualdad social, justicia y abolición de los privilegios heredados. A qué grado de corrupción ideológica ha llegado PSOE para aceptar este vicio político. Vemos a un Pedro acorralado como un Silvestre Stalone. Desde una perspectiva teórica (marxista, socialdemócrata o socialista democrática), el nepotismo es visto como una extensión de las dinámicas de la aristocracia y el capitalismo burgués.

El término nepotismo hace referencia a la preferencia o favoritismo que las personas con autoridad o poder otorgan a familiares o amigos cercanos para acceder a empleos, cargos públicos o privilegios, independientemente de sus méritos o competencias.

Para analizar este caso desde una perspectiva política, legal e institucional, conviene precisar los siguientes puntos:

1. Definición y alcance del nepotismo

• Designación directa: El nepotismo propiamente dicho se configura de forma clara en la designación o nombramiento a dedo para cargos de libre designación dentro del poder ejecutivo (asesores, directores generales, ministros, etc.) realizado por la propia autoridad pública en favor de un familiar.

• Aspecto ético vs. legal: En la administración pública existen normativas sobre conflictos de interés e incompatibilidades que sancionan o restringen el nombramiento directo de parientes.

2. El caso particular del cargo de diputado

• Elección mediante sufragio: A diferencia de las responsabilidades nombradas por decreto, el cargo de diputado pertenece al poder legislativo y se obtiene a través de elecciones.

• Listas electorales y partidos: La inclusión de una persona en una lista electoral la decide la estructura orgánica de su partido político. Posteriormente, son los ciudadanos quienes otorgan el acta de diputado mediante su voto.

• Matiz institucional: Si bien legal y formalmente el acceso al escaño depende del electorado y del proceso electoral, en el plano del debate político y social se suele calificar informalmente de nepotismo o dinastismo político a la práctica de utilizar el peso, la influencia o el aparato del partido para situar a familiares en puestos de salida de las listas electorales.

Un credito ICO de 50.000 € sin intereresa para la compra de una vivienda

 

¿Pero alguien de verdad se ha creído lo que ha dicho Sánchez de dar un creído ICO sin intereses de 50.000 € para la compra de una vivienda, cuando ha anunciado elecciones para el 29-N y tiene todos lo boletos de perderlas? Pero si es que unos padres que quieren donar dinero a un hijo/a ha de declararlo a Hacienda. ¿Pero es que estamos locos o lelos?

 ---------------------------------------Noticia en La Vanguardia---------------

El real decreto-ley de vivienda que aprobó ayer el Consejo de Ministros, que hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que entra en vigor mañana incluye un nuevo mecanismo de financiación pública, complementario a una hipoteca de una entidad financiera privada, para poder acceder a la adquisición de la primera vivienda. Se llama Tu Casa y tiene unas condiciones concretas para promover la adquisición de inmuebles por parte de los jóvenes y no tan jóvenes. El objetivo es que las personas sin un ahorro inicial significativo no queden fuera del mercado de compraventa.

Cómo son los préstamos

Se trata de créditos sin intereses ni comisiones de hasta el 20% del valor de la vivienda y que son complementarios a una hipoteca privada. La financiación máxima es de 50.000 euros y serán gestionados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Tendrán un periodo de carencia hasta que finalice el pago de la hipoteca o un máximo de 30 años.

Cómo se podrán solicitar

El Gobierno aún no lo ha aclarado la forma en la que se podrán solicitar. En el real decreto-ley se recoge que un acuerdo del Consejo de Ministros desarrollará el objeto, los beneficiarios, los límites, las características y el importe inicial de la línea. Por tanto, es pronto para conocer cómo se podrán solicitar, pero el Gobierno sí ha dejado claro que el encargado de gestionarlos será el ICO.

Por qué una huelga general, antes de unas elecciones y sin un objetivo suficientemente claro, será un fracaso

 

                                                     (Imagen creada por Geminis)

Por qué una huelga general, antes de unas elecciones y sin un objetivo suficientemente claro, será un fracaso

El objetivo de toda huelga general es doblegar y obligar a un gobierno a que acceda a las peticiones de los huelguistas. En esta caso el gobierno de Pedro Sánchez está con el pie en el estribo y no va a cumplir nada. Por lo tanto es un fracaso.

Una huelga general es una herramienta de presión muy importante para los trabajadores, pero precisamente por su dimensión y por el coste que supone para quienes participan en ella necesita contar con objetivos concretos, comprensibles y directamente relacionados con las condiciones laborales y económicas de los trabajadores. ¿Cómo convencer a los trabajadores de que la secunden? Y cuando se ve claramente dirigida por Pedro Sánchez y sus gabinete de Moncloa. Veo bien la huelga, es un derecho constitucional; sin embargo, lo que no hay es que equivocarse de blanco o diana,

La convocatoria anunciada por UGT y CCOO para el 11 de noviembre de 2026 se plantea alrededor de los salarios y la vivienda.  Mas bien contra la oposición, no contra quien ha gobernado durante 8 años sin presupuesto durante  años. A los trabajadores esto no los motiva. Pienso que será desconvocada en el último momento, como muestra de legalidad.

Sin embargo, existe un problema de fondo: la vivienda es una preocupación general de la sociedad, pero una huelga general necesita explicar con claridad qué se pretende conseguir mediante el paro laboral y qué reivindicaciones concretas se exigen a las empresas y a los poderes públicos.

Una parte de los trabajadores puede preguntarse qué resultado concreto se pretende obtener después de perder un día de trabajo. La huelga tiene un coste económico para quien la secundan: durante la huelga se suspende el contrato de trabajo y no se percibe el salario correspondiente. A ello puede añadirse, dependiendo de la estructura salarial y del convenio aplicable, el efecto proporcional sobre determinados conceptos retributivos.

Por tanto, para que un trabajador decida secundarla no basta con decir que existe un problema grave. Tiene que percibir una relación clara entre su sacrificio personal y el resultado que se pretende alcanzar.

El problema de mezclar una reivindicación laboral con el calendario político

Otro elemento que puede influir en la percepción de la convocatoria es su proximidad a un periodo electoral. Cuando una huelga general se produce cerca de unas elecciones, existe el riesgo de que una parte de la ciudadanía interprete la movilización no solamente como una protesta sindical, sino también como una actuación vinculada al enfrentamiento entre bloques políticos.

Esto puede ser especialmente relevante porque los trabajadores no constituyen un grupo políticamente homogéneo políticamente. Ser trabajador no significa pertenecer a una determinada ideología ni votar a un determinado partido. El derecho de huelga pertenece individualmente a los trabajadores, que pueden decidir libremente si se suman o no a una convocatoria.

Por eso, una convocatoria que quiera alcanzar una participación muy amplia tendría que ser capaz de superar las divisiones políticas y presentar reivindicaciones que puedan ser asumidas por trabajadores con diferentes posiciones ideológicas.

El coste individual también cuenta

Una huelga general no es una manifestación simbólica sin consecuencias económicas. Para muchos trabajadores supone renunciar a una jornada de salario y la proporción en la paga extra.. Además, pueden existir repercusiones sobre determinados complementos o conceptos retributivos vinculados a los días efectivamente trabajados, según la normativa y el convenio correspondiente.

Por ello, un trabajador puede plantearse una pregunta muy sencilla:

«¿Qué voy a conseguir concretamente con la huelga y quién va a asumir el coste de ese día que dejo de trabajar?»

Si la respuesta no resulta suficientemente clara, la decisión de secundarla puede ser más difícil.

Y esto es especialmente importante para trabajadores con salarios bajos, para quienes un día de salario puede representar una cantidad significativa. Precisamente quienes tienen mayores dificultades económicas pueden ser, paradójicamente, quienes menos capacidad tengan para asumir el coste inmediato de una huelga.

La afiliación sindical tampoco garantiza una huelga general masiva

Que UGT y CCOO convoquen conjuntamente una huelga tiene una importancia evidente por su capacidad de organización y movilización. Pero una convocatoria sindical no obliga a todos los trabajadores a participar.

La legislación reconoce el derecho de huelga y también la libertad de los trabajadores para sumarse o no a una convocatoria.

Por tanto, incluso con una convocatoria conjunta de los dos grandes sindicatos, la participación efectiva dependerá de la capacidad de convencer a trabajadores que pueden tener distintas situaciones económicas, laborales y políticas.

Una huelga necesita un objetivo que pueda medirse

El elemento fundamental para valorar la eficacia de una huelga general es, en última instancia, qué se pretende conseguir y cómo se sabrá si se ha conseguido.

Decir «por la vivienda», «por mejores salarios» o «contra los precios» identifica problemas reales, pero son conceptos muy amplios. Una reivindicación más concreta permitiría al trabajador saber qué está apoyando.

Por ejemplo, una convocatoria podría plantear objetivos concretos relacionados con salarios, negociación colectiva, alquileres, construcción de vivienda pública, fiscalidad de la vivienda o determinadas medidas laborales. Eso permitiría que el debate se centrara en propuestas concretas y no solamente en consignas generales.

Conclusión

El posible problema de una huelga general convocada en estas circunstancias no está en que la vivienda no sea un problema importante. El problema está en la capacidad de convertir una preocupación social amplia en una reivindicación laboral concreta capaz de movilizar a trabajadores con posiciones políticas y situaciones económicas muy diferentes.

Una huelga general necesita algo más que una convocatoria de los sindicatos: necesita que una parte significativa de los trabajadores considere que el objetivo merece el sacrificio económico de perder una jornada de salario y que existe una posibilidad razonable de conseguir cambios concretos.

La cuestión central, por tanto, no debería ser únicamente quién convoca la huelga, sino qué se exige exactamente, a quién se exige, qué resultado se pretende obtener y por qué un trabajador debería considerar que merece la pena perder un día de salario para conseguirlo.

Será un fracaso aunque, al día siguinte no lo reconozcan los dirigentes dirán mentiras. 

Una huelga general política contra la oposición. Cuando todas la huelgas se hacen contra el gobierno. Antes de una elecciones generales

 

                               (Imagen creada por Geminis para documentar el artículo)

La huelga general política contra la oposición antes unas elecciones generales 29-N

La convocatoria de una huelga general por parte de UGT y CCOO en relación con la crisis de la vivienda ha abierto un debate que trasciende la propia cuestión habitacional: ¿estamos ante una movilización sindical dirigida a defender los intereses de los trabajadores o ante una huelga de naturaleza esencialmente política?

¿Por qué esta huelga esta llamada al fracaso? 

El debate ha adquirido especial intensidad después de que la propia María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSOE y secretaria general del PSOE-A, afirmara que se trata de una situación «inédita» porque, según sus propias palabras, habitualmente las huelgas generales se convocan contra los gobiernos y, en este caso, se convoca «contra la oposición». ¿Incomprensible?

Esta afirmación resulta políticamente significativa porque identifica expresamente a los destinatarios de la protesta: no al Gobierno que ha impulsado los decretos, sino a los grupos de la oposición que votaron contra ellos. De hecho, tras el rechazo parlamentario de las medidas de vivienda, se produjeron movilizaciones frente al Congreso y protestas dirigidas contra PP, Vox, Junts y UPN por su voto contrario.

El problema jurídico de una huelga «política»

La Constitución española reconoce en su artículo 28.2 «el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses» -laborales-.

Además, el Real Decreto-ley 17/1977, que continúa siendo la norma de referencia en esta materia con las modificaciones derivadas de la jurisprudencia constitucional, establece en su artículo 11 que una huelga es ilegal cuando se inicia o se sostiene «por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados».

Por tanto, la cuestión no puede reducirse simplemente a decir que toda huelga relacionada con una decisión política es ilegal. La clave jurídica consiste en determinar cuál es su finalidad y si existe una conexión suficiente con los intereses profesionales de los trabajadores.

En este caso existe un elemento que alimenta la controversia: la propia María Jesús Montero ha descrito la convocatoria como una huelga dirigida contra la oposición por haber rechazado los decretos de vivienda. Esa circunstancia permite plantear legítimamente si el objetivo principal de la movilización es una reivindicación laboral de los trabajadores o la presión política sobre determinados grupos parlamentarios.

La diferencia es importante. Una cosa es que los trabajadores ejerzan su derecho de huelga para reclamar unas determinadas condiciones económicas o sociales que afectan directamente a sus intereses; otra distinta sería utilizar la huelga como instrumento de presión para modificar el sentido del voto de los diputados. La determinación definitiva de la legalidad correspondería, en su caso, a los órganos judiciales competentes y no puede darse por establecida simplemente a partir de declaraciones políticas.

Los decretos de vivienda y la controversia parlamentaria

El segundo elemento de la polémica se encuentra en la forma en que el Gobierno ha tratado de recuperar las medidas de vivienda después de su rechazo parlamentario.

La Constitución permite al Gobierno aprobar decretos-leyes en casos de extraordinaria y urgente necesidad, pero establece que deben ser sometidos al Congreso para su convalidación o derogación dentro de los treinta días siguientes.

Cuando las Cámaras están disueltas o ha expirado su mandato, la Constitución atribuye a la Diputación Permanente las facultades de las Cámaras previstas, entre otros, en el artículo 86, incluyendo la decisión sobre la convalidación o derogación de los decretos-leyes. El propio Congreso explica que esta posibilidad tiene precedentes en España.

Por ello, jurídicamente resulta más preciso hablar de una decisión parlamentaria controvertida o políticamente discutible que afirmar sin más que existe un «fraude de ley» y falta de ética y moral. La utilización de la Diputación Permanente no es, por sí misma, un procedimiento inexistente o prohibido por la Constitución.

La discusión puede trasladarse, eso sí, al terreno político e institucional: si un decreto-ley ha sido rechazado por el Congreso en una votación ordinaria y posteriormente se pretende recuperar una medida sustancialmente similar mediante la Diputación Permanente, es razonable debatir si esa actuación respeta adecuadamente el espíritu del control parlamentario y si existe una justificación suficiente de la extraordinaria y urgente necesidad exigida por el artículo 86 de la Constitución.

¿Son suficientes los decretos para resolver el problema de la vivienda?

Más allá de la controversia parlamentaria, existe una cuestión económica de fondo: la crisis de la vivienda no parece poder resolverse únicamente mediante medidas coyunturales.

Los datos disponibles muestran la magnitud del problema. El INE señala que el precio de la vivienda aumentó un 12,9 % interanual en el cuarto trimestre de 2025, con un incremento del 13,1 % en la vivienda de segunda mano.

La dificultad de acceso también afecta especialmente a los jóvenes. Según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025, el 44,3 % de las personas de entre 26 y 34 años convivía con sus padres. Entre quienes permanecían en el hogar familiar, el 47,3 % señaló como razón principal que no podía permitirse comprar o alquilar una vivienda.

Estos datos apuntan a un problema estructural en el que intervienen diversos factores: insuficiencia de oferta en determinadas zonas, aumento de los costes de construcción, escasez de suelo disponible, crecimiento de la demanda, dificultades de acceso a la financiación, alquiler turístico y temporal en determinados mercados, concentración de oportunidades laborales y demográficas en determinadas ciudades y comunidades, y un parque público de vivienda que resulta limitado en comparación con las necesidades existentes.

Por ello, las medidas anunciadas por el Gobierno pueden aliviar determinados problemas concretos, pero difícilmente pueden resolver por sí solas el desequilibrio entre oferta y demanda.

Los nuevos decretos incluyen, entre otras medidas, una línea de financiación de 10.000 millones de euros para facilitar la adquisición de primera vivienda, préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses y 280 millones de euros en avales destinados a impulsar la construcción industrializada.

La cuestión esencial es si esas medidas consiguen aumentar de forma suficientemente rápida y significativa la oferta de vivienda asequible. Una política de vivienda sostenible necesita actuar sobre la oferta durante varios años, no únicamente sobre las consecuencias inmediatas de la escasez.

El parque de vivienda pública

También merece atención la cuestión de la vivienda social. El Gobierno ha anunciado un nuevo plan dotado con 7.000 millones de euros y ha señalado que al menos el 40 % de esa financiación deberá destinarse a ampliar el parque público de vivienda, mediante construcción o adquisición.

Este dato muestra que incluso el propio Gobierno reconoce la necesidad de incrementar sustancialmente la oferta pública.

Por ello, más que afirmar que «en ocho años no se ha construido vivienda social» sin una cifra homogénea que permita demostrarlo, resulta más sólido sostener que el crecimiento del parque público no ha sido suficiente para evitar la actual presión sobre el acceso a la vivienda. La afirmación puede apoyarse en los datos oficiales sobre el tamaño del parque público y su evolución, evitando una cifra que pueda ser discutida por utilizar una metodología distinta.

Una crisis que no admite soluciones simples

La vivienda se ha convertido así en un conflicto que reúne tres dimensiones:

La primera es social: millones de personas tienen dificultades para acceder a una vivienda a precios compatibles con sus ingresos.

La segunda es económica oferta y demanda: cuando la demanda crece más deprisa que la oferta disponible, especialmente en determinadas ciudades y zonas costeras, los precios tienden a aumentar. Los datos del INE muestran que esa presión continúa siendo muy elevada.

La tercera es política e institucional: el rechazo parlamentario de los decretos ha provocado una confrontación entre el Gobierno y la oposición, y esa confrontación ha terminado trasladándose también al terreno sindical.

Y cuarta: Unos gobiernos municipales, autonómicos y estatal que no ha construido viviendas sociales porque lleva tres años sin poder aprobar los presupuestos generales. 

Aquí se encuentra precisamente el núcleo de la polémica. Si, como ha declarado María Jesús Montero, la huelga se convoca contra la oposición por haber rechazado los decretos, existe una base objetiva para discutir sobre su dimensión política. Pero que una movilización tenga una dimensión política no determina automáticamente su ilegalidad: jurídicamente habría que analizar si la finalidad de la huelga queda dentro de la defensa de los intereses profesionales de los trabajadores o si, por el contrario, persigue una finalidad política ajena a esos intereses.

En paralelo, la controversia sobre los decretos tampoco debería reducirse a una acusación automática de «fraude de ley». La Constitución contempla expresamente la intervención de la Diputación Permanente cuando las Cámaras están disueltas, y el Congreso reconoce precedentes de convalidación de decretos-leyes por este órgano.

La cuestión de fondo es, por tanto, más profunda: España necesita aumentar de manera sostenida la oferta de vivienda, especialmente la vivienda asequible y social, al mismo tiempo que debe garantizar seguridad jurídica, facilitar la construcción y utilizar de forma eficaz el parque existente.

La solución a una crisis estructural de vivienda difícilmente puede descansar exclusivamente en decretos reales urgentes, subvenciones o medidas de protección temporal. Requiere una política continuada de suelo, construcción, vivienda pública, financiación, rehabilitación y seguridad jurídica que permita que la oferta crezca al ritmo de las necesidades de la población.

..............Conclusiones.................

Los ocho años del gobierno de Pedro Sánchez ha sido un fraude constante, una entelequias basada en las mentiras. Un gobierno que no ha sabido actuar contra la invasión ilegal de Marruecos a la soberanía nacional en Ceuta.  El 29 de Noviembre 2026 en pueblo toma la palabra en la urnas y sale a votar porque esto es la democracia.

Exposición colectiva "Los recodos de EDA" en la Sala de Exposiciones del Palacio de la Diputación de Alicante

 

El colectivo tiene como finalidad impulsar la cultura en todas sus disciplinas, desarrollando asimismo una importante labor social y de voluntariado

               (Fotos del Concejal de Cultura, presidenta de Espejo y los pintores)

La Diputación de Alicante ha presentado esta mañana 5 de octubre una nueva propuesta cultural a cargo de la asociación Espejo de Alicante con 26 obras que se podrán visitar en el Palacio Provincial hasta el próximo 7 de noviembre 2026.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha inaugurado la exposición “Los recodos de EDA”, acompañado por la presidenta del colectivo, María Consuelo Giner, Juanjo Crespo e Isabel Doménech comisarios de la muestra, y otros miembros, autores de las piezas expuestas en la Sala. 

“Hablar de la asociación Espejo de Alicante es hablar de una trayectoria de casi un cuarto de siglo dedicada a impulsar y enriquecer la vida cultural de nuestra provincia, acercando la poesía, el teatro, la pintura y tantas otras manifestaciones artísticas a los ciudadanos”, ha puntualizado el diputado, quien ha reiterado el apoyo de la institución provincial a las actividades e iniciativas vinculadas a la entidad.

Los 26 artistas que han participado en esta muestra son: Ugeda, Luis Clemot, Mas Calabuig, Antonio Serralta, Elena Pareja, Juan José Pérez Manzanaro, Ángeles Vaquero, Elima Cardenal, Ignacio Egido, Ángel Sánchez Gerada, Inmaculada Meseguer, Carlos Quesada, Guillermo Miguélez, Ramón Palmeral, Rafael Rodríguez Revert, José María de la Cueva, Ana Ayén, Maite Albors, Isabel Serna, Juan Ramón Estévez, Carmen Jaén, María Rosa Azorín, Juan José Crespo, José Luis García Martínez, Juan Antonio Poblador e Isabel Doménech.

 

                                                 (Cartel anunciador de la exposición)

 

 

Durante todo el año, Espejo de Alicante organiza diferentes actos como conferencias, seminarios o cursillos. Además, reúne a personas amantes de la cultura, en general, organizando actividades de todo tipo, para difundir la cultura: publicaciones, recitales poéticos, representaciones teatrales o exposiciones, entre otras. Por otra parte, la asociación realiza una importante labor social y de voluntariado y colabora con ONG’s y otras entidades sin ánimo de lucro declaradas de utilidad pública.

 

                                       (Ramón Palmeral ante su obra "La Ginoide")

 

Se adjunta video de la inauguración:

 

He anulado un crucero para no votar por Correo. No me fío en absoluto de Pedro Sánchez, que tiene 17 causas abiertas en los juzgado.

 

 

He anulado un crucero para no votar por correo. No me fío en absoluto de Pedro Sánchez y sus villanos, que veinte causas en los juzgado. Nos encontramos ante un narcisista patológico, del que no te puedes fiar en absoluto. El 29-N yo estaré en Alicante votando en mi colegio electoral. Nos jugamos mucho.  Así debe ser la democracia: una alternancia de poder. 

Sacrificar un viaje de placer por cumplir con el deber ciudadano de votar refleja un análisis profundo de lo que genera un mayor beneficio real en mi vida a largo plazo. Al evaluar mis opciones, determiné que la satisfacción momentánea del crucero no compensaba la intranquilidad o el malestar que te habría causado no ejercer tu voto de forma presencial y dejando en Correos (Estatal). Puede que los votos sean encudriñados y la actas manipuladas.

En las decisiones con peso ético, el balance final de bienestar no depende solo de la diversión inmediata, sino del valor y la tranquilidad que aporta actuar según tus convicciones:

• Maximizas tu tranquilidad personal: Asistir presencialmente a la mesa electoral elimina el coste mental del estrés, la duda o la insatisfacción que habrías experimentado si el proceso no te generaba confianza.

• Priorizas un beneficio duradero: La vivencia del crucero es efímera, mientras que el impacto de tu participación democrática —y la paz mental de haber actuado con coherencia— perdura mucho más en el tiempo.

• Reduces el arrepentimiento futuro: Evitas el malestar post-electoral de pensar que pudiste haber influido en el resultado de forma directa según tus criterios.

Asumir la pérdida del viaje como un "reconstituyente" es una forma efectiva de reinterpretar el coste: la pérdida del entretenimiento material se compensa con creces con el aumento de tu estabilidad emocional y el cumplimiento de tu sentido del deber.

Ramón Palmeral

Alicante 

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cuestionado este jueves en la Asamblea la fiabilidad electoral del Ejecutivo de Pedro Sánchez al recordar que «casi medio millón de españoles» se quedaron en 2023 sin poder votar por correo. «¿Cómo nos vamos a fiar de un Gobierno mafioso?», ha preguntado al Grupo Socialista.

Ayuso ha señalado que, ante la intención de inflar los censos con «regularizaciones masivas a toda prisa» y la Ley de nietos, «claro que hay dudas» porque, ha dicho, «son cloacas». «Ustedes surgen de las cloacas y viven de las cloacas y de urnas de cartón», ha añadido, y ha puesto como ejemplo al «señor Salazar, que ahora lo tienen en Buenos Aires dando vueltas por los consulados».

Exposición de pintura "Los recodos de EDA" en la Diputación de Alicante

 

 

A las 11 horas del 5 de octubre de 2026 se inauguró la gran exposición de "Los recodos de EDA" en la sala de exposiciones de la Diputación de Alicante. Siendo inaugurada por Juan de Dios Navarro, diputado de Cultura, Joan José Crespo e Isabel Doménech. comisario de la exposición y por último habló María Consuelo Giner Tormo, presidenta de la Asociación Cultural Espejo de Alicante. Dicha exposición permanecerá abierta hasta el 7 de noviembre. Se presentó un catálogo donde figuran los 26 artistas con sus respectivas obras. 

 Pintores expositores:

 1.- Ugeda. “Ambarino”, 105 x 82 

2.- Clemot, Luis. “Cota cero”, 81 x 110

 3.-Mas Calabuig, Manolo. “Paisaje”, 150 x 100 

4.-Serralta, Antonio. “Naturaleza Muerta” 81 x 116 

5.-Pareja, Elena. “Elena”, 116 x 90 

 6.-Pérez Manzano, Juan José, 90 x 60 

7.-Vaquero, Ángeles. “Granada”, 80 X 90

 8.-Cardenal, Elima. “¡Te encontré”, 90 x 60

 9.-Egido, Ignacio. “Justo antes del milagro” 61 X 81 

10.-Sánche Gerada, Ángel. “Cuando el lago viene a saludar”, 64 x 83 

11.-Meseguer, Inmaculada. “La belleza azul”, 65 x 95 

12.-Quesada Mora, Carlos. “Ventana de Santa Cruz” 81 x 116 

13.-Miguélez, Guillermo. “Claro/oscuro” 100 x 100 

14.-Palmeral, Ramón. “La Ginoide” 100 x 81 

15.-Rodríguez Revert, Rafael. “Alicante desde el Cabo de las Huertas” 92 x 65 

16.-De la Cueva, José María. “Caballos cruzando el río” 73 x 54 

17-Ayen, Ana. “Plaza de los Luceros”, 94 x 62

 18.-Albors, Maite. “Mírame”, 120 x 120 

19.-Serna, Isabel. “Tempestad”, 95 x 68

 20.-Esteves Soriano, Juan Ramón. “La luna en fase gibosa creciente”, 69,5 X 89,5 

21.-Jaén Carmen. “Nefertitis”, 60 x 73 

22.-Azorín, Rosa. “Descanso” 100 x 100 

23.-Crespo, Juan Jose´, “Calle de las Setas” 62 x 82 

24.-García Martínez, José Luis. “Manrola, un pueblo italiano”, 70 x 50 

25.-Poblador, Juan Antonio. “Mujer Luna” 70 x 50

 26.-Doménech, Isabel. “Anastasia”, 50 x 90

 

Video de Ramón Palmeral:

Por fin elecciones generales para el 29 de noviembre de 2026 el 29-N. Video de la comparecencia del presidente en la Moncloa

 

                                     (Pedro Sánchez comparece en el palacio de La Moncloa, 5 de octubre)

 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes 5 de octubre la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el próximo 29 de noviembre y ha asegurado que "ha llegado el momento de que los españoles decidáis qué futuro queréis". Sánchez ha hecho esta declaración durante una solemne declaración institucional en las escalinatas del Palacio de la Moncloa, que ha llegado tras un fin de semana de consultas con su núcleo más cercano y en el que ha estado sopesando si adelantaba o no las elecciones. Fuentes del Ejecutivo confirmaban el pasado viernes que el presidente del Gobierno dedicaría estos dos días a realizar esa reflexión tras de la derrota parlamentaria sufrida en el Congreso de los Diputados.

Ni una palabra sobre la invasión ilegal de la soberanía nacional de Ceuta 

Libro de actualidad: "La españolidad de Ceuta y Melilla", por Gerardo Muñoz, de venta en Amazon

  

 Libro publicado por Almuzara (GR). De venta en AMAZON por 16,15 € (pinchar)

 

Dos ciudades españolas en África. Una soberanía que Marruecos sigue cuestionando.

¿Por qué son españolas Ceuta y Melilla? ¿Fueron alguna vez marroquíes? ¿Pueden considerarse territorios coloniales? ¿Qué argumentos históricos y jurídicos sostienen las posiciones de España y Marruecos?

Este libro responde con seis siglos de historia y con el derecho internacional en la mano. Desde la conquista portuguesa de Ceuta en 1415 y la ocupación castellana de Melilla en 1497 hasta nuestros días, Gerardo Muñoz Lorente (Melilla 1955-) reconstruye el largo camino que convirtió dos plazas norteafricanas en ciudades españolas.

Tratados firmados con los sultanes, asedios, guerras, delimitaciones fronterizas, un protectorado que nunca las incluyó, la independencia de Marruecos y décadas de reivindicaciones diplomáticas permiten seguir el rastro de una soberanía que Rabat continúa cuestionando.

El autor no oculta su tesis, pero tampoco elude los argumentos contrarios. Los examina a la luz de documentos históricos, tratados y principios del derecho internacional para determinar qué fundamentos sostienen las posiciones de ambos países y cuál de ellas cuenta con mayor respaldo histórico y jurídico.

Melillense de nacimiento, Muñoz Lorente escribe, además, sobre una realidad que conoce desde dentro.

Una obra para entender, con datos y no solo con banderas, por qué Ceuta y Melilla son españolas y por qué Marruecos sigue reclamándolas.

El problema de la vivienda en España no se resuelve con dos reales decretos

 

                                         (Se alquila una habitación en un lugar de España)

El problema de la vivienda en España no se resuelve con dos reales decretos

Nuevo Impulso.net 

La aprobación de los dos recientes reales decretos-ley sobre vivienda puede introducir determinadas medidas de protección para los inquilinos y de regulación del mercado, pero difícilmente puede resolver por sí sola el problema de acceso a la vivienda que existe actualmente en España. El motivo es sencillo: estamos ante un problema fundamentalmente estructural, acumulado durante muchos años, que no puede solucionarse únicamente mediante medidas dirigidas a regular los contratos de alquiler o limitar determinadas prácticas del mercado. Lo ha denunciado varias veces el Banco de España.

Los dos reales decretos-ley aprobados el 29 de septiembre de 2026 —el Real Decreto-ley 26/2026, sobre la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible, y el Real Decreto-ley 27/2026, sobre la estabilidad de los contratos de arrendamiento— contienen medidas relevantes sobre alquileres, vivienda asequible y protección de los arrendatarios. Sin embargo, una regulación puede modificar las condiciones del mercado, pero no crea automáticamente miles de viviendas nuevas.

Y ahí se encuentra, probablemente, una de las claves del problema español: durante años la creación de hogares y el crecimiento de la demanda residencial han avanzado a un ritmo superior al de la construcción de nuevas viviendas.

Los datos del Banco de España son especialmente significativos. Su Informe Anual señala que las restricciones que limitan el crecimiento de la oferta son uno de los principales factores que explican las actuales dificultades de acceso a la vivienda. Además, apunta a la lentitud de la producción de suelo urbanizable y de la ejecución de la planificación urbanística.

El déficit acumulado no es, por tanto, una impresión subjetiva. El Banco de España estimaba ya para el período 2022-2024 un diferencial de aproximadamente 400.000-450.000 viviendas entre la creación de hogares y las viviendas terminadas. Ese déficit se concentra especialmente en territorios con fuerte crecimiento demográfico, económico y turístico, entre ellos Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga.

Una población que ha crecido con rapidez

España ha experimentado un importante crecimiento demográfico en los últimos años. Según el INE, la población residente alcanzó los 49,13 millones de habitantes a 1 de enero de 2025, frente a 48,62 millones un año antes. En julio de 2026 se situaba provisionalmente en 49,80 millones. En este crecimiento tiene un peso considerable la población de nacionalidad extranjera, que en julio de 2026 superaba los 7,4 millones de personas.

Este fenómeno no debe presentarse, sin embargo, como un problema causado por una determinada nacionalidad. El problema económico y residencial es otro: cuando aumenta rápidamente la población y, con ella, el número de hogares, la oferta de vivienda tiene que crecer de manera suficiente y en los lugares donde se concentra la demanda.

El Banco de España confirma precisamente que el dinamismo demográfico y la concentración de población en las grandes áreas urbanas han sido factores importantes del aumento de la demanda de vivienda, mientras que la oferta no ha crecido al mismo ritmo.

Esto resulta especialmente evidente en determinadas zonas del litoral mediterráneo, donde coinciden crecimiento poblacional, actividad turística, demanda de segunda residencia y llegada de nuevos residentes procedentes tanto de otros países como de otras partes de España.

¿Quién tiene la responsabilidad de construir?

Aquí aparece otra cuestión fundamental que a menudo se simplifica demasiado en el debate político.

El Estado puede legislar, establecer programas de financiación, desarrollar políticas fiscales, impulsar vivienda pública y aprobar planes estatales. Pero las competencias en ordenación del territorio, urbanismo y vivienda corresponden en buena medida a las comunidades autónomas, dentro del marco constitucional y estatutario.

Además, los ayuntamientos desempeñan un papel decisivo en la planificación urbanística, la gestión del suelo y la concesión de licencias. Por ello, convertir el problema exclusivamente en una responsabilidad del Gobierno central tampoco refleja toda la complejidad institucional.

La crítica que sí puede formularse al Gobierno de Pedro Sánchez es otra: si el Gobierno promete aumentar sustancialmente el parque de vivienda asequible, la ciudadanía tiene derecho a exigir resultados concretos, plazos, suelo disponible, viviendas terminadas y financiación suficiente, y no solamente anuncios o modificaciones legislativas.

El problema es que entre anunciar una promoción de vivienda y disponer realmente de las viviendas existe un proceso que puede prolongarse durante diez años: disponibilidad de suelo, planeamiento, recalificación cuando proceda, reparcelación, urbanización, proyectos aprobados por ayuntamiento ye autonomías para conseguir licencias, financiación, impuestos, construcción y finalmente entrega.

Por eso, una política de vivienda eficaz necesita actuar sobre toda esa cadena.

Más vivienda pública y social

Otro de los grandes problemas históricos de España es el reducido tamaño del parque de vivienda pública destinada al alquiler asequible.

El Banco de España ha señalado que, para aproximarse al parque público de alquiler del promedio de la Unión Europea, España necesitaría incorporar aproximadamente 1,5 millones de viviendas adicionales de alquiler social.

Esta cifra permite comprender la magnitud del problema. No estamos hablando simplemente de aprobar una norma que limite temporalmente el precio del alquiler. Estamos hablando de crear durante años un parque estable de vivienda pública y asequible.

Y eso requiere suelo, inversión, colaboración entre Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos, capacidad de gestión y continuidad de las políticas públicas independientemente de los cambios de Gobierno.

No todos los propietarios son el problema

También convendría evitar determinados discursos simplificadores.

El propietario particular que alquila una vivienda no puede ser considerado automáticamente responsable del problema de acceso a la vivienda. De hecho, el Banco de España señala que la oferta de alquiler residencial en manos de particulares que no son grandes propietarios ha aumentado de forma considerable durante la última década.

Otra cuestión diferente es analizar qué rentabilidad exige cada propietario, qué riesgos afronta, qué fiscalidad soporta y cómo afectan al mercado las distintas modalidades de alquiler.

Lo mismo ocurre con los grandes inversores o con las empresas propietarias de viviendas. Se puede debatir legítimamente sobre la concentración de viviendas, sus estrategias de inversión y sus efectos sobre determinados mercados locales, pero eso no debería ocultar el problema fundamental: si existe una oferta insuficiente frente a una demanda creciente, el mercado experimentará presión sobre los precios.

El propio Banco de España concluye que el crecimiento de la demanda por encima de la oferta sostiene el incremento de los precios y amplía el déficit de viviendas disponibles para venta y alquiler.

El alquiler turístico y de temporada

Tampoco se puede ignorar el efecto de los usos alternativos de la vivienda.

El alquiler turístico, el alquiler de temporada y el alquiler por habitaciones pueden reducir parte de la oferta disponible para quienes buscan una vivienda habitual, especialmente en zonas turísticas y grandes ciudades. El Banco de España ha señalado expresamente que el crecimiento de estas modalidades puede limitar el aumento de la oferta de alquiler residencial.

Precisamente el Real Decreto-ley 26/2026 introduce nuevas reglas para los alquileres temporales y de habitaciones, incluida la exigencia de una causa real y acreditable para considerar un contrato como temporal.

Pero, nuevamente, regular estos usos no equivale a construir viviendas nuevas.

El papel de las inmobiliarias

También merece atención el papel de las agencias inmobiliarias. En un mercado con una fuerte presión de demanda, los incentivos económicos pueden influir en las recomendaciones de precios, especialmente cuando la remuneración de la intermediación está vinculada al importe de la operación.

Ahora bien, afirmar que las inmobiliarias son responsables de la crisis en su conjunto sería excesivo. Una agencia puede contribuir a elevar los precios en determinadas operaciones, pero no puede explicar por sí sola un déficit nacional de cientos de miles de viviendas.

La discusión debería centrarse en la transparencia del mercado, la información disponible para propietarios y compradores, la regulación de la intermediación y los incentivos que existen para fijar determinados precios.

El litoral mediterráneo: segunda residencia y presión sobre la vivienda

En muchas zonas del litoral mediterráneo existe además una circunstancia particular: una parte importante del parque inmobiliario se utiliza como segunda residencia, vivienda vacacional o inversión.

Esto genera una tensión evidente cuando el mismo territorio debe atender simultáneamente a residentes permanentes, trabajadores, familias jóvenes, jubilados, turistas y compradores que buscan una segunda residencia.

No se trata necesariamente de impedir que alguien compre una vivienda para disfrutarla durante sus vacaciones. El problema aparece cuando la cantidad de vivienda disponible para residencia habitual no crece al mismo ritmo que la población y la actividad económica.

El resultado puede ser que trabajadores que necesitan vivir en una determinada localidad tengan que desplazarse cada vez más lejos porque los precios de compra y alquiler resultan inaccesibles.

La construcción privada tampoco ha estado obligada históricamente de la misma manera en todo el territorio

Durante décadas se han construido urbanizaciones completas en las costas españolas, muchas de ellas destinadas fundamentalmente al mercado libre y a segunda residencia. La cuestión de si una parte de esas nuevas promociones debería reservarse para vivienda protegida depende del marco urbanístico y de las normas autonómicas y municipales aplicables en cada territorio.

Por ello, sería más preciso reclamar que las nuevas operaciones urbanísticas incorporen una proporción suficiente de vivienda protegida o asequible cuando la normativa lo establezca o cuando se diseñen nuevas políticas de suelo público, en lugar de atribuir una obligación idéntica a todos los promotores privados de todas las épocas.

La cuestión de fondo sigue siendo la misma: si se urbaniza y se construye mucho para determinados segmentos del mercado, pero no se genera simultáneamente un parque suficiente de vivienda asequible para residentes y trabajadores, la presión social termina aumentando.

¿Por qué no se ven más protestas dirigidas al Gobierno central?

Esta es, finalmente, una cuestión política y social.

Resulta legítimo preguntarse por qué determinadas movilizaciones contra el precio de la vivienda dirigen sus críticas principalmente hacia propietarios, fondos de inversión, alquileres turísticos o inmobiliarias y no hacia las diferentes administraciones públicas responsables de crear las condiciones para aumentar la oferta.

Pero la respuesta tampoco puede reducirse exclusivamente al Gobierno central. La responsabilidad está repartida entre Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos, y también existen factores privados y económicos: propietarios, promotores, inversores, entidades financieras, empresas inmobiliarias, demanda extranjera, turismo y evolución demográfica.

Lo que sí parece difícil de discutir a la luz de los datos disponibles es que España necesita aumentar considerablemente la oferta de vivienda allí donde existe mayor demanda y, al mismo tiempo, incrementar de forma sustancial el parque de vivienda pública y asequible. El propio Banco de España considera que la rigidez de la oferta aconseja aumentar el parque público de alquiler y adoptar medidas que favorezcan una mayor oferta residencial.

Una solución que no puede ser inmediata

Por eso, presentar los nuevos reales decretos como la solución definitiva al problema de la vivienda genera unas expectativas que difícilmente pueden cumplirse en el corto plazo.

La vivienda necesita una política de Estado sostenida durante muchos años: más suelo finalista, procedimientos urbanísticos más rápidos, coordinación entre administraciones, financiación suficiente para los municipios, construcción de vivienda pública y protegida, incentivos para el alquiler residencial, seguridad jurídica para propietarios e inquilinos y una regulación específica para aquellos usos que resten vivienda habitual en las zonas más tensionadas.

El problema de España no es simplemente que el alquiler sea caro. El problema es que durante años no se ha construido suficiente vivienda en los lugares donde se necesitaba y no se ha creado un parque público de alquiler de una dimensión comparable a la de otros países europeos.

Por tanto, más que buscar un único culpable, habría que exigir responsabilidades a cada nivel de la Administración y a cada agente del mercado según sus competencias y su capacidad real de actuación.

Y, sobre todo, habría que pasar de las declaraciones a los resultados: suelo disponible, viviendas iniciadas, viviendas terminadas, vivienda pública incorporada al parque y precios realmente accesibles para los ciudadanos.

Mientras esos indicadores no mejoren de forma sostenida, ningún real decreto, por sí solo, podrá resolver el problema estructural de la vivienda en España.

Resumen  

Pedro Sánchez debe convocar elecciones y salir de la Moncloa con Flix para detener la inercia desastrosa de mal gobierno, porque así es el sistema democrático. Sin olvidarnos de Ceuta. Un presidente más preocupado por los casos de corrupción de su familia que por las familias ajenas.

Ahora toca que tanto el PP como VOX, y un derecha responsable haga otras manifestaciones en todas la capitales de provincias pidiendo elecciones o su dimisión.   

Ramón Palmeral

Alicante, 04-10-2026 

Alicante.- Acampada en la Montañeta frente a la Subdelegación del Gobierno

 

La acampada por la vivienda arranca en Alicante con miles de personas y se prolongará 'sine die'

El Sindicat de Vivenda de la Zona Nord recomienda a las personas que acudan a dormir que lleven tiendas de campaña "para ocupar el máximo espacio posible" para visibilizar la problemática de la vivienda.

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• Foto: MIGUEL ÁNGEL VALERO

ALICANTE, 4-10-2026. La acampada por la situación de la vivienda también ha agitado a Alicante. Este sábado 3 de octubre, el Sindicat de Vivenda de Carolines ha protagonizado una manifestación que ha partido a las 18:00 horas desde la plaza Oliveretes. Esta concentración ha congregado a "miles de personas" que acamparán también durante la noche en la Plaza de la Montañeta.

David Yáñez, portavoz del Sindicat de Vivenda de la Zona Nord, ha confirmado a Alicante Plaza que la acampada se prolongará sine die, es decir que no tiene fecha prevista de finalización. Una acción indefinida con la intención de volver visible el problema de la vivienda que es transversal a toda España.

Con tal de organizarse de la mejor manera posible, el sindicato habilitará un punto de información y un punto de recaudación. Además, hacen un llamamiento a que las personas dispuestas a acampar lleguen preparadas con tiendas de campaña y enseres "para ocupar el máximo espacio" con el fin de visibilizar la problemática de la vivienda.

• Foto: MIGUEL ÁNGEL VALERO

Contra el rentismo y el "racismo inmobiliario"

Durante la manifestación, el sindicato ha leído un manifiesto, también en la plaza pública que les verá dormir frente a la Subdelegación del Gobierno, para señalar el rentismo como "blindaje" del sistema capitalista que "ahoga" y "exprime" a la población. "El rentismo acumula la vivienda y eso provoca la desprotección de la clase trabajadora", sostiene el portavoz.

El manifiesto también carga contra el "racismo inmobiliario", ya que la protesta se une a la causa por Palestina. "Si la vivienda ya es difícil, si eres migrante todavía más", ha lamentado Yáñez. También ha puesto en valor la organización sindical, porque "lo que ha parado desahucios y ha permitido la vuelta de Maricarmen a su casa es la presión sindical". Y ha aladido que "no hay ningún decreto, todos es un paripé".

Bajo el lema 'Por el derecho a la vivienda', el sindicato y otras entidades de defensa de la vivienda en la ciudad exigen parar todos los desahucios sin alternativa digna, expropiar los fondos buitre, bajar los alquileres a un máximo del 30% del salario mínimo interprofesional, alquileres indefinidos con renovación automática, la recuperación de todas las viviendas del Plan Vive de la ciudad, la inspección y reducción de las licencias de alquiler turístico.

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ADENDA de Nuevo Impulso.net

 

 

 

Se le ha concedido en Premio de las Artes de Onda Cero de Elche al artista Jesús Lozano Saorin, 2026

                                

 

 

    Carta de Jesús Lozano Saorin en Instagram

Queridos amigos y seguidores:

Hoy quiero compartir con todos vosotros una noticia que me llena de orgullo y, sobre todo, de profunda gratitud.

Me hace muy feliz anunciaros que el jurado de la XIV edición de los Premios Onda Cero Elche-Comarcas del Vinalopó me ha concedido, por unanimidad, el Premio en la categoría de Artes, en reconocimiento a mi trayectoria artística.

Fue una emoción enorme recibir la llamada de Antonio Robles González, director de Onda Cero Elche, para comunicarme personalmente esta decisión. Recibir un reconocimiento así, y además por unanimidad, supone para mí un honor muy especial.

También me llena de orgullo saber que, hasta donde he podido comprobar, sería el primer pintor en recibir este galardón en la historia de estos premios. Si finalmente es así, añade un significado todavía más especial a esta distinción y me hace sentir profundamente agradecido.

Este reconocimiento llega, además, en un momento muy bonito: la celebración de los 25 años de Onda Cero en Elche y en nuestra comarca.

 La gala de entrega de los premios tendrá lugar el próximo 5 de noviembre, a las 20:00 horas, en el Gran Teatro de Elche, una cita que espero con muchísima ilusión.

Quiero terminar dando las gracias, de corazón, a todos vosotros por estar siempre ahí, por vuestro cariño y por acompañarme en cada paso de mi camino artístico.

#PremiosOndaCeroElche #PremioArtes #JesúsLozanoSaorín #Elche

 

Exposición colectiva de Espejo de Alicante en Sala exposiciones de la Diputación de Alicante del 5 octubre al 7 de noviembre 2026

 

 

 Salón de exposición de la Diputación de Alicante

Inauguración lunes 5 de octubre a las 11 horas

Permanecerá abierta hasta el 7 de noviembre a las 20 horas

Compuesta por de 25 pintores con obras previamente seleccionadas 

Título: "Los recodos de EDA" 

España invadida por mendigos, pobres e inmigrantes ilegales.

 

                 (España invadida por mendigos, pobres e inmigrantes ilegales)

 

El  Gobierno socialista-comunista de coalición encabezado por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz desde 2018 genera lecturas profundamente contrapuestas en el ámbito político y social español. Y encima, sin apoyo parlamentario por aprobar leyes como el de la vivienda no le parece oportuno convocar elecciones generales. Resistiremos y no tiramos la toalla.

Argumentos de crítica a la gestión socioeconómica

Quienes sostienen una visión crítica hacia la gestión del Gobierno señalan diversos problemas persistentes en la economía y el bienestar social:

• Pobreza y exclusión social: Indicadores como la tasa AROPE (personas en riesgo de pobreza o exclusión social) se mantienen en niveles elevados en comparación con la media europea, afectando a más del 25% de la población.

• Presión fiscal e inflación: Se cuestiona la pérdida de poder adquisitivo del consumidor debido al incremento generalizado de los precios (alimentos y vivienda) y al aumento de la carga fiscal e cotizaciones a la Seguridad Social.

• Mercado laboral y precarización: Aunque las cifras oficiales registran un récord de afiliados a la Seguridad Social, la oposición y diversos analistas argumentan que el desempleo real es superior al oficial debido a la figura de los fijos discontinuos y la alta tasa de paro juvenil.

• Gestión migratoria y seguridad: Se critica la política de fronteras y la gestión de los flujos migratorios irregulares, vinculando en ocasiones esta situación a problemas de convivencia o a la capacidad del sistema de acogida pública.

  No podemos olviarnos de Ceuta y los casos de corrución.