El Estado español no puede seguir sin Presupuestos
El país necesita nuevas cuentas públicas para recuperar credibilidad institucional, ordenar sus prioridades económicas y devolver al Parlamento el papel que le corresponde
El Gobierno acumula ya tres prórrogas de los Presupuestos Generales del Estado sin cumplir su obligación constitucional de presentar un proyecto de cuentas públicas antes del 1 de octubre de cada año. La negativa a someter la política fiscal al control de las Cortes degrada la calidad democrática y está provocando distorsiones contables cada vez más difíciles de justificar y que están levantando recelos y sospechas en Europa que comprometen el buen nombre del país. La ley vigente de 2023 fue diseñada para un contexto económico y geopolítico muy distinto del actual. Desde entonces han cambiado las condiciones monetarias, las prioridades europeas y las necesidades de gasto. Gobernar con unas cuentas prorrogadas obliga a recurrir constantemente a modificaciones de crédito, reasignaciones internas y soluciones excepcionales que evidencian el agotamiento del modelo.
El uso de recursos vinculados al Plan de Recuperación para cubrir obligaciones del sistema de pensiones constituye el ejemplo más grave de esa deriva. El Tribunal de Cuentas constató que se movilizaron 2.389 millones de euros asociados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para atender gastos de pensiones ante la insuficiencia de recursos disponibles en las cuentas prorrogadas. El Gobierno sostiene que se trató de una operación temporal de tesorería y Bruselas ha evitado apreciar ilegalidad, aunque lo investigará. Sin embargo, el problema político y reputacional permanece intacto. Los fondos europeos nacieron para impulsar la modernización económica y la competitividad, no para cubrir carencias derivadas de la falta de apoyo parlamentario de un Gobierno.
La polémica ha tenido además un efecto dañino en el debate europeo. En Alemania y otros países del norte han reaparecido los recelos sobre la mutualización de deuda (eurobonos) y el control de los fondos comunes. La imagen de España utilizando recursos europeos para sostener el gasto corriente ha alimentado discursos euroescépticos y debilitado la posición española en futuras negociaciones fiscales. La confianza es un activo esencial dentro de la Unión Europea y puede deteriorarse rápidamente cuando proliferan las dudas sobre la transparencia y el rigor en la gestión.
A ello se suma la última advertencia de la Airef. La autoridad independiente ha rebajado las previsiones de crecimiento y calcula que España necesitará ajustes superiores a 15.000 millones de euros entre 2027 y 2028 para cumplir con los compromisos fiscales europeos. El organismo reclama una estrategia fiscal «realista y creíble», precisamente lo contrario de la improvisación instalada en la política presupuestaria del Ejecutivo.
Ningún Gobierno puede administrar la cuarta economía del euro mediante parches contables. El presupuesto es la principal ley política de un Estado y el instrumento esencial de rendición de cuentas ante los ciudadanos. España necesita nuevas cuentas públicas para recuperar credibilidad institucional, ordenar sus prioridades económicas y devolver al Parlamento el papel que le corresponde. Mantener esta situación sólo agrava la incertidumbre económica y deteriora la imagen exterior de España.
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PAGANDO PENSIONES CON FONDOS EUROPEOS
La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, va a tener que elegir entre seguir protegiendo a Pedro Sánchez en la polémica sobre uso de fondos europeos para pagar el déficit en las pensiones españolas, o reducir sus aspiraciones para los próximos presupuestos comunitarios. El escándalo ha aparecido ya en la prensa de los países llamados 'frugales', lo que aumenta la presión sobre los gobiernos que están empezando a discutir las perspectivas financieras de la UE y que van a utilizar el caso español como argumento para oponerse a un aumento de sus contribuciones.
Según fuentes parlamentarias, el Grupo Popular Europeo tiene constancia de la irritación que el escándalo ha provocado en el seno del gobierno alemán, el mayor contribuyente neto de la UE, y aseguran que desde Berlín se le ha hecho saber a Von der Leyen que no será fácil que este tema se difumine solo y desaparezca del debate político en Bruselas.
Tanto Países Bajos como Alemania presionaron en su día para que el mecanismo de los fondos de recuperación incluyesen más controles y ahora se sienten reivindicados. Y, sobre todo, en los pasillos del Parlamento Europeo se da por hecho que, una vez visto el informe del Tribunal de Cuentas sobre los pagos de 2024 es más que probable que el fenómeno pueda ser aún más escandaloso en los de 2025. En el primer año, España recibió 9.000 millones, en el segundo fueron 24.000 millones.
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