ARTICULOS DE OPINION


Revista digital de arte, cultura y opinión en Alicante. Enlace con POESIA PALMERIANA. En estas páginas no podemos estar ajenos a lo que pasa en España ni en el mundo. Dirigida por el escritor, poeta y pintor Ramón PALMERAL. Los lectores deciden si este blog es bueno, malo, o merece la pena leerlo.

domingo, 31 de mayo de 2020

Reorientacion del Asilo de Benalúa en un centro hopistalario

Alicante reorienta con IMED el proyecto de hospital en el Asilo de Benalúa para preservar el edificio

 Conservación de la fachada y descarte del anexo previsto en su patio interior






1/06/2020 - 
ALICANTE. El proyecto promovido por el Grupo IMED  (Hospitales es un grupo sanitario privado que actualmente cuenta con 4 hospitales generales (Benidorm, Elche, Valencia y Gandía) y 2 policlínicas (Teulada y Torrevieja)), para rehabilitar y transformar el antiguo Asilo de Benalúa en un centro hospitalario parece cobrar forma casi tres años después de que se registrase la propuesta y de que se formulase la solicitud de licencia de obra. Fuentes consultadas por Alicante Plaza precisaron que la Concejalía de Urbanismo y representantes de IMED han alcanzado un principio de acuerdo para reorientar el proyecto de modo que se garantice la restauración y conservación de la fachada original del complejo y se respete la configuración de su patio interior
De acuerdo con el proyecto inicial, en ese patio interior se preveía la construcción de un nuevo edificio, que podía llegar a alcanzar hasta cuatro alturas. No obstante, con la reformulación actual, ese nuevo edificio anexo -que se había diseñado como una estructura acristalada para que pudiese funcionar como centro de recepción conectado con el resto de edificios- se redimensiona y se reubica en la medianera del complejo, con lo que se consigue mantener la configuración actual del recinto, dejando exento el edificio histórico para ponerlo en valor
Así, esa nueva edificabilidad ganada respecto al inmueble preexistente se reparte y se redistribuye en su perímetro, de modo que queda desvinculada de la construcción original, tras la presentación de un nuevo estudio de detalle que modifica la propuesta inicial formulada por IMED. De hecho, según las mismas fuentes, el objetivo de la redefinición del proyecto es recuperar la fachada original, en la que se incluía un campanario.
En función del proyecto inicial, el Grupo IMED, a través de la empresa Gestión y Explotación Hospitrés, preveía la construcción de cuatro quirófanos, 24 consultas y 42 habitaciones repartidas en las dos plantas superiores, además de cinco cabinas dentales y seis salas de tratamiento de estética. Además, la propuesta original incorporaba una planta de sótano para aparcamiento y el citado edificio de cristal anexo -en principio de solo dos plantas- que se emplazaría en el patio. 
En principio, se preveía una inversión de 3,6 millones para actuar sobre una superficie total de 12.931 metros cuadrados. No obstante, los números de esa propuesta original se modificarán ahora para ajustarlos a la reconfiguración del proyecto.



Como publicó este diario, IMED alcanzó en 2016 un acuerdo definitivo sobre el uso del inmueble con su propietario: el Obispado de Orihuela-Alicante, que adquirió los derechos del edificio después de que la congregación de las Hermanas de los Pobres Desamparados, abandonase la gestión de la antigua residencia de ancianos. Ese fue su uso prácticamente desde su apertura, en torno a 1885. Su construcción se inició en 1880 antes gracias a donativos y a la cesión del solar por parte del Marqués de Benalúa en el momento en el que se estaba desarrollando el conjunto del barrio. Ese acuerdo quedaba supeditado a que el inmueble se mantuviese como centro asistencial de interés social, según se recogía en la versión del catálogo de protecciones elaborada bajo el mandato del extinto tripartito, que no llegó a aprobarse, en 2017.
La función inicial del inmueble fue "dar cobijo a transeúntes, ancianos y enfermos, así como a personas en situación de desamparo". Esa función se fue ajustando hasta convertirse en un asilo, primero, y en una residencia para la tercera edad, después. Ahora permanece sin uso, pese a que los residentes del barrio de Benalúa vienen reivindicando desde hace más de una década su rehabilitación como centro social. 





El Grupo IMED solicitó la emisión de un certificado de compatibilidad urbanística en agosto de 2017 para comprobar si su proyecto para reconvertir el edificio en un hospital privado tenía o no encaje en el Plan General. La Concejalía de Urbanismo resolvió, entonces, que el uso propuesto (centro hospitalario) sí era viable para ese emplazamiento. De ahí que el grupo persistiese en su iniciativa y presentase solicitud de licencia, mientras se dirimía si el edificio debía quedar reconocido como Bien de Relevancia Local (BRL) en el catálogo de protecciones cuando el equipo de Gobierno formado por el PSOE en solitario trató de impulsar la revisión del documento que no llegó a aprobarse en 2017. Las dudas sobre la necesidad de catalogación con ese reconocimiento (el de BRL) se planteaban ante la existencia de una capilla religiosa, anterior a 1940.
En la nueva versión del catálogo de protecciones, ahora en fase de exposición al público, sí se incluye el edificio como inmueble a conservar, aunque no bajo la figura de BRL -como sucede con todas las iglesias de la ciudad, a partir de lo dispuesto en la nueva normativa urbanística sobre la materia- después de que se haya considerado que el antiguo asilo es un edificio asistencial que no debe contar con la consideración de edificio religioso por el hecho de albergar una capilla en su interior. En todo caso, según las fuentes consultadas, su hipotético reconocimiento como BRL no hubiese evitado de manera automática el desarrollo del proyecto del hospital. Primero, porque se trata de un uso compatible con la protección del inmueble. Y segundo porque IMED solicitó licencia antes de esa posible catalogación, con lo que no podían introducirse restricciones de uso a posteriori.

Ramón PALMERAL en el blog de la Asociación de Artistas Alicantinos

HOY PRESENTAMOS A RAMON PALMERAL



Nuestro invitado de hoy


Su última obra abstracta


Retrato de Fernando Soria, Fundador de la A.A.A.



El pintor Ramón PALMERAL Nacido en Piedrabuena (Ciudad Real), su formación artística se inicia en Málaga, copiando a los autores de la "Escuela Malagueña". Afincado en Alicante desde 1990, forma parte de la Asociación de Artistas Alicantinos y de Espejo de Alicante...

Ramón PALMERAL en le blog de la Asociación de Artistas Alicantinos

HOY PRESENTAMOS A RAMON PALMERAL



Nuestro invitado de hoy


Su última obra abstracta


Retrato de Fernando Soria, Fundador de la A.A.A.



Nacido en Piedrabuena (Ciudad Real), su formación artística se inicia en Málaga, copiando a los autores de la "Escuela Malagueña". Afincado en Alicante desde 1990, forma parte de la Asociación de Artistas Alicantinos y de Espejo de Alicante...
 

sábado, 30 de mayo de 2020

PSOE y Podemos vetan la equiparacion salarial de los policias con los Mossos.

PSOE y Podemos vetan la equiparación salarial de los policías con los Mossos y enervan a los agentes en su protesta ante el Congreso

ctualizado

Moncloa argumenta restricciones presupuestarias. El Ministerio del Interior explica que ya se está llevando a cabo la equiparación salarial y que los agentes cobran un 20% más que en 2017.
Policías y guardias civiles rompen el cordon policial en su protesta frente al Congreso EL MUNDO (Vídeo) EFE (Foto)
El PSOE y Unidas Podemos han apoyado esta mañana el veto a la tramitación en el Congreso de la Iniciativa Legislativa Popular presentada por los sindicatos policiales para la equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil con otras fuerzas de seguridad autonómicas como la vasca o la catalana, con sueldos muy por encima. Esta decisión impedirá la toma en consideración de la iniciativa bajo la argumentación de que supone una alteración de los Presupuestos ahora vigentes porque incrementa los gastos.
Mientras, los policías y guardias civiles que se manifestaban este martes en las inmediaciones del Congreso de los Diputados han roto el cordón de seguridad que les mantenía alejados del edificio de la Cámara Baja y han llevado su protesta a la plaza de las Cortes, justo en frente de la escalinata de los leones.
Los agentes estaban concentrados desde primera hora de este martes en las inmediaciones del Congreso en contra del rechazo del Gobierno a debatir la Iniciativa Legislativa Popular promovida por el colectivo Jusapol por la equiparación salarial de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Esa ley ciudadana recabó más de medio millón de firmas y y llegó a ser tomada en consideración en 2018 por el Pleno del Congreso, pero ahora el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos ha decidido vetar su tramitación parlamentaria atribuyendo limitaciones presupuestarias, con lo que ya no volverá a debatirse.
Javier Ortega Smith se dirige a los manifestantes de Jusapol.EFE
La decisión del Gobierno llegó al Congreso el viernes. Y la Mesa de la Cámara le ha dado el visto bueno esta mañana, justo cuando se está desarrollando la protesta. En contra de tramitar la equiparación salarial se han manifestado el PSOE y Podemos. Los dos representantes del PP y el de Vox han votado a favor de tramitar la iniciativa presentada por los sindicatos policiales. Sin embargo, ambos partidos están en franca minoría en este órgano ante los tres miembros del PSOE y los otros tres de Unidas Podemos, que suman seis frente a ellos tres.
El Ejecutivo puede vetar ante el Congreso todas aquellas leyes que signifiquen modificación presupuestaria, como ha hecho en este caso. Como aseguró el Ejecutivo de Pedro Sánchez en una escueta nota enviada al Congreso, "el Gobierno es contrario a la tramitación de la citada iniciativa por suponer un aumento de gasto presupuestario, de acuerdo con las razones alegadas en el escrito de referencia".
Ha sido la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien primero ha denunciado esta decisión en las puertas del Congreso y ante la presencia de miles de manifestantes que piden la equiparación salarial.
Según Arrimadas, "la misma semana que el Gobierno promete millones de euros a los separatistas, nos dice que no hay dinero para los policías y los guardias civiles, para que cobren lo mismo que los Mossos d'Esquadra".
Hoy mismo, y para forzar al Gobierno a debatir la equiparación salarial, Ciudadanos ha registrado una proposición no de ley que exige la igualdad "salarial real y efectiva" para todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Los manifestantes también han recibido la visita de numerosos dirigentes de Vox, como su secretario general, Javier Ortega Smith, y la diputada Macarena Olona, y han hablado con un representante de Unidas Podemos, que les ha ofrecido mantener una reunión para conocer sus reivindicaciones.

Bengalas de humo y petardos

Alrededor de las 10:00 de la mañana, los ánimos en la manifestación han incrementándose hasta que los concentrados han decidido derribar el cordón policial que les retenía en la parte inferior de la Carrera de San Jerónimo, cerca de la Plaza de la fuente de Neptuno, y han superado el dispositivo policial para tratar de acceder a la sede de la Cámara Baja, custodiada por una decena de furgones policiales.
Los disturbios han obligado a la Policía Nacional a replegar el dispositivo de seguridad a las puertas del Congreso y los manifestantes han proseguido con su concentración en la plaza de las Cortes a escasos meses de las escalinatas de la Cámara Baja.
Los gritos de "equiparación" han sido constantes durante la concentración, en la que se han podido ver pancartas contra el PSOE, al que acusan de "traidor". También algunos asistentes portaban bengalas de humo y lanzaban petardos.
La manifestación de los policías y los guardias civiles se ha trasladado después de la puerta del Congreso hacia el Paseo del Prado, donde los miles de manifestantes continúan protestando. Con ellos han estado dirigentes de Vox. Macarena Olona ha acusado a los miembros del PSOE y Unidas Podemos que han votado en contra de "prevaricar abiertamente" y ha anunciado que desde su partido van a "denunciar y ejercer las acciones" que estén en su mano. Por su parte, Javier Ortega Smith ha reprochado al Gobierno y al ministro del Interior de "abandonar" a la Policía y la Guardia Civil.
El PP se ha sumado "a las justas reivindicaciones de la Policía y la Guardia Civil", ante el "veto" del Gobierno a la equiparación salarial de policías y guardias civiles. Ana Vázquez, diputada y portavoz de Interior del PP, ha anunciado que su partido va a "trabajar a partir de hoy" en "una ley de retribuciones de la Policía y Guardia Civil". "Se lo debemos después de tantos años de injusticia salarial" en comparación a los Mossos y la Ertzaintza, ha añadido, antes de alertar de que "el presupuesto en material se ha reducido un 70% y las tasas de criminalidad han subido más de un 9%" en algunas autonomías. "Se está desmantelando la seguridad en España y lo están pagando los servidores públicos", ha apostillado.
La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha afeado la "deriva autoritaria" del Gobierno por el veto. "Antes apoyaban la ILP, pero ahora que PSOE y Podemos gobiernan, la vetan, cosa que el PP jamás hizo cuando estaba en el Gobierno".

Interior: ya se ha subido un 20% en dos años

Desde el Ministerio del Interior han puntualizado que el Gobierno ya puso en marcha en 2018 el acuerdo de equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil con los cuerpos autonómicos. Para llevarlo a cabo se ha hecho un esfuerzo económico por un importe total de 807 millones de euros, según explican desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.
Este importe total se ha articulado en tres tramos, de los que se han hecho efectivos dos y que los agentes ya cobran en sus nóminas, el primero a partir de la nómina de octubre de 2018 y el segundo a partir de la de enero de 2019, por un importe total de 560 millones de euros.
El tercer tramo, según explica Interior, se abonará en los próximos meses con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2020, pero está pendiente de que los representantes de los profesionales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil acuerden el porcentaje que corresponde a cada cuerpo.
El Gobierno añade que cuando se abone el tercer tramo de la equiparación salarial en los próximos meses, los agentes de cada uno de los cuepos cobrarán una media de un 20% más al mes que en 2017.

jueves, 28 de mayo de 2020

EL FRAP era un grupo terrorista segun Wikipedia fecha 28-05-2020.

Ser terrorista no quiere decir que seas un asesino, si el FRAP fue un grupo terroristas según Wkipedia, entre 1973 a 1975, el padre de Pablo Iglesia (vicepresidente del gobierno de Sánchez) lo era, y militó por pertener al grupo, pero no era un asesino, sino un subversivo terrorista dedicado  a repartir propagadan y estuvo en la cárcel. Pero si no pudo bomba colaboró para que se cometiera los asesinatos.

 Frente Revolucionario Antifascista y Patriota

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Frente Revolucionario Antifascista y Patriota
Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (bandera).png
Bandera usada por el grupo

Operacional1973-1978
Liderado porJulio Álvarez del Vayo (hasta 1975)
ObjetivosEstablecimiento de una República Popular y Federativa en España
Regiones activasEspaña
IdeologíaMarxismo-leninismo, antirrevisionismo, republicanismo
Brazo políticoPCE (m-l)
EstatusDisuelto

El Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) fue una organización terrorista123española de ideología antifascista y con vocación frentista creada en 1973, a finales del régimen franquista, por el Partido Comunista de España (marxista-leninista), con la colaboración del exministro republicano Julio Álvarez del Vayo y su grupo, la Unión Socialista Española. Utilizó la violencia con el propósito de crear un movimiento popular en España. Tres de sus militantes fueron parte de los cinco últimos fusilados por la dictadura el 27 de septiembre de 1975. El FRAP se disolvió por orden del PCE (m-l) en 1978.

Historia

El PCE (m-l) fue la primera escisión en el seno del Partido Comunista de España (PCE). La promovieron en 1964 una agrupación de militantes que rechazaba la política de reconciliación nacional que promovía Santiago Carrillo, tendente a conseguir un fin pacífico del franquismo, llegando incluso a acuerdos con sectores del propio régimen.4​ El PCE (m-l) mantenía que la conquista de las verdaderas libertades democráticas en España «sólo vendría de un mayor impulso de la lucha, de la radicalización y de la capacidad popular para imponer su solución democrática y republicana frente al horizonte monárquico y continuista que se preparaba». Desde su nacimiento, el PCE (m-l) alentó la táctica frentista en sus concepciones políticas de lucha contra la dictadura.5​ Por su lado Julio Álvarez del Vayo fundó la Unión Socialista Española y posteriormente el Frente Español de Liberación Nacional (FELN), organizaciones poco activas que, junto con el PCE (m-l) crearon el FRAP, siendo Álvarez del Vayo elegido presidente del mismo, cargo que desempeñó hasta su fallecimiento.6
El FRAP se constituyó formalmente en noviembre de 1973, pero tiene su origen dos años antes, el 23 de enero de 1971, cuando se produjo una reunión decisiva para su creación. Se celebró en París, en un piso propiedad del dramaturgo estadounidense Arthur Miller,7​ amigo personal del que fuera ministro del PSOE durante la guerra civil española, Julio Álvarez del Vayo, y en el que residía circunstancialmente en compañía de su esposa, Luisa Graa. En esta reunión se concretaron los seis puntos programáticos en los que se basaría el FRAP:
  1. Derrocar la dictadura fascista y expulsar al imperialismo estadounidense de España mediante la lucha revolucionaria.
  2. Establecimiento de una República Popular y Federativa que garantice las libertades democráticas y los derechos para las minorías nacionales.
  3. Nacionalización de los bienes monopolísticos y confiscación de los bienes de la oligarquía.
  4. Profunda reforma agraria sobre la base de la confiscación de los grandes latifundios.
  5. Liquidación de los restos del imperialismo español.
  6. Fundación de un Ejército al servicio del pueblo.
Entre 1971 y 1973 se formó una amplia red de comités pro-FRAP impulsados en el mes de abril de 1973 con la celebración del primer congreso del PCE-ML en Italia. La constitución formal del FRAP tuvo lugar el 24 de noviembre de 1973, en una Conferencia Nacional celebrada en París, en la que Julio Álvarez del Vayo fue elegido su presidente y se ratificaron sus puntos programáticos.8​ La declaración fue firmada por diversas organizaciones:
Esta unión de partidos y organizaciones era en realidad artificial, puesto que todas fueron creadas por el PCE (m-l) o cercanas ideológicamente y éste tenía miembros de control en todas ellas.9
Desde sus orígenes protagonizó múltiples acciones contra la dictadura y denunció abiertamente la política, calificada de revisionista, seguida por la dirección del PCE y su entonces secretario general Santiago Carrillo, acusados de haberse apartado de la teoría y de la praxis marxista, cayendo en un denominado "reformismo posibilista", con el objetivo de llegar a compromisos con sectores de la dictadura franquista. También denunció la desestalinización de la URSS, calificando al renovado régimen soviético de "social-imperialista", al tiempo que tomaba como modelos a la Unión Soviética de Stalin y apoyándose ideológicamente en los regímenes de la República Popular de Albania y la República Popular China, esta última hasta la muerte de Mao Zedong en 1976.10
Hacia 1973 funcionaban con regularidad organizaciones promovidas por el FRAP entre el profesorado, la Unión Popular de Profesores Demócratas (UPPD), y entre los artistas e intelectuales, la Unión Popular de Artistas (UPA), cuya participación en las huelgas de actores de los últimos años del franquismo sería de gran importancia junto con su publicación, Viento del Pueblo, realizada clandestinamente en Madrid a serigrafía y a varios colores. En Viento del Pueblo colaboró anónimamente el dramaturgo Alfonso Sastre, entre otros, con algunas de sus poesías satíricas dedicadas al príncipe sucesor Juan Carlos de Borbón.[cita requerida]

Acciones violentas

El 1 de mayo de 1973 tuvo lugar la primera acción violenta del Comité pro-FRAP, cuando en las manifestaciones celebradas en Madrid convocadas por el PCE (m-l) y el Comité Coordinador pro-FRAP fue asesinado Juan Antonio Fernández Gutiérrez, de 21 años, subinspector de la Brigada Político-Social (BPS),11​ tras ser apuñalado en los enfrentamientos que se producen entre la Policía franquista y los manifestantes en las cercanías de la Estación de Atocha.12
En el verano de 1975 los análisis políticos del FRAP le llevan a cometer atentados, que califican de "lucha armada" o "ataques" contra miembros de la policía política y de la Guardia Civil. El 14 de julio de 1975 alcanzan su punto culminante en Madrid, cuando un comando del FRAP asesina de ocho disparos de bala a Lucio Rodríguez Martín, agente de la Policía Armada con un año de antigüedad en el cuerpo que prestaba servicio de vigilancia en las oficinas de la compañía Iberia.13​ El 19 de julio el FRAP perpetró otro atentado en la calle Gómez-Ortega contra el policía Justo Pozo Cuadrado, al que alcanzaron con cinco disparos, pero sobrevivió al atentado. En agosto varios miembros del FRAP asesinan al teniente de la Guardia Civil Antonio Pose Rodríguez.14
Como consecuencia fueron detenidos numerosos militantes y se celebraron dos consejos de guerra, en los que se condenó a muerte a tres militantes del FRAP (Xosé Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz), en un juicio celebrado en la base militar de El Goloso, de Madrid,15​ y dos de ETA político-militar (Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui). En su edición del 5 de septiembre de 1975, el diario La Vanguardia Española relacionaba entre los 36 miembros detenidos al que posteriormente sería presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, y en su edición de 2 de junio de 1976 otra nota de la policía notificaba la detención de Rafael Blasco Castany, más tarde consejero de la Generalidad Valenciana por el Partido Popular.16
Los fusilamientos tuvieron lugar el 27 de septiembre de 1975 y fueron los últimos de la dictadura. Las manifestaciones de rechazo y condena del régimen franquista fueron numerosas en todo el mundo, acentuando el aislamiento internacional del régimen franquista.
El 14 de septiembre, el FRAP asesina al peluquero del II Escuadrón de Caballería de la Policía Armada, Juan Ruiz Muñoz, en la Vía Favencia de Barcelona, y el 29 de septiembre matan, también en Barcelona, al policía Diego del Río Martín, que recibió cinco impactos de bala en el estómago y un sexto en la cabeza, y hieren gravemente a su compañero Enrique Camacho Jiménez.
Opuestos a todo tipo de pacto, incluso con militares demócratas como la Unión Militar Democrática o la Iglesia progresista, su intransigencia llevó al FRAP a estar cada vez más apartado de los pactos y movimientos políticos que se estaban dando en la oposición a la dictadura. El triunfo de la operación de reforma política y la nueva situación llevó a su fin y a su disolución en 1978.

Víctimas mortales

Fecha Víctima Cuerpo
1 de mayo de 1973 Juan Antonio Fernández Gutiérrez Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico (Madrid)
27 de septiembre de 1973 Francisco Jesús Anguas Barragán Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico (Barcelona)
14 de julio de 1975 Lucio Rodríguez Martín Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico (Madrid)
16 de agosto de 1975 Antonio Pose Rodríguez Guardia Civil (Madrid)
14 de septiembre de 1975 Juan Ruiz Muñoz Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico (Barcelona)
29 de septiembre de 1975 Diego del Río Martín Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico (Barcelona)

Véase también

Según explica Vilariño, “no deberían dimitir guardias civiles con una hoja de servicio intachable y una carrera ejemplar”.

La directora de la Guardia Civil, desaparecida en una de las peores crisis de la Institución

Los agentes llevan meses denunciando el abandono de María Gámez y exigen su dimisión y la del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska



Toma de posesión de la nueva directora general de la Guardia Civil
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la toma de posesión de la nueva directora general de la Guardia Civil, María Gámez Gámez. Junto a ellos, el teniente general de la Benemerita, Laurentino Ceña/Foto: J.J. Guillén/EFE


“Diálogo, trabajo y consenso”. Tres palabras que definían el compromiso de María Gámez tras ser nombrada directora general de la Guardia Civil en enero de este mismo año. Tres palabras que se han ido diluyendo conforme pasaba el tiempo y que a día de hoy carecen de sentido alguno [que no ha cumplido]. Marlaska quería una mujer socialista florero, y lo consiguí].
La primera mujer en la historia que ocupaba ese cargo y que llegaba para arreglar la terrible crisis provocada por su antecesor Felix Azón, a cuenta precisamente de la equiparación salarial, se ha desvanecido [se la desmayado].

 Nada se ha sabido de ella durante la terrible pandemia y nada se sabe de ella ahora, cuando el Cuerpo sufre una de las peores crisis de su historia. [por acoso del poder socialista y el silencio de Pedro Sánchez].

El polémico cese del máximo responsable de la Guardia Civil en Madrid, coronel Diego Pérez de los Cobos, la dimisión del Director Adjunto Operativo (DAO), el teniente general Laurentino Ceña, y el relevo del teniente general, Fernando Santafé, han provocado una conmoción sin precedentes del Instituto Armado. Crisis que se agrava por la “absoluta inacción” de su máxima responsable, María Gámez [directora general].

En estos cuatro meses de mandato no ha dado explicación alguna a la avalancha de críticas de los agentes, que se han sentido “abandonados y desprotegidos” durante la pandemia de coronavirus. Y tampoco ha dado la cara ahora, cuando el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha removido los cimientos de una Institución con 176 años de historia ejemplar.
Todas las asociaciones de la Guardia Civil, sin excepción, han mostrado su malestar ante este devenir de movimientos en la cúpula organizativa. El cese de su número uno, Pérez de los Cobos, provocó un clamor al unísono de todos los agentes, que se vieron una vez más vapuleados por el Gobierno ante la pasividad de su máxima responsable. Desde JUCIL, su secretario general, Ernesto Vilarino, denuncia que esta crisis “es más grave de lo que quiere hacer ver el ministro del Interior", por lo que solicita de forma urgente "explicaciones por parte del señor Marlaska y la señora Gámez”.

La dimisión de Gámez y Grande-Marlaska

Y va más allá, al señalar que “las dimisiones no se deberían estar viviendo en el seno policial de la Guardia Civil sino en los despachos del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Guardia Civil”. Y es que, según explica Vilariño, “no deberían dimitir guardias civiles con una hoja de servicio intachable y una carrera ejemplar”. Una situación denunciada por todas la asociaciones, a la que hay que sumar el hecho de que estos cuatro meses con María Gámez al frente de la Institución no hay salido en defensa del “honor de sus agentes” ni una sola vez.
Pero no es la primera vez que se alerta sobre la “inacción” de Gámez. En abril, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) tuvo que recurrir a los tribunales ante la falta de respuesta a sus solicitudes en plena crisis por el coronavirus. Tanto es así que remitieron un “requerimiento formal” a la directora general para que contestase de una vez por todas. Requerimiento que cayó en saco roto. Y es que no sólo no responde a los agentes sino que tampoco ha dado explicación alguna a los medios por su gestión en la crisis del coronavirus. Mucho menos ahora, con la que está cayendo.

¿Quién es María Gámez?

Vinculada al PSOE de Málaga, María Gámez ha ocupado diversos puestos en el Gobierno andaluz y alcanzó relevancia con motivo del dispositivo de rescate de Julen, el niño que cayó a un pozo en Totalán (Málaga). Cuando ocurrió la tragedia en enero de 2019, Fernando Grande-Marlaska ya ocupaba la cartera de Interior del primer Gobierno de Pedro Sánchez. Su incursión en la vida política llegó en el año 2004 cuando fue nombrada delegada provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, coincidiendo con su afiliación al PSOE.
Cuatro años después, fue nombrada delegada del Gobierno andaluz en Málaga. Desde ese cargo, saltaría a la política municipal para presentarse como candidata a la Alcaldía de Málaga. Tras dos intentos fallidos, decidió retirarse temporalmente de la política. Pero su apoyo en tiempos bajos a Pedro Sánchez, tuvo su recompensa y fue nombrada subdelegada del Gobierno en Málaga, siendo la primera mujer que ostentaba ese cargo. Y de ahí su salto a la cúpula de la Guardia Civil de la mano de Grande-Marlaska.
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La Razón

La playas en Alicante: paso libre de 10 metros junto al mar, policía, cámaras y app para controlar aforos

La playas en Alicante: paso libre de 10 metros junto al mar, policía, cámaras y app para controlar aforos


28/05/2020 - 
ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante comienza a encajar las piezas de su protocolo para la reapertura al baño de las playas en cuanto se produzca el avance a la Fase 2 del proceso de desconfinamiento, previsto, en principio, para este próximo lunes, 1 de junio. Fuentes consultadas por Alicante Plaza precisaron que ese protocolo, en el que se sigue trabajando con la previsión de que pueda completarse este viernes, comprende medidas concretas, que se irán implementado de manera progresiva, entre las opciones sugeridas por Turisme Comunitat Valenciana en la guía de recomendaciones facilitada a los ayuntamientos para que arbitren los mecanismos de control de aforo que consideren oportunos a su elección
Así, todo parece indicar que la autorización del baño podría producirse desde este mismo lunes (siempre condicionado al pase a la Fase 2), mediante un sistema de control de accesos convencional, de vigilancia presencial, con la participación de la Policía Local. Sobre todo por dos circunstancias básicas. La primera, que todavía no se permite la movilidad entre provincias (no se contempla hasta finales de junio) por lo que no se espera una afluencia masiva de visitantes que pueda generar problemas en el cumplimiento de las distancias de seguridad para evitar riesgos de contagio. Y la segunda, que se requiere al menos un plazo de entre diez y quince días para implementar los instrumentos tecnológicos necesarios que permitan monitorizar la ocupación de las playas en tiempo real.
¿De qué sistemas se trata? En primer lugar, respecto a ese control de aforos, el Patronato Municipal de Turismo y el departamento de Nuevas Tecnologías tratan de perfilar la implantación de una aplicación compatible con el ordenador y los teléfonos móviles -que podría activarse incluso mediante llamadas al call center municipal- en la que se permita conocer el estado de ocupación de los arenales de la ciudad e, incluso, la posibilidad de reservar espacio con antelación
Hasta el momento no se ha escogido la app concreta por la que se acabará apostando entre las múltiples opciones que se han ido dando a conocer en las últimas semanas. Incluida, la anunciada por la propia Generalitat. De hecho, los técnicos del área de Nuevas Tecnologías también han planteado un desarrollo propio, con un coste menor respecto a las alternativas desarrolladas desde el sector privado, entre las que se ha recopilado a través de un estudio de mercado para conocer las capacidades y los costes de cada una de ellas.
Según las mismas fuentes, en último término, los factores determinantes que se valorarán para decidir entre esas distintas opciones son la eficacia a la hora de medir la concentración de personas y la facilidad de uso para el bañista, así como la rapidez para su implantación, ya que el propósito es que el sistema pueda quedar activado en el menor plazo posible y sin que se disparen los costes económicos para su puesta en marcha.
Se trata de la solución genérica para el conjunto de los arenales de la ciudad, sobre todo, los de mayores dimensiones, como la Playa de San Juan o Urbanova. Pero, además, en segundo lugar, como avanzó la vicealcaldesa y edil de Turismo, Mari Carmen Sánchez (Cs), en la presentación del Plan Estratégico de Turismo, el pasado miércoles, se contará con un sistema específico para la vigilancia de la capacidad de carga concreta de la playa de El Postiguet, a partir del convenio de colaboración suscrito con Aguas de Alicante durante la última edición de Fitur. Se trata del proyecto iON Beach: un sistema basado en el uso de inteligencia artificial mediante visión computerizada, que requerirá la instalación de equipamiento especializado (cámaras de vídeo de alta definición, un procesador industrial y un equipo de comunicaciones), en una ubicación estratégica como la terraza del Hotel Meliá.
El protocolo se aplicará de manera progresiva, de modo que primero se recurrirá al control presencial, con vigilancia policial, hasta que se puedan implantar los mecanismos tecnológicos
Mediante ese equipamiento, se podrá desarrollar dos algoritmos para la estimación del porcentaje de ocupación de la playa, así como la detección de bañistas y objetos en zonas de riesgo (como la zona de rocas del espigón junto a los establecimientos hoteleros). Como se concretó durante la firma del convenio de colaboración, el pasado enero, en un futuro se pretende desarrollar un tercer algoritmo para la predicción de la ocupación de la playa y la previsión meteorológica.
¿Por qué se adopta esta solución específica en el caso de El Postiguet? Primero, porque se trataba de un proyecto ya previsto desde principios de año, al que solo se debe dar el último impulso para poder implementarlo. Y segundo, porque la actuación en El Postiguet se considera fundamental, en la medida en que se trata de la playa más céntrica en la que se estima que podría producirse una mayor concentración de usuarios por las facilidades de acceso que ofrece su emplazamiento. 
Por el momento, eso sí, no se contempla la posibilidad de recurrir a otra fórmula tecnológica de control de aforo basado en la captura de imágenes mediante drones, ya que, según las mismas fuentes, la zona de influencia del aeropuerto de El Altet prohíbe su vuelo tanto en Urbanova como en El Postiguet.
En cualquier caso, el sistema de control de aforos mediante app y cámaras de visión inteligente siempre continuará requiriendo de un complemento imprescindible: el refuerzo en el número de efectivos de la Brigada de Playas de la Policía Local -desplegada durante la campaña de verano al menos durante los últimos cuatro años- con el propósito de supervisar los accesos a los arenales y de velar por el cumplimiento de las distancias entre los usuarios de la playa. 
Para delimitar las distancias de seguridad, se apuesta por un sistema de balizamiento similar al de una pista de esquí, que no interfiera la labor de limpieza y cribado de la arena
Turismo también está ultimando el sistema adecuado para delimitar una zonificación de la superficie seca de la playa, de modo que se garantice una separación física de más de dos metros, al margen de la creación de pasillos independientes de entrada y de salida. En principio, se apuesta por delimitar espacios para cada uso permitido mediante la señalización de la arena con un sistema de balizamiento similar al de las pistas de esquí, sin que se obstaculice el desarrollo de las tareas diarias de limpieza y cribado de la arena.
En esa zonificación ya se ha decidido apostar por una ampliación de las dimensiones de la franja que debe permanecer despejada entre la lámina de agua y el área habilitada para la colocación de sombrillas y toallas de los bañistas. Salvo cambio de criterio, el Patronato de Turismo prevé extender los 6 metros que figuran en las recomendaciones de Turisme Comunitat Valenciana para que ese corredor junto a la orilla alcance los 10 metros de amplitud, de modo que se favorezca el paseo de los bañistas sin incumplir la medida del distanciamiento. 
Al margen de ello, Turismo continúa a la espera de poder celebrar una reunión de coordinación con los ayuntamientos de El Campello y Elche con el fin de trazar procedimientos uniformes o similares al tratarse de tres municipios interconectados por sus playas. La reunión debía producirse este miércoles, aunque quedó aplazada por problemas de agenda. Esa cita podría celebrarse este jueves o el viernes.

martes, 26 de mayo de 2020

Los jueces también contra Marlaska: exigen que restituya a De los Cobos hasta que acabe la investigación

 

                         (Coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos)

Marlaska destituye al jefe de la Guardia Civil que ayudó a la juez a investigar al Gobierno por el 8-M







La investigación reservada se la pidió la jueza. 

Los jueces no son ajenos a la polémica destitución del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos ordenado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. [No se puede cesar a un jefe de comandancia mientra está en una investigación para aclarar la verdad. Está claro que el coronel el estorbaba al Gobierno de Pedro Sánchez].

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), principal asociación profesional de magistrados de España, ha exigido a Marlaska que «explique los motivos» de su decisión y que «restituya» al mismo en su puesto «hasta que finalice la investigación» por prevaricación contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que se lleva a cabo en el Juzgado de Instrucción número 51 de la capital.

«Esperamos que no confluyan otras circunstancias que las apuntadas de ‘pérdida de confianza’, porque ello supondría dejar en manos de los intereses partidistas del político de turno un instrumento coercitivo como es el Derecho Penal», en un tema que aparece «íntimamente relacionado con una instrucción penal en curso», advierten los miembros de la APM en un comunicado oficial emitido este martes.
Jueces y magistrados recuerdan a Marlaska que los «funcionarios policiales comisionados» por la autoridad judicial «para la práctica de alguna concreta investigación se atendrán en el desarrollo de ésta a las órdenes y directrices» que hubiesen recibido de la juez, sin interferencias de ningún otro tipo.






Es decir, los agentes han de responder exclusivamente frente al Juez Instructor y actuar conforme a sus indicaciones. «Cualquier intento de conocer, fuera los supuestos autorizados, el propósito, curso, contenido o resultado de unas diligencias, o, más grave, de influir en su contenido» puede suponer «una interferencia en la función judicial» que afectaría al principio de «independencia constitucionalmente protegido» y que podría conllevar consecuencias penales, subraya el documento de la APM.

La destitución del coronel Pérez de los Cobos por parte del ministro del Interior, por una supuesta «pérdida de confianza» en su labor, seguida de la dimisión del director adjunto de la Guardia Civil, el teniente general Laurentino Ceña, «refleja la gravedad de lo ocurrido» en las últimas horas, apuntan en su nota los jueces y magistrados de la principal asociación profesional de la judicatura de España.






«La profesionalidad, saber hacer, dedicación y absoluta lealtad de los agentes, probada día a día y en las circunstancias más complejas, es lo que permite a los Jueces» realizar su labor, añaden desde la APM. «Introducir una mínima fisura en el sistema es abrir la puerta a la desconfianza» de los ciudadanos en las instituciones judiciales y  favorecer futuros y «eventuales intentos de controlar» la actuación del Poder Judicial, concluyen.


Policía Judicial 
La Constitución Española protege la división de poderes y la independencia de la Justicia que «se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley», remarcan los miembros de la APM en su nota.
«Mientras la Ley de Enjuiciamiento Criminal siga en vigor, la instrucción de las causas penales corresponde exclusivamente a los Jueces» que para el desarrollo de las investigaciones pueden recurrir a la ayuda de los agentes de las Unidades de la Policía Judicial. Además, la Ley de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «precisa y blinda» a esos funcionarios policiales de manera que «no podrán ser removidos o apartados de la investigación concreta que se les hubiera encomendado, hasta que finalice la misma» o por decisión expresa del juez competente.
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Marlaska no puede estar por encima de los jueces ni de la Ley
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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, intentó ayer desvincular la destitución fulminante del coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, de la investigación sobre la crisis del coronavirus en la que está imputado el delegado del Gobierno en la Comunidad, José Manuel Franco. La secuencia de hechos, a la que ha tenido acceso ABC, desmiente la versión de Marlaska. Ayer, el «número dos» del Cuerpo, Laurentino Ceña, presentó su dimisión porque no estaba de acuerdo con el cese y porque ni siquiera se contó con él antes de esa decisión.
La investigación, que ha provocado esta revolución en el Cuerpo, comienza tras la denuncia de un abogado, que por reparto
 cayó en la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, la misma del caso del máster de Pablo Casado. Tras su estudio, la magistrada la aceptó a trámite y ordenó diligencias. Pudo optar por la Policía -el supuesto delito se cometió en la demarcación de este Cuerpo-, pero escogió a la Guardia Civil, que conoce muy bien al pertenecer a ella su padre y uno de sus hermanos. En concreto, designó a la Policía Judicial de la Comandancia, dirigida por un capitán. Desde el primer momento Rodríguez Medel advirtió a este oficial de que las pesquisas eran secretas y que sólo podían informarle a ella de los resultados, entre otras razones «porque la persona implicada, el delegado del Gobierno, es una de las autoridades con las que trabaja la Benemérita». (ABC, 27 de mayo de 2020).
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Desilusiona a los jóvenes oficiales que una brillante carrera profesional poniendo en riesgo su vida, puede ser truncada por los caprichos políticos de un ministro de turno.

Pedimos la dimisión del ministro del Interior Grande Marlaska

Por una conducta impropia de un ministro que se quiere saltar las leyes respecto a la confidencialidad que al coronel Diego Perez de los Cobos (además es que del Estado Mayor) le exigía una jueza para evitar filtraciones, de acuerdo a la ley sobre la Policía Judicial. Sobre el el supuesto delito de prevaricación del delegado del gobierno de Madrid de Franco por autorizar la manifestación política del 8 de marzo, fis internacional de la mujer, sabiendo que desde la OMS se había pedido confinamiento por coronavirus en febrero. La cadena se ha roto por el lugar más débil de un funcionario público ejemplar sobre todo por la rebelión del 1 o en catsluña.
Marlasca contenta a ERC que le tenían ganas pues sus manifestaciones an el juicio otsl del TSJ, fue clave para condenar a los artífices de proceso. Los independentistas estan ahora celebrando el cese del coronel, y quieren que sea jusgado, increible. El mundo al revés.
La actitud de Marlaska, en inconcebible, saltándose ma etica y la moral, y a la directora general de la Guardia Civil, una señora de PSOE que está desaparecida.
Pedimos la dimisión del ministro indofacto. El responsable último es Pedro Sanchez de mantenerlo en su puesto.
La Guardia Civil es el caballo de Atila contra la corrupción en España. El honor es su principal divisa y ni se casa con nadie y menos a nivel oficiales, jefes y generales. Habrá dimisiones a alto nivel. Porque hay ruidos de sables. El teniente general de la Guardia Civil Laurentini Cens ha dimitido de su cargo de número 2.
El ministro no puede estar por enciam de la Ley, ni de los jueces.
Marlaska es el peor ministro del Interior de la democracia.
A nuestra petición se une la del PP, Cs y Vox. No se puede cesar a un policía judicial mientras está al cargo de una investigación, según la ley.
Se supone que el PSOE proclamaba la transparencia como una de una de sus condiciones.

RAMON PALMERAL


El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destituido este lunes al que era jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid , el coronel Diego Pérez de los Cobos. El cese se produce, según fuentes ministeriales, por “pérdida de confianza”.
Según fuentes del instituto armado, a pesar de que la razón oficial del ministerio sea la pérdida de confianza, la razón real ha sido “no plegarse a los deseos del Gobierno” en los informes que la Unidad que dirige Pérez de los Cobos ha realizado sobre los contagios en las manifestaciones del 8-M.
Según fuentes jurídicas, la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid entregó el pasado jueves un informe requerido por la juez que investiga al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. La instructora, Carmen Rodríguez-Medel, abrió diligencias por la comisión de un presunto delito de prevaricación administrativa por omisión al permitir a principios de marzo, hasta el día 14 que se declaró el estado de alarma, una serie de manifestaciones, actos públicos y concentraciones a pesar de existir un claro riesgo de contagio por coronavirus.

Maletar en la Guardia Civil. Un Cuerpo que siempee cumple con su deber, pense a quien pese,

¿Dónde esta la Directora General de la Guardia Civil? Es una titere en manos de Marlaska, que para eso la puso para que fuera una mujer florero.

 

El número 1 de la Guardia Civil dimite sólo 24 horas después de que Marlaska purgara a De los Cobos





El general Laurentino Ceña, Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, ha presentado su dimisión ante el Ministerio del Interior 24 horas después de conocerse la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos por negarse a compartir información sobre la investigación judicial del 8-M, causa en la que ha sido imputado el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.
El general Ceña ha presentado su dimisión tal sólo un día después de que se conociesen los detalles de la destitución de su subalterno y jefe de la Comandancia de Madrid.
Ceña ha sido uno de los miembros del comité técnico que participaban diariamente en las ruedas de prensa por el estado de alarma. Dejó de hacerlo tras contraer el coronavirus, dejando paso al Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general Santiago.




El DAO Ceña era, orgánicamente, el número uno operativo de la Guardia Civil, sólo tras la directora general, María Gámez. Ceña era el cargo de la Guardia Civil de más alta responsabilidad, ya que la directora general es civil y nombrada directamente por el Gobierno.
El general Ceña iba a pasar la próxima semana a situación de retiro. Sin embargo, ha adelantado su salida de la jefatura del Cuerpo. Fuentes de la Guardia Civil vinculan directamente su dimisión «irrevocable» con la purga del coronel Diego Pérez de los Cobos ejecutada por Marlaska.




Pérez de los Cobos fue apartado de su puesto como jefe de la Comandancia de Madrid después de que el pasado domingo sus superiores jerárquicos le pidiesen información sobre la causa del 8-M que investiga si el Gobierno prevaricó al permitir la manifestación feminista a sabiendas de que el coronavirus era ya una amenaza grave.
La causa, que está siendo investigada en el Juzgado de Instrucción Nº 51 de Madrid, es secreta y la juez Carmen Rodríguez-Medel ha exigido a la Guardia Civil que no se produzca ninguna filtración. Desde Interior se solicitó a De los Cobos que aportase información sobre ese informe de diligencias preparado por la Guardia Civil de Madrid y, al negarse, se el ministro de Interior ordenó su destitución.
Poco después, la jueza anunciaba la citación como investigado de José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid y responsable de autorizar las marchas del 8-M en la capital en las que participaron 120.000 personas.
Además, De los Cobos estaba en la diana política de ERC y el separatismo en general ya que fue él quien dirigió la operación policial en Cataluña por el 1-O. Su testimonio en el Tribunal Supremo fue clave para la condena a los dirigentes del ‘procés’.


............................................. Otra noticias....................................

Marlaska justifica la purga en la Benemérita como «un nuevo impulso a la Guardia Civil»




En las últimas 24 horas no ha pasado nada según el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El ministro, otrora juez, ha justificado la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como «un nuevo impulso a la Guardia Civil». En ese marco ha anunciado también el nombramiento de Pablo Salas Moreno como nuevo Director Adjunto Operativo tras la dimisión, hoy, de Laurentino Ceña.
El ministro dice que la destitución de De los Cobos «es un cambio basado en la confianza» que «no tiene ninguna otra cuestión u objetivo». No obstante, varias fuentes de la benemérita, acusan al ministro de relevar al máximo responsable del instituto armado en Madrid por el informe que acusa a varios miembros del Gobierno de autorizar la manifestación feminista del 8-M cuando eran conscientes de que la pandemia del coronavirus ya estaba en España.
Para Grande-Marlaska la salida de De los Cobos tiene como objetivo actualizar la estructura del cuerpo de seguridad. En la misma línea justifica también la dimisión, hoy, del DAO Laurentino Ceña. Según el ministro, estaba acordada la salida el máximo responsable operativo del cuerpo una vez acabada la crisis del coronavirus, ya que había cumplido la edad de jubilación.



El ministro socialista, que en las últimas horas ha sido acusado de injerencias dentro de la propia Guardia Civil, por haber reclamado el informe que realizaba el instituto armado como policía judicial, dice que «conozco muy bien las competencias de un ministro y las de un juez» y asegura que «no conjugaré nunca la palabra injerencia».
Marlaska les aumenta el sueldo



Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el titular de Interior ha querido sacar hierro a toda la polémica que envuelve el cese de De los Cobos y la indignación que ha provocado en el cuerpo anunciando una inyección de 247 millones de euros para el aumento de salario de todos los miembros de la Policía y la Guardia Civil.
Con esta partida, que Hacienda ya ha puesto a disposición de Interior, el ministerio quiere dar cumplimiento al pacto firmado por Mariano Rajoy en 2018 con los sindicatos, para equiparar la retribución salarial de las fuerzas y cuerpos de seguridad que dependen del Ejecutivo con las policías autonómicas de Cataluña, el País Vasco y Navarra. Cabe recordar que en marzo el Gobierno paralizó una iniciativa legislativa popular qué reclamaba ligar esa equiparación a los incrementos que puedan tener las policías autonómicas.
Los empleados públicos cobrarán, con efecto retroactivo, ese aumento que se ha aprobado hoy en la reunión ministerial. Marlaska ha justificado el retraso con «mucho tiempo de preparación» y «peleas con Hacienda». Por norma general los empleados de la seguridad pública recibirán un 20% más del sueldo que venían cobrando hasta ahora.
El ministro advierte que «la seguridad no la concebimos como un gasto, sino como una inversión». Además del aumento salarial, Fernando Grnade-Marlaska ha anunciado que «hemos hecho una inversión para actualizar las infraestructuras de la Guardia Civil».

 Desproporcionado cese un Jefe de Comandancia que cumple con su obligación de denunciar la prevaricación. La Guardia Civil cuando actua como Policia Judicial no tiene obligación de informar a sus mandos, sino a jueces y fiscales.


El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destituido al coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, por pérdida de confianza. El ministro considera que ha existido una falta de lealtad por parte de Pérez de los Cobos al no haber informado este ni a sus mandos ni a la directora general ni a él mismo de la investigación que estaba abierta en relación con la expansión del Covid-19 en Madrid, en la que se trata de dilucidar, entre otras cosas, la actuación del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón y la posible responsabilidad de la Delegación del Gobierno en Madrid al autorizar reuniones y manifestaciones entre el 5 y el 14 de marzo.
Las fuentes consultadas aseguran que Pérez de los Cobos no tenía por qué haber informado a sus superiores del contenido de la investigación, pero sí consideran que lo lógico es que se hubiese puesto en su conocimiento que se estaba trabajando en ese asunto. Otras fuentes consultadas precisan que fue la juez instructora, Carmen Rodríguez-Medel, la que pidió al coronel que no informase absolutamente a nadie de esas pesquisas al afectar a un asunto extremadamente delicado y en el que podrían surgir presiones. Fuentes próximas al coronel, por el contrario, señalan que sí informó a la Dirección General.
Otros medios consultados por ABC consideran que se trataría de una acumulación de hechos lo que ha acabado con la destitución de Pérez de los Cobos, entre ellas la difusión de una orden de servicio del mando de operaciones en la que se pedía quitar las pancartas de los aledaños de la casa de Pablo Iglesias en su vivienda de Galapagar.

Interior se limita a confirmar que la destitución es por pérdida de confianza, pero lo cierto es que causó enorme malestar cuando trascendió la semana pasada parte del contenido del informe que está elaborando la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Madrid, al frente de cuya Comandancia estaba hasta hoy el coronel Pérez De los Cobos. Ese informe, que no ha concluido, fue ordenado por la instructora, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid.
La juez ordenó a la Guardia Civil un atestado que respondiera a varios cuestiones tras recibir una denuncia por la gestión de la crisis del Covid-19. Rodríguez Medel pide que se indague qué pasó con el informe del Centro europeo para el control y prevención de enfermedades en lo que a España se refiere y qué órgano oficial lo recibió en nuestro país, si es que lo hizo, además de qué difusión se hizo entre las autoridades. En concreto quiere saber si se remitió a la Delegación del Gobierno en Madrid y los detalles del mismo.
En segundo lugar la jueza pregunta «si por parte de las autoridades competentes españolas se remitieron recomendaciones sanitarias a la Delegación del Gobierno en Madrid en relación con las manifestaciones programadas desde el 5 de marzo en adelante o si, por el contrario, se dio algún tipo de instrucción o indicación escrita relativa a que las manifestaciones deberían tener lugar en todo caso sin restricción alguna».

Responsabilidad por las manifestaciones

Las diligencias que solicitó la magistrada están encaminadas a determinar qué responsabilidad tuvieron la Delegación del Gobierno y el resto de órganos implicados al autorizar reuniones y manifestaciones entre el día 5 y el 14 de marzo y si se advirtió en algún momento de los riesgos sanitarios de todos esos actos multitudinarios que se celebraron (desde la manifestación del Día de la Mujer hasta el mitin de Vox en Vistalegre, aunque hubo muchos más).
La juez acaba su escrito, al que ha tenido acceso ABC, pidiendo a la Guardia Civil que hagan «cuántas diligencias se consideren necesarias para el esclarecimiento de los hechos que nos ocupan».
Pérez de los Cobos fue el encargado de coordinar el dispositivo policial con motivo del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, ya que en ese momento era el director del Gabinete de Coordinación y Estudios dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad. Fue en 2006 cuando, por petición expresa de sus jefes, aceptó trabajar en el Ministerio del Interior como asesor de Alfredo Pérez Rubalcaba. Desde ese momento ha sido una de las personas más influyentes del Departamento, fuera quien fuese el equipo que lo dirigiera.
Antes de llegar a Interior, Pérez de los Cobos estuvo destinado en la lucha contra ETA, donde participó en importantes operaciones. Ya como capitán, mandó la Jefatura de la Policía Judicial de la entonces 112 Comandancia de la Guardia Civil, con base en Tres Cantos, al mando de José Manuel García Varela, quien fue luego DAO y primer teniente general de la Benemérita, figura clave en su carrera. A continuación hizo el curso de Estado Mayor. De fina inteligencia, y amable en las formas, Pérez de los Cobos es definido como «una de las cabezas mejor amuebladas de Interior».