Esta emergencia de país es fruto de un capitalismo y neoliberalismo feroz y de una enorme incapacidad manifiesta de la clase política.
El artículo 47 de la Constitución, en la práctica, es “papel mojado”,
desde al menos hace tres décadas con diferentes gobernanzas estatal,
autonómicas y municipales. Hay que recordarlo, porque es muy explícito y
no da lugar a interpretaciones diversas. “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los
poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán
las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la
utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la
especulación”
La realidad es bien distinta, este es uno más de los derechos constitucionales que no se cumplen.
Sumando la creciente privatización de servicios públicos esenciales y
la inacción política en materia de vivienda estamos en la senda de
situarnos en un neoliberalismo salvaje. Si ya no lo estamos. El Estado
compensador es simple teoría
Mientras tanto, políticos y políticas de toda condición e ideologías,
se enzarzan en dimes y diretes, en ataques absurdos y no resuelven
graves problemas como éste de la vivienda o la acelerada privatización
de la sanidad pública, de los servicios sociales y de la Educación o el
crecimiento de la pobreza extrema y el riesgo de exclusión social (que
según EUROSTAT y diversas agencias públicas y privadas alcanzaba -a
finales de 2024- a casi el 30% de la población - la más alta de la Unión
Europea).
Mientras que los medios de comunicación les “siguen el juego” porque
dependen de los diversos colores políticos en los que se sitúan y de, en
su caso, sus capitalistas empresas. Con una ciudadanía que está
adormecida, cansada… o, bien, pertenece al grupo fanático de los
respectivos colores políticos, en vez de reclamar y movilizarse.
Fuerzas sociales como asociaciones vecinales, sindicatos, etc. están
al servicio de los colores políticos de turno y tampoco ejercen de
contrapeso político, porque la “democracia participativa”, que -en
tiempos pasados- fue un objetivo fundamental de toda democracia formal,
está prácticamente muerta y enterrada.
La situación de la vivienda ha llegado a límites imposibles, al menos
en 150 municipios tensionados o muy tensionados, con precios que en
algunas ciudades y/o barrios alcanza, en compra venta, hasta los 6.000€
el metro cuadrado o los 30€ metro cuadrado en alquiler. Incluso
alquilando verdaderas pocilgas, bajos comerciales, tipo pateras, etc.
etc. Así muchos jóvenes, inmigrantes o familias vulnerables es imposible
que alcancen una mínima habitabilidad digna.
A los dos partidos mayoritarios (PSOE y al PP) y a sus respectivas
compañías -a derecha e izquierda- o nacionalistas de toda condición, al
parecer, no les interesa -electoralmente- ofrecer soluciones al
gravísimo problema de la vivienda
En algunas ciudades, en el año 2024, se desplomó la oferta de
vivienda en venta en hasta el 25% y en alquiler en hasta un 50%, según
diversas fuentes inmobiliarias. En el conjunto del Estado se aproxima al
15% y al 30% aproximadamente.
La vivienda se ha convertido en un instrumento de inversión y
especulación inmobiliaria, mucho más que en un bien y un derecho.
Grandes y pequeños inversores, ya desde los años noventa del XX la
utilizan para eso, para invertir y especular, mientras el Estado
permanece callado, se inhibe de intervenir. Eso sí, permite y estimula
que se enriquezcan grandes corporaciones y bancos. Mientras que se
empobrece una gran parte de la ciudadanía.
Otra cuestión que presiona y encarece el mercado son los denominados como “pisos turísticos”.
En España podrían acercarse al medio millón (351.000 reconocidos hasta
finales de 2024), pero hay una parte que son totalmente clandestinos. En
una ciudad de tipo medio como Málaga hay 40.000. Ello es consecuencia
de una nefasta gestión público-política, en especial por dejación de los
ayuntamientos. El Tribunal Supremo ha avalado, desde septiembre de
2024, que los vecinos de un inmueble, por mayoría, puedan prohibir su
instalación a partir de ahora, pero no con carácter retroactivo. Es una
cuestión que el Estado debe dar una solución, con fuertes impuestos,
cierre de “negocios clandestinos” y poner muchas limitaciones.
Por otro lado, a los dos partidos mayoritarios (PSOE y al PP) y a sus
respectivas compañías -a derecha e izquierda- o nacionalistas de toda
condición, al parecer, NO les interesa -electoralmente- ofrecer
soluciones al gravísimo problema de la vivienda. Porque un alto
porcentaje de la ciudadanía es -ya- propietaria.
Se sienten cómodos con esta situación. Por ello no lo abordan, sólo
aportan inútiles ocurrencias electoralistas además de que en la actual
situación de una zafia polarización política nunca se podrán de acuerdo
para llegar a un urgente y necesario Pacto de Estado entre partidos y
administraciones local, autonómica y central.
El PP y el PSOE sólo confrontan intereses estrictamente partidarios
y, con ello, evidentemente rascarán apoyos de sus respectivos
seguidores. Pero todo parece indicar que el drama de la vivienda, les
importa “una higa”, por más que lancen frases grandilocuentes y hagan
promesas que luego nunca cumplen.
El actual gobierno de España lleva gobernando más de seis años con
diferentes mayorías, han estado gobernando dos tercios del tiempo desde
1982 a 2024 a nivel central, autonómico y municipal y cuando pudieron ni
supieron, ni quisieron
La cuestión de la vivienda, hoy, es sólo y simplemente la tragedia de
una parte de la clase media y baja depauperada, sobre todo de una gran
parte de jóvenes entre 18 y 35 años y de personas de toda edad con
vulnerabilidad manifiesta, un importante número son inmigrantes. A las y
los políticos, la mayoría bien acomodados en sus buenas viviendas y
mansiones parece que “no les va ni les viene” y si, además, saben que
ello no les va a hacer perder demasiados votos, más allá de asistir al
enfado de unas cuantas manifestaciones dominicales: ¿Por qué van a
esforzarse -realmente- en cambiar nada?
Según diferentes estudios (incluido el Banco de España) no son
adecuadas ciertas políticas restrictivas, por contraproducentes en una
muy consolidada economía libre de mercado, como lo es, por ejemplo, la
última ley de vivienda de 24 de mayo de 2023.
Lo que tendría que hacer el Estado central, autonómico y local (estos
últimos generarían, sobre todo, suelo público y gestionarían), mediante
un ambicioso Pacto de Estado, es construir -al menos- hasta dos
millones de viviendas (también rehabilitar, en su caso) en los próximos
cinco años en los 150 municipios tensionados o muy tensionados. Serían
50% destinados a venta social tipo VPO, condicionada y otro 50%, en oferta pública en alquiler,
también condicionada, gestionadas por empresas públicas municipales.
Con dos objetivos claros: Acercarnos a la media de oferta pública de la
UE y competir en el desmadrado mercado actual. (En España la oferta
pública en alquiler no pasa del 2%, mientras que en muchos países de la
UE supera el 15% y hasta el 30%, siendo la media de los países de la
OCDE del 7%)
La inversión económica por parte del Estado a cinco años es asumible
por las tres administraciones y, además, generaría empleo, inversión,
riqueza y plusvalías. Más que un gasto, nos situaríamos en la línea de
cumplir el 47 de la Constitución, además de competir en el mercado libre
de venta y alquiler, consiguiendo que se equilibraran,
considerablemente, los precios.
Pero mucho me temo que, con la actual clase política, de todo color y
condición, va “a ser que no”, por comodidad, intereses espurios e
incapacidad.
En resumen, sumando la creciente privatización de servicios públicos
esenciales y la inacción política en materia de vivienda estamos en la
senda de situarnos en un neoliberalismo salvaje. Si ya no lo estamos. El
Estado compensador es simple teoría.
Porque si nos situamos a futuro en la esfera internacional la
cuestión aun es peor. El actual gobierno de España lleva gobernando más
de seis años con diferentes mayorías, han estado gobernando dos tercios
del tiempo desde 1982 a 2024 a nivel central, autonómico y municipal y
cuando pudieron ni supieron, ni quisieron y, ahora, con el desembarco
imparable del neoliberalismos, neofascismos y plutocracias la situación
va a empeorar
Y, previsiblemente, así seguiremos en una economía libre de mercado
incontrolada, sin contrapesos públicos, donde a jóvenes y a colectivos
vulnerables, el Estado los abandona "a su desgracia", en un ambiente
neoliberal, donde la justicia social es una entelequia: ¡Sálvese quien
pueda y tenga medios!