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ARTICULOS DE OPINION
Revista digital de arte, cultura y opinión en Alicante. Enlace con POESIA PALMERIANA. En estas páginas no podemos estar ajenos a lo que pasa en España ni en el mundo. Dirigida por el escritor, poeta y pintor Ramón PALMERAL. Los lectores deciden si este blog es bueno, malo, o merece la pena leerlo. El periodismo consiste en decir lo que a algunos no les gustaría leer.
Muface tendrá que subsistir con un alza mínima de tarifas
El Gobierno aprobará una subida que el sector considera “insuficiente”
La
ministra de Sanidad, Carolina Darias (i), junto a Araceli (d), la
nonagenaria que recibió la primera vacuna en España el 27 de diciembre
de 2020Pepe ZamoraEFE
El Ministerio de Hacienda autorizará un importe de 3.521,7
millones de euros para el nuevo convenio de la Mutualidad General de
Funcionarios del Estado (Muface) de cara al periodo comprendido entre
2022 y 2024, con el que se despliega la prestación sanitaria a
funcionarios de la Administración General del Estado al margen del
sistema público de salud. Con esta decisión, que, previsiblemente será
aprobada hoy en la sesión del Consejo de Ministros, el Gobierno intenta
“salvar” el modelo, que integra también la Mutualidad General Judicial
(Mugeju) y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), y que permite que se celebren conciertos con aseguradoras para dar cobertura sanitaria en centros privados a los funcionarios.
En concreto, y como adelantó LA RAZÓN hace unos días, se estipula un aumento del 8% para el año que viene, que se elevará al 8,75% para 2023 y al 10% en el tercer año (2024)
con relación a la prima del ejercicio 2020-2021. Incrementos que son
justificados por el aumento del número de mutualistas, al envejecimiento
del colectivo y la inclusión de nuevas prestaciones comunes al Sistema
Nacional de Salud (SNS).
Sin embargo, esta subida es considerada “insuficiente con objeto de adecuar la remuneración en la prestación de estos servicios”, en opinión de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE).
El motivo que alegan es que “las condiciones deficitarias actuales de
remuneración hacen insostenible la colaboración del sector privado en
una situación de grave tensión entre las tarifas del concierto y los
costes, tanto de la provisión de material sanitario como del
mantenimiento de los profesionales adecuados”. Los datos que aportan
para sustentar esta afirmación están incluidos en un informe sobre el impacto del cambio de modelo de las mutualidades que ha elaborado la Fundación IDIS.
De acuerdo con sus cifras, el
ahorro que se genera por cada mutualista para las arcas públicas es
mucho mayor cuando la prestación se realiza a través de la Sanidad
privada. En concreto, la prima media en el modelo es de 917
euros anuales o 76 mensuales por cada asegurado. El gasto sanitario público per cápita
es, en cambio, de 1.368 euros, lo que suponen 451 euros más por persona.
Por
su parte, el Ministerio de Derechos Sociales, que lidera Ione Belarra
(Unidas Podemos) ha trasladado al departamento de Hacienda unas
observaciones críticas, tanto a la extensión en el tiempo de este modelo
mutualista como al aumento del importe para los conciertos. Entiende
que dicha explicación «no es acorde tanto con los datos disponibles como
con el compromiso del acuerdo de Gobierno».
Boris Jonhon es el peor primer ministro británico de la historia. Los llevo al brexit sin examinar ni estudiar las consecuencias de los desabastecimiento. Él no tiene culpa de nada es de sus ministros que no saben gestionar el brexit.
El mundo actual es global, es internet, es pandemico, y no se puede uno meter en su isla.
Los británicos acabarán solos y se trataran su orgullo. Ha vuelto una situación de desabastecimiento como en la II guerra mundial.
Alguna vez aprenderán a saber que no se puede vivir sin Europa.
Cuando un gobierno pide a la ciudadanía que no entre pánico, normalmente consigue el efecto contrario. Porque
si las autoridades restan importancia a un problema es porque, al fin y
al cabo, el problema existe. Y eso es lo que está pasando exactamente
en el Reino Unido. El Ejecutivo de Boris Johnson asegura
que “hay mucho combustible” en las reservas del país. Pero desde hace
días, se vive un auténtico caos ante el cierre de gasolineras con
surtidores donde cuelga el cartel de vacío. En las que aún existe
suministro hay colas kilométricas provocando grandes atascos.
No
hay transportistas. La pandemia, pero ante todo el Brexit con las nuevas
reglas de inmigración, han creado una tormenta perfecta. Hay un
déficit de 100.000 camioneros y aparte de los problemas de
combustibles, se ven también estanterías vacías en los supermercados.
A fin de solventar la crisis, Downing Street se
ha visto obligado a ofrecer 10.500 visados de trabajo temporales hasta
navidades: 5.000 para camioneros y 5.500 para empleados de la industria
avícola. Se trata de una auténtica humillación para Boris
Johnson, el rockstar de la causa euroescéptica. Tomar el control de las
fronteras y acabar con la llegada masiva de inmigrantes siempre fue el
emblema de los brexiteers, pero el Reino Unido tiene ahora serias
dificultades ante la falta de mano de obra.
El ministro de Transporte, Grant Shapps, restó ayer importancia al caos. “Es
importante que sepamos que en este país, con seis refinerías y 47
instalaciones de almacenamiento, hay suficiente cantidad de combustible,
no hay escasez”, recalcó en una entrevista con “Sky News”. “Si
la gente se comporta con normalidad y llena (los depósitos de) sus
coches cuando lo haría normalmente, entonces no habrá colas y no habrá
escasez en los surtidores”, matizó.
Asimismo, recalcó que la mano
de obra foránea es solo una parte de sus planes, que incluyen también
acelerar los exámenes para dispensar nuevas licencias y animar a
personas que ya tienen los permisos necesarios a que se reincorporen a
la industria del transporte.
La entrada definitiva en vigor del
Brexit al comienzo de este año llevó a la pérdida de unos 20.000
conductores comunitarios, y eso se unió a la pandemia, que obligó a
cancelar unos 40.000 exámenes previstos para conceder nuevas licencias.
Todavía
no se han estudiado, objetivamente, las causas y los motivos que dieron
lugar al inicio del llamado el Alzamiento Nacional en julio de 1936 por
los militares africanistas convertidos en salva patrias. No un golpe de
Estado como pudieron ser el del general Pavía en el Congreso el 3 de
enero de 1874 o el que dio Segismundo Casada el 5 de marzo de 1939, sino
una sublevación militar que causó tres años de guerra. Me pregunto por
qué razón los generales republicanos africanistas se sublevaron contra
el gobierno de la Segunda República, es decir contra sus superiores. Tal
vez por estas razones convenga recordar algunos aspectos o causas sobre
la Guerra Civil Española (GCE), que comenzó el 17 de julio de un lejano
1936 en Melilla; es decir, hace ochenta y cinco años, y que, aún
mantiene divididos a los españoles.
Las proteínas, las hormonas y las vitaminas
que contiene hacen que sea una alternativa muy indicada para preservar
el sistema inmune durante los cambios de estación.
El polen lo elaboran las propias abejas
una vez que lo transportan de las platas al panal. Tiene una apariencia
en forma de gránulos amarillos o anaranjados que puede consumir en
grano, polvo o en cápsulas en forma de suplementeo. Destaca por las
proteínas, las hormonas y las vitaminas que contiene y que aportan
numerosos beneficios a la salud del organismo:
1. REGULA LOS PROCESOS DIGESTIVOS
Sus
propiedades antiinflamatorias y antibactarianas combaten las diarreas y
el estreñimiento. Además reducen el dolor y las molestias que causan
estos problemas al mismo tiempo que rebajan la hinchazón. El consumo de
polen también está indicado en el caso de sufrir problemas hepáticos.
2. MEJORA LA VISIÓN
El
zinc y la vitamina C que contiene se encargan de prevenir la oxidación
celular que afecta a los ojos con el paso del tiempo, y de prevenir la
falta de visión y otros problemas oculares, como son la degeneración
macular, las cataratas y otras enfermedades.
3. ESTIMULA EL ESTADO ANÍMICO
El
polen de abeja calma los episodios de estrés, ansiedad, nerviosismo y
depresión haciendo que nuestro estado de ánimo se mantenga en calma y
lejos de la irritabilidad y la tristeza que pueden causar estos cuadros.
Además, estimula la mente mejorando nuestra capacidad intelectual.
4. ALIMENTO ENERGIZANTE
La
ingesta de polen incrementa los niveles de energía necesarios para el
día a día, de manera que elimina la fatiga, baja la tensión arterial y
fomenta la capacidad de trabajo haciendo que nos cansemos menos. Es
ideal para recuperar la vitalidad de forma natural.
5. ES UN COSMÉTICO NATURAL
Tiene
funciones dermatológicas que mejoran la apariencia de la piel: desde la
disminución de las arrugas o la reducción del acné, hasta combatir el
exceso de grasa y la flacidez. Aunque su consumo favorece una acción
interna, algunos cosméticos lo contienen como ingrediente para
complementar su efecto. También está indicado en las personas que
padecen psoriasis, eccemas o lupus.
Botellas de plástico, trozos de bolsas de patatas,
latas y colillas han sido algunos de los residuos recogidos la mañana de
este sábado 18 de septiembre por la reina Sofía (82 años) en la playa de la Almadraba de Alicante, durante el arranque de la quinta edición de una campaña nacional contra las basuras en los entornos marinos, impulsada por SEO/BirdLife y Ecoembes.
La iniciativa Proyecto Libera '1m2 por las playas y
los mares' se desarrolla desde este sábado y hasta el próximo domingo 26
de septiembre en un total de 248 puntos costeros y fondos marinos de
toda España, con el respaldo activo de la Fundación Reina Sofía.
La madre de Felipe VI
(53) ha sido una más en las varias decenas de voluntarios del Proyecto y
de Cruz Roja durante 50 minutos en el espigón de Gargorís de la playa
de la Almadraba de la ciudad de Alicante.
La reina Sofía ha recogido basuras en la playa Almadraba de Alicante.
Gtres
Ataviada con guantes para introducir en sendas
bolsas amarilla y azul los residuos en función de su tipología
(plásticos y metales, o papeles y cartón), la reina Sofía ha sido animada y aplaudida por decenas de bañistas y paseantes en una jornada casi veraniega que coincide con el día internacional de Limpieza de Playas (World Clean Up Day).
Tras un recorrido por la zona para recoger
'basuraleza' (término de los organizadores para referirse a los residuos
arrojados al entorno natural), la Reina emérita ha llevado el contenido
de sus bolsas amarilla y azul a un puesto de Cruz Roja de Alicante para
que sea clasificada.
La reina se ha mostrado con guantes
para introducir en los residuos en las bolsas amarillas y azules.
Gtres
Acompañada por el alcalde de Alicante, Luis Barcala;
la concejal de Turismo y Playas, Maricarmen Sánchez; el presidente de
Cruz Roja en la provincia, Francisco Galván, y de Federico García
(SEO/BirdLife), Óscar Martín (Ecoembes) y Julio César Marcos
(Oceánidas), Sofía también ha dialogado con varios buzos voluntarios
que han limpiado el fondo marino a unos 60 metros de la orilla. Los
hermanos Jorge y Raúl Rodríguez le han explicado que han encontrado a
una profundidad de unos cuatro metros gran cantidad de bolsas de
plástico, latas, restos de guantes y piezas metálicas.
Además de la Almadraba alicantina, entre los 248
puntos litorales donde actúa la campaña, figuran las playas de la
Barrosa (Cádiz), de las Teresitas (Santa Cruz de Tenerife), del Bogatell
(Barcelona), de Anguileiro (Asturias), La Carolina (Almería), la Praia
de Liméns (Pontevedra), la Caleta del Estacio (Murcia) o el Litoral Cala
Blava (Baleares).
La reina Sofía ha sido una más en las varias decenas de voluntarios.
Gtres
El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha destacado la implicación de la Reina en este proyecto "de concienciación"
y ha agradecido a los promotores de la iniciativa que hayan escogido la
ciudad para el arranque de la campaña y especialmente a la reina Sofía
que haya decidido participar en las labores.
En la pasada edición se recogieron 4,6 toneladas de
basura en playas y mares con la participación de más de 2.170
voluntarios, con un total de 20.500 residuos.
Unidas
Podemos ha vuelto a lanzar un golpe en la línea de flotación de la
Sanidad privada y de la asistencia médica que vienen recibiendo los
funcionarios públicos dentro del llamado Modelo Muface. En concreto, la
formación que respalda al Gobierno ha presentado una proposición no de
ley en el Congreso de los Diputados, en la que reclama que las nuevas
incorporaciones que se produzcan en los colectivos hoy protegidos por
este modelo (empleados públicos de la Administración Central del Estado,
la Justicia –Mugeju– y las Fuerzas Armadas –Isfas–) no pasen a formar
parte de él, sino que se incluyan en el régimen general de la Seguridad
Social.
Esto implicaría que tendrían que recibir asistencia en la
Sanidad Pública, cuyas listas de espera se han disparado a lo largo de
la pandemia tanto en número de pacientes como en tiempos de espera para
las consultas de especialistas e intervenciones quirúrgicas. La
proposición de la formación morada supondría, en caso de llevarse a
efecto por parte del Gobierno, «el inicio del fin de un modelo bien
consolidado», según denuncia el Instituto para el Desarrollo e
Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), que da cuenta de las
posibles repercusiones en un informe exhaustivo sobre el particular. En
la actualidad, el Modelo Muface presta atención médica a alrededor de
1,8 millones de funcionarios y beneficiarios.
Cada año, más de un
80% de los que trabajan en la administración elige recibir atención en
la Sanidad privada y apenas un 20% opta por la pública. Con la
iniciativa presentada por Podemos se produciría un trasvase paulatino de
pacientes de la privada a la pública, al tratarse de plantillas muy
envejecidas que serán reemplazadas paulatinamente por nuevas
incorporaciones por medio de ofertas de empleo.
Los defensores del
modelo Muface siempre han señalado que esta situación podría colapsar
el sistema público e implicaría la muerte de decenas de clínicas y
hospitales privados, encareciéndose además el gasto para el Estado. [y la perdiad de más de 50.000 empleos].
Según los cálculos de la Fundación IDIS, el actual mutualismo
administrativo ahorra al sistema público entre 720 y 800 millones de
euros al año.
«Se trata de un dato incontestable extraído del
ahorro que se genera por cada mutualista, ya que la prima media es muy
inferior al gasto sanitario público per cápita; en concreto, 451 euros».
Según el informe del IDIS, el Estado destina 1.368 euros de media al
año a cada paciente cubierto por la Seguridad Social. En cambio, cada
adscrito al modelo Muface le cuesta 917 euros de media. Los cálculos del
IDIS cifran en alrededor de 3.000 millones de euros el coste final para
el Estado de la atención a los mutualistas en caso de una hipotética
desaparición del modelo de mutualidades, sin tener en cuenta las
inversiones que sería necesario llevar a cabo para poder dar asistencia a
esos 1,8 millones de personas. Bajo el régimen actual, ese coste es de
alrededor de 2.230 millones.
IDIS aporta otra información
relevante. En caso de consumarse la iniciativa legislativa de Unidas
Podemos, la accesibilidad a la asistencia sanitaria que ahora existe se
vería afectada de forma importante, «dado que la inexistencia de
mutualistas en determinadas zonas motivaría la disminución drástica del
número de asegurados y ello repercutiría en la red asistencial, abocando
al cierre a una treintena de centros asistenciales privados, lo cual
podría provocar a su vez desigualdades en el acceso a la prestación
sanitaria». Fuentes sanitarias aseguran a LA RAZÓN que, en este
escenario, provincias enteras como Salamanca podrían quedarse sin
sanidad privada en caso de desaparecer Muface. «A estas repercusiones se
une a nivel social la pérdida de cerca de 39.000 empleos y en el ámbito
asistencial el aumento de las listas de espera de consultas externas y
de espera quirúrgica».
Según sus cálculos, la demora media podría
pasar en las primeras de 88 a 122 días. También se multiplicaría por
cinco la ocupación hospitalaria. Por si fuera poco, el Estado ingresaría
entre 30 y 33 millones menos en concepto de impuesto de sociedades.
Se trata de ahorrarle al Estado, no de preocuparse por el bien común es estas personas, muchos de avanzada edad. Las clínicas privadas y la residencias de la 3º edad, seguirán siendo privadas. Solo accesible a los que se la puedan pagar.
La Sala rectifica así la decisión inicial que adoptó en marzo el titular
del Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo número 8 de la
Audiencia, Celestino Salgado, que sí estimó así el recurso presentado
por el coronel contra la resolución de Grande-Marlaska por la que en julio de 2020 ratificó el cese acordado en mayo de ese mismo año por el secretario de Estado de Seguridad.
Desde que Alfredo Pérez Rubalcaba lo reclutó en
2006, cuando el proceso negociador entre el Ejecutivo de José Luis
Rodríguez Zapatero y ETA salto por los aires tras el atentado en la T-4
de Barajas, el Coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos
(Yecla, Murcia, 1964) había asesorado ininterrumpidamente a cinco
ministros de Interior del PSOEy del PP
antes de ser cesado este lunes por el quinto: Fernando Grande-Marlaska.
Diplomado
en Estado Mayor y experto en la lucha antiterrorista, se mantuvo como
hombre de confianza del socialista Antonio Camacho y de Jorge Fernández
Díaz,
siempre desde su puesto como director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad.
Pese a acumular más poder que algunos de sus compañeros de mayor
escala, no fue hasta 2017, bajo el mando de Juan Ignacio Zoido cuando
saltó a la primera línea tras ser designado como director técnico de la
Operación Copérnico, puesto desde el que
coordinó a los efectivos de los Mossos, Guardia Civil y Policía para impedir la celebración del referéndum ilegal del 1-O.
El problema que se cuentra el trabajador a nivel nacional es que no te puedes cambiar de Autonomía así tan sencillo, por las cuestión de la Seguridad Social, los colegios, el empadronamiento, el idioma en cada una de ellas. Las autonomías son una encerrona para los trabajadores. Burocráticamente es muy complejo. Y la vivienda no es gratis, ni los trasportes, ni la comida. Cambiar de Autonomía en España, es como salir al extranjero. Quien trabajadores pero no les quien pagar bien, sino sueldos de hambre.
Se necesitan 700.000 trabajadores para la construcción
Siete
de cada diez euros de los fondos europeos de reconstrucción están
vinculados a proyectos ligados al sector. Los sueldos medios rondan los
2.000 euros al mes
España
necesitará 700.000 trabajadores adicionales para ejecutar los fondos
europeos que comenzarán a llegar a España estos días. La Confederación Nacional de la Construcción
(CNC) ha advertido de que los proyectos asociados a los fondos Next
Generation muestran el déficit de mano de obra en este sector, que
volverá a ser puntal de la economía española durante la esperada
recuperación.
Según datos del sector dados a conocer hoy, la construcción estará presente, de manera directa o indirecta, en 7 de cada 10 euros que lleguen a España a través de los fondos europeos pero, para ejecutarlos, se necesitan unos 700.000 trabajadores más.
Sin embargo, el sector denuncia la falta de mano de obra, especialmente entre los jóvenes,
pese a tener buena parte de las mayores firmas de infraestructuras del
mundo, y la ausencia de incentivos para captar trabajadores.
Como explicó a este diario Pedro Fernández Alén, presidente de la CNC, no deja de ser sorprendente en un país como España. “No podemos permitirnos que un país como España, con unatasa de paro juvenil que supera el 40%,
no aproveche la salida que ofrece un sector como el nuestro, que
necesita mucha mano de obra”, explica. Y más que, en su opinión, va a
necesitar. “Ahora mismo, tenemos alrededor de 1,2 millones de trabajadores en el sector. Pero cuando lleguen los fondos europeos, estoy seguro de que se requerirán más de dos millones”,
asegura Fernández Alén, que calcula que el 70% de los fondos
necesitarán del concurso del sector de la construcción para su
ejecución.
El sector ha instado al Gobierno a que añada en la reforma de la Formación Profesional
un plan específico de certificaciones para la construcción puesto que,
de no ponerse en marcha, no se cubrirán las demandas de trabajadores
para ejecutar los planes de los fondos europeos de recuperación.
La construcción busca atraer a mujeres, debido a que en la actualidad representan en torno al 8% del empleo total, y a jóvenes, para contrarrestar el envejecimiento de las plantillas y combatir el alto paro juvenil.
Envejecimiento
La patronal de promotores y constructores madrileña Asprima asegura que la presencia de menores de 34 años ha pasado del 43% al 18% en los últimos años.Es
un sector envejecido y sin tasa de reposición por este escaso interés
que suscita entre los jóvenes. Según datos de la Encuesta de Población
Activa (EPA), lostrabajadores de entre los 35 y 54 años concentran el 65% de la afiliación del sector y el 18% tiene más de 55 años.
2.000 euros al mes de media
Desde la CNC indican que, según recoge elVI Convenio General de la Construcción, el sueldo más bajo que percibe un trabajador del sector es de 17.400 euros anuales, unos 4.000 euros por encima del salario mínimo interprofesional (SMI).
Además, el salario medio mensual dentro del sector ronda los 1.900 euros (unos 22.800 euros anuales), que se eleva hasta los 2.200 en regiones como País Vasco, Asturias o Navarra.
Han hecho una reforma en la plaza de la Viña de Alicante, han puesto un bulevar, y plantas ornamentales, y reigo por gote0; pero no hay agua para regar y las plantas se están secando. una inversión fallida.
El responsble en es Ayuntamiento de Alicante que no abre el grifo.
En Nuevo Impulso vemos bien que se respete el medio ambiete, y no se alargue la pista de aterrizaje. Si vamos destruyendo todos lo ecosistemas en bien del prfogreso, acabaremos con el Planeta. Seguramente habrá otras alternativas posibles.
La laguna de la discordia de El Prat: un pulmón verde enclaustrado entre aviones y el mar
Expertos
defienden el valor ambiental de La Ricarda, a escasos 20 minutos del
centro Barcelona y que cobija aves protegidas pese a su elevada
contaminación acústica
La laguna de La Ricarda, situada en la zona propuesta para la ampliación del aeropuerto de El Prat, en junio.MASSIMILIANO MINOCRI / EL PAÍS-Carlos Garfella
La laguna de La Ricarda se ha convertido en el paraje de la discordia que ha paralizado la multimillonaria inversión del Gobierno para la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat. Situada cerca del mar y del Puerto de Barcelona, en
terrenos del municipio de El Prat de Llobregat, su ubicación provoca
que constantemente sea sobrevolado por los aviones que despegan y
aterrizan en el aeródromo. Es inaccesible al público, ya que pertenece a
los descendientes del histórico empresario textil Manuel Bertrand. Pese
a ello, los expertos destacan el valor de este pequeño humedal por la
enorme biodiversidad que concentra. El catedrático en biología y
director del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales
(CREAF), Joan Pino, subraya su “servicio ambiental” a las especies: la
laguna y su entorno dan cobijo a aves protegidas como flamencos o gaviotas corsas que cada año migran desde África a un paraje con el sello de la Red Natura 2000, la máxima protección ambiental que otorga la Unión Europea.
“Es
un lugar insustituible y su afectación [por el alargamiento de la
tercera pista, que invadiría en torno a 50 hectáreas] no se podría
compensar”, dice Pino. Aena, empresa controlada por el Estado, ofreció a
cambio de ocupar parte de la laguna compensar con 280 nuevas hectáreas
de protección al sur del aeropuerto. Pero a Pino no le convence la idea y
defiende que, aunque se hiciese, ese terreno no podría sustituir nunca
el espacio natural de pinares y humedales habitado por 43 especies
incluidas en la directiva de aves protegidas, además de orquídeas (hasta
23 tipos diferentes), peces y reptiles. “No es solo un estanque de
patos”, afirma el biólogo.
Un flamenco blanco a escasos metros del aeropuerto.Juan Barbosa
El
profesor emérito y catedrático en Ecología de la Universidad de
Barcelona Narcís Prat, incide en la idea de que el lugar “es
insustituible” desde un punto de vista científico. Este experto destaca
el equilibrio del agua dulce ―de la lluvia― y la salada que entra desde
el mar de este paraje a escasos 15 minutos en coche de Barcelona,
formado en los humedales de la desembocadura del río Llobregat. Se trata del principal río que termina en la conurbación de Barcelona
y su salida al mar ya fue desviada por otra ampliación, la del Puerto
de Barcelona en 2004. Antes de las elecciones autonómicas, el anterior
Govern se comprometió a llevar agua a los humedales y acelerar el plan
especial de protección del delta, pendiente desde 1994 y reclamado por
entidades y municipios para declarar mejor los usos en un espacio verde rodeado por el área con mayor densidad poblacional de Cataluña.
Sea
como sea, La Ricarda no ha sido, hasta ahora, un humedal reconocido por
la mayoría de los catalanes (aparte de ser inaccesible, en extensión es
incomparable a otros parajes como Els Aiguamolls de l’Empordà,
en Girona), y la realidad es que la laguna ha sido descubierta por
muchos barceloneses en los últimos meses tras saltar a las portadas de
los periódicos por la polémica ampliación. El movimiento ecologista ha
visto también en ella un símbolo para demostrar la sobrexplotación
urbanística que a su juicio se está produciendo por la construcción de
un nuevo barrio en Gavà (Barcelona), municipio cercanos al aeropuerto.
Muchas de las protestas de los últimos meses de entidades locales y
conservacionistas han sido convocadas de hecho bajo manifiestos que
aglutinaban todas “las agresiones” en la zona.
La
denuncia de la extensión del hormigón es más amplía en una paraje
históricamente afectado por la contaminación de la industria textil, y
que llegó a convertirse en un río muerto en sus últimos tramos. Con
todo, en los últimos años ha mejorado enormemente la calidad de sus
aguas y la playa de El Prat de Llobregat, cuyo arenal se extiende desde
la desembocadura del río unos tres kilómetros frente a juncales y
pinares, ha pasado de estar prácticamente vacía en los ochenta a
llenarse de bañistas ahora los fines de semana.
Con todo,
los parajes salvajes han visto perder, de nuevo, muchas hectáreas: 300
en zonas húmedas, según Depana, la organización que presentó el informe
por el que el 19 de febrero la Comisión Europea abrió un procedimiento
sobre lo que considera dejadez ambiental. Precisamente uno de los
principales argumentos del movimiento conservacionista es que se trata
de volver a ampliar el aeropuerto cuando la Comisión todavía estudia si
las compensaciones de 2008 fueron correctas en un territorio donde en
pocos kilómetros convergen dos universos aparentemente antagónicos. Y
que dejan sorprendentes imágenes, como la de un flamenco alimentándose a
escasos metros de la verja que separa un humedal del segundo aeropuerto
con más tráfico de España.
El la página de MERCA, leo:
La ampliación de El Prat amenaza la laguna de la Ricarda es sólo un paraje natural de especial protección. Y lo es por su laguna centenaria.
Esta gran urna cristalina no es un ‘charco‘ o un ‘estanque para cuatro patos‘,
como se refieren quienes defienden la ampliación del aeropuerto de
Josep Tarradellas-El Prat. Su singularidad radica en que es el sitio
preferido para aves migratorias, fauna del entorno y un sinfín de vida acuática, entre las que destacan sus 23 clases de orquídeas.
Otra zona de especial de interés es la Casa Gomis,
declara bien de interés cultural nacional. La ampliación imposibilitaría
la convivencia y su habitabilidad. Se trata de un museo con una
arquitectura racionalista de incalculable valor.
A este remanso aislado junto a la desembocadura del Llobregat se
llega tras un camino de unos pocos kilómetros andando desde la entrada
particular de ‘La Ricarda‘. El trayecto se realiza por un camino no muy ancho,
pero suficiente para un vehículo particular. Por el extenso pinar,
juncos y otros matorrales sobrevuelan ahora los aviones para tomar
tierra, como los A320 o jets privados bimotor.
Esta laguna forma parte del brazo del río abandonado, pero aún tiene
un gran caño de agua que la riega diariamente desde el Llobregat. Su
largo alcanza casi un kilómetro, por más de un centenar de metros de
ancho. Dos grandes brazos se extienden en la parte más al oeste, la más cercana al municipio que la protege del proyecto de la ampliación, El Prat de Llobregat.
UN BRAZO DE ASFALTO EN UN PARAJE PROTEGIDO
El proyecto de Aena pretende extender un brazo de asfalto y césped
por encima de esta laguna. Además, el gestor aeroportuario tiene
instalado un sistema de drenaje de aguas que en vez de ir al área
natural protegida se vacía directamente en el mar. Una pérdida de agua
que los expertos consideran perjudicial. Esta nueva lengua artificial atravesará La Ricarda de sur a norte,
no sólo el ancho de la pista, sino también el espacio de seguridad, más
de 200 metros en mitad de un espacio protegido donde sería muy difícil
la vida debido al ruido y contaminación de las aeronaves.
La gigantesca infraestructura no se plantea realizar una pista en
diagonal, que cruce el aeropuerto de noreste a suroeste, con entrada
desde el mar. La opción de hacerlo desde tierra está prácticamente descartada porque sobrevolaría zona urbana. Aena quiere continuar con la operatividad paralela al mar.
El aeródromo está ahora lejos de su máxima capacidad, 55 millones de
pasajeros anuales, pero su objetivo no es dar salida a tanto cliente
sino albergar a más cantidad de ellos. Los expertos consideran que Aena debe impulsar los aeropuertos más cercanos a El Prat,
como Girona o Reus, que podrían conectarse por vía de alta velocidad.
Sin embargo, ninguno de ellos tiene estación de AVE, sino que hay que
buscar un autobús para acercarse a las ciudades. Un despropósito dadas
las estaciones fantasma de la alta velocidad española.
IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DESASTROSO
También se ha descartado por completo realizar una tercera pista en el mar. «El impacto medioambiental sería desastroso«,
afirman los expertos consultados por MERCA2. La defensa de este paraje
natural, al que este medio ha podido acceder en su totalidad, se realiza
desde dos pequeños municipios, Viladecans y El Prat de Llobregat. Sin
embargo, los vecinos de Gavá lo celebran porque tendrían una menor
contaminación acústica.
En esta batalla no sólo se juega esta balsa de agua, sino también las nidadas de patos, cormoranes, garzas y pequeñas aves,
además de una gran cantidad de tortugas no autóctonas -mascotas que
debido a su tamaño son abandonadas en las cercanías-. También hay
animales más grandes, como jabalíes, abundantes en esta zona del
litoral, junto con las pinedas y junqueras.
Además, la zona no sólo contiene fauna y flora silvestre. Junto a la zona de la laguna se expanden campos de cultivos, especialmente cereales y huerta. Estos terrenos se extienden junto a los abandonados brazos, a ambos costados, con pasos por donde cabe un tractor y aparejos.
Hace años, junto a esta laguna se levantó un camping, expropiado por las obras de la tercera pista. Fruto de esta decisión, se secó la laguna de la Illa,
un futuro que podría correr la de La Ricarda. Desde 1987 esta zona está
declarada protegida, pero los planes de Aena para la ampliación de El
Prat en el 2000 continúan sin cumplirse.
PROMESAS INCUMPLIDAS EN EL PRAT
Aena propuso extender la zona a proteger, pero se quedó en papel
mojado. Sin embargo, Bruselas, de quien depende La Ricarda por
pertenecer a la Red Natura 2000, ya ha avisado de que no consentirá
incumplimientos, menos dados los antecedentes. De hecho, ha recordado
que para meter una sola excavadora en este espacio deben cumplirse unos
requisitos muy definidos, como la inexistencia de una alternativa a la
ampliación y un imperioso interés económico y social.
Los empresarios se han empeñado en asegurar que no existe un plan B
para la ampliación y que es necesario crear un hub para potenciar El
Prat. Sin embargo, para Bruselas no parece suficiente. En este mismo
mes, Aena debe decidir si incluye la ampliación en su plan de inversión para el próximo lustro.
De hacerlo, el Consejo de Ministros de septiembre daría luz verde a la
infraestructura y al mismo tiempo pondría fin a esta laguna.
Los expertos, profesores y biólogos, lo tienen muy claro desde que se
declaró zona protegida. «Es irreproducible», una coletilla que se
repite entre los defensores de forma incesante cada vez que se da voz a
un defensor del proyecto. La laguna, por su emplazamiento, no tendría espacio gemelo.
MASÍAS Y CULTIVOS, AMENAZADOS EN EL PRAT
A la entrada de esta finca particular se encuentra la masía Cal
Vallejo. Su viejo y ruinoso frontón sobresale entre una pequeña
arboleda, junto a un almacén de cereal. Los aparejos toman el sol
diariamente, algunos de ellos ya muestran los signos del paso del
tiempo. La finca tiene guardas, que hacen las veces de agricultores.
Todo para mantener el espacio limpio y decente.
Como ocurre desde hace años, todos los planes de Aena se conocen por
la prensa, sin que el gestor les haya presentado el proyecto con el que
se expropiaría gran parte del terreno. En el inico del primer brazo se
divisa un viejo embarcadero, sin barcas, que utilizaban antaño para
alcanzar el mar. Sin embargo, la arena de la playa forma un dique de contención y ya no hay conexión con el Mediterráneo.
De hecho, uno de los principales riesgos de estas tierras es una subida
del mar que dejaría sin playa a esta parte del litoral catalán. Según
apuntan los expertos, el mar se ha comido un kilómetro de la costa.
La ampliación supondría cargarse la zona más virgen de la
desembocadura del Llobregat. Los defensores muestran una gran
biodiversidad y aportan una gran cantidad de datos sobre la composición
del agua de la laguna, motivo por el que afirman es irreproducible. De
hecho, según las muestras, la laguna contiene distintos niveles de agua dulce y salada.
En unas zonas crece un tipo de vegetación, y en otras un tipo de alga
esencial para oxigenar este agua. «Ni mucho menos es un estanque para
patos», destacan.
Como
principal interlocutor del PP con el Gobierno y la carrera judicial
fija las claves del futuro de la negociación de la renovación del Poder
Judicial.
– ¿Puede acabar la Legislatura con el CGPJ bloqueado?
–La
imagen de politización del Poder Judicial está ahí y hay que acabar con
ella. ¿Cómo? La única forma es cambiando el modelo de elección del
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, también, del sistema de
nombramiento del fiscal general del Estado.
–Sin reforma,
no habrá renovación, según la posición del PP. Y el Gobierno ha dicho
que no habrá reforma. Si tuviera que apostar, ¿lo haría porque no habrá
acuerdo?
–No me gusta especular. Sí insisto en que
esperamos que Pedro Sánchez vuelva a la cordura y entienda que lo que
pide Europa es lo adecuado y no hay otra alternativa.
–¿Cómo llevan las presiones de la carrera judicial para que arreglen esta crisis?
–La
renovación es también un deseo de la Carrera judicial, pero la inmensa
mayoría nos está transmitiendo que quieren que sigamos luchando por el
cambio de modelo de elección del CGPJ.
–¿La caída de la fiscal general del Estado facilitaría retomar las negociaciones?
–La
reforma del sistema de elección del CGPJ debe ir ligada a otro cambio
en la elección de la Fiscalía para que no vuelva a repetirse lo ocurrido
con Dolores Delgado. No tengo nada en contra de ella. De hecho, tenemos
una buena relación, pero hasta Pedro Sánchez se ha dado cuenta de que
cometió un error eligiendo para ese puesto a una ministra de Justicia y
diputada porque lastra la imagen de imparcialidad de esa persona.
–No
me ha dicho si su caída, en función de lo que pueda decidir el Supremo
sobre la idoneidad de su nombramiento, facilitaría que se vuelvan a
sentar a hablar con el Gobierno.
–El problema es que
Pedro Sánchez no quiere sentarse. Pablo Casado le acaba de pedir una
reunión urgente y Moncloa ha contestado que «no», ni reunión ni siquiera
conversación por teléfono. No equivoquemos el foco porque lo realmente
grave es que el presidente de Gobierno no acepta una reunión con el
presidente del PP para alcanzar un acuerdo por la Justicia española
cuando parece que está todavía dudando de si se va a sentar o no en la
mesa bilateral con el Gobierno catalán, con Esquerra, cuyos líderes han
cometido graves delitos.
El Gasco, el ambicioso sueño de Madrid en el siglo XVIII: Llegar por canales hasta Sevilla
La
Comunidad de Madrid declara Bien de Interés Cultural una gran obra de
ingeniería que buscaba alcanzar el mar navegando el Guadarrama,
Manzanares, Tajo y Guadalquivir
La capital tiene una especial relación con el mar.
Lejos y a la vez, en el ánimo, el deseo de estar cerca. De llegar a
ella. La Comunidad de Madrid ha sido sensible a esa voluntad nunca
alcanzada, romántica, y ha querido recordar a todos aquellos que
trabajaron y se empeñaron en este objetivo. De ahí que el Gobierno
regional declarase Bien de Interés Cultural, en la categoría de Paisaje Cultural, un conjunto muy especial.
La presa de El Gasco
es una de las mayores obras inacabadas de las infraestructuras
españolas. Y tiene historia. A finales del siglo XVIII, sobre el río Guadarrama,
se intentó la “locura” de conectar Madrid con el mar. Sus ruinas se
encuentran en la confluencia de los términos municipales de
Torrelodones, Galapagar y Las Rozas.
Presa del Gasco FOTO: Comunidad de Madrid
Fue diseñada por el Ingeniero militar español, de origen francés Carlos Lemaur,
promovida y financiada por el Banco de San Carlos, con cargo a la
Hacienda Real de Carlos III. Una obra ligada a las obras del canal del
Guadarrama, que tampoco llegó a concluirse, y que hubiese sido su
embalse regulador. Mediante este proyecto, se pretendía realizar un
canal navegable de 667 km, que, salvando un desnivel de 700 m, hubiese
unido fluvialmente Madrid y la Meseta Sur con el Océano Atlántico. Ahí
es nada: se buscaba conectar el Guadarrama, el Manzanares (a la altura del Puente de Toledo), el Tajo (a su paso por Aranjuez) y el Guadalquivir, por Sevilla. Casi nada.
Plano de la presa del Gasco FOTO: Comunidad de Madrid
Aunque sólo se llevaron a cabo los primeros 27 km del canal y dos tercios de la primera presa reguladora, la presa del Gasco en el río Guadarrama,
el trazado del canal estaba replanteado en su totalidad, con una
precisión asombrosa en su trazado topográfico, desde el punto de vista
de los modernos aparatos de topografía. La longitud del canal serían, en concreto, 771 km y salvaría un desnivel total de 700 m, por medio de esclusas.
La
construcción fue dirigida por el propio Carlos Lemaur y tras su
suicidio, por sus cuatro hijos. Un esfuerzo hercúleo y desgraciado a
partes iguales. Tras una tormenta se abandonó la construcción de la presa por un derrumbe en
el paramento de aguas abajo, y por tanto también se paralizaron las
obras del canal en 1799. Aunque se intentó retomar la construcción de un
canal de abastecimiento a Madrid en el siglo XIX, para aprovechar la
infraestructura ya construida, las obras nunca se llevaron a cabo.
Se utilizó como mano de obra a soldados, que con el paso del tiempo fueron reemplazados por prisioneros condenados a trabajos forzados,
como medida de abaratamiento de costes. Al tiempo, muchos de ellos
enfermaron de paludismo, por lo que el retraso en las obras fue
consecuencia clara.
El proyecto, en concreto, finalizó en mayo de 1799, cuando, en opinión de los hijos de Lemaur, unas fortísimas lluvias,
hincharon el relleno arcilloso de los casetones de fábrica que
constituían el entramado sólido de la presa y propiciaron su derrumbe cuando alcanzaba unos 50 metros de altura.
Por iniciativa real, Juan de Villanueva fue designado para realizar un reconocimiento de la presa y el canal. Por parte del ministerio de la Guerra se encargó al ingeniero Fernando Gaver la misma misión. Tras estos informes, la Corona determinó la suspensión definitiva de las obras.
La presa de El Gasco fue diseñada en su momento como la más alta del mundo, con 93 m.
De la presa solo se conserva un lienzo de 53 m de altura y 251 de
longitud. La anchura oscila entre los 72 m de la base y los cuatro de la
parte superior.
Ahora, aquel sueño de navegación ha tenido su
justo reconocimiento. La empresa, ambiciosa sin duda, no pudo ser, pero
la distinción del Gobierno regional rinde homenaje, de alguna manera, a
todos aquellos que pusieron su esfuerzo y su alma en un sueño de
progreso.
Qué es un megavatio hora y cómo influye en la factura de la luz?
El
precio de la electricidad en el mercado mayorista ha vuelto a
dispararse hasta los 135,65 euros por megavatio hora (MWh), el miércoles
más caro de la historia
El
precio de la electricidad en el mercado mayorista ha vuelto a
dispararse este 8 de septiembre hasta los 135,65 euros por megavatio
hora (MWh), el miércoles más caro de la historia. Los consumidores
tienen claro que esta alarmante subida de precios sin techo repercute
directamente en su factura haciendo que paguen los recibos más altos de
la historia. De hecho, si los precios eléctricos de los primeros siete
días de septiembre se prolongan durante todo el mes, la factura del
usuario medio del mercado regulado (PVPC)
alcanzará los 104,81 euros, según el análisis de Facua. Es decir, casi
12 euros por encima del recibo más alto de la historia, el del pasado
mes de agosto (93,10 euros). Sin embargo, ¿conocen los clientes qué es un megavatio hora y cómo afecta su precio a su recibo mensual? LA RAZÓN resuelve da respuesta a esta cuestión.
¿Qué es un megavatio y kilovatio hora?
Para entender lo que es un megavatio y kilovatio hora primero hay que partir de la unidad: el vatio. Un vatio,
tal y como explica la comercializadora de energía Podo, es “una unidad
de potencia eléctrica producida por una diferencia potencial de 1 voltio
y una corriente eléctrica de un amperio, es decir, un voltiamperio”. De
esta manera, un kilovatio equivale a 1.000 vatios y un megavatio a un millón de vatios.
Por lo tanto, un kilovatio hora (kWh) es una unidad práctica de energía
equivalente a la energía producida por una potencia de 1.000 vatios
durante una hora y un megavatio hora (MWh) es una unidad de potencia equivalente a un millón de vatios o 1.000 kilovatios.
En
su factura eléctrica de su vivienda el consumo aparecerá reflejado en
kWh. Mientras, el MWh se utiliza para medir grandes potencias como por
ejemplo los buques de guerra, equipamientos científicos, grandes motores
eléctricos o consumos industriales. Para hacerse una idea, Podo explica
que un megavatio hora supone una cantidad de energía que puede dar electricidad a una media de 330 viviendas en una hora.
Cómo afecta a la factura de la luz
El
precio del kWh define el importe que cada cliente tiene que pagar por
la cantidad de energía consumida. Mientras que para los clientes del mercado libre
el precio del kWh dependerá de la tarifa y el tipo de comercializadora
contratada, explica Selectra, para los clientes del mercado regulado
(tarifa PVPC) el coste del kWh depende del coste del precio del MWh, que
se basa en el sistema eléctrico impuesto por el Ministerio de Industria
a través del ‘pool energético’, donde se compra y vende energía.
En caso de pertenecer al mercado regulado, el apartado “facturación por energía consumida” reflejará lo que el cliente debe pagar por su consumo real,
en función de lo que la compañía cobre por kWh o del precio fijado a
través del ‘pool energético’. En el caso de los clientes del mercado
regulado, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) viene
denunciando que el coste de la energía no viene desglosado por los tres
tramos de discriminación horaria que entraron en vigor el pasado mes de junio (punta, llano y valle), ya que el precio del kWh es distinto para cada uno de ellos. A la “facturación por energía consumida” hay que sumar la “facturación por potencia contratada”,
un término fijo que se paga aunque no se consuma nada. En el mercado
regulado, además, se pueden elegir dos potencias para adaptarlas a sus
hábitos de consumo.
El resto de la factura son peajes, impuestos y
otros costes. De hecho, el coste de la energía, antes de la subida del
precio del gas, representa un 35% de la factura. Dado que el transporte y
la distribución de electricidad representan en torno al 15%, se puede
decir que las actividades estrictamente necesarias para el suministro
eléctrico (generación y distribución) sólo explican el 50% de la
factura. El otro 50% se reparte entre impuestos (algo más del 20% del total, entre el IVA y el impuesto a la electricidad) y entre los sobrecostes vinculados a la política energética:
la subvención a las energías renovables (18%), la subvención al
sobrecoste del transporte eléctrico en Baleares y Canarias (4%), la
amortización de los déficits de tarifa históricos (3%) y otro porcentaje
de ayudas (5%). Es decir, la mitad de la factura son costes políticos
claves para bajar su coste.
¿Cómo ahorrar en kwh en su factura eléctrica?
Podo señala que en una vivienda casi
el 50% del consumo lo hace el aparato de aire acondicionado y la
calefacción, mientras que un 23% del consumo corresponde a los
electrodomésticos y la iluminación. Por lo tanto, para tener un
ahorro del 60% de la energía, esta empresa de energía recomienda usar
el microondas en vez del horno convencional, además también se puede
ahorrar en tiempo. Uno de los cambios que más afectan a la
bajada de la factura de la luz es el cambio de bombillas convencionales
por bombillas de bajo consumo. Y si es cliente del mercado
regulado, la mejor forma de ahorrar es concentrando su consumo en las
horas del día donde el precio de la luz es más barato.
El presidente del TS y del CGPJ ha puesto como ejemplo lo ocurrido
cuando, con ocasión del indulto concedido a los condenados en la causa
del ‘procés’, se llegó a contraponer, para explicar la medida, la
concordia frente al resentimiento, “como si la acción de la Justicia al
aplicar la ley a la que todos nos debemos fuese un obstáculo para la
convivencia u obedeciera a razones distintas de las previstas en las
normas”.
El presidente del TS y del CGPJ reivindica la independencia judicial como garantía de la democracia
En el acto de apertura del Año
Judicial 2021/2022, que el rey ha presidido este lunes en el Tribunal
Supremo. Carlos Lesmes destaca la labor del Tribunal Supremo en defensa
del orden constitucional y recuerda que la función de la Justicia es
“dar a cada uno lo suyo de acuerdo con las leyes, leyes que han sido
democráticamente aprobadas y que, por tanto, expresan la voluntad de la
mayoría”. El presidente del órgano de gobierno de los jueces urge a las
fuerzas políticas a dejar la institución fuera del escenario de la lucha
partidista y a alcanzar en las próximas semanas el acuerdo necesario
para su renovación
Autor
Comunicación Poder Judicial
El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y la ministra de Justicia, Pilar Llop (Casa Real)
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del
Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha reivindicado hoy -durante su
intervención en el acto de apertura del Año Judicial 2021/2022 que el
rey ha presidido este lunes en la sede del alto tribunal- la
independencia judicial como garantía de la democracia.
Lesmes ha considerado que esta reivindicación de la independencia
judicial -a la que se ha referido no como un privilegio de los jueces,
sino sobre todo como una garantía de los ciudadanos- es hoy más
necesaria que nunca por cuanto la labor de la Justicia se pone en
ocasiones en entredicho, especialmente desde algunas instancias
políticas, “cuando las decisiones judiciales se contraponen a sus
designios, dificultan sus estrategias o, simplemente, no son de su
agrado”.
El presidente del TS y del CGPJ ha puesto como ejemplo lo ocurrido
cuando, con ocasión del indulto concedido a los condenados en la causa
del ‘procés’, se llegó a contraponer, para explicar la medida, la
concordia frente al resentimiento, “como si la acción de la Justicia al
aplicar la ley a la que todos nos debemos fuese un obstáculo para la
convivencia u obedeciera a razones distintas de las previstas en las
normas”.
“Nada más alejado de la realidad. La función de los jueces y
magistrados, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, con independencia
absoluta de influencias externas o internas, políticas o de cualquier
otra índole, no se corresponde en modo alguno con la idea de revancha o
con el sentimiento de rencor, pues juzgar es dar a cada uno lo suyo de
acuerdo con las leyes, leyes que han sido democráticamente aprobadas y
que, por tanto, expresan la voluntad de la mayoría”, ha dicho Lesmes.
El presidente del órgano de gobierno de los jueces ha añadido que la
justicia “no es, ni ha sido nunca, un obstáculo para la paz, sino el
instrumento fundamental para salvaguardar el orden jurídico y, por ende,
la convivencia pacífica entre los ciudadanos” y ha reivindicado la
labor de los jueces españoles y muy especialmente del Tribunal Supremo
en defensa del orden constitucional y de la democracia.
La independencia, un deber profesional del juez
En su discurso, Lesmes ha señalado que dado el trascendental papel
que el juez tiene en la aplicación de las normas, en el contexto de un
ordenamiento jurídico extenso y eminentemente complejo, su independencia
es un principio ineludible para garantizar el buen funcionamiento del
Estado de Derecho, del sistema de libertades y de la propia democracia.
En el marco de una sociedad democrática -ha añadido-, la función del
juez consiste en aplicar soluciones razonables, socialmente
comprensibles y argumentadas en Derecho a los conflictos de intereses
que se someten a su consideración; labor que la complejidad y las
imperfecciones naturales del sistema jurídico convierten en un ejercicio
de especial dificultad, “sujeto a un escrutinio público que debe ser
aceptado desde la perspectiva crítica, pero que también abre la puerta a
posibles injerencias torticeras o inaceptables en el marco del debido
proceso, o de su resultado, por las eventuales incomodidades que puede
generar para los intereses en juego”.
“Esos elementos extraños que tratan de influir pueden ser de muy
diversa índole y corresponde al ordenamiento jurídico y, en su caso, al
órgano de gobierno de los jueces, pero también al propio juzgador,
establecer las barreras necesarias para que no lleguen a interferir en
la labor jurisdiccional”, ha dicho el presidente del Tribunal Supremo.
Lesmes ha concluido afirmando que “actuar con independencia, incluso
de las propias convicciones personales, constituye un deber profesional
del juez y forma parte de los principios éticos que informan su
actividad”.
Renovación del Consejo General del Poder Judicial
El presidente del TS y del CGPJ se ha referido también durante su
intervención a la “anormal situación en la que se encuentra a día de hoy
el Consejo General del Poder Judicial por causas que le son
completamente ajenas”, en referencia a su no renovación.
Lesmes ha recordado que la Constitución establece que el presidente y
los vocales de esta institución tengan un mandato de cinco años, “sin
que este plazo pueda ser considerado, en ningún caso, como meramente
orientativo”, por lo que el Congreso y el Senado, órganos a los que la
Carta Magna y la Ley Orgánica del Poder Judicial encomiendan a día de
hoy la renovación del CGPJ, están obligados a respetarlo.
“Y esta obligación es extensible a las fuerzas políticas allí
representadas, sin que un deber que dimana de la propia Constitución
pueda subordinarse en cuanto a su cumplimiento a razones de oportunidad
política, cualesquiera que estas sean, pues no hay mejor forma de
defender la Constitución que procurando su cumplimiento”, ha agregado.
Tras recordar que ha instado hasta en seis ocasiones a los
presidentes del Congreso y del Senado a cumplir con su deber
constitucional -reclamación que también ha sido hecha por el Pleno del
Consejo otras tres veces durante el último año- sin que ninguno de esos
llamamientos haya surtido efecto, el presidente del órgano de gobierno
de los jueces ha señalado que la situación se ha visto agravada por la
reciente Ley Orgánica 4/2021, que impide al Consejo realizar
nombramientos discrecionales mientras esté en funciones y que fue
tramitada sin recabar la opinión de esta institución.
“La urgencia de esta reforma y su propio contenido se han querido
fundamentar en una pretendida pérdida de confianza parlamentaria de
nuestra institución, como ocurre con el Gobierno en funciones, ignorando
que el Consejo goza, por voluntad constitucional, de plena autonomía
respecto de los demás poderes públicos”, ha dicho Lesmes, de manera “que
la justificación de la necesaria renovación del Consejo no resulta del
cambio de composición de las Cámaras, como algunos sostienen, sino
exclusivamente de la finalización del plazo del mandato establecido en
la Constitución”.
El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ ha considerado que
“unas y otras acciones” conducen inexorablemente al debilitamiento de la
legítima función constitucional del Consejo como garante de la
independencia judicial y que “urge, por tanto, y por el bien de todos,
que nuestra institución desaparezca del escenario de la lucha partidista
y que las fuerzas políticas concernidas, con patriotismo constitucional
y generosidad, alcancen en las próximas semanas el acuerdo necesario
para la renovación”.
Lesmes ha calificado de “insostenible para la Judicatura y para la
propia sociedad” la situación provocada por la no renovación del CGPJ y
ha señalado que la imposibilidad de efectuar nombramientos de cargos
gubernativos y de magistrados del Tribunal Supremo coloca en una muy
difícil situación a los órganos judiciales y en especial al alto
tribunal, donde son ya once las vacantes por cubrir de una planta de 79
magistrados.
“Y esto está teniendo lugar en un contexto social y político de la
máxima complejidad provocado -entre otras circunstancias- por los
devastadores efectos de la pandemia. Asistimos a una situación que exige
un extraordinario esfuerzo de adaptación a los nuevos tiempos y que, de
manera concreta, demanda de todos los órganos jurisdiccionales -y
también del Consejo General del Poder Judicial- una total plenitud de
funciones y una absoluta disponibilidad de todos los efectivos y de
todas las energías posibles, para continuar con una eficaz defensa del
Estado de Derecho”, ha concluido.
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El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y la ministra de Justicia, Pilar Llop (Casa Real)
El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, durante su intervención
El rey junto a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo presidida por Carlos Lesmes
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