El dilema de Yolanda Díaz con Sánchez: quemarse la mano o afrontar la realidad en las elecciones generales.
La vicepresidenta del Gobierno atraviesa una encrucijada política que la sitúa al límite ante los casos de corrupción que salpican al PSOE. Cuanto más tiempo pase peor para Sumar
La llave de unas elecciones generales en España no está hoy únicamente en manos del Partido Socialista o del Partido Popular, sino en una figura concreta: Yolanda Díaz, líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno. Su posición es estratégica, casi bisagra, porque de su apoyo —o de su ruptura— depende la estabilidad del Ejecutivo y la viabilidad de cualquier mayoría parlamentaria. En un escenario político fragmentado, Díaz se ha convertido en árbitro y protagonista, aunque no exenta de contradicciones.
Las polémicas que rodean al Gobierno no son menores. Desde el supuesto oro venezolano custodiado en Suiza con intermediación española y francesa, hasta el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra (con un solo avión), las sombras sobre determinadas decisiones políticas y económicas han alimentado la desconfianza de una parte de la opinión pública. Para algunos sectores críticos, estas actuaciones no solo no han sido suficientemente explicadas, sino que tampoco parecen haber tenido consecuencias políticas reales dentro del Ejecutivo de coalición.
Sin embargo, todo ello no parece bastar ni a Yolanda Díaz ni a dirigentes como Ione Belarra, que han construido un discurso de exigencia ética y regeneración democrática mientras permanecen en el Gobierno, hipocritamente. Esa dualidad —criticar desde dentro sin romper— es vista por muchos como una forma de hipocresía política: se marcan líneas rojas en el discurso, pero rara vez se cruzan en la práctica.
Un ejemplo claro fue la contundencia verbal mostrada por Yolanda Díaz en el pasado mes de julio. “No está involucrado en la ‘trama Koldo’. Si esto ocurriese, saldríamos del Gobierno”, afirmó con firmeza, seguridad y aparente convicción, en referencia al presidente Pedro Sánchez. La vicepresidenta aseguró entonces “poner la mano en el fuego” por el jefe del Ejecutivo, marcando supuestamente un límite infranqueable para su formación.
Estas declaraciones se produjeron tras la actuación de la Guardia Civil y la detención de figuras relevantes del entorno socialista, en un contexto de máxima tensión política y mediática. No obstante, el paso del tiempo ha generado una pregunta inevitable: ¿son reales esas líneas rojas o forman parte de una estrategia retórica para contener a su electorado sin asumir el coste de una ruptura?
La clave está en que Yolanda Díaz no solo es ministra y vicepresidenta (Sumar tienw 5 ministros en el Ejecutivo), sino también líder de un espacio político que necesita diferenciarse del PSOE sin perder poder institucional. Esa ambigüedad permanente —entre la lealtad al Gobierno y la crítica moral— es lo que le otorga influencia, pero también lo que erosiona su credibilidad ante quienes esperaban una izquierda más coherente y firme.
En definitiva, Yolanda Díaz tiene la llave, pero aún no ha decidido —o no ha querido— usarla. Mientras tanto, el discurso ético convive con la permanencia en el poder, y la amenaza de ruptura se mantiene como advertencia retórica más que como compromiso político real. En ese equilibrio precario se juega no solo el futuro del Gobierno, sino también la confianza de una parte significativa del electorado progresista.
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Es cierto que a día de hoy el nombre del líder de los socialistas no se ha relacionado como implicado directo en las diversas tramas que amenazan el entorno de Ferraz, sin embargo, las presuntas menciones como el "número 1" en los audios que han llevado a la detención de la 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, o su trifulca con el exministro, José Luis Ábalos, que terminó con su salida del Gobierno, han puesto al líder de los socialistas en el imaginario colectivo. Desde la barrera y alejado de los focos, Sánchez eludió acudir a la última sesión plenaria en el Congreso de los Diputados en la que la senda del déficit volvió a ser rechazada.
La nueva derrota en el Congreso junto con la frenética semana que viven los socialistas en la que la corrupción, el "feminismo de pancarta" y los casos de acoso sexual han marcado el devenir, llevaron a que en el día de ayer, la ministra de Trabajo realizara una pequeña crítica contra el futuro del Gobierno. "Es insoportable la corrupción y los puteros... Así no podemos seguir", remarcó la líder de Sumar que propuso una "reforma radical" del Gobierno como exigencia para mantenerse en el Gobierno. Moncloa señaló que Sánchez cuenta con otros planes ante el silencio de Sumar.
Con este tablero de juego a la ministra de Trabajo solo le quedan dos opciones; quemarse la mano o afrontar la realidad en unas elecciones en las que la amenaza del PSOE podrían dejar al borde del abismo a la coalición afincada en el sector progresista.
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MUY GRAVE Y DELICTIVO
El Juzgado de Instrucción número 15 continúa analizando el uso que se dio a los 53 millones de euros en ayudas públicas concedidas a la aerolínea Plus Ultra en el año 2021. La investigación, impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y actualmente bajo secreto de sumario, se centra en esclarecer si esos fondos terminaron desviándose hacia circuitos financieros ajenos a la finalidad del rescate.
Las diligencias se abrieron después de que los investigadores detectaran que la compañía figuraba como receptora de préstamos procedentes de tres sociedades que, presuntamente, formaban parte de una red dedicada al blanqueo de capitales. El Ministerio Público llegó incluso a trasladar estos hechos a la Audiencia Nacional, al considerar que podrían encajar en un entramado delictivo de carácter internacional.
Según la Fiscalía, esta organización tendría presencia en varios países europeos, entre ellos España, Suiza y Francia, y estaría vinculada a operaciones relacionadas con la compraventa de oro y artículos de lujo, como relojes de alta gama. Un elemento especialmente relevante para la investigación es que los contratos firmados por la aerolínea —con fuertes vínculos con Venezuela— se habrían formalizado después de que el Gobierno autorizara el controvertido rescate económico.
Las pesquisas apuntan a que parte del dinero público pudo terminar en cuentas bancarias de sociedades controladas por esta red en el extranjero. Además, los investigadores sostienen que la trama habría canalizado fondos procedentes del desvío de recursos venezolanos. La documentación incorporada a la causa indica que se trataría de capitales obtenidos tanto de un programa social impulsado por el chavismo en 2016 como de operaciones de venta de oro vinculadas al Banco de Venezuela.
Es muy posible le haya llegado información confidencial de los norteamericanos.
