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Un órgano como el Tribunal Constitucional, cuando es elegido por el parlamento, puede ser percibido como poseedor de un menor valor democrático en comparación con otros mecanismos de selección más directos. Esto se debe a que, aunque los miembros del parlamento son representantes electos por el pueblo, su intervención en la designación de jueces introduce una capa adicional entre el electorado y la toma de decisiones en el poder judicial. La legitimidad democrática se transmite de forma indirecta, lo que puede generar dudas sobre la independencia judicial o sobre la politización del órgano, especialmente si la designación se realiza mediante cuotas partidistas o acuerdos opacos entre fuerzas políticas.
Cuando sea firme la opinión del TC sobre la Ley de Amnistía, la mayoría el pueblo español sentirá rechazo sobre esta decisión, lo que supone dudas, descontento y sospechas que nada favorecen la actual forma de elección de los magistrados del TC y habrá que cambiar e el futuro si en realidad pensamos con la soberanía reside en el pueblo español (Art. 1.2 de la Constitución). Por que todas las cosas se pueden cambiar para mejor por voluntad de las mayorías.
Elecciones de jueces y magistrdos en México
En contraste, México se encuentra en las etapas iniciales de un experimento democrático sin precedentes: sustituir el modelo tradicional de designación de jueces por uno basado en la elección directa por parte de los ciudadanos. El próximo domingo, los mexicanos acudirán a las urnas para elegir a más de 2600 jueces y magistrados —desde la Suprema Corte hasta los tribunales locales— en lo que representa la primera fase de una reforma que pretende redefinir el equilibrio entre democracia e independencia judicial. Este proceso plantea la elección directa de la mitad del poder judicial, quedando la otra mitad para el año 2027.
Este modelo eleva ostensiblemente el valor democrático de las instituciones judiciales, ya que traslada el poder de designación directamente al electorado. Sin embargo, también genera interrogantes importantes: ¿puede mantenerse la imparcialidad y la independencia judicial cuando los jueces deben hacer campaña electoral? ¿Cómo evitar que intereses económicos o partidistas influyan en el proceso electoral de los jueces? ¿Están los ciudadanos preparados para evaluar a los candidatos judiciales con criterios técnicos y jurídicos?
Conclusión
En definitiva, el modelo parlamentario y el modelo de elección directa representan dos enfoques distintos sobre cómo garantizar la legitimidad y la eficacia del poder judicial. Mientras el primero privilegia la representación institucional y la experiencia técnica, el segundo apuesta por una democratización radical que busca empoderar al ciudadano común en todas las esferas del poder público, incluida la justicia. El caso mexicano se convierte así en un laboratorio político cuyo desarrollo será observado con atención en todo el mundo, pues pone a prueba los límites entre democracia participativa, independencia judicial y eficacia institucional.
Ramón Palmeral
NOTA
!!!!Eleccciones generales ya¡¡¡
