(Recopilacion de varias opiniones de politólogos y periodistas de diferentes medios digitales)
Cuando Mariano Rajoy anunció la aplicación del art 155 (sin otro margen para
maniobrar) y la elecciones autonómicas para el 21 D, una gran mayoría pensamos
que los catalanes inclinarían la balanza hacia los partidos constitucionalistas,
aunque parece ser que la agravio y la humillación, pueden más que la sensatez,
y se piensa en algunos sectores de encuentas que ganarán por mayoría los independentistas,
con lo que llevarían a Cataluña a un bucle de ciclón de hundimiento de la
economía, aún más de lo que ya estás después de que hoy en día 2.000 empresas han
cambiado sus sedes, y algunas no volverán más. La prosperidad va a entrar en un
bache o vaguada gráfica de depresión.
Incluiso, la huida y desprestigio de Puidemont y sus mentiras (con grave perjudio a su consellers encarcelado), no están provocando desgaste en quienes están afilando papeletas para introducirlas en urnas de verdad, de las que valen.
Que todo el mundo se tranquilice. Gane quien gane las elecciones, nada tiene
que pasar en este capítulo. Las elecciones no pueden servir ni servirán de
referéndum sobre la república catalana, ni siquiera si se pretendiera contabilizar
los votos a favor de la república. Serán unas elecciones autonómicas. Pero, la
posible victoria de los partidos independentistas el 21-D no les da derecho a
saltarse la Constitución. Podrán gobernar y, desde la legalidad, promover la
proclamación de la República impulsando la modificación de la Carta Magna. Pero
nada más.
No
habrá que elegir entre dos únicas opciones, como si fuera entre sí y no, porque
no habrá dos únicas opciones, como a algunos les gustaría. Al margen de lo que
hagan los tribunales, la salida al conflicto deberá ser, ahora sí, a partir de
las cuentas de votos que den las urnas y del diálogo político que se deduzca. Y
aquí sí que se la juega Rajoy, que es quien las ha convocado, por cierto, sin
mucha comprensión dentro de su partido.
Llevar
la independencia en el programa electoral es legítimo pero no lo es pretender
aplicar el programa a toda costa, incluida la utilización de medios ilegales.
Sólo se volvería a aplicar si la mayoría independentista quisiera otra vez
prescindir de la legislación constitucional española y declarar la
independencia, fuera inmediatamente o fuera en un plazo más lejano de la
legislatura.
A
primera vista, hay que decir que es difícil volver a repetir la historia. La
aplicación que ya se ha hecho del 155, concebido como una herramienta de
disolución de un gobierno y de un parlamento que se han situado fuera de la
ley, permite pensar que se puede volver a aplicar cuantas veces sea necesario
si se dan unas circunstancias similares. Parece bastante claro que esta
experiencia ha introducido ya una mutación en el Estado autonómico, de forma
que la falta de lealtad federal, cuando llega a un grado tan notable como es la
abolición de la vigencia de la Constitución -que tal ha sido el caso de las
leyes de desconexión aprobadas por el Parlamento los días 6 y 7 y septiembre-
puede ser castigada inmediatamente con el uso del 155 para enviar el gobierno y
el parlamento a su casa y convocar nuevas elecciones.
Con
su fuga a Bruselas, el expresident también se ha convertido en un
factor desestabilizador para partidos e instituciones, incluso internacionales.
El político, que siempre aseguró que se retiraría tras esta legislatura, quiere
volver a presentarse a las elecciones, hacerlo desde su autoproclamado exilio
y utilizar todas las herramientas para frenar la acción de la justicia.
Y es importante hacerlo porque el independentismo las ha situado en el mismo
plano, como si
Mariano Rajoy tuviera la capacidad de decidir
lo que han de hacer los jueces de la Audiencia y del Supremo. No sólo el
independentismo, también
Podemos
se ha situado en ese mismo nivel de estulticia al considerar a los
detenidos como “presos políticos”. No se juzgan ideas, perfectamente legítimas,
sino el reiterado incumplimiento de la ley de los encausados.
La dificultad para entenderse con los independentistas no proviene sólo de
que sus tesis contravienen la legalidad, sino de que no conciben un Estado en
el que funciona la separación de poderes. Lo vimos claramente en la rueda de
prensa de Puigdemont el pasado martes en Bruselas cuando reclamó garantías al
gobierno sobre “un juicio justo”.
La eventual victoria de los partidos independentistas en las elecciones
autonómicas del 21-D no les da derecho a vulnerar la Constitución.
El independentismo, noqueado tras la aplicación del 155, encuentra ahora una
causa potente a la que agarrarse para movilizar a los ciudadanos contra el
gobierno. Lo que se pone en marcha, a partir de ahora, es un auténtico pulso en
el que se va a comprobar no sólo la fuerza de las organizaciones de masas (ANC
y Òmnium), sino su disposición a mantener el movimiento en los cauces del
pacifismo.
A pocas semanas de las elecciones, ERC, el PDCat y la CUP disponen de un
argumento contundente para mantener la mayoría en el
Parlament.
“Madrid ya no sólo rechaza de plano la independencia, sino que suprime las
instituciones de la autonomía catalana y detiene a sus legítimos gobernantes”:
ya tienen hecha la campaña.
Ciudadanos, el PSC y el PP van a tener que aplicarse a fondo en la
pedagogía. Casi la mitad de la población en Cataluña va a estar dispuesta a tragarse
esa papilla argumental, aunque los promotores de la DUI le hayan engañado,
hayan provocado una enorme fractura social y, además, la salida de más de 2.000
empresas.
La labor tiene que comenzar por algo tan sencillo como explicar para qué
sirven unas elecciones autonómicas. El independentismo ha planteado el 21-D
claramente como un plebiscito sobre la independencia y la aplicación del 155.
Es decir, como una oportunidad para lograr la república por otros medios.
Cuando Puigdemont retó en Bruselas a Rajoy a aceptar el resultado de las
elecciones se estaba refiriendo justo a eso. Si ganan los independentistas, ya
no habrá duda de que la mayoría quiere la independencia y al Estado no le
quedará más remedio que aceptarla.
Pero, la posible victoria de los partidos independentistas el 21-D no les da
derecho a saltarse la Constitución. Podrán gobernar y, desde la legalidad,
promover la proclamación de la República impulsando la modificación de la Carta
Magna. Pero nada más.
La aplicación del 155 concluye, en efecto, el 21 de diciembre, pero si el
gobierno de la Generalitat repite la jugada, el gobierno estará obligado a
defender la unidad de España y la Constitución. No le quedará otra opción.
En
definitiva: el bloque constitucionalista sigue vigente y con la mirada puesta
en el 21 de diciembre. No debe ocultarse que en todo este planteamiento anímico
y político se da un sentimiento de cierta displicencia. Más aún al observar que
la respuesta mediática internacional a los encarcelamientos no ha sido aguda, quizás
amortiguada por la recepción hostil y caricaturizada a Carles Puigdemont en
Bruselas. Tampoco en la Moncloa se han registrado alertas de la Unión Europea,
que contempla este conflicto con expectación, preocupación y una cierta
ansiedad, pero sin cuestionar al Estado español y su legitimidad.
En
definitiva: el bloque constitucionalista sigue vigente y con la mirada puesta
en el 21 de diciembre. No debe ocultarse que en todo este planteamiento anímico
y político se da un sentimiento de cierta displicencia. Más aún al observar que
la respuesta mediática internacional a los encarcelamientos no ha sido aguda,
quizás amortiguada por la recepción hostil y caricaturizada a Carles Puigdemont
en Bruselas. Tampoco en la Moncloa se han registrado alertas de la Unión
Europea, que contempla este conflicto con expectación, preocupación y una
cierta ansiedad, pero sin cuestionar al Estado español y su legitimidad.
CONCLUSIÓN :
Pienso a esta altura del mes del 5 de noviembre, que para el 21 D los caltalanes, tendrán las ideas más claras, votarán lo que más les covenga.
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La
fuga de empresas en Cataluña continuó en
noviembre, pues el jueves, primer día laboral del mes, cambiaron su sede
social otras 84 compañías. Así, ya son 2.066 las empresas que se han
trasladado fuera de
Cataluña.
Según
El País, octubre cerró con el abandono de 1.982
empresas. Entre las jornadas con más salidas se encuentran el 27 de
octubre, cuando se celebró la
Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y se mudaron 140 empresas de golpe; el 19 de octubre, cuando el depuesto presidente de la Generalitat,
Carles Puigdemont, aclaró que la DUI continuaba suspendida y el gobierno avanzaba con la aplicación del
artículo 155 de la Constitución (se marcharon 268 compañías); y el día 9, cuando se fueron 212 debido al pleno que se celebró sobre la
independencia.
El Gobierno facilitó el proceso para realizar el cambio de sede de
las compañías aprobando un real decreto ley de medidas urgentes por el
que éstas pueden realizar un traslado de su sede social de forma exprés
sin tener que someterlo al
voto de los accionistas.
Entre las compañías que se han marchado se encuentran
Gas Natural (a Madrid),
Sabadell (a Alicante),
CaixaBank (a Valencia),
Abertis (a Madrid),
Pastas Gallo (a Córdoba),
Codorniu (a La Rioja),
Grupo Planeta (a Madrid),
Allianz Seguros (a Madrid), entre otras.
El ministro de Economía,
Luis de Guindos, ha afirmado que espera que las
empresas catalanas vuelvan, porque la aplicación de la legalidad “garantiza un entorno de tranquilidad y de normalidad”.
El ministro ha dicho que con la vuelta al
marco constitucional y la convocatoria de
elecciones autonómicas no hay ningún motivo para que las empresas dejen Cataluña, ni para la salida de depósitos ni para el
boicot a los productos catalanes. @mundiario
