Un reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, integrado en la investigación sobre la presunta trama corrupta del PSOE, revela una estrategia de captación de imputados clave según la cual Leire Díez habría propuesto pactos directos a investigados de alto perfil, entre ellos el excomisario José Manuel Villarejo. El atestado judicial describe cómo se prometían ventajas procesales y la evasión de la cárcel a cambio de dossiers incriminatorios contra rivales políticos de diversas formaciones, como el Partido Popular y Podemos, así como contra facciones internas del propio partido, como el PSOE andaluz de Susana Díaz.
Las pesquisas policiales se han topado con un indicio fundamental en el teléfono móvil intervenido a Díez, donde se hallaron ocho imágenes de un texto bautizado como «LD-Planteamientos», iniciales que la investigación vincula a la propia intermediaria. Los datos de GPS asociados a estos archivos sitúan la escena en la calle Gaztambide de Madrid, en las inmediaciones del domicilio de Santos Cerdán, exsecretario de Organización socialista, lo que levanta sospechas sobre su posible asistencia a la cita, mientras que la fecha de modificación de las fotos se sitúa el 26 de agosto de 2024, coincidiendo con los contactos entre Díez y Villarejo.
El plan de colaboración detallado por la UCO se dividía en dos etapas: una primera «Fase A», en la que el excomisario debía entregar un informe de inteligencia bautizado como «PS» —presuntamente ligado al presidente Pedro Sánchez— junto a un inventario de documentos disponibles a cambio de beneficios tangibles en sus procesos penales y compensaciones específicas; y una «Fase B» que contemplaba entregas progresivas de la documentación sensible detallada en un anexo. Dicho «Anexo I» fijaba la vista en un amplio espectro del panorama público e institucional, marcando como objetivos prioritarios a miembros del ámbito judicial y fiscal —con especial mención al fiscal Grinda—, al PSOE de Andalucía, al exsecretario de Estado Francisco Martínez, a periodistas como Inda y Urreiztieta, y a diversas estructuras de las fuerzas de seguridad del Estado, incluyendo a la Guardia Civil, la Policía Nacional y el CNI.
