Urgente reforma de la Ley de Vivienda
La esperanza del sector inmobiliario se centra ahora en una nueva iniciativa legislativa impulsada por el Partido Popular (PP). En marzo, el Congreso de los Diputados admitió a trámite una proposición de ley presentada por esta formación política en materia de vivienda y desarrollo urbanístico, que incluye además medidas orientadas a combatir el fenómeno de la ocupación ilegal de inmuebles.
La propuesta había sido previamente aprobada en el Senado gracias a la mayoría absoluta de la que dispone el PP en la Cámara Alta, aunque posteriormente permaneció bloqueada durante varios meses en el Congreso.
El texto plantea una profunda revisión del marco normativo urbanístico vigente mediante modificaciones en el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana y en la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Entre las principales novedades destaca la introducción del silencio administrativo positivo —con determinadas excepciones— para la concesión de licencias de obra nueva, con el objetivo de agilizar los procedimientos y reducir los retrasos burocráticos.
Asimismo, la iniciativa incorpora un nuevo artículo 22 bis que impediría que la falta de emisión de informes sectoriales dentro de los plazos establecidos paralice la tramitación de expedientes urbanísticos. En estos casos, los procedimientos podrían continuar su curso produciendo efectos favorables para los promotores, reforzando así la seguridad jurídica y la eficiencia administrativa.
Otro de los aspectos relevantes es la reformulación del régimen de invalidez de los actos administrativos y de los instrumentos de planeamiento urbanístico. La propuesta pretende que determinados defectos formales puedan ser subsanados y den lugar a la anulabilidad, en lugar de provocar automáticamente la nulidad de pleno derecho y el consiguiente efecto dominó sobre actuaciones posteriores.
Además, el PP propone limitar el ejercicio de la acción pública urbanística, restringiéndola a entidades jurídicas sin ánimo de lucro que cumplan determinados requisitos, así como acotar la impugnación indirecta de los instrumentos de planeamiento a un plazo máximo de cuatro años y exclusivamente por motivos de carácter material.
En términos generales, las medidas orientadas a facilitar el desarrollo de suelo urbanizable y a reducir los obstáculos administrativos son muy similares a las que anteriormente defendió el PSOE. Sin embargo, la proposición popular introduce también modificaciones sustanciales en la actual Ley de Vivienda, especialmente la eliminación de los límites a los precios del alquiler en las zonas declaradas tensionadas. Este punto constituye una de las principales diferencias entre ambos partidos y reduce significativamente las posibilidades de alcanzar un acuerdo político amplio para la aprobación de la reforma.
A los municipios no les interesa construir vivienda. Ese es el crudo diagnóstico que realizó ayer José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y uno de los mayores expertos inmobiliarios del país, para explicar por qué España no ha logrado incrementar su producción en los últimos años para reducir el déficit de 650.000 viviendas que arrastra y que está provocando una subida persistente de los precios.
