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El calificativo de "gafe" aplicado a Pedro Sánchez no es aquí un insulto, sino una forma de subrayar el mal fario que tiene, cómo su mandato ha coincidido con una serie de eventos adversos de gran calado: primero la pandemia de COVID-19, y ahora una severa crisis energética conocida ya como el “Gran apagón” del 28 de abril. El uso del término apunta a una especie de mala fortuna crónica que parece cebarse con su Gobierno en momentos decisivos.
En este contexto, la decisión del Ejecutivo de mantener el calendario de cierre progresivo de las centrales nucleares en España hasta 2032 vuelve a estar en el centro del debate. El informe de la Fundación Civismo, de orientación liberal y pronuclear, publicado el 30 de abril, lanza una advertencia contundente: eliminar la energía nuclear supondría un aumento del precio de la electricidad de hasta un 36%, un coste adicional de 8.000 millones de euros para los ciudadanos, y la pérdida de unos 30.000 empleos, muchos en zonas rurales donde sería difícil compensar esa pérdida. Además, las arcas públicas dejarían de ingresar alrededor de 1.000 millones de euros por impuestos vinculados al sector nuclear.
La reciente crisis energética ha puesto en evidencia algunas debilidades del sistema actual. Justo antes del colapso del 28 de abril, la generación eléctrica basada en fuentes tradicionales apenas alcanzaba el 16% del total, muy por debajo del umbral del 25-30% que los expertos consideran necesario para garantizar la estabilidad del sistema. Esto evidencia la fragilidad de un modelo excesivamente dependiente de las energías renovables, cuya generación está condicionada por el clima.
El precedente alemán, que el informe de Civismo rescata como un ejemplo negativo, sirve de advertencia. Allí, el cierre de las nucleares impulsado por Merkel se ha traducido en mayor uso de carbón y gas, incremento de emisiones y pérdida de autonomía energética. En España, donde también se busca reducir el uso de combustibles fósiles, el cierre de las nucleares, lejos de ayudar, podría forzar una dependencia aún mayor de estos mismos combustibles, afectando tanto a la soberanía energética como a los compromisos climáticos internacionales.
En definitiva, el “Gran apagón” no solo ha revelado vulnerabilidades técnicas y estratégicas en el sistema eléctrico español, sino que ha resucitado con fuerza el debate sobre el papel de la energía nuclear en la transición ecológica. En medio de esta tormenta energética y política, el Gobierno de Sánchez deberá decidir si se mantiene firme en sus planes o reabre la puerta a una prórroga de la vida útil de las centrales nucleares.
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La Bolsa castiga el gran apagón en España del lunes 28 de abril. No hay responsables.
Las acciones de Redeia, matriz de Red Eléctrica, caen más del 4% en la sesión bursátil de este viernes, y se mantienen así penalizadas en bolsa tras el apagón que sufrió la península ibérica el pasado lunes.
Media hora después de la apertura, los títulos de Redeia son los más bajistas de todo el mercado español al bajar el 4,49%, hasta los 17,67 euros por acción.
El operador eléctrico está en el foco del mercado después del inédito apagón del lunes. La compañía gestiona toda la red de transporte de energía eléctrica de alta tensión, y ayuda a pasar la electricidad generada en las distintas centrales o plantas hasta las subestaciones.
El pasado viernes, sus acciones cerraron a 19,14 euros, y actualmente cotizan en esos 17,67 euros.
El lunes, día del apagón, Redeia sumó un 0,73%, pero el martes ya cayó un 0,4% y el miércoles los títulos de la compañía sufrieron un retroceso del 3,65%, que llegó incluso a superar en algunos momentos del día el 5%.
Además, en el día de ayer, BlackRock, el mayor fondo de inversión privado del mundo, anunció que había deshecho parte de sus posiciones en el capital de Redeia, y ha pasado del 5,020%, al 4,992%, según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). De esta forma, pierde el puesto como segundo mayor accionista de la compañía que ahora recae sobre Amancio Ortega.
Redeia está participada en un 20% por el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y, ahora, el siguiente mayor accionista es Amancio Ortega, quien, a través de Pontegadea Inversiones, posee el 5% de la misma.
El inédito apagón del pasado lunes ha puesto el foco sobre Red Eléctrica y su matriz, Redeia, que gestionan 45.000 kilómetros de cable y centenares de subestaciones para transportar la electricidad de centrales a distribuidoras, pero que hasta esta semana eran grandes desconocidas para el consumidor.
