1. ¿Qué es esta operación inmobiliaria?
La operación se refiere a que el Ayuntamiento de Alicante ha cedido o puesto a disposición suelo público municipal ─es decir, parcelas propiedad del consistorio─ para que se construyan viviendas de protección oficial (VPO / VPP) en el marco del Plan Vive de la Generalitat Valenciana (un plan regional para aumentar la vivienda asequible).
Cómo funciona normalmente este tipo de operaciones:
-
El Ayuntamiento cede el suelo de su propiedad a la Generalitat (o a una entidad pública de vivienda) mediante un convenio.
La Generalitat o la entidad pública sacan a concurso la construcción de viviendas en ese suelo, a través de una colaboración público-privada (CPP), donde empresas constructoras desarrollan las obras.
Las viviendas resultantes deberían ser viviendas protegidas (con precios o alquileres limitados) destinadas a personas con rentas medias o bajas.
Este tipo de modelo se basa en que el suelo ya es público, así que el coste principal no es la tierra, sino la construcción real de pisos asequibles.
📍 2. ¿Qué ha pasado en Alicante y por qué hay polémica?
Lo que ha provocado la polémica no es solo que se ceda suelo público — eso es habitual en varios municipios — sino cómo se ha gestionado la promoción y adjudicación de las viviendas construidas.
🔎 Caso de La Condomina – Viviendas construidas en suelo público
-
En una promoción en La Condomina (zona cercana a la playa de San Juan), sobre suelo municipal cedido, se construyeron viviendas que deberían ser de protección pública.
El Ayuntamiento no participó directamente en el proceso de selección de adjudicatarios, según la versión oficial. Luis Barcala lo sabrá explicar en el Pleno.
⚠️ 3. ¿Cuál es el problema real?
La polémica viene por información sobre adjudicaciones que no habrían seguido criterios públicos claros:
🧾 Acusaciones e investigación
📌 Denuncia política y queja ante la fiscalía:
El PSOE local presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, acusando de posibles delitos en la adjudicación de pisos construidos sobre suelo municipal cedido, porque algunas viviendas construidas en suelo público habrían terminado en manos de funcionarios municipales o personas vinculadas al gobierno municipal.
Se ha señalado que cargos municipales y familiares — como concejales o hijos de altos cargos — habrían conseguido viviendas de esta promoción sin un proceso claro de selección abierto a la ciudadanía. 📌 Falta de transparencia:
No se publicó una lista pública con los criterios de selección ni con los beneficiarios, lo que ha generado sospechas de trato de favor. 📌 Renuncias y protestas:
En varios medios se informa de dimisiones o bajas políticas relacionadas con el caso, y el tema está siendo discutido incluso en comisiones y plenarios municipales.
🤷♂️ 4. ¿Por qué sucede esto si el objetivo es vivienda social?
Este problema no es tanto de ley o mecanismo legal en sí, sino de cómo se ha gestionado y aplicado ese mecanismo:
✅ Legalmente hay programas (como el Plan Vive) que permiten usar suelo público para construir viviendas protegidas con colaboración público-privada.
❌ El conflicto surge cuando, una vez construidas, las viviendas no se adjudican con transparencia o no son accesibles a quienes realmente las necesitan, sino que terminan con personas vinculadas al poder político o a empresas promotoras sin explicación pública clara.Esto, además de frustrar la función social de las viviendas, genera una sensación de injusticia entre familias en lista de espera o con dificultades para acceder a vivienda asequible.
📌 5. En resumen (claro y sencillo)
-
El Ayuntamiento cedió suelo municipal para construir viviendas protegidas dentro del Plan Vive.
Esto ha provocado denuncias, investigación fiscal y malestar social, porque se supone que esas viviendas deberían beneficiar a familias con menos recursos.
La regulación (Decreto 90/2009) establece que la municipalidad solo pone el suelo y concede licencias, y quien gestiona quién accede a las viviendas es la conselleria o cooperativa gestionadora, según esa normativa.
Esa cesión permite que un promotor o entidad construya viviendas que deberían ser de protección pública.
El problema viene porque la adjudicación de esas viviendas no ha sido transparente y varias han acabado en manos de personas vinculadas al Ayuntamiento o su entorno.
-------------------------
"El piso me lo enseñó un vecino de la dueña: 465.000 euros, de los que 235.000 en negro"
Algunas de las operaciones de compraventa traspasaron la pantalla y se materializaron en conversaciones con las agencias encargadas de la promoción de las viviendas. "El piso me lo enseñó un vecino de la dueña: eran 465.000 euros, 235.000 en negro" (si estos precios son de vivienda asequible que me lo explique), relataba a este diario una interesada en comprar uno de los inmuebles anunciados en la polémica promoción. "La inmibiliario me dijo que tenía que pagar 227.000 euros declarados y el resto, hasta 450.000, en negro. Le volví a preguntar y me respondió que si yo sabía dónde vivíamos y que esto era España", relata otro interesado que se puso en contacto con uno de los anuncios.
------------------------
La gestora de las VPP de Alicante sostiene que se descartó a compradores y niega anomalías
Responsables de Fraorgi sostienen que la adjudicación de los pisos se hizo conforme a ley entre los socios cooperativistas que aseguraron que cumplían los requisitos y que después era Vivienda quien los revisaba. Señalan que algunos interesados se retiraron y que conselleria rechazó a otros.
- El edificio de VPP de Residencial Les Naus, en Playa de San Juan.
- Foto: RAFA MOLINA
ALICANTE. De la negación, a la colaboración. Representantes de Fraorgi, la sociedad que actuó como entidad gestora de la cooperativa Residencial Les Naus, responsable de la construcción de las 140 viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada sobre un solar municipal de Playa de San Juan subastado entre 2018 y 2022, descartan la existencia de cualquier tipo de irregularidad en el desarrollo de esa urbanización, así como en la participación de los socios cooperativistas que adquirieron los pisos. "No hay nada que rascar; esto es un edificio de VPP de promoción privada impulsado por una cooperativa que adjudica los pisos entre sus socios, pero que nos pidan lo que necesiten", aseguran, a colación de las diligencias preliminares iniciadas por la Fiscalía, tras la acumulación de las tres denuncias presentadas en torno a ese proyecto: la del grupo municipal del PSOE; la del equipo de gobierno, del Partido Popular (PP); y la de la Conselleria de Vivienda.
En realidad, los representantes de dicha entidad incluso estarían interesados en que se requiera lo antes posible la documentación que se considere oportuna para que se realicen las comprobaciones correspondientes y se demuestre que el procedimiento se ha ajustado a ley "para que todo esto acabe". "Nos han metido en un lío por cuestiones políticas que nos está perjudicando", aseguran. "Nosotros no miramos si los socios podían ser hijos o primos de nadie, eso no lo podemos saber", añaden. Así, inciden en que, tras la experiencia de Residencial Les Naus, ya se ha desistido de la posibilidad de concurrir en otros procesos de subasta de suelo público para construir VPP, como la de dos parcelas municipales cedidas por el Ayuntamiento a la Generalitat en el marco del Plan Vive sobre las que se tenía interés en optar también en régimen de cooperativa. "Hemos dado órdenes a los proyectistas de que paralicen el diseño de las propuestas", señalan.
Eso sí, respecto al proyecto de la controversia, desarrollado en Playa de San Juan, apuntan que, a lo sumo, podría darse la circunstancia de que algún socio cooperativista no haya aportado toda la información requerida respecto a sus condiciones económicas, o respecto a la disponibilidad de otras propiedades, pero insisten en que "eso ya es una cuestión que no nos compete a nosotros, porque quien revisa todo eso es la propia Conselleria de Vivienda". Es más, las mismas fuentes explican que en el proceso de configuración del listado de socios compradores de los 140 pisos se descartó a algunos de los inscritos "porque al informarles de cuáles eran las condiciones, algunos dijeron que no las cumplían y se retiraron".
En total, según apuntan se sustituyó a cerca de 20 cooperativistas. "Hubo gente que nos pidió la baja porque se había trasladado a vivir a otro sitio, o porque sus condiciones habían cambiado a lo largo del proceso", explican. En todo caso, insistieron en que "nosotros no controlamos los datos de nadie, solo pedimos una declaración responsable en las que los socios asumían el compromiso de cumplir los requisitos, pero luego es la conselleria la que realiza las comprobaciones".
En este sentido, los responsables de Fraorgi consultados recalcan que, de hecho, hubo algún caso que quedó rechazado en ese proceso de supervisión por parte de Vivienda, "sobre el que se nos dijo que no se cumplía y entonces lo sustituimos por otros", con la particularidad de que, en ese momento, el nuevo socio "tenía que ponerse al día" igualando la cantidad que hubiese aportado el socio descartado, al que se le devolvía su propia aportación, según detallan. Así, una vez que se devolvían los contratos visados se procedía a la firma de las escrituras.
En concreto, la mayor parte de las escrituras -en torno a un centenar- se firmaron entre el 31 de julio y el 14 de agosto. Y prácticamente todas las restantes -salvo alguna excepción que se retrasó hasta noviembre- se firmaron entre septiembre y octubre. "Cerramos el año con las 140 viviendas entregadas", detallan las mismas fuentes. De este modo, gran parte de los socios compradores comenzaron a disponer de sus pisos a partir del pasado verano, "después de que se nos respondiese en el ayuntamiento que, al haber obtenido la certificación como VPP, no resultaba necesario que se expidiese la licencia de primera ocupación".
Zona verde y más plazo
De igual modo, indican que la promoción se desarrolló con las aportaciones de los socios compradores a precio de coste, por un importe medio de cerca de 215.000 euros, después de tener que sufrir el incremento del precio de los materiales como consecuencia de la demora en el proceso de subasta, que quedó suspendido en 2018 tras el registro de varias impugnaciones, y no se retomó hasta 2021, cuando el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) conminó a reactivar el proceso con las mismas condiciones tras admitir el recurso presentado por la propia cooperativa.
Al tiempo, explican que, a principios de 2025 se aprobaron modificaciones del contrato de adjudicación con el fin de que pudiesen cumplirse las condiciones del pliego, toda vez que se detectó que en el ordenamiento urbanístico municipal se delimitaba que en el solar subastado debía garantizarse que el 50% del espacio libre de edificación debía quedar reservado para zona verde, lo que llevó a reducir la superficie del vaso de la piscina. Además, también se acordó la ampliación del plazo para la finalización del proyecto, a la vista de los problemas de retraso que se produjeron como consecuencia de la escasez de mano de obra y del encarecimiento del precio del acero que obligó a reformular partes del proyecto para sustituirlo por el hormigón.
Por último, respecto a la posibilidad de que algunos de los socios compradores pudiesen estar tratando de vender las viviendas a través de portales inmobiliarios, recalcan, en primer término, que se trata de una opción contemplada por ley siempre que se cuente con autorización de la Conselleria de Vivienda, que es la que, además, marca el precio y las condiciones de venta. No obstante, insisten en que ese aspecto -y la posibilidad de que pudiese estar solicitándose pagos no declarados- escaparía a la posibilidad de control de la cooperativa, una vez entregadas las viviendas.
.............................................................
ALICANTE. El segundo informe de comprobación encargado por la Secretaría Autonómica de Vivienda sobre el visado de las 140 viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas en un solar situado en el distrito de Playa de San Juan subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 avanza con el hallazgo de anomalías adicionales. Se trata de la omisión de documentación de los compradores de los pisos de esa promoción, impulsada por la cooperativa Residencial Les Naus, a la hora de avalar que esos adquirientes sí cumplían las condiciones de renta establecidas para poder acceder a una VPP. Así lo ha apuntado este miércoles la propia vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, antes de participar en un encuentro con la Junta Directiva de CEV en Alicante.
Camarero ha detallado que, hasta el momento, esa segunda revisión de los visados ha permitido constatar que el técnico del departamento autonómico expedientado por visar de manera presuntamente fraudulenta el contrato de compra de una de esas viviendas por parte de su esposa se encargó de tramitar y supervisar el conjunto de los 140 contratos de las viviendas de Residencial Les Naus. En este sentido, ha señalado que tras la revisión de parte de esos expedientes, se ha detectado que en algunos de ellos no se analizaban los datos económicos de las parejas de los adquirientes.
La vicepresidenta ha incidido en que, en esos casos, concurría la misma supuesta anomalía hallada que en el caso de la propia esposa del funcionario expedientado, en la medida en que se hacía constar que existía separación de bienes para no computar los ingresos de los cónyuges, con lo que no quedaba constancia del nivel de renta del conjunto de la unidad familiar con el fin de no superar el límite máximo de 6,5 veces el IPREM. "En ese expediente, figuraban en separación de bienes y no se había aportado información respecto al cónyuge, que es el propio funcionario que acredita como válido ese visado", ha apuntado.
En esta línea, la vicepresidenta primera ha incidido en que su departamento actuó con contundencia respecto a ese técnico al tener constancia de la primera anomalía, lo que supuso la apertura de un expediente disciplinario con suspensión de empleo y sueldo, además del registro de una denuncia en Fiscalía contra él, que ya ha sido asumida junto a las interpuestas por el grupo municipal del PSOE y la presentada por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP). Camarero ha insistido de nuevo en que dicho técnico trabajaba en el departamento autonómico desde hacía años y que "había sido promocionado" durante la etapa del Consell del Botànic.
Y ha continuado explicando que, tras la revisión del resto de contratos, se ha podido determinar que en algunos de los expedientes "falta información". Según ha detallado, en algunos casos en los que el solicitante aseguraba estar en régimen de separación de bienes, faltaría información económica o de propiedades de los respectivos cónyuges, puesto que no se había aportado datos sobre sus rentas o no habían certificado que no tuviese otra vivienda en propiedad: otro de los requisitos que regula el acceso a una VPP. "Lo que hemos hecho ahora es solicitar a la Dirección Territorial para que, en esos casos, requiera de oficio la información que falta para comprobar si, efectivamente, esas personas reúnen las condiciones para poder comprar esa vivienda o no las reúne, y por tanto, los visados no están correctamente realizados", ha añadido.
Así, ha avanzado que, en función de cómo avancen esas averiguaciones, se dará traslado a la Fiscalía para contribuir al esclarecimiento de los hechos "caiga quien caiga para que la ley actúe en los supuestos en los que se haya podido cometer algún tipo de delito". Con todo, no ha llegado a precisar cuántos expedientes se encontrarían ahora en esa fase de solicitud de información adicional de oficio hasta poder cotejar esa nueva documentación requerida. "No queremos alarmar", ha dicho, facilitando una cifra de expedientes que podría variar si se comprueba con la nueva información que la solicitud es correcta.
Las viviendas con incumplimientos
¿Qué decisiones se prevé adoptar respecto a los casos en los que se haya producido un visado de manera incorrecta? Camarero ha indicado que es una circunstancia que "será la justicia la que lo deberá determinar", después de que se dé traslado del conjunto de expedientes en los que se constaten incumplimientos. "Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía; la justicia nos tendrá que decir qué pasos dar a partir de ahí", ha apuntado. Eso sí, ha señalado que, en principio, la Generalitat no tendría la capacidad de revocar esos contratos de adjudicación. "En este momento, lo desconocemos", ha dicho, para añadir que "nosotros no adjudicamos, por tanto, no podemos revocar un hecho que no hemos realizado nosotros", ha apuntado.
¿Se prevé adoptar algún tipo de medida respecto a los intentos de venta de los pisos de VPP de Residencial Les Naus que se han difundido a través de portales inmobiliarios? La vicepresidenta ha explicado que la venta o alquiler de una VPP es legal, siempre que se solicite una autorización previa a la conselleria. En este sentido, ha apuntado que se tiene constancia de un propietario que ha pedido esa autorización, aunque ha apuntado que su departamento tiene la posibilidad de ejercer el derecho de tanteo y retracto, y ese es el camino que se pretende emprender en ese caso y en otros posibles que puedan plantearse en el futuro. "No vamos a tolerar que haya ningún agujero y no vamos a permitir que se especule con una VPP", ha recalcado. Además, ha señalado que cualquier posible comprador de esos pisos también debe reunir los mismos requisitos establecidos para acceder a una VPP. "No podemos estar detrás de los portales inmobiliarios, pero cualquiera que quiera vender una VPP tiene que pedirnos autorización y, además, la tienen que vender con el mismo precio por el que la han comprado", ha abundado
