Los antidistubios callejeron son un boomerang contra el gobierno actual

 

Antifascismo radical, violencia callejera y el efecto boomerang para Pedro Sánchez

Los episodios de violencia callejera protagonizados por grupos radicales, incluidos sectores de la extrema izquierda que se presentan bajo la bandera del antifascismo, plantean una cuestión fundamental para la convivencia democrática en España: ¿hasta qué punto puede justificarse la violencia en nombre de una causa política? Los españoles queremos "orden y paz", valores que Sánchez y su afines no nos da, porque el problema de la vivienda y la carestía de la vida y de los combustibles es problema del Gobierno actual, no de la oposición.

Lo ocurrido en ciudades como A Coruña, Avilés y Barcelona, en los episodios a los que se viene haciendo referencia, merece un análisis serio y sin dobles raseros. Es necesario esclarecer qué sucedió, quiénes participaron, cuál fue la respuesta de las fuerzas de seguridad y qué responsabilidad corresponde a las autoridades. La defensa de una ideología, por legítima que sea dentro del marco democrático, no puede convertirse en una excusa para intimidar, agredir o alterar la convivencia. Los verdaderos fascistas falagista son los que saquean.

El problema aparece cuando el antifascismo deja de ser una defensa de la democracia frente a las ideologías totalitarias y se transforma, en determinados grupos radicales, en una justificación de la violencia contra quienes piensan de manera diferente. Combatir el fascismo no puede significar renunciar a los principios democráticos, ni mucho menos sustituir el debate político por la coacción en la calle. ¿Y no preguntamos quién los mueve y quien les paga?

También resulta legítimo preguntarse si existe un doble rasero político y mediático a la hora de condenar estos comportamientos. Cuando una autoridad condena con contundencia la violencia de un signo ideológico, pero guarda silencio ante episodios similares de signo contrario, se genera una percepción de parcialidad que erosiona la confianza de los ciudadanos. Ahora bien, para afirmar que existe una estrategia deliberada de tolerancia o una complicidad del Gobierno, hacen falta pruebas concretas, no solo sospechas o coincidencias políticas.

En este contexto, el Gobierno de Pedro Sánchez afronta un desafío político importante: demostrar que el Estado de derecho se aplica a todos por igual, con independencia de la ideología de quienes protagonizan los incidentes. La obligación de cualquier Ejecutivo democrático es garantizar la seguridad, proteger los derechos fundamentales y evitar que la violencia se convierta en un instrumento aceptable de confrontación política.

La política del doble rasero puede terminar produciendo un efecto boomerang. Si una parte de la ciudadanía llega a la conclusión de que determinados comportamientos violentos se toleran por razones ideológicas, la consecuencia puede ser una creciente desconfianza hacia las instituciones y hacia quienes las dirigen. Una política que pretende movilizar a unos sectores sociales puede terminar alejando a otros que, sin identificarse necesariamente con la derecha, exigen algo tan básico como seguridad, estabilidad y respeto a las normas.

Porque la mayoría de los ciudadanos quiere "orden y paz" poder vivir, trabajar, salir a la calle y expresar sus opiniones sin miedo a sufrir agresiones o intimidaciones. El orden público no es patrimonio de una ideología, del mismo modo que la paz social no puede depender de quién sea el responsable de los disturbios. Orden y libertad no son conceptos incompatibles: en una democracia, la seguridad debe servir precisamente para que todos puedan ejercer sus derechos.

Pedro Sánchez y cualquier otro responsable político deben tener presente esta realidad. La ciudadanía puede aceptar discrepancias ideológicas profundas, pero difícilmente confiará en unas instituciones que perciba como selectivas a la hora de condenar la violencia. La legitimidad democrática exige coherencia, transparencia y una aplicación imparcial de la ley.

En definitiva, el antifascismo no puede convertirse en una patente de corso, como tampoco puede serlo ninguna otra bandera política. La violencia debe condenarse por lo que es, no en función de quién la ejerce. Si el Gobierno no logra transmitir esa imparcialidad con hechos verificables, corre el riesgo de alimentar precisamente aquello que pretende evitar: una mayor polarización, el desgaste de la confianza pública y el rechazo de ciudadanos que reclaman, por encima de las trincheras partidistas, orden, paz y convivencia democrática.

Al presidente Pedro Sánchez no se le puede perdonar la invasión de Ceuta por parte de Marruecos

 

Al presidente Pedro Sánchez no se le puede perdonar la invasión de Ceuta: Repercusiones en la política europea y nacional sobre el acuerdo UE-Marruecos

 

La crisis migratoria de Ceuta de mayo de de 20121 y de julio de 2026 ha de desarrollarse desde la perspectiva de la responsabilidad del Gobierno español de Pedro Sánchez a quien no se puede votar en la urnas en las elecciones del próximo 29-N.

 La prevención de las entradas irregulares, el control de la frontera sur de Europa y la necesidad de reforzar los medios de seguridad fronteriza, ha sido nula, desastrosa. Para que el argumento tenga solidez, conviene distinguir entre los hechos ocurridos, las decisiones políticas adoptadas y las responsabilidades que puedan atribuirse al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

  El Mundo, 25 de octubre 2026

Miles de personas han acudido este domingo en Madrid a la llamada de las mujeres ceutíes, las caballas, en una manifestación para pedir que España no se olvide de la ciudad autónoma y de su situación tras la llegada masiva de migrantes a finales del pasado julio.

Antes de comenzar la marcha, a la que han acudido unos 30.000 manifestantes, según la Delegación del Gobierno, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que también ha asistido, ha cifrado en 15.000 los migrantes que aún permanecen en la ciudad, lo que representa el 20% de la población habitual de ese territorio.

Y no ha ahorrado críticas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que, según Vivas, "podía haber empleado todos los medios y capacidades para que Ceuta volviera inmediatamente a la normalidad y no lo hizo".

"Ceuta no entiende, y los españoles tampoco, que un presidente del Gobierno que estaba reconociendo que la integridad territorial de España había sido vulnerada, mientras decía esto se iba de vacaciones. Ceuta y España no entienden la sumisión a Marruecos", ha recalcado.

Mientras esta imágenes salen en televisión, salía otra de Pedro Sánchez haciendo footing con el ministro Carlos Cuerpo con una encinar virtual, porque Sánchez no pude salir de la Moncloa sin ser abucheado. La televisión tiene mucho poder de publicidad, pero la publicidad en arena, solo arena de dunas que se mueven de un lugar a otro. 

La crisis de Ceuta: una grave responsabilidad política del Gobierno de Pedro Sánchez

La entrada masiva de aproximadamente 80.000 personas procedentes de Marruecos en Ceuta, según las informaciones parlamentarias europeas de julio de 2026, ha vuelto a situar en el centro del debate la seguridad de las fronteras españolas y europeas. La magnitud de este episodio plantea interrogantes sobre la capacidad de anticipación de las autoridades, la cooperación con Marruecos y la eficacia de los mecanismos de protección fronteriza.

Desde una perspectiva crítica con el Gobierno de Pedro Sánchez, cabe sostener que una crisis de semejante dimensión exige examinar la responsabilidad política del Ejecutivo, especialmente en materia de prevención, inteligencia, planificación y respuesta ante emergencias fronterizas. Puesto que existió información previa pro parte de CNI, que el propio Ejecutivo niega con toda la jeta.

1. La prevención como obligación del Estado

La seguridad de las fronteras no puede depender exclusivamente de reaccionar cuando miles de personas ya han entrado en territorio español. Un Estado debe disponer de mecanismos de alerta temprana, vigilancia terrestre y marítima, coordinación entre los cuerpos de seguridad y planes de contingencia capaces de responder a movimientos masivos de personas.

La cuestión fundamental es si el Gobierno contaba con información suficiente para detectar el riesgo, si evaluó adecuadamente las señales de una posible entrada masiva y si movilizó los recursos necesarios con la anticipación debida. Si se demostrara que existían advertencias concretas que fueron ignoradas, sería legítimo exigir explicaciones y responsabilidades políticas. Y las urnas deben ser castigado. severamente. 

Es un presidente que no puede salir a la calle sin recibir insultos o pedradas en Paiporta. Hace los mítines de precampaña electoral en lugares cerrador rodeado por simpatizantes y alcaldes socialistas vendos en autobuses de de toda España.

2. La frontera sur de Europa necesita una protección eficaz

Ceuta no es únicamente una ciudad autónoma española: constituye uno de los puntos de entrada a la frontera exterior de la Unión Europea en el Norte de África. Por ello, su seguridad tiene una dimensión nacional y europea.

La respuesta no debe limitarse a levantar más barreras físicas. Es necesario combinar infraestructuras fronterizas resistentes, vigilancia tecnológica, medios humanos suficientes, controles marítimos y terrestres y una coordinación efectiva con las instituciones europeas.

El objetivo debe ser impedir las entradas irregulares masivas, preservar la integridad territorial y garantizar que las actuaciones de las autoridades respeten la legislación española, europea e internacional.

3. La dependencia de la cooperación con Marruecos

La experiencia de mayo de 2021 demuestra hasta qué punto la estabilidad fronteriza puede verse afectada por las relaciones diplomáticas con Rabat. En aquella ocasión, alrededor de 8.000 personas entraron en Ceuta en pocos días, en un contexto de fuerte tensión entre ambos países. El Parlamento Europeo señaló que las autoridades marroquíes habían relajado temporalmente los controles fronterizos.

Este antecedente plantea una cuestión estratégica: España necesita cooperar con Marruecos, pero también debe contar con capacidad operativa propia para responder cuando esa cooperación falla. La protección de una frontera europea no puede quedar expuesta a los cambios de una relación diplomática bilateral.

4. La responsabilidad política del Ejecutivo

El Gobierno tiene la obligación de explicar qué medidas preventivas adoptó, qué información recibió, cómo organizó los dispositivos de seguridad y qué fallos se produjeron, si los hubo. También debe informar de los recursos desplegados y de las medidas previstas para evitar que se repita una crisis de semejante magnitud.

La crítica política al Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez puede centrarse, por tanto, en una exigencia concreta: transparencia, evaluación independiente de los acontecimientos y rendición de cuentas. Atribuir negligencia en sentido jurídico, sin embargo, requeriría pruebas específicas sobre las obligaciones incumplidas y las decisiones tomadas.

5. Una política fronteriza firme, coordinada y compatible con el Estado de derecho

España necesita una política migratoria que combine el control efectivo de las fronteras con procedimientos legales claros, la lucha contra las redes de tráfico de personas, la cooperación internacional y la protección de quienes tengan derecho a solicitar asilo.

La firmeza fronteriza no exige renunciar a las garantías jurídicas. Exige que las normas se apliquen eficazmente, que las entradas irregulares se gestionen conforme a la ley y que las decisiones no se improvisen cuando la crisis ya ha estallado.

 

Contexto y postura del Parlamento Europeo

La postura del Parlamento Europeo respecto a las relaciones con el reino alauí se ha intensificado tras los acontecimientos en las ciudades autónomas y las fricciones en torno al marco comercial. Una resolución respaldada por grupos como el Partido Popular Europeo (PPE), Patriots, ECR y Renew subrayó que cualquier asociación con Marruecos debe fundamentarse en el respeto absoluto a la integridad territorial de los Estados miembros, catalogándolo como un principio innegociable del Derecho internacional.

Por su parte, formaciones como el PSOE votaron en contra de dicha resolución, evidenciando una división de criterios en la delegación española que también se reflejó en otras votaciones de carácter comercial.

El debate sobre los acuerdos comerciales y el sector agrario

Las tensiones geopolíticas coinciden con un momento crítico para la ratificación de acuerdos comerciales y los intereses del sector agrario nacional. Diversos sectores denuncian que la falta de reciprocidad y claridad en el origen de las producciones afecta la competitividad interna.

• Votaciones clave en Estrasburgo: Recientes iniciativas sobre el etiquetado de productos procedentes del Sáhara Occidental reflejaron una ajustada votación (359 votos a favor frente a los 360 necesarios para la mayoría absoluta). 
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  Conclusión

  La crisis de Ceuta obliga a plantear una pregunta esencial: ¿estaban las autoridades españolas preparadas para prevenir y gestionar una entrada masiva de esta magnitud?

  La responsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez debe examinarse a partir de su capacidad de anticipación, la preparación de los dispositivos de seguridad, la coordinación con Marruecos y la eficacia de su respuesta. Si se acreditara que hubo fallos evitables, sería legítimo exigir responsabilidades políticas.

  La protección de Ceuta y de la frontera sur europea requiere previsión, medios suficientes, cooperación internacional y una estrategia sostenida. La seguridad fronteriza no puede abordarse únicamente después de que se produzca una crisis: debe constituir una prioridad permanente del Estado.

Princesa de Asturias, Infanta Leonor en los Premios Principe de Asturias, dice: "Pero ante semejante caos..."

 

  Vivimos tiempos de descontento con un futuro con abundantes disturbios y enfrentamientos en la calles con robos en los comercios, ante la carestía de la vida en todos los conceptos. En España el posible cambio de gobierno hacia la derecha tras el 29-N augura una organización de huelgas y manifestaciones por parte de la ultra-izquierda, vivimos en un caos como dijo la Infanta Leonor:

 

 Fragmento de discurso de la Princesa de Asturias: 

 "Cómo mantener el entusiasmo en estos tiempos de desencanto social profundo, de descreimiento y desigualdades, de conflictos, extremismos, populismos, guerras tecnológicas, híbridas, realidades líquidas, realpolitik, amenazas, incertidumbre, todo amplificado además en las redes…, los números macroeconómicos y el coste de la vida… Tiempos también, no lo olvidemos, de esfuerzo y de trabajo callado de muchos, de perseguir la autenticidad frente a lo virtual, de debatir sobre el valor de la imperfección humana frente a la pretendida perfección de la máquina… Cómo afronta mi generación semejante complejidad. Cómo digerimos la velocidad y el desencanto, lo que muchos consideran falta de expectativas e imposibilidad de planear una vida, tener un buen trabajo, una casa… Pero ante semejante caos; desde aquí, hoy, en Oviedo, cómo puedo mostrarme ante ustedes sincera, ni ilusa ni apocalíptica, ni cínica ni dramática". 

 Leer el discurso completo de la Infanta Leonor en los Premios Príncipe de Asturias:

 https://www.larazon.es/cultura/discurso-princesa-asturias-jovenes-nos-hacemos-preguntas_202610236adb9ca71e66613d9f1ad63d.html

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 Cito a Marta Gallardo escribe en La Razón (24-10-2026)

"De París a Tirana, el malestar de una generación ha saltado a las calles. Ciudades de Grecia, Portugal, Albania, Francia, Italia e incluso España han sido testigos de una nueva ola de descontento joven que en algunos casos ha acabado derivando en disturbios y enfrentamientos con la policía. Más allá de lo llamativo de las imágenes, lo cierto es que la crispación social ha trascendido fronteras y cuenta con pilares comunes, como apunta a LA RAZÓN la socióloga italiana Ilaria Pitti: "Tienen sus propias particularidades locales, ya que las cuestiones que están en el centro de estas manifestaciones están arraigadas en contextos políticos y sociales nacionales. Al mismo tiempo, comparten algunas características importantes".

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Un mundo en crisis: de la pandemia a la incertidumbre global

Tenemos la sensación de que el mundo ha cambiado profundamente, sobre todo desde la pandemia de la COVID-19. Aquella tragedia sanitaria, que paralizó nuestras sociedades y puso al descubierto la fragilidad de nuestras economías, dejó tras de sí millones de víctimas, profundas heridas sociales y una incertidumbre que todavía no hemos conseguido superar. Pensábamos que, después de semejante desastre humanitario, la humanidad habría aprendido la importancia de la cooperación, la solidaridad y la defensa de la paz. Sin embargo, la realidad ha seguido un camino bien distinto.

A la pandemia le siguió la invasión rusa de Ucrania, una agresión contraria al derecho internacional que ha puesto de manifiesto las ambiciones imperialistas de Vladímir Putin. Europa volvió a enfrentarse al fantasma de la guerra, mientras las sanciones, el encarecimiento de la energía y la inestabilidad de los mercados agravaban las dificultades económicas de millones de personas. La guerra dejó de ser una realidad lejana para convertirse en una amenaza que afecta a nuestra seguridad, a nuestro bienestar y a nuestro futuro.

Cuando todavía no habíamos asimilado las consecuencias de aquella invasión, los ataques de Hamás contra Israel, el 7 de octubre de 2023, desencadenaron una nueva espiral de violencia. La respuesta militar del Gobierno de Benjamín Netanyahu devastó Gaza, provocando una catástrofe humanitaria de dimensiones estremecedoras, con miles de víctimas civiles, destrucción de viviendas e infraestructuras y millones de personas sometidas al desplazamiento, el hambre y la desesperación. Una vez más, la población civil se convirtió en la principal víctima de decisiones políticas y militares que parecen ignorar el valor de la vida humana.

Y, lejos de detenerse, la escalada de violencia se extendió a Irán. Los ataques contra territorio iraní y las operaciones militares dirigidas contra sus dirigentes, incluido el asesinato del ayatolá Alí Jamenei, agravaron la inestabilidad regional. A ello se sumaron los ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes, bajo la presidencia republicano (de derechas) de Donald Trump, y la creciente amenaza sobre el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte mundial de petróleo y gas. La posibilidad de que esta ruta quede bloqueada o seriamente interrumpida demuestra hasta qué punto un conflicto regional puede desencadenar consecuencias económicas de alcance planetario.

Porque las guerras nunca terminan en el campo de batalla. Sus efectos se extienden mucho más allá de las fronteras de los países enfrentados. Cuando se interrumpe el suministro energético, aumenta el precio de los combustibles; cuando se encarece la energía, suben los costes del transporte, de la producción industrial y de la agricultura; y cuando producir y distribuir alimentos resulta más caro, las consecuencias terminan repercutiendo en el precio de la cesta de la compra.

 Lo que se llama el efecto mariposa.

Así, una guerra que se libra a miles de kilómetros puede acabar afectando directamente a una familia que intenta llenar la nevera, a un trabajador que necesita el automóvil para desplazarse, a un pequeño empresario que no consigue afrontar sus facturas o a un jubilado que comprueba cómo su pensión pierde poder adquisitivo. La geopolítica, que a menudo parece reservada a los grandes dirigentes y a los expertos, termina entrando en nuestras casas a través de la factura de la luz, el precio de la gasolina y el coste de los alimentos. Lo que se llama el efecto mariposa.

Mientras tanto, las tensiones sociales se multiplican. Las protestas, los disturbios y el descontento que periódicamente sacuden ciudades europeas, incluida París, responden a realidades diversas y no pueden explicarse únicamente por el encarecimiento de la vida. Pero la precariedad, la desigualdad, la pérdida de poder adquisitivo y la desconfianza hacia las instituciones alimentan una sensación generalizada de frustración. Cuando las personas sienten que trabajan cada vez más para vivir cada vez peor, que sus expectativas se desvanecen y que nadie parece capaz de ofrecer soluciones, la cohesión social comienza a resquebrajarse.

Y aquí estamos nosotros, con el agua al cuello.

El líder del PP Feijóo reorganiza el equipo del PP para preparar la campaña electoral del 29-N

 

               (Feijóo y Mellado con su caballo de batalla LAU. creado por IA)

 

Feijóo reorganiza el equipo del PP para preparar la campaña electoral del 29-N

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha definido los principales puestos de su equipo de campaña para las elecciones previstas para el 29 de noviembre. Según fuentes de la formación, el secretario general del partido, Miguel Tellado, será el encargado de coordinar la estrategia electoral a nivel nacional.

Desde la dirección popular destacan la experiencia de Tellado en anteriores procesos electorales, especialmente durante su etapa en Galicia, donde dirigió las campañas de Feijóo en sus dos últimas convocatorias autonómicas. El partido subraya que en ambas ocasiones se mejoraron los resultados precedentes y se logró mantener la Presidencia de la Xunta.

La estructura electoral contará también con Marta Varela, jefa de Gabinete de Feijóo, que asumirá las funciones de directora adjunta de campaña. Por su parte, Ester Muñoz, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, será la encargada de comunicar y difundir los principales mensajes electorales, en coordinación con el portavoz nacional del partido, Borja Sémper.

La elaboración del programa electoral recaerá en Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial. Su cometido será articular las propuestas políticas con las que el PP concurrirá a los próximos comicios.

Feijóo trasladará oficialmente estas designaciones a la Junta Directiva Nacional, reunida en Madrid este jueves. El encuentro servirá también para preparar la organización del partido ante la cita electoral y reforzar la movilización de sus representantes y cargos públicos.

 

Ezcurra y Muñoz asumen nuevas responsabilidades

Los nombramientos sitúan a Alma Ezcurra y Ester Muñoz en dos áreas relevantes de la preparación electoral: la elaboración del programa y la comunicación de campaña, respectivamente.

Con esta distribución de funciones, la dirección del PP establece un equipo que combina la coordinación política de Miguel Tellado con la planificación programática y la difusión del mensaje electoral. La decisión forma parte de los preparativos de Feijóo para organizar la actividad del partido de cara a las elecciones del 29 de noviembre.

 

El caballo de batalla de PP es la Ley de Arrendamiento Urbanos 

 

El problema de la vivienda y la propuesta de reforma inmobiliaria

. El diagnóstico: Ocho años de políticas socialistas y tensión de mercado

Tras ocho años de gobierno socialista, el acceso a la vivienda se ha consolidado como uno de los principales focos de tensión social y económica en España. Durante este ciclo político, el precio medio de compra de vivienda se ha incrementado significativamente —alcanzando repuntes de hasta el 50 % en diversas regiones geopolíticamente clave y en áreas metropolitanas—, lo que ha cerrado el paso a jóvenes y familias de rentas medias al mercado de propiedad.

Paralelamente, el parque de alquiler de larga estancia ha sufrido una contracción drástica. La implantación de límites de precios, topes a la actualización de rentas y trabas administrativas asociadas a la última Ley de Vivienda han desplazado una parte sustancial del parque inmobiliario hacia el alquiler vacacional, el arrendamiento de temporada o directamente hacia el cierre por prudencia de los propietarios.

 . El "caballo de batalla" del Partido Popular: Las propuestas clave

Frente a esta situación, la vivienda se ha erigido en el eje central de la alternativa política del Partido Popular (PP), articulada a través de un plan integral orientado a reactivar la oferta y devolver garantías jurídicas al sector:

 Reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y Ley Antiokupación:

• Devolución del equilibrio contractual en la LAU, aportando certezas y garantías al arrendador frente a los impagos recurribles.

• Promoción de una normativa específica de desalojo expres en un plazo de 24 a 48 horas en casos de usurpación o allanamiento.

• Endurecimiento de las penas contra mafias de okupación y la prohibición del empadronamiento ilegal en viviendas ocupadas.

La democracia se sostiente en la capacida del ciudadano en poder cambiar al poder gobernante.

 

                          (Sánchez entregando el poder. creado por IA)

Por higiene democrática, es necesario renovar el poder político, es decir al ejecutivo. Cambiar a Pedro Sánchez

Por higiene democrática, considero que un presidente del Gobierno como Pedro Sánchez, después de ocho años al frente del Ejecutivo, debería dar paso a otras fuerzas políticas y permitir una renovación en la dirección del país. No se puede enquistar en la Moncloa, porque se sabe el dogma popular que "El poder corrompe". Sánchez se afana al poder porque tiene muchos frentes abiertos en la Justicia. Y además, no es muy partidario de la democracia, el papel autócrata le viene muy bien.

La democracia no consiste únicamente en celebrar elecciones, sino también en garantizar la alternancia política, la renovación de los liderazgos y la existencia de controles efectivos sobre quienes ejercen el poder. Gobernar durante un periodo prolongado no convierte automáticamente a un dirigente en un dictador, pero la concentración del poder, el debilitamiento de los contrapesos institucionales y la falta de renovación pueden generar riesgos para la calidad democrática.

España conoce demasiado bien las consecuencias de vivir bajo un régimen autoritario. Durante casi cuarenta años, nuestro país sufrió una dictadura de Franco que privó a los ciudadanos de libertades fundamentales y de la posibilidad de elegir libremente a sus gobernantes. Precisamente por esa experiencia histórica, debemos valorar y proteger nuestra democracia, evitando cualquier tendencia que pueda debilitar sus principios esenciales.

La alternancia política permite que nuevas ideas, otros equipos y diferentes proyectos de país puedan someterse al juicio de los ciudadanos. También favorece la rendición de cuentas y recuerda a quienes gobiernan que el poder no les pertenece: es una responsabilidad temporal que reciben de la ciudadanía.

Por supuesto, la decisión de quién debe gobernar corresponde exclusivamente a los españoles a través de las urnas. Ningún presidente tiene la obligación democrática de abandonar el cargo simplemente por llevar muchos años gobernando, siempre que conserve la confianza parlamentaria y respete la Constitución y las reglas democráticas. Del mismo modo, ningún partido tiene garantizado el derecho a permanecer indefinidamente en el poder.

La verdadera higiene democrática consiste en aceptar que ningún gobernante es imprescindible, que ninguna fuerza política es propietaria del Estado y que la alternancia debe ser siempre una posibilidad real. Recordar nuestro pasado no significa equiparar automáticamente la España actual con la dictadura franquista, sino comprender por qué debemos defender, día tras día, las libertades, la separación de poderes y el respeto a la voluntad de los ciudadanos.

Porque la democracia se fortalece cuando el poder puede cambiar de manos pacíficamente, cuando las instituciones funcionan con independencia y cuando todos los gobernantes saben que, llegado el momento, deben rendir cuentas ante los ciudadanos.

 

Ramón Palmeral

Nuevo Impuslo.net de  Alicante 

Estadisticas: Viviendas de protección social vendidas a fondos de inversión "buitres" por el ayuntamiento de Madrid entre 2012 y 2013

 

En estos tiempo de elecciones se habla mucho de viviendas.

En España, el traspaso masivo de viviendas públicas o de protección social a fondos de inversión privados (comúnmente denominados "fondos buitre") se concentró principalmente durante los años posteriores a la crisis financiera de 2008, teniendo su pico entre los años 2012 y 2013.

Aunque no existe una única cifra oficial consolidada a nivel nacional para todas las comunidades autónomas, el volumen total de viviendas sociales vendidas a estos fondos se sitúa en aproximadamente entre 5.000 y 6.000 viviendas protegidas/públicas.

Las dos operaciones principales que concentraron la práctica totalidad de estas transacciones ocurrieron en la Comunidad de Madrid:

1. Venta de viviendas de la EMVS (Ayuntamiento de Madrid) – 2013

• Número de viviendas: 1.860 viviendas protegidas (junto con trasteros y plazas de garaje).

• Comprador: El fondo Fidere (filial en España de Blackstone)En España no existe un registro oficial único y centralizado que contabilice la totalidad de las viviendas sociales vendidas a fondos de inversión (populares y coloquialmente conocidos como "fondos buitre"). Sin embargo, a través de resoluciones judiciales, informes de comisiones de investigación y datos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), se calcula que entre 2011 y 2015 se vendieron más de 8.000 viviendas públicas o de protección oficial a fondos de inversión.

La inmensa mayoría de estas operaciones se concentraron en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, coincidiendo con los años posteriores a la crisis inmobiliaria de 2008.

Principales operaciones registradas

1. Venta del IVIMA (Comunidad de Madrid) – 2013

• Número de viviendas: 2.935 viviendas públicas (junto con garajes, trasteros y locales).

• Comprador: Goldman Sachs (a través del fondo Azora).

• Importe de la venta: 201 millones de euros.

• Situación judicial: En 2018 y 2020, la Justicia anuló definitivamente esta venta al considerar que no estaba justificada la falta de necesidad pública para vender las viviendas y que se vulneraron los derechos de los inquilinos. Las viviendas tuvieron que ser restituidas al patrimonio público regional.

2. Venta de la EMVS (Ayuntamiento de Madrid) – 2013

• Número de viviendas: 1.860 viviendas protegidas.

• Comprador: Fidere (filial del fondo norteamericano Blackstone).

• Importe de la venta: 128,5 millones de euros.

• Situación judicial: La venta fue objeto de un largo litigio administrativo y penal. Aunque el Tribunal Cuentas revocó en 2019 una condena inicial a los antiguos gestores, la operación fue fuertemente censurada social y políticamente, dejando a cientos de familias con subidas drásticas de alquileres o procesos de desahucio.

3. Carteras de bancos rescatados (SAREB y cajas)

A estas cifras del sector público directo se suman decenas de miles de viviendas protegidas o de alquiler social no garantizado que estaban en manos de cajas de ahorros rescatadas con dinero público (o transferidas a la SAREB). Estas carteras de créditos hipotecarios y activos Inmobiliarios fueron vendidas en bloque a grandes fondos (como Blackstone, Cerberus, Lone Star o Centerbridge) entre 2012 y 2018.

Impacto y consecuencias clave

• Pérdida de parque público: España partía de uno de los porcentajes de vivienda social más bajos de la Unión Europea (alrededor del 1,5% al 2%, frente a la media europea del 9%). Estas ventas redujeron aún más el parque público en el momento de mayor vulnerabilidad social.

• Jurisprudencia: Las sentencias judiciales en torno a la venta del IVIMA sentaron un precedente histórico en España, determinando que la vivienda pública no puede enajenarse a entes privados si no se demuestra formalmente que ha dejado de cumplir su función social.

Se le ve a Sánchez dispuesto a hacer lo que sea para ganar la elecciones. "No habrá paz en las calles de Madrid" dice Bergerot en la Asamblea de Madrid.

 

Somos de la opinión de que Pedro Sánchez, candidato socialista a las elecciones del 29 de noviembre, está dispuesto a hacer cualquier cosa para ganar las elecciones, por el método maquiavélico que sea: "el fin justifica de los medios".  Porque históricamente los socialistas tiene muy mal perder, como se vio en las elecciones del 34 que armaron la revolución de octubre con Largo Caballero a la cabeza. Todos los ciudadanos tiene derecho a expresar su opinión, pero sin amenazas ni violencia,

 Al parecer, para algunos políticos, la coherencia es un lujo prescindible y los principios una mercancía que se puede poner en oferta cuando las encuestas no acompañan. Todo vale, siempre que sirva para conservar el poder: hoy se defiende una cosa, mañana la contraria y pasado mañana se asegura, con la mayor solemnidad del mundo, que nunca se dijo lo que todo el mundo escuchó. ¡Qué prodigio de flexibilidad moral! Maquiavelo, de contemplar semejante espectáculo, quizá pediría derechos de autor por aquello de que «el fin justifica los medios».

De momento Sánchez se ha tirado un disparo al pie, con la movilización de la calle con la protesta por la vivienda, por su mala gestión durante estos últimos años. A estos le sigue las protestas de los docentes, luego llegará una Huelga General del 11-M, que como será un fracaso, movilizará a los violentos, para que como en Francia quemen coches y saquen comercios. Sánchez sigue las consignas Es la idea Zapatero de movilizar la calles. "No habrá paz en las calles" dice Bergerot en la Asamblea de Madrid.

Frente a esta estrategia de movilizaciones, el dirigente de Vox ha defendido que su partido también está dispuesto a actuar para proteger al país. Y aquí comienza otra parte del espectáculo: porque, cuando los políticos anuncian que van a salvar España, conviene preguntarles de qué, de quién y, sobre todo, con qué medidas concretas. Las grandes declaraciones patrióticas quedan muy bien ante los micrófonos, pero los ciudadanos necesitan algo más que discursos grandilocuentes y promesas envueltas en papel de celofán.

En su mensaje, el líder de Vox ha afirmado que su formación actuará con responsabilidad y visión de Estado para defender la libertad de España. Asimismo, ha insistido en que el país no debe quedar supeditado a Sánchez ni a las personas que lo respaldan políticamente. En este sentido, ha trasladado a sus seguidores un mensaje de calma, responsabilidad y compromiso.

Por otro lado, Abascal se ha referido a la ley de nietos y ha asegurado que Vox ya logró frenar en el Tribunal Supremo lo que considera un intento de alterar el proceso electoral. El dirigente ha advertido de que su partido estará preparado ante posibles nuevas situaciones similares. Además es posible que los dirigentes de Correos hagan alguna de las suyas, como entregar sobres vacíos en las mesas electores.

Ha apelado a la movilización electoral pacífica y ha animado a los ciudadanos descontentos con el Gobierno a acudir masivamente a las urnas. En su opinión, la participación será fundamental para hacer frente a las actuaciones que atribuye al presidente del Ejecutivo.

Los Españoles no hayamos en un momento histórico crucial, es decir en una bifurcación, para saber qué lado político tomar.  

A la izquierda y a los que están a la izquierda de la izquierda "Les huele el culo a pólvora".

 

El culo le huela a pólvora

Crónica con ironía ante las elecciones generales del 29-N

Ramón Palmeral

Nuevo Impulso.net 

Hay días en que la Puerta del Sol huele a historia de los austrias, a churros madrileños recién hechos, a bocadillos de calamares o a unas orejas a la brasa,  o a ese "perfume a huida" inconfundible de la política cuando empieza a ponerse nerviosa. Estos días, sin embargo, parece desprender un tufo distinto: una mezcla de pólvora, sudor, orines y "mierda", y a políticos con promesas caducadas. Y es que, ante la perspectiva de las elecciones generales del 29-N, a más de un dirigente de la izquierda y de la izquierda de la izquierda (Frente Amplio y Podemos)  parece que «le huele el culo a pólvora». Porque están a punto de salir escopetados, por el cañón por donde entraron.

No es para menos. Quienes llegaron al poder el 23-J y se instalaron en él con una habilidad parlamentaria que sus adversarios califican de ilegítima —aunque la legitimidad jurídica de un Gobierno no se determina por los calificativos de sus rivales— empiezan a percibir que el suelo puede abrirse bajo sus pies. Y cuando el poder amenaza con escaparse, hasta los más firmes defensores de la resistencia descubren una repentina afición por las salidas de emergencia y el "sálvese quien pueda".

Mientras tanto, en la Puerta del Sol se alzan las voces de quienes reclaman viviendas. Lo hacen con toda la razón de quien necesita un techo, porque el problema de la vivienda no se resuelve con discursos ni decretos, ni se paga el alquiler con eslóganes. Pero la ironía aparece cuando las protestas se dirigen contra un sistema en el que los propios gobernantes de la izquierda han permitido, durante años, una creciente presencia de fondos de inversión que sus críticos bautizan como fondos «buitre» o "carroñeros". La acampada parece molestar más a Almeida y Ayuso que, a Sánchez.

Ahora resulta que el monstruo "buitre" tiene accionistas, domicilio fiscal y, por supuesto, abogados. Y que echarlo del mercado inmobiliario es bastante más complicado que convocar una manifestación y reclamar una Huelga General a los sindicatos "chupócteros". Los fondos no se marchan porque un portavoz pronuncie una consigna, ni devuelven el sonar de las llaves porque una pancarta les recuerde que la vivienda es un derecho. El capitalismo financiero, tan dócil en los discursos electorales como indómito en los balances, no suele dejarse desalojar por aclamación popular.

Así que la izquierda se encuentra ante una paradoja de manual: denuncia las consecuencias de un mercado que no ha sabido corregir y reclama soluciones a un problema en el que también pesan sus propias decisiones. La pregunta incómoda no es quién grita más alto, sino quién ha hecho qué, quién ha dejado de hacerlo y por qué, después de tantos años de promesas de construcción de viviendas (5.000, 100.000, 200.000), tantos ciudadanos siguen sin poder permitirse una vivienda.

Y en medio de este escenario, la acampada en la Puerta del Sol añade otra dimensión al conflicto. El espacio público es de todos y la protesta constituye un derecho fundamental, pero eso no convierte cualquier ocupación en una actividad exenta de obligaciones. La limpieza, los servicios higiénicos, la gestión de residuos y las condiciones sanitarias deben estar garantizados para evitar epidemias. Reclamar vivienda no exige renunciar a la higiene, del mismo modo que exigir orden no obliga a silenciar las reivindicaciones sociales. Si existen riesgos sanitarios reales, corresponde a las autoridades sanitarias (municipales, autonómica y estatal) evaluarlos y actuar con criterios objetivos, no convertirlos en munición partidista.

Porque la política de Sánchez consiste:  Si hay suciedad, la culpa es del adversario; si falta vivienda, la culpa es del mercado; si el mercado no responde, la culpa es de los fondos; y si las promesas no se cumplen, siempre queda la posibilidad de convocar otra protesta contra la oposición que no gobiernan.

La guinda del pastel sería una huelga general anunciada para el 11 de noviembre contra la oposición. Una huelga contra quienes no gobiernan, como si la oposición tuviera en sus manos el BOE, los ministerios y las competencias del Ejecutivo. La iniciativa parece una de esas piruetas dialécticas en las que el objetivo no es tanto solucionar un problema como encontrar a quién endosárselo.

Si la convocatoria llega a celebrarse en esos términos, su éxito dependerá de la participación real, de las reivindicaciones y del respaldo social, no de las expectativas de sus promotores ni de los pronósticos de sus detractores. Darla por fracasada de antemano sería caer en el mismo vicio que se pretende denunciar: confundir el deseo con la realidad. Pero estoy seguro que es un fracaso.

Entretanto, la pólvora política sigue acumulándose. Cada declaración pretende apagar un incendio y acaba echando más leña al fuego. Los dirigentes miran las encuestas, los adversarios afilan sus argumentos y los ciudadanos observan el espectáculo con esa mezcla de cansancio y escepticismo que produce escuchar las mismas promesas mientras la cuenta bancaria adelgaza y el alquiler engorda.

Tal vez por eso la Puerta del Sol se ha convertido en el escenario perfecto para esta tragicomedia nacional esperpéntica a los Valle-Inclán. Allí confluyen la protesta, la propaganda y el miedo a perder el poder. Allí se reclama vivienda mientras se discute quién debe responder por su carestía. Allí se invoca la justicia social, se denuncian los excesos del mercado y se preparan nuevas batallas electorales, en asambleas.

Y, por encima de todo, allí flota esa pregunta que nadie quiere responder demasiado alto: ¿quién acabará pagando la factura?

Porque, cuando se acerca una cita electoral, los políticos pueden permitirse muchas cosas: cambiar de discurso, descubrir problemas que antes no veían y prometer soluciones que quizá nunca lleguen. Lo que resulta más difícil es esconder indefinidamente el olor de los asuntos pendientes.

Y si a algunos ya les huele el culo a pólvora, quizá no sea porque el cañón esté cargado, sino porque empiezan a escuchar el ruido de una ciudadanía que, harta de fuegos artificiales, quiere saber quién encendió la mecha y quién tendrá que apagar el incendio.

En política, como en los viejos espectáculos pirotécnicos, siempre hay quien enciende la mecha, quien vende las entradas y quien termina recogiendo los restos. La diferencia es que, en esta función, la factura suele llegar al contribuyente.

Nuevo Impulso.net 

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Nota de Prensa:

Los sindicatos de Metro desmienten a Ayuso y niegan haber pedido el cierre de la estación de Sol por “insalubridad”

• La presidenta ordenó la clausura de las instalaciones al mediodía del viernes acusando a los acampados de haber provocado la suciedad, pero Renfe ha mantenido abierto el servicio al no detectar ningún problema. Delegación del Gobierno pide explicaciones ante el cierre no programado

• — Ayuso cierra la estación de Sol por la “insalubridad” de la acampada pero Renfe niega problemas

 

 

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Vista general de la acampada en la Puerta del Sol Europa Press

Diego Casado

Madrid —

16 de octubre de 2026 14:40 h

Actualizado el 16/10/2026 15:51 h

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“Lo han solicitado desde prevención de riesgos laborales y los sindicatos”, aseguró esta mañana la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso para justificar el cierre improvisado de la estación de Metro de Madrid en la Puerta del Sol. Lo afirmaba durante una entrevista con Jiménez Losantos en Esradio, en la que informaba de la clausura, sin detallar la hora en la que se produciría. “Hay condiciones de insalubridad dentro”, remarcaba.

Pero esta clausura no había sido solicitada por los sindicatos, según afirma el Comité de Empresa de Metro de Madrid en una comunicación a la que ha tenido acceso este periódico. “Desde las Secciones Sindicales de CCOO, UGT y Solidaridad Obrera de Metro de Madrid, queremos desmentir las palabras de la señora Isabel Díaz Ayuso y dejar claro que los sindicatos no hemos sido quienes hemos solicitado el cierre de la estación de Sol”, dicen en un comunicado sellado por todas las organizaciones.