Algunas
de las operaciones de compraventa traspasaron la pantalla y se
materializaron en conversaciones con las agencias encargadas de la
promoción de las viviendas. "El piso me lo enseñó un vecino de la dueña:
eran 465.000 euros, 235.000 en negro" (si estos precios son de vivienda asequible que me lo explique), relataba a este diario una
interesada en comprar uno de los inmuebles anunciados en la polémica
promoción. "La inmibiliario me dijo que tenía que pagar 227.000 euros
declarados y el resto, hasta 450.000, en negro. Le volví a preguntar y
me respondió que si yo sabía dónde vivíamos y que esto era España",
relata otro interesado que se puso en contacto con uno de los anuncios.
ALICANTE. De la negación, a la colaboración. Representantes de Fraorgi, la sociedad que actuó como entidad gestora de la cooperativa Residencial Les Naus,
responsable de la construcción de las 140 viviendas de protección
pública (VPP) de iniciativa privada sobre un solar municipal de Playa de
San Juan subastado entre 2018 y 2022, descartan la existencia
de cualquier tipo de irregularidad en el desarrollo de esa urbanización,
así como en la participación de los socios cooperativistas que
adquirieron los pisos. "No hay nada que rascar; esto es un edificio de VPP de promoción privada impulsado por una cooperativa que adjudica los pisos entre sus socios, pero
que nos pidan lo que necesiten", aseguran, a colación de las
diligencias preliminares iniciadas por la Fiscalía, tras la acumulación
de las tres denuncias presentadas en torno a ese proyecto: la del grupo municipal del PSOE; la del equipo de gobierno, del Partido Popular (PP); y la de la Conselleria de Vivienda.
En realidad, los representantes de dicha entidad incluso estarían
interesados en que se requiera lo antes posible la documentación que se
considere oportuna para que se realicen las comprobaciones
correspondientes y se demuestre que el procedimiento se ha ajustado a ley "para que todo esto acabe".
"Nos han metido en un lío por cuestiones políticas que nos está
perjudicando", aseguran. "Nosotros no miramos si los socios podían ser
hijos o primos de nadie, eso no lo podemos saber", añaden. Así, inciden
en que, tras la experiencia de Residencial Les Naus, ya se ha desistido de la posibilidad de concurrir en otros procesos de subasta de suelo público para construir VPP, como la de dos parcelas municipales cedidas por el Ayuntamiento a la Generalitat en el marco del Plan Vive sobre
las que se tenía interés en optar también en régimen de
cooperativa. "Hemos dado órdenes a los proyectistas de que paralicen el
diseño de las propuestas", señalan.
Eso sí, respecto al proyecto de la controversia, desarrollado en Playa de San Juan, apuntan que, a lo sumo, podría
darse la circunstancia de que algún socio cooperativista no haya
aportado toda la información requerida respecto a sus condiciones
económicas, o respecto a la disponibilidad de otras propiedades, pero
insisten en que "eso ya es una cuestión que no nos compete a nosotros,
porque quien revisa todo eso es la propia Conselleria de Vivienda". Es
más, las mismas fuentes explican que en el proceso de configuración del
listado de socios compradores de los 140 pisos se descartó a
algunos de los inscritos "porque al informarles de cuáles eran las
condiciones, algunos dijeron que no las cumplían y se retiraron".
En total, según apuntan se sustituyó a cerca de 20 cooperativistas.
"Hubo gente que nos pidió la baja porque se había trasladado a vivir a
otro sitio, o porque sus condiciones habían cambiado a lo largo del
proceso", explican. En todo caso, insistieron en que "nosotros no
controlamos los datos de nadie, solo pedimos una declaración
responsable en las que los socios asumían el compromiso de cumplir los
requisitos, pero luego es la conselleria la que realiza las
comprobaciones".
En este sentido, los responsables de Fraorgi consultados recalcan que, de hecho, hubo
algún caso que quedó rechazado en ese proceso de supervisión por parte
de Vivienda, "sobre el que se nos dijo que no se cumplía y entonces lo
sustituimos por otros", con la particularidad de que, en ese
momento, el nuevo socio "tenía que ponerse al día" igualando la cantidad
que hubiese aportado el socio descartado, al que se le devolvía su
propia aportación, según detallan. Así, una vez que se devolvían los
contratos visados se procedía a la firma de las escrituras.
En concreto, la mayor parte de las escrituras -en torno a un centenar- se firmaron entre el 31 de julio y el 14 de agosto.
Y prácticamente todas las restantes -salvo alguna excepción que se
retrasó hasta noviembre- se firmaron entre septiembre y octubre.
"Cerramos el año con las 140 viviendas entregadas", detallan las mismas
fuentes. De este modo, gran parte de los socios compradores comenzaron a disponer de sus pisos a partir del pasado verano,
"después de que se nos respondiese en el ayuntamiento que, al haber
obtenido la certificación como VPP, no resultaba necesario que se
expidiese la licencia de primera ocupación".
Zona verde y más plazo
De igual modo, indican que la
promoción se desarrolló con las aportaciones de los socios compradores a
precio de coste, por un importe medio de cerca de 215.000 euros,
después de tener que sufrir el incremento del precio de los materiales
como consecuencia de la demora en el proceso de subasta, que quedó
suspendido en 2018 tras el registro de varias impugnaciones, y no se retomó hasta 2021, cuando el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) conminó a reactivar el proceso con las mismas condiciones tras admitir el recurso presentado por la propia cooperativa.
Al tiempo, explican que, a principios
de 2025 se aprobaron modificaciones del contrato de adjudicación con el
fin de que pudiesen cumplirse las condiciones del pliego, toda vez que
se detectó que en el ordenamiento urbanístico municipal se
delimitaba que en el solar subastado debía garantizarse que el 50% del
espacio libre de edificación debía quedar reservado para zona verde, lo
que llevó a reducir la superficie del vaso de la piscina. Además, también se acordó
la ampliación del plazo para la finalización del proyecto, a la vista
de los problemas de retraso que se produjeron como consecuencia de la
escasez de mano de obra y del encarecimiento del precio del acero que obligó a reformular partes del proyecto para sustituirlo por el hormigón.
Por último, respecto a la posibilidad de que algunos de los socios compradores pudiesen estar tratando de vender las viviendas a través de portales inmobiliarios,
recalcan, en primer término, que se trata de una opción contemplada por
ley siempre que se cuente con autorización de la Conselleria de
Vivienda, que es la que, además, marca el precio y las condiciones de
venta. No obstante, insisten en que ese aspecto -y la posibilidad de que
pudiese estar solicitándose pagos no declarados- escaparía a la posibilidad de control de la cooperativa, una vez entregadas las viviendas.
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ALICANTE. El segundo informe de comprobación encargado por la
Secretaría Autonómica de Vivienda sobre el visado de las 140 viviendas
de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas
en un solar situado en el distrito de Playa de San Juan subastado por el
Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 avanza con el hallazgo de anomalías adicionales. Se trata de la omisión de documentación de los compradores de los pisos de esa promoción,
impulsada por la cooperativa Residencial Les Naus, a la hora de avalar
que esos adquirientes sí cumplían las condiciones de renta establecidas
para poder acceder a una VPP. Así lo ha apuntado este miércoles la
propia vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, antes de participar en un encuentro con la Junta Directiva de CEV en Alicante.
Camarero ha detallado que, hasta el momento, esa segunda revisión de los visados ha permitido constatar que el
técnico del departamento autonómico expedientado por visar de manera
presuntamente fraudulenta el contrato de compra de una de esas viviendas
por parte de su esposa se encargó de tramitar y supervisar el conjunto
de los 140 contratos de las viviendas de Residencial Les Naus.
En este sentido, ha señalado que tras la revisión de parte de esos
expedientes, se ha detectado que en algunos de ellos no se analizaban los datos económicos de las parejas de los adquirientes.
La vicepresidenta ha incidido en que, en esos casos, concurría la
misma supuesta anomalía hallada que en el caso de la propia esposa del
funcionario expedientado, en la medida en que se hacía constar que existía
separación de bienes para no computar los ingresos de los cónyuges, con
lo que no quedaba constancia del nivel de renta del conjunto de la
unidad familiar con el fin de no superar el límite máximo de 6,5 veces
el IPREM. "En ese expediente, figuraban en separación de bienes
y no se había aportado información respecto al cónyuge, que es el
propio funcionario que acredita como válido ese visado", ha apuntado.
En esta línea, la vicepresidenta primera ha incidido en que su
departamento actuó con contundencia respecto a ese técnico al tener
constancia de la primera anomalía, lo que supuso la apertura de un
expediente disciplinario con suspensión de empleo y sueldo, además del
registro de una denuncia en Fiscalía contra él, que ya ha sido
asumida junto a las interpuestas por el grupo municipal del PSOE y la
presentada por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del
Partido Popular (PP). Camarero ha insistido de nuevo en que
dicho técnico trabajaba en el departamento autonómico desde hacía años y
que "había sido promocionado" durante la etapa del Consell del Botànic.
Y ha continuado explicando que, tras la revisión del resto de
contratos, se ha podido determinar que en algunos de los
expedientes "falta información". Según ha detallado, en algunos casos en
los que el solicitante aseguraba estar en régimen de separación de
bienes, faltaría información económica o de propiedades de los
respectivos cónyuges, puesto que no se había aportado datos sobre sus
rentas o no habían certificado que no tuviese otra vivienda en propiedad:
otro de los requisitos que regula el acceso a una VPP. "Lo que hemos
hecho ahora es solicitar a la Dirección Territorial para que, en esos
casos, requiera de oficio la información que falta para
comprobar si, efectivamente, esas personas reúnen las condiciones para
poder comprar esa vivienda o no las reúne, y por tanto, los visados no están correctamente realizados", ha añadido.
Así, ha avanzado que, en función de cómo avancen esas averiguaciones,
se dará traslado a la Fiscalía para contribuir al esclarecimiento de
los hechos "caiga quien caiga para que la ley actúe en los supuestos en
los que se haya podido cometer algún tipo de delito". Con todo, no ha llegado a precisar cuántos expedientes se encontrarían ahora en esa fase de solicitud de información adicional de oficio
hasta poder cotejar esa nueva documentación requerida. "No queremos
alarmar", ha dicho, facilitando una cifra de expedientes que podría
variar si se comprueba con la nueva información que la solicitud es
correcta.
Las viviendas con incumplimientos
¿Qué decisiones se prevé adoptar respecto a los casos en los que se
haya producido un visado de manera incorrecta? Camarero ha indicado que
es una circunstancia que "será la justicia la que lo deberá determinar",
después de que se dé traslado del conjunto de expedientes en los que se
constaten incumplimientos. "Lo pondremos en conocimiento de
Fiscalía; la justicia nos tendrá que decir qué pasos dar a partir de
ahí", ha apuntado. Eso sí, ha señalado que, en principio, la Generalitat
no tendría la capacidad de revocar esos contratos de adjudicación.
"En este momento, lo desconocemos", ha dicho, para añadir que "nosotros
no adjudicamos, por tanto, no podemos revocar un hecho que no hemos
realizado nosotros", ha apuntado.
¿Se prevé adoptar algún tipo de medida respecto a los intentos de
venta de los pisos de VPP de Residencial Les Naus que se han difundido a
través de portales inmobiliarios? La vicepresidenta ha explicado que la venta o alquiler de una VPP es legal, siempre que se solicite una autorización previa a la conselleria. En este sentido, ha apuntado que se tiene constancia de
un propietario que ha pedido esa autorización, aunque ha apuntado que
su departamento tiene la posibilidad de ejercer el derecho de tanteo y
retracto, y ese es el camino que se pretende emprender en ese caso y en
otros posibles que puedan plantearse en el futuro. "No vamos a
tolerar que haya ningún agujero y no vamos a permitir que se especule
con una VPP", ha recalcado. Además, ha señalado que cualquier posible comprador de esos pisos también debe reunir los mismos requisitos establecidos para acceder a una VPP.
"No podemos estar detrás de los portales inmobiliarios, pero cualquiera
que quiera vender una VPP tiene que pedirnos autorización y, además, la tienen que vender con el mismo precio por el que la han comprado", ha abundado
