García Ortiz se equivocó: González Amador no es un rival político
La política española vive tiempos que, salvando las distancias, recuerdan inevitablemente a los convulsos años posteriores a la muerte de Alejandro Magno. En aquel entonces, el vasto imperio helénico se desmembró entre sus generales, que se enfrentaron durante décadas en una lucha encarnizada por el poder. Cada uno buscaba consolidar su dominio, y lo habitual era hacerlo a través de la eliminación —literal— de los adversarios.
Casandro de Macedonia, hijo de Antípatro, entendió bien esa lógica. Para garantizar su supremacía, no dudó en ordenar la ejecución de Roxana, de Alejandro IV y de Olimpia de Epiro. La violencia era el medio para asegurar la estabilidad del trono, y el crimen, la herramienta del poder.
Hoy, en la llamada época sanchista, asistimos a una reedición simbólica de aquel juego macedónico de poder. No con espadas ni venenos, sino con expedientes, filtraciones y campañas mediáticas. La lógica, sin embargo, parece la misma: eliminar, desacreditar o silenciar a quienes representen una amenaza para el poder establecido.
Y es en este contexto donde García Ortiz, fiscal general del Estado, ha cometido un grave error político —y moral—: ha confundido la figura de González Amador con la de un adversario político, cuando es el novio -ni siquiera marido- de la presidenta Comunidad Madrid Ayuso. No lo es. No pertenece a esa arena de gladiadores en la que la política contemporánea se ha transformado. No compite por el poder, ni por la influencia pública, sino que ha sido arrastrado a ese campo de batalla por decisión ajena.
Al convertirlo en objetivo, García Ortiz no sólo ha actuado con una imprudencia impropia de su cargo, sino que ha evidenciado una peligrosa deriva: la de un Estado que utiliza sus instituciones con lógica de partido. Y esa confusión entre lo institucional y lo político —entre la justicia y la estrategia electoral— es el síntoma más alarmante del deterioro democrático.
En tiempos de Casandro, la eliminación del rival garantizaba la continuidad del trono. En tiempos de Sánchez, la destrucción reputacional del disidente parece cumplir la misma función. Pero el costo es alto: la pérdida de credibilidad de las instituciones, la erosión de la confianza ciudadana y el retorno de una política entendida no como servicio público, sino como conquista permanente del poder.
Conclusiones
García Ortiz se equivocó al creer que perseguía a un adversario político. En realidad, ha contribuido a mostrar, una vez más, que el problema no son los rivales, sino el modo en que el poder los fabrica. ya sabemos que la política consiste en destruir al rival peor no equivocarse al elegirlo. Hemos llegado a una degradación que se parece mucho a la de Casandro, y contemporáneamente a los años del Frente Popular del 36.
Ramón Palmeral
Alicante, 6-11-2025
