Carmen Lamela, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, abrió juicio oral en la pieza central del llamado caso CAM. En su auto la juez impone a los ocho encausados una fianza de 1.592 millones de euros para hacer frente a posibles responsabilidades civiles. Esta cantidad deberá ser adelantada por el Banco Sabadell, la Fundación CAM y la aseguradora Caser en un plazo de 24 horas.
En esta causa se investigaban las maquinaciones de la cúpula de la entidad, encabezada por su expresidente, Modesto Crespo; el ex director general, Roberto López Abad; y su adjunta, Dolores Amorós, para enriquecerse a costa de la caja cuando esta presentaba pérdidas millonarias, generadas en gran parte por su sobreexposición al ladrillo durante la burbuja inmobiliaria de la década pasada.
Según las acusaciones, los directivos falsearon las cuentas de la CAM en 2010 y 2011 para poder cobrar los bonus y complementos salariales contemplados en sus contratos, y que iban ligados a la buena marcha de la entidad. En aquellos años, los más duros de la crisis económica, cuando ya era claro que las carteras de la mayoría de las cajas estaban lastradas mortalmente por créditos de dudoso cobro, la mayor parte de ellos otorgados a promotores, los gestores de la CAM presentaron unas cuentas aparentemente saneadas: 65,3 millones de euros de beneficios en marzo de 2011.
La realidad, sin embargo, era bien distinta. La entidad alicantina, una de las grandes palancas de poder del expresidente valenciano Francisco Camps, que financió con ella proyectos como la Ciudad de la Luz, en Alicante; la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en Valencia, o Terra Mítica, estaba arruinada. La caja alicantina, que no había sido capaz de fusionarse con otras entidades arrastraba pérdidas por 1.136 millones.
El psicólogo Ángel Óscar Strada, el último exconsejero de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM)
en declarar ante la Audiencia Nacional como imputado por conceder
dietas retroactivas con un valor de 300.000 euros a Modesto Crespo,
antiguo presidente de la entidad, fue muy claro ante el juez Gómez
Bermúdez: las actas de aquella reunión estaban “claramente adulteradas”
y, además, se lo avisó al Banco de España.
Hasta el momento, la mayoría de los 19 exconsejeros llamados a testificar en la pieza judicial que investiga el cobro por parte de Crespo de unas dietas por un cargo que entonces no ostentaba, había asegurado al juez que en la reunión celebrada el 27 de noviembre de 2009 pensaron que únicamente estaban aprobando para Crespo, acusado de apropiación indebida, su nombramiento como presidente de Tinser Cartera SL, una entidad participada por la CAM.
Sobre el papel, lo que se aprobó aquel día no solo fue ese nombramiento, también que Crespo cobrara dietas de 300.000 euros por los últimos dos semestres de aquel año cuando prácticamente solo quedaba un mes para finalizar 2009. Si los consejeros lo supieron o no, deberá dilucidarlo el juez. La fiscalía fue muy nítida en el escrito que abrió la causa: el dinero recibido por el expresidente de la caja “no se corresponde con ninguna actividad que conlleve dedicación de tiempo, esfuerzo y responsabilidad”.
Strada se mantuvo en la línea del resto de exconsejeros. Él tampoco supo entonces que estaban aprobando el pago de unas dietas por unos meses en los que Crespo no había ejercido en Tinser Cartera. En cualquier caso, cuando lo supo lo puso en conocimiento del Banco de España. Solo Martín Villa ha reconocido, también este miércoles, que supo de ellas por su puesto en la Comisión de Retribuciones de la entidad de ahorro. Otros de sus compañeros de consejo, según dijeron, se enteraron por rumores que corrían por los pasillos de la CAM.
Hasta el momento, la mayoría de los 19 exconsejeros llamados a testificar en la pieza judicial que investiga el cobro por parte de Crespo de unas dietas por un cargo que entonces no ostentaba, había asegurado al juez que en la reunión celebrada el 27 de noviembre de 2009 pensaron que únicamente estaban aprobando para Crespo, acusado de apropiación indebida, su nombramiento como presidente de Tinser Cartera SL, una entidad participada por la CAM.
Sobre el papel, lo que se aprobó aquel día no solo fue ese nombramiento, también que Crespo cobrara dietas de 300.000 euros por los últimos dos semestres de aquel año cuando prácticamente solo quedaba un mes para finalizar 2009. Si los consejeros lo supieron o no, deberá dilucidarlo el juez. La fiscalía fue muy nítida en el escrito que abrió la causa: el dinero recibido por el expresidente de la caja “no se corresponde con ninguna actividad que conlleve dedicación de tiempo, esfuerzo y responsabilidad”.
Strada se mantuvo en la línea del resto de exconsejeros. Él tampoco supo entonces que estaban aprobando el pago de unas dietas por unos meses en los que Crespo no había ejercido en Tinser Cartera. En cualquier caso, cuando lo supo lo puso en conocimiento del Banco de España. Solo Martín Villa ha reconocido, también este miércoles, que supo de ellas por su puesto en la Comisión de Retribuciones de la entidad de ahorro. Otros de sus compañeros de consejo, según dijeron, se enteraron por rumores que corrían por los pasillos de la CAM.
