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ARTICULOS DE OPINION
Revista digital de arte, cultura y opinión en Alicante. Enlace con POESIA PALMERIANA. En estas páginas no podemos estar ajenos a lo que pasa en España ni en el mundo. Dirigida por el escritor, poeta y pintor Ramón PALMERAL. Los lectores deciden si este blog es bueno, malo, o merece la pena leerlo. El periodismo consiste en decir lo que a algunos no les gustaría leer.
Texto íntegro en castellano de la declaración que firmaron JpS y la CUP
El documento fue rubricado por Puigdemont,
Junqueras, Forcadell, Anna Gabriel y el resto de diputados
independentistas en un evento paralelo al reglado y legal
En un evento paralelo al reglado y legal, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont,
y el resto de los diputados independentistas del Parlamento autonómico
firmaron este martes un documento que presentaron como la «declaración
de independencia de la república catalana». El documento fue
rubricado, de uno en uno, por todos los parlamentarios independentistas,
empezando por el propio Puigdemont y siguiendo por su vicepresidente en
la Generalitat, Oriol Junqueras; la presidenta del Parlament, Carme
Forcadell; y la portavoz de la CUP, Anna Gabriel. En el documento
de cuatro folios, de carácter simbólico y sin efectos jurídicos porque
no será registrado en el Parlament ni votado por los parlamentarios,
desaparece cualquier mención a «suspender los efectos» de la declaración
de independencia, como había planteado Puigdemont. Es el texto que la CUP hubiera querido proclamar en el pleno del Parlamento. Pero se ha quedado en suspenso. Este es el texto íntegro en castellano: Un documentoq eu contiene un monton de mentiras.
JxSí y la CUP firman el documento que proclama la república catalana independiente
En la declaración de carácterer
simbólico y sin efectos jurídicos desaparece cualquier mención a
«suspender los efectos» de la declaración de independencia
Los diputados de Junts pel Sí (JxSí) y la CUP, incluido el presidente catalán, Carles Puigdemont, han firmado en el auditorio del Parlament un documento que proclama la «la república catalana, como Estado independiente», y pide su reconocimiento internacional. En la declaración de cuatro folios, de carácter simbólico y sin efectos jurídicos
porque no será registrada en el Parlament, desaparece cualquier mención
a «suspender los efectos» de la declaración de independencia, como
había planteado Puigdemont anteriormente en la Cámara.
Según las fuentes consultadas, en un borrador de la declaración sí
figuraba la mención a «suspender los efectos», pero la CUP se ha negado a
firmar el documento si no se retiraba esta alusión. «Cataluña restaura
hoy su plena soberanía, perdida y largamente anhelada», añade la
declaración. El texto va más allá del discurso de Puigdemont en el
Parlament y se ha firmado ante la amenaza de fractura interna en las
filas independentistas. DECLARACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE CATALUÑA Al pueblo de Catalunya y a todos los pueblos del mundo. La
justicia y los derechos humanos individuales y colectivos intrínsecos,
fundamentos irrenunciables que dan sentido a la legitimidad histórica y
la tradición jurídica e institucional de Cataluña, son la base de la
constitución de la República catalana. La nación catalana, su
lengua y su cultura tienen mil años de historia [Por decir una fecha redonda]. Durante siglos,
Cataluña se ha dotado y ha disfrutado de instituciones propias que han
ejercido el autogobierno con plenitud [bajo el paraguas de la Constitución], con la Generalitat como máxima
expresión de los derechos históricos de Cataluña. El parlamentarismo ha
sido, durante los períodos de libertad, la columna sobre la que se han
sustentado estas instituciones, se ha canalizado a través de las Cortes
Catalanas y y ha cristalizado en las Constituciones de Cataluña. Cataluña
restaura hoy su plena soberanía, perdida y largamente anhelada, tras
décadas de intentar, honestamente y lealmente, la convivencia
institucional con los pueblos de la península ibérica. Desde la
aprobación de la Constitución española de 1978, la política catalana ha
tenido un papel clave con una actitud ejemplar, leal y democrática para
con España, y con un profundo sentido de Estado. El estado español
ha respondido a esta lealtad con la denegación del reconocimiento de
Cataluña como nación; y ha concedido una autonomía limitada, más
administrativa que política y en proceso de recentralización; un
tratamiento económico profundamente injusto y una discriminación
lingüística y cultural. El Estatuto de Autonomía, aprobado por el
Parlamento y el Congreso, y refrendado por la ciudadanía catalana, debía
ser el nuevo marco estable y duradero de relación bilateral entre
Cataluña y España. Pero fue un acuerdo político roto por la sentencia
del Tribunal Constitucional y que hace emerger nuevas reclamaciones
ciudadanas. Recogiendo las demandas de una gran mayoría de
ciudadanos de Cataluña, el Parlamento, el Gobierno y la sociedad civil
han pedido repetidamente acordar la celebración de un referéndum de
autodeterminación. Ante la constatación de que las instituciones
del Estado han rechazado toda negociación, han violentado el principio
de democracia y autonomía, y han ignorado los mecanismos legales
disponibles en la Constitución, la Generalitat de Cataluña ha convocado
un referéndum para el ejercicio del derecho a la autodeterminación
reconocido en el derecho internacional. La organización y
celebración del referéndum ha comportado la suspensión del autogobierno
de Cataluña y la aplicación de facto del estado de excepción. La
brutal operación policial de carácter y estilo militar orquestada por
España contra ciudadanos catalanes ha vulnerado, en muchas y repetidas
ocasiones, sus libertades civiles y políticas y los principios de los
Derechos Humanos, y ha contravenido los acuerdos internacionales
firmados y ratificados por el Estado español. Miles de personas,
entre las que hay cientos de cargos electos e institucionales y
profesionales vinculados al sector de la comunicación, la administración
y la sociedad civil, han sido investigadas, detenidas, querelladas,
interrogadas y amenazadas con duras penas de prisión. Las
instituciones españolas, que deberían permanecer neutrales, proteger los
derechos fundamentales y arbitrar ante del conflicto político, se han
convertido en parte e instrumento de estos ataques y han dejado
indefensa a la ciudadanía de Cataluña. A pesar de la violencia y
la represión para intentar impedir la celebración de un proceso
democrático y pacífico, los ciudadanos de Cataluña han votado
mayoritariamente a favor de la constitución de la República catalana. La
constitución de la República catalana se fundamenta en la necesidad de
proteger la libertad, la seguridad y la convivencia de todos los
ciudadanos de Cataluña y de avanzar hacia un Estado de derecho y una
democracia de más calidad, y responde al impedimento por parte del
estado español de hacer efectivo el derecho a la autodeterminación de
los pueblos. El pueblo de Cataluña es amante del derecho, y el
respeto a la ley es y será una de las piedras angulares de la República.
El estado catalán acatará y hará cumplir legalmente todas las
disposiciones que conforman esta declaración y garantiza que la
seguridad jurídica y el mantenimiento de los acuerdos suscritos formará
parte del espíritu fundacional de la República catalana. La
constitución de la República es una mano tendida al diálogo. Haciendo
honor a la tradición catalana del pacto, mantenemos nuestro compromiso
con el acuerdo como forma de resolver los conflictos políticos.
Asimismo, reafirmamos nuestra fraternidad y solidaridad con el resto de
pueblos del mundo y, en especial, con aquellos con los que compartimos
lengua y cultura y la región euromediterránea en defensa de las
libertades individuales y colectivas. La República catalana es una
oportunidad para corregir los actuales déficits democráticos y sociales
y construir una sociedad más próspera, más justa, más segura, más
sostenible y más solidaria. En virtud de todo lo que se acaba de
exponer, nosotros, representantes democráticos del pueblo de Catalunya,
en el libre ejercicio del derecho de autodeterminación, y de acuerdo con
el mandato recibido de la ciudadanía de Cataluña, CONSTITUIMOS la República catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social. DISPONEMOS la entrada en vigor de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República. INICIAMOS el proceso constituyente, democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante. AFIRMAMOS
la voluntad de abrir negociaciones con el estado español, sin
condicionantes previos, dirigidas a establecer un régimen de
colaboración en beneficio de ambas partes. Las negociaciones deberán
ser, necesariamente, en pie de igualdad. PONEMOS EN CONOCIMIENTO
de la comunidad internacional y las autoridades de la Unión Europea la
constitución de la República catalana y la propuesta de negociaciones
con el estado español. INSTAMOS a la comunidad internacional y las
autoridades de la Unión Europea a intervenir para detener la violación
de derechos civiles y políticos en curso, y hacer el seguimiento del
proceso negociador con el Estado español y ser testigos. MANIFESTAMOS
la voluntad de construcción de un proyecto europeo que refuerce los
derechos sociales y democráticos de la ciudadanía, así como el
compromiso de seguir aplicando, sin solución de continuidad y de manera
unilateral, las normas del ordenamiento jurídico de la Unión Europea y
las del ordenamiento de España y del autonómico catalán que transponen
esta normativa. AFIRMAMOS que Cataluña tiene la voluntad
inequívoca de integrarse lo más rápidamente posible a la comunidad
internacional. El nuevo Estado se compromete a respetar las obligaciones
internacionales que se aplican actualmente en su territorio y continuar
siendo parte de los tratados internacionales de los que es parte el
Reino de España. APELAMOS a los Estados y las organizaciones
internacionales a reconocer la República catalana como Estado
independiente y soberano. INSTAMOS al Govern de la Generalitat a
adoptar las medidas necesarias para hacer posible la plena efectividad
de esta Declaración de independencia y de las previsiones de la Ley de
transitoriedad jurídica y fundacional de la República. HACEMOS un
llamamiento a todos y cada uno de los ciudadanos de la República
catalana a hacernos dignos de la libertad que nos hemos dado y construir
un Estado que traduzca en acción y conducta las inspiraciones
colectivas. Los legítimos representantes del pueblo de Cataluña: Barcelona, 10 de octubre de 2017
“Comparecencia del presidente de la Generalitat ante el
Parlament para informar sobre la situación política actual”. Fue con
este genérico y anodino enunciado, único punto en el orden del día, que
la Cámara catalana celebró ayer una sesión que se quería trascendental.
Según la convocatoria, era también una sesión “ordinaria”, en la que
tras la intervención presidencial se daría la voz a los grupos
parlamentarios y se cruzarían réplicas y contrarréplicas. Pero lo que de
veras debía dirimirse en dicha sesión, una vez interpretados por el
president los resultados del referéndum del 1-O, convocado ilegalmente y
recontado sin garantías, era ni más ni menos que la proclamación, o no,
de una declaración unilateral de independencia (DUI). Esto es, si se
iba a dar un paso decisivo para la desconexión de Catalunya de España.
La expectación era máxima. Lo revelan la inquietud y los
temores en los que vive sumida la ciudadanía desde hace meses. Lo prueba
también la cifra récord de más de mil profesionales de la información
–358 de ellos procedentes de otros países– que habían solicitado su
acreditación en el Parlament. No era para menos. Tras cinco años de
proceso soberanista –si fijamos su inicio en la manifestación del Onze
de Setembre del 2012–, llegaba la hora de la verdad. Una DUI sin
ambages, proclamada con el entusiasmo propio que hace al caso, sin
condiciones ni renuncios, hubiera supuesto la culminación del mencionado
proceso, para contento de los muchos –pero no mayoritarios– catalanes
que lo han acompañado. Por el contrario, un prudente e inequívoco
frenazo y la omisión de cualquier referencia explícita a la DUI hubiera
generado gran decepción en las filas soberanistas. Pero, al tiempo,
hubiera pillado a contrapié al Gobierno central y dibujado una escena
marcada por el deseo de reconducir la situación, atenuar tensiones y
dialogar partiendo de cero.
Carles Puigdemont quiso hallar una vía intermedia entre
la proclamación de la independencia y la claudicación. Y lo que logró
fue crear desconcierto y confusión. Sabía que sus palabras serían
escrutadas con gran detalle. Sabía también que sería muy difícil
complacer simultáneamente a sus correligionarios y a sus rivales. Y optó
por una fórmula que aspiraba a declarar la independencia para, acto
seguido, suspenderla e iniciar un período de diálogo. En concreto, y
refiriéndose al 1-O, Puigdemont afirmó: “Como presidente de la
Generalitat, asumo al presentar los resultados del referéndum ante el
Parlament y a nuestros conciudadanos el mandato de que Catalunya se
convierta en un estado independiente en forma de república”. Y añadió:
“Proponemos que el Parlament suspenda los efectos de la declaración de
independencia para que emprendamos un diálogo sin el cual no es posible
llegar a una solución acordada”.
Lo que ayer hizo Carles Puigdemont, que en su día aceptó la
presidencia de la Generalitat ofrecida por su antecesor, Artur Mas, con
el propósito explícito de culminar el proyecto independentista para a
continuación dejar el cargo, no fue, como decíamos, una declaración de
independencia transparente ni que entrara en vigor automáticamente.
Después de que se retrasara el inicio del pleno más de una hora, después
de tensas reuniones en última instancia de la mayoría parlamentaria
independentista y después de incontables rumores de signo contrapuesto,
Puigdemont pronunció un discurso que suscitó lecturas diversas y muchas
dudas. En especial cuando se supo que no iba a aparecer en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya y, por tanto, carecía de validez
jurídica. Y también más tarde, cuando la vicepresidenta del Gobierno
negó validez al referéndum y a la proclamación. Entretanto, con el
artículo 155 de la Constitución en la recámara, y antes de aplicarlo, en
el Gobierno se barajaba la posibilidad de requerir a Puigdemont una
explicación más clara sobre lo ocurrido ayer. A su vez, la CUP no
parecía satisfecha con el resultado de la sesión, alguno de sus miembros
llegó a hablar de traición inadmisible: no lo habría dicho si la
independencia se hubiera proclamado sin reservas. Los soberanistas que
rodeaban el Parlament mientras se celebraba la histórica sesión no
prorrumpieron en vítores a su término. Ni hubo en las calles de la
ciudad manifestaciones de júbilo, aunque sí rostros decepcionados. No se
descarta que la declaración de ayer produzca una brecha en la mayoría
independentista del Parlament, separando a Junts pel Sí y la CUP, algo
que anoche se quiso tapar con la firma de un documento de compromiso por
la república, ya fuera de la Cámara. Algo digno del teatro del absurdo
si la declaración proclamada poco antes fuera creíble.
Dicho esto, no podemos dejar de presentar serias
objeciones al discurso del presidente Puigdemont y a las bases legales
sobre las que pretende asentarse. Ayer insistió en que con la
celebración del 1-O se habían ganado el derecho a la independencia, lo
cual puede valer como opinión, pero no como otra cosa. Quiso dar por
buena su ruta hacia la independencia, pese a basarse en las leyes de
desconexión aprobadas los días 6 y 7 de septiembre, que contravenían la
Constitución y el Estatut. Y que, por otra parte, fueron vulneradas
también, por ejemplo en lo tocante a la Sindicatura Electoral que debía
velar por el 1-O, desmantelada antes de que pudiera cumplir sus
funciones y validar los resultados. Quizás por ello decía ayer a modo de
enmienda a la totalidad el líder socialista catalán Miquel Iceta que
“no se puede suspender un acuerdo no tomado”.
Hasta antes de su celebración, la sesión de ayer nos había
sido presentada como algo parecido a una estación término, a un puerto
de arribada. No lo decimos nosotros. Lo han venido asegurando los
impulsores del proceso, que fijaron en ella el cumplimiento de sus
aspiraciones. Pero lo que sale de dicha sesión es un intento, otro, de
ganar tiempo y prolongar el proceso soberanista, ya mucho más allá de
los dieciocho meses inicialmente fijados como plazo para la secesión. Es
decir, se trata de mantener un estado de incertidumbre que está
teniendo efectos tremendamente negativos para la sociedad catalana. De
poco ha servido que la Unión Europea haya rechazado las peticiones de
apoyo que ha recibido del soberanismo. (El presidente del Consejo
Europeo reclamó ayer a Puigdemont que respetara el orden
constitucional). O la fuga de empresas catalanas –ayer se fue Planeta a
Madrid, despojando a Barcelona de su histórica capitalidad editorial–. O
que la posibilidad de llevar el conflicto a la calle siga ahí. El
independentismo sigue su cabalgada, en un país que dice querer mejorar,
pero que va desangrándose ante sus ojos, día a día, sin que sepa cómo
contener la hemorragia.
El Gobierno de Marinao Rajoy debe obligar a Puigdemont a retirar la declaración
de independencia, aunque la haya suspendidos a los 8 segundos. La ha suspendido temporalmente. La puede poner en practicfa cuando quiera. Porque no
la ha anulado, la ha suspendido temporalmente como en Eslovenia. Por ello es un maniobra
de engaño en la que también participa la CUP, teatralizando su enfado.
Parecer ser que los diputados independentistas han firmado un documento
interni secreto. ¿Dónde está este docuemenro? No renuncia a la independencia. No cantar victoria, Rajoy debe actuar ya, sin más dilación para aplcia el art 155. ¿A qué espera?. ya tiene todas la prueba.
NO FIARSE DE PUIGDEMONT siempre patará de engañar y prolongar la situación. Los independentistas aférrimos jamás renunciarán a una República catalana. Lo veo de la siguiente manera: es como si Puigdemont exige diálogo con el Estado, ante la amenaza de poner el práctica la república, en suspenso temporalmente. Así es como lo ven en ARA Cat. Unas semana de plazo para dialogar.
Parece ser que los parlamentarios independentistas, incluida la CUP, firmaron un documento interno de declaración de independencia. ¿Dónde está este documentos?
Ayer tarde se tetralizó todo en el Parlamento, ERC tranquilos. CUP, traquilos, como quien parece enfadarse.
La CUP continúa apoyando a la Generalitat.
Puigdemont trasladó a la CUP el mensaje de que la presión internacional
recomendaba evitar la proclamación de la república y ofrecer diálogo a
Madrid antes de declarar la independencia. Los anticapitalistas no sólo
torcieron el gesto. Se veían libres de manifestar su disconformidad con
la propuesta final de Puigdemont pero mantenían la presión sobre el
Govern al hacer firmar una “declaración de los representantes de
Catalunya”. El documento es, ni más ni menos, que la base para
constituir “la república catalana, como Estado de derecho independiente y
soberano, de derecho, democrático y social” y que debe poner en marcha
la ley de desconexión. Se firmó con solemnidad y cara grave por parte de
muchos diputados del PDECat y ERC, aunque el texto es un brindis al sol
mientras no se registre en el Parlament. Eso llegará en el momento en
el que Puigdemont dé por perdida la puerta del diálogo y la mediación
abierta ayer.
ENGALOS, CHANTAJES, DILACIÓN.
la sociedad catalana está dividida.
El futuro de los catalanes está unido al de España
....................
El president de la Generalitat, JxSí y la CUP firman una declaración por una futura independencia.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont,
su Govern y los diputados de JxSí (incluida la presidenta del
Parlament, Carme Forcadell) y de la CUP han firmado este martes por la
noche en el Parlament una «declaración de los representantes de
Catalunya» con la voluntad de una futura independencia.
Fuentes parlamentarias consultadas explican que se trata de la
declaración que el presidente suspende con el fin de poder dialogar con
el Estado, según ha dicho durante el pleno.
Fuentes del Govern consultadas han explicado que es un documento que
no lleva membrete del Parlament ni de la Generalitat y que quienes lo
firman lo hacen en calidad de «representantes de Catalunya».
El documento prevé una «república catalana como Estado independiente y soberano».
Ha presentado el acto de firma, en el Auditorio del Parlament, el
diputado de JxSí Lluís Llach, y el primero en firmar ha sido el
presidente de la Generalitat.
.........................
Esto es solamante un papel, sin valor alguno. son solo intenciones. ¡Cómo los han engañado!
Cataluña no se merece un presidente de la Generalitatcstalana como Charles Puigdemont, que ha llevado este juego hasta limites esperpénticos, muriendo a lis independentista, haciendo un referéndum ilegal, y declarando un independencia que ha durado un minuto.
Un desafío imposible al Estado de derecho y a la constitución española, que ha dividido a la sociedad catalana,que se ha cargado la credibilidad de los Mossos de Escuadra, que ha provocado que las empresas se hayan ido, quería poner fronteras en un Europa que ha eliminado los muros.
Todos los conselles con la cabeza baja y un Oriol Junqueras que no ha acercado una.
Pero no fiaros, aquí hay trampa. Todos los diputados independentistas estaba conchavados, de acuerdo. Un independentista jamás renuncia a sus ideas, aunque se carguen el país.
Ahora la CUP, le llama traidor, y no esta de acuerdo con la declaración de Puigdemon, y piensa seguir con la desobediencia civil. hasta cuando esta hipocresía.
Se ha vendido a los catalanes independentistas que creyeron en un sueño, y arriesgaron su físico en dos 1 de octubre, y para qué, para nadas.
A puesto en peligro el autogobierno, que seguramente aplicara el arte 155. Hay que desmantelar ANC y Omnium, los ejecutores, financiados por la generalitat y donaciones.
Puidemont esta acabado sera inhabilitado de por vida, e ira a la cárcel por malversación en el referéndum.
La empresas han empezado a cambiar sus sedes y domicilio fiscales, fuera de Cataluña para no estar al alcance de la Hacienda Catalana.
Marino Rajoy ya lo tiene todo para actuar contra Puigdemon, ¿Qué espera? ¿Qué más puebas quiers?
Así sew quedó la gente cuiando Puigdemont no declaró la independencia
Carles Puigdemont ha declarado la independencia pero la ha dejado en
suspenso. El presidente de la Generalitat ha afirmado esta tarde durante
su comparecencia en el Parlament que asume, al presentar los resultados
del referéndum, "el mandato del pueblo para que Cataluña se convierta
en un Estado independiente en forma de república", pero ha propuesto que
en las próximas semanas el Parlament "suspenda el efecto de la
declaración de independencia para emprender un diálogo para llegar a una
solución acordada" con el Gobierno español. Su comparecencia se retrasó
durante una hora debido a las diferencias con sus socios de la CUP. La ANC ha llamado este martes a concentrarse cerca del Parlament para precipitar la secesión
y los Mossos han cerrado el cercano Parque de la Ciudadela "por motivos
de seguridad". Mientras, Catalana Occidente se ha sumado a las numerosas empresas que se han llevado su sede social de Cataluña y la Guardia Civil ha pedido que bloquee e investigue las cuentas de ANC y Òmnium.
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Vaya timo, no se puede suspender una cosa que no ha entrado en vigo, ni ha sido efectiva, y no ha sido aprobada en el Parlamenyo. Payaso y mentiroso. Y ahora quien es el fascista.
La Guardia Civil sitúa a ANC y Òmnium al mismo nivel en el aparato de
movilización independentista que a la Generalitat de Cataluña. A sus
líderes, les considera principales instigadores y mantenedores de las
protestas que el 20 de septiembre trataron supuestamente de impedir que
se ejecutara la orden judicial de actuar contra los preparativos del
referéndum de autodeterminación suspendido por el Tribunal
Constitucional. Sànchez y Cuixart están imputados por sedición junto con el comisario
mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y la intendente del cuerpo
policial Teresa Laplana. La Guardia Civil ha extendido la supuesta
sedición a los intentos de impedir su actuación el 1 de octubre. Ese
día, según se recoge en vídeos incorporados a la causa, los agentes del
instituto armado vieron cómo, además de ciudadanos congregados ante los
colegios electorales para evitar su cierre, algunos agentes de los
Mossos se les enfrentaron.
La Guardia Civil pretende que se identifique a todos estos agentes,
así como a todos los mandos encargados de dirigir y coordinar el
despliegue de los Mossos para cumplir con la orden judicial de paralizar
el referéndum y ante el que actuaron, según la Guardia Civil, con
notoria pasividad. El instituto armado pide a la juez que requiera todas
las actas y atestados redactados por los Mossos el 1 de octubre y la
información sobre operaciones de seguridad ciudadana y “control de
masas” para evitar el referéndum en aquella jornada.
..........................NUEVO IMPULSO.......................
La experiencia que se tuvo con la financiación de los etarras, es la que se ha de aplica a ANC y Omnium, es evidente que estas organiaciones tiene mucho poder, demasiado e, la opinión de la gente.
Carles
Puigdemont, presidente de la Generalitat, comparecerá esta tarde ante
el Parlament en una sesión crucial para el futuro de Catalunya...
Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat,
comparecerá esta tarde ante el Parlament en una sesión crucial para el
futuro de Catalunya. La clave de dicha sesión, a partir de la valoración
de los datos del 1-O, es la proclamación, o no, de la declaración
unilateral de independencia (DUI). Si Puigdemont la efectúa, ya sea de
aplicación inmediata o aplazada, ya sea sin aditamentos o aderezada con
invitaciones al diálogo o anuncios de elecciones, es más que probable
que el Estado responda con la aplicación del artículo 155 de la
Constitución y la suspensión de facto del autogobierno catalán. En tal
caso, es muy probable que Catalunya entre en una fase de agitación
social, turbulencias de difícil control y potencial desastroso.
Si, por
el contrario, Puigdemont aparca la DUI y prioriza el diálogo y la
recomposición sobre una nueva base de las relaciones con el Estado
–obviamente, con la imprescindible colaboración de este–, conservaríamos
todavía la esperanza de dar con una solución pactada al conflicto. Esta
última es la única opción que nos parece deseable.
Hemos dicho y repetido que las soluciones unilaterales no
conducen a buen puerto. Menos aún en una sociedad dividida y polarizada,
a la que insensatamente se ha privado del 50% de su fuerza. Y que ahora
se enfrenta a un horizonte del que, oídos los llamamientos a la
movilización y la resistencia, no cabe excluir la violencia ni el
conflicto. Tiempo atrás se podía sostener que esto eran sólo negros
augurios. Ahora costaría hallar a alguien, en uno u otro bando, que los
descartara.
La opción independentista no es hegemónica en Catalunya. Lo
sabíamos de antiguo, y también desde el 27-S, que produjo una mayoría
soberanista en el Parlament, pero no de votos. Y lo ratificó en la calle
el domingo la manifestación convocada por Societat Civil Catalana, que
desbordó todas las previsiones. La independencia, que como decíamos ya
ha partido en dos a la sociedad catalana, tendrá además efectos
perniciosos sobre la economía. Lo comprobamos la semana pasada con los
traslados de sedes de Banc Sabadell, CaixaBank, Gas Natural o Agbar. Los
reconfirmamos ayer cuando Abertis, Adeslas, Colonial, Cellenx o MRV,
entre otras, anunciaron que se iban. El goteo de grandes, medianas o
pequeñas empresas que parten es constante. Pero las autoridades
económicas catalanas están desaparecidas o minimizan la estampida. Es
difícil de entender que personas siempre locuaces callen ahora.
Las economías que prescinden de sus puntales sin
pestañear pueden recuperarlos algún día. Pero también pueden ir
languideciendo y perder cualquier posibilidad de verlos retornar. Pasó
antes en otros lugares. Y, aún suponiendo que regresaran, la imagen que
está dando actualmente Catalunya al mundo es la de un suicida. ¿Qué
firma extranjera, qué inversor, qué creador de trabajo o riqueza querrá
compartir la suerte de Catalunya cuando sus instituciones de gobierno no
dan a sus actores económicos las seguridades jurídicas imprescindibles?
¿Quién en su sano juicio puede defender que lo que se le está haciendo a
la economía catalana, y al conjunto de los catalanes, es algo positivo o
inevitable?
El Gobierno central ha afirmado una y otra vez que no
tolerará que una declaración de independencia se materialice. Eso
significa que aplicará el 155. El viaje a la independencia quedará
entonces abruptamente interrumpido, sus impulsores serán quizás
detenidos y apartados de la escena política, todos los catalanes
perderemos posiciones y recursos. Quienes pilotan la locomotora
independentista son conscientes de ello. Pero siguen adelante. Y
dispuestos a pasar el testigo a sus fieles para que estos diriman en la
calle las diferencias que ellos no supieron resolver en los despachos. A
sabiendas de que eso nos enfrentará y empobrecerá.
Aventurarse hacia la independencia con una mayoría
insuficiente, como hizo el Govern, fue un error. Aventurarse, como hizo
después, saltándose las leyes, ha sido un error mayor. De poco vale
denunciar las omisiones o los excesos del contrario para justificar
errores propios de tal calibre. No se puede recurrir al patriotismo para
justificar una decisión que dañará a la patria; que causará estropicios
–ya los ha causado– en el conjunto de la sociedad, en las infinitas
ramificaciones de la actividad económica y en la imagen exterior del
país. Por injusto que les parezca a quienes se dejan llevar por
determinado entusiasmo, desde instancias europeas es fácil comprender
que el Gobierno central aspire a mantener la unidad del país,
amparándose en la ley, pero no la pretensión del Govern de proclamar la
independencia vulnerando las propias normas y mediante un referéndum sin
garantías. La independencia es un proyecto político tan legítimo como
cualquier otro, pero pierde su legitimidad cuando se trata de imponer
por encima del consenso y de las leyes.
Mientras escribimos estas líneas, es posible que el
presidente Puigdemont esté ultimando su discurso de hoy. El ánimo que
nos mueve a escribir está meridianamente claro: subrayar la
trascendencia de este 10 de octubre del 2017, y las consecuencias que
pudiera tener una decisión equivocada y de coste inasumible. Escribimos
este editorial porque deseamos que Catalunya restaure su cohesión social
y su progreso. Confiando en que esos sean también los deseos del
presidente Puigdemont, y en que sepa hallar la vía para evitar la DUI y
perfilar un replanteamiento de la situación.
Habrá quienes quieran empujar a Puigdemont a la DUI, a la
movilización callejera, a la revolución. Pero eso no es lo que anhela la
mayoría real del país, la que abomina del “cuanto peor, mejor” y
deplora el enfrentamientos entre ciudadanos. Esa mayoría pide una
negociación que genere soluciones duraderas y rechaza por igual la
imposición de la independencia y la mano dura indiscriminada para
reprimir a sus defensores. No es hora de apostar por la DUI ni por el
155. Ambas soluciones echarían más leña al fuego y tendrían un alto
coste. La DUI parece irrenunciable a muchos independentistas. Pese a que
se consumiría en poco tiempo, como un fuego artificial, sin tiempo para
producir cambios estructurales. El 155 está ya en la recámara estatal.
Abortaría la DUI y, de nuevo, tendría un precio elevado para todos los
catalanes, pagadero en términos de cohesión, de autogobierno, económicos
y acaso de orden mucho más sensible.
Es la hora de la verdad. Estamos al borde del precipicio y
no conviene dar un paso al frente. Hoy será un día histórico. Algunos de
sus actores creen que además será glorioso. Pero si sus efectos acaban
siendo funestos no les aguarda la gloria, sino el oprobio.
Los deseos de independeciaa no ha calculado el daño que está haciendo al turismo y a los cruceros con escalas en Barcelona.
Colom se refería con esta petición a las informaciones sobre el desvío
de cruceros que debían recalar en Barcelona y que finalmente prefirieron
Valencia ante el conflicto político. Estos desvíos, de los navíos Mein
Schiff 3 y Mein Schiff 5 de la compañía Tui, se produjeron el 1 de
octubre, durante el referéndum suspendido por el Tribunal
Constitucional, y el día 3, durante la huelga para protestar contra la actuación policial del domingo.
Sin embargo, la decisión de estos cruceros no fue un hecho aislado: el
Mein Schiff 3 ha optado por aplazar hasta el día 20 una nueva escala
prevista en Barcelona, que debía efectuarse el próximo jueves.
Día 10 de octubre de 2017. Día clave para la democracia
Duran Lleida, en caso de DUI "no queda otro remedio que aplicar el artículo 155". Josep
Antoni Durán i Lleida ha reconocido que tiene la "sensación de que va a
declararse la independencia unilateralmente" aunque considera que
buscarán "alguna fórmula que la remita a que su cumplimiento sea a
plazos". "Si hay una DUI, habrá artículo 155 como mínimo", ha declarado a
Espejo Público. A su juicio, los pasos dados hasta ahora por
Carles Puigdemont "le hacen muy difícil una marcha atrás", aunque lo
inteligente sería pararse y no aplicar una DUI que no solo "atenta
contra la Constitucion española sino que también contra el propio
ordenamiento jurídico catalán". http://cort.as/--KXM
.........................
La empresas catalanas están cambiando sus sedes, lo que podría ser irreversible. Luego se irán los tarbajadores, y entonces ya nada sera igual que antes en la economía catalana.
Respecto a la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución
si Puigdemont declara la independencia, se ha limitado a señalar que el
Gobierno tomaría en ese caso todas las medidas que sean necesarias.
"Todo lo que hagamos tiene que ser eficaz y efectivo
y provocar el menor daño posible. Si al otro lado tenemos un fanático
-ha añadido-, a nosotros nos corresponde aportar dosis dobles de cordura
y sensatez y un criterio firme y meditado".
Al plantearle si recurrir al artículo 155
supone cerrar el Parlament, inhabilitar a Puigdemont y asumir la
Presidencia de Cataluña, la vicepresidenta ha señalado que "puede
suponer muchas cosas".
"Hace falta mucho criterio político, mucho consenso con el resto de grupos
y medirlo en criterios de eficacia porque las decisiones que adoptemos
tendrían que ser decisiones que puedan implantarse, que tengan efectos y
causen el menor daño posible, y, dentro de esas, las que se han citado,
otras diferentes o muchas más, pero siempre pensando en que se reponga
la ley y el interés general", ha explicado.
Sáenz de Santamaría
ha recalcado la conveniencia de consenso entre los partidos
constitucionalistas ante las decisiones que hubiera que adoptar, pero ha
dejado claro que si Puigdemont declara la independencia, "habrá que tomar medidas, y esa decisión será del Gobierno de España".
"No
sé cómo va a redactar Puigdemont su discurso, pero si declara la
independencia unilateral eso no va a producir efectos, y le corresponde
al Gobierno, a través del Senado (en referencia al artículo 155), adoptar las medidas. Estaremos -ha dicho- muy pendientes".
“Aquí estamos de lujo, la gente nos trata como héroes, nos regalan
bombones cuando estamos de servicio, nos aplauden por la calle, nos
saludan y animan, es una locura. El cambio es total, como la noche y el
día”, cuentan mientras un grupo de mujeres se para a saludarles.
“Estamos varios grupos de UPR [antidisturbios de la policía] de Cádiz,
unos cien; otros tantos, los de los grupos de Badajoz, están también
repartidos en hoteles en Monzón; a algunos incluso les mandaron hasta
Castellón; y luego hay algo más de un centenar de guardias civiles en
Binéfar [Huesca]”. Población volcada
En total, Monzón, Barbastro y Binéfar, esos tres pueblos de La Franja,
han acogido a unos 350 agentes, entre policías de las UPR y guardias
civiles GAR (Grupos de Acción Rápida), de los que fueron acosados,
hostigados o directamente expulsados de hasta seis hoteles catalanes, de
los 41 donde tenían reservas. Los vecinos de esta zona de Huesca se han
volcado con ellos. Se han convertido en una atracción y han animado el
ambiente en esas pequeñas poblaciones.
El hotel que hospeda a los guardias en Binéfar se ha convertido en el
sitio de moda. No lo era cuando lo abrió hace seis meses Luis, un
empresario de la zona. Es su gran apuesta, un reto económico para
alguien que ha ido creciendo a base de tesón y trabajo en esta comarca
de industrias cárnicas y ganaderas. Y desde el pasado jueves parece que
va a morir de éxito. Ese día el hotel se tiñó de verde, literalmente.
Todas las luces de la fachada, habitualmente blancas, eran verdes. El
color anunciaba la llegada de los 110 guardias civiles, grupos de
Sevilla y León. Era su segunda mudanza tras estar en Fraga, también en
Huesca, de donde tuvieron que salir porque el hotel se quedó sin
habitaciones por las fiestas.
“Nos fuimos teniendo que justificar nuestra macha a los vecinos:
“¿Por qué os vais?, nos preguntaban, porque no querían que nos
fuésemos”, cuenta uno de los guardias en el hotel de Binéfar donde se
aloja ahora.
Las tres camareras de la cafetería del establecimiento no dan abasto.
Los guardias se han convertido en una especie de atracción: “¿Quieres
entrar a verlos?”, le pregunta una mujer a su marido a la puerta del
establecimiento, ubicado en el centro del pueblo, a medio camino entre
el cuartel de la Guardia Civil y el Ayuntamiento.
La
separación unilateral de Cataluña dejaría al territorio fuera de la UE,
del euro, Schengen y los grandes acuerdos comerciales. El futuro de la
deuda pública y las pensiones añaden incertidumbre al panorama económico
La independencia de Cataluña acarrearía, al menos, 10 consecuencias inmediatas y nefastas para el nuevo país. Desde la salida automática del euro
(con turbulencias monetarias imprevisibles) a una existencia fuera de
la Unión Europea en el que el estatus internacional de la nueva Cataluña
quedaría desdibujado e irreconocible. Así serían los primeros días de
la República de Cataluña.
1. ¿Cataluña, fuera de Europa?
Solo muy recientemente el president Carles Puigdemont ha
reconocido que si gana la separación de España, Cataluña debería “pedir
el ingreso” en Europa. Es decir, que, de entrada, la independencia la
propulsaría fuera de la Unión Europea. El mandatario catalán desmentía
así cinco años de propaganda nacionalista de los suyos.
Perjuraba la campaña que los catalanes seguirían siempre y en cualquier
caso dentro de la UE. Y que en la peor hipótesis se produciría una
salida/reingreso prácticamente simultáneos, o una reintegración ad-hoc a toda velocidad, como dijo el Consell Assessor per a la Transició Nacional en abril de 2014. Todo sin contratiempos, ni perjuicios, ni revés ninguno.
Fuera de Europa, Cataluña sería un OVNI, un vagavundo errante en el espacio.
Expertos catalanistas, como Antoni Castells, advertían, por el
contrario, que “sería difícilmente soportable quedarse fuera”. “Cataluña
no puede permitirse” ese “lujo”, añadía Francesc Granell, dadas las
relaciones económicas y sociales que la vinculan con su entorno natural.
Hace pocos días, el diplomático británico al que los independentistas
habían adoptado como gurú, Graham Avery, les decepcionaba sentenciando
que, en caso de declaración unilateral de independncia, “es bastante
claro” que “ningún miembro de la UE va a reconocer la independencia de
Cataluña”. La sesión del Parlamento Europeo del miércoles permitió visualizar la primacía
que este organismo —como la Comisión y el Consejo Europeo— otorga al
mantenimiento de la Constitución y en consecuencia de la integridad
territorial española: al igual que sucede en todos los Estados miembros
continentales.
¿Cataluña fuera de España y de Europa? Lo inverosímil pugna por
convertirse ya en una, aunque remotísima, posibilidad teórica, además de
retórica. Hasta ahora resultaba inimaginable: porque por historia, por
posición geográfica, por voluntad de sus élites y profesionales, porque
el aire que respira es europeo, Cataluña solo puede pensarse como
europea. Fuera de la única Europa realmente existente, la UE, sería un
OVNI, un vagabundo errante en el espacio.
Buena parte de los trabajos de los economistas catalanes han tratado de minimizar el impacto negativo de la auto-expulsión de Cataluña de la Unión, elCatalexit;
algunos mediante el dibujo de escenarios de ciencia-ficción; otros se
han centrado en los efectos de la mera ruptura de relaciones con España,
sin incorporar los propiamente europeos. De modo que hay carencia de
estudios sólidos sobre las consecuencias de la deseuropeización de
Cataluña. Quizá porque parecía un escenario ridículo o imposible. Aunque
sí se van perfilando algunos efectos inmediatísimos de una eventual
separación, como la pérdida de la (ya difícil) candidatura de Barcelona a la Agencia Europea del Medicamento.
Para los ciudadanos supondrían la vuelta a las fronteras y a los visados
Pero siguen faltando cifras. Así que para estimar ese impacto con
referencias verosímiles, habrá que recurrir a la experiencia comparada,
aunque sea distante. La más reciente, la británica. Uno de los más
exhaustivos estudios sobre las consecuencias del Brexit,
el del Tesoro del año pasado, recuerda los beneficios económicos que
para el reino trajo el ingreso en la Unión. Entre ellos, una mayor
apertura comercial; un fuerte incremento de la productividad; un mercado
interior abierto (la mayor potencia comercial del mundo) sin aranceles
internos, ni cuotas, ni barreras técnicas; una unión aduanera amplia con
tarifa exterior común pero sin fronteras internas entre 28 países;
tratados comerciales ya establecidos con una cincuentena de países (y no
heredables en caso de separación), que permiten un amplísimo acceso a
la economía global; unas facilidades de inversión directa que le han
permitido aumentarla en más de un 27%. En suma, la ocasión de una
economía próspera potencialmente generadora de empleo abundante.
Los técnicos del Tesoro calcularon que en caso de consumarse el
Brexit, el PIB nacional se reduciría entre un 3,4% y un 9,5% anual y las
pérdidas de ingresos por familia oscilarían entre 2.600 libras y 5.200
libras anuales (algo más en su conversión a euros): cifras que concretan
el abanico entre el escenario más favorable, la reconducción del país
a la situación de Noruega en el Espacio Económico Europeo, al más
adverso, tener que regirse solo por las reglas de la Organización
Mundial del Comercio. Si el balance de la no pertenencia a Europa se
calcula tan dramático para la quinta economía del mundo, primera
potencia militar europea y emporio en el uso creativo de las nuevas
tecnologías y las industrias del talento, ¿qué ocurriría con Cataluña?
Una Cataluña independiente no seguiría en el euro, porque no formaría parte de la UE
y el euro es la moneda de la UE. No estaría en la unión monetaria al
menos hasta que fuese admitida en la Unión con mayúsculas, lo que
requiere el voto unánime de todos los Estados miembros, España incluida.
Artur Mas prometió en 2014 que “en cualquier escenario Cataluña va a
estar en el euro, mientras cumpla las condiciones, como ahora; hay
países que no están en la UE y tienen euro; Cataluña lo tendrá si
quiere”.
Una tras otra, todas esas afirmaciones son falsas.
Cataluña no está en el euro (sino en función de formar parte de
España). No cumple (no debe cumplir) ninguna condición ahora, sino que
debería hacerlo justo un año antes de su adhesión a la moneda (en caso
de que ya hubiese accedido a la UE), acreditando al menos un déficit
máximo del 3% del PIB (incumple) y una deuda del 60% (incumple). No hay
países que “tienen” el euro sin estar en la UE, sino que lo “usan” tras
ser autorizados por ello por Bruselas mediante un acuerdo, como Mónaco,
San Marino, Vaticano y Andorra, y sin ningún acceso a los órganos de
gobernanza de la unión monetaria. El economista Jordi Galí sostuvo en
2012 que el caso de Mónaco era “una referencia útil” para Cataluña. Pero
el acuerdo monetario Bruselas-Mónaco no sigue el modelo de los que se
traban con Estados soberanos. Mónaco lo firmó con la UE ¡y con Francia!,
país que tutela al Principado, y en calidad de territorio tutelado,
porque limita su capacidad de emisión a una cuota del total francés.
Si esa es la referencia del secesionismo, Cataluña debería firmarlo
también con España y ocurriría que en el sistema monetario y financiero
de la República catalana mandaría el Banco de España.
Deberían reajustarse las cuotas de pesca y la agricultura perdería las ayudas
Otra salida sería la emisión de una moneda propia, quizá la peçeta
(pieza pequeña), la moneda medieval catalana que dio nombre a la peseta
de Laureà Figuerola. El problema es que será difícil que mejoren
rápidamente los malos datos de hoy:
una importante deuda pública, superior al 100% del PIB y sin
posibilidad de financiarla como hasta ahora gracias al FLA español ni
tampoco en los mercados internacionales dada su calificación de deuda basura.
Así que la República catalana empezaría su andadura con una crisis
financiera de caballo, debiendo devaluar drásticamente su moneda en
relación con el euro, lo que conduciría a la ciudadanía catalana a la
ruina y/o la miseria.
Si un Estado miembro de la UE pertenece a la unión monetaria
—la llamada eurozona—, los bancos de ese país gozan de un marco
monetario y financiero de primerísima calidad, potencia y amparo,
comparable al más potente del mundo, el norteamericano.
Esos bancos tienen derecho a recibir del Banco Central Europeo (BCE)
ingentes apoyos de liquidez (deben avalarlos con "colaterales" o
activos de su balance que sean realizables); a recibir transfusiones de
liquidez de emergencia en caso de sufrir una crisis (también bajo
garantías); y a disponer de un "pasaporte" europeo que les permite
instalarse en cualquier ciudad de la UE, así como lanzar emisiones de
activos aceptadas simultáneamente en todo el mercado de la eurozona.
Pero además, en cuanto que está ya en marcha la Unión Bancaria, la demostración de la calidad de su balance debe ser más evidente, porque lo certifica
(a partir de que tenga cierto tamaño) el Mecanismo Único de Supervisión
(incardinado en el BCE). Y además goza en caso de hacer aguas (y sobre
todo, gozan los contribuyentes, porque no habrán de financiarlo) del
apoyo del Fondo de Resolución, la herramienta europea del rescate (si es
posible) o de la liquidación (ordenada). Esta adscripción, además, en
un contexto de política monetaria expansiva, permite a los bancos
financiarse a bajísimos tipos de interés (aumentando su solvencia), lo
que poco o mucho deben acabar trasladando a sus clientes.
Hasta esta semana la gran banca de origen catalán y dimensión
española o global (Caixabank y Sabadell) gozaba de estas ventajas y
privilegios desde sus sedes en Cataluña, porque no había duda de que
eran entidades del ámbito de un Estado miembro de la eurozona: ahora han decidido profesionalmente cambiar de ciudad/sede,
precisamente para garantizar esos blindajes, que corrían peligro por
las incertidumbres que ha sembrado el secesionismo en los mercados y
entre los depositantes. Aunque los medios de la plutocracia
independentista subvencionados por la Generalitat lo endosen a una "gran
operación de intimidación" (no del Govern, sino del Gobierno). La gran
banca catalana se ha protegido, salvando el abismo de la declaración de independencia
(o sucedáneo). Pero al paradójico coste de que el independentismo haya
aplastado y aniquilado el secular sueño catalanista de consolidar un
potente poder financiero con sede en Cataluña. Quizá por siempre.
Algunas entidades de menor tamaño no han tomado aún decisiones de
relocalización, como la caja cooperativa de los ingenieros, o la de
Guissona. La de los arquitectos y abogados emigró también el viernes. El
páramo.
El acuerdo relativo a la supresión de fronteras interiores de la UE
toma su nombre de una pequeña localidad luxemburguesa, Schengen, en la
que se firmó ese pacto que traduce de modo ejemplar el principio
fundamental, tantas veces repetido, de la libre movilidad de las personas en Europa
(un principio que es, por cierto, uno de los elementos contra los que
nació el Brexit: el Gobierno británico quería limitar la entrada de
inmigrantes de la UE). Entró en vigor en 1995 y lo han firmado algunos
países que no están en la Unión
(Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia), mientras que Reino Unido,
Irlanda, Rumania, Bulgaria, Chipre y Croacia no forman parte de él.
Varios análisis jurídicos coinciden en que una hipotética Cataluña
independiente quedaría fuera del espacio Schengen.
La mayoría de los juristas se decanta por dar a Schengen el mismo
trato que al resto de tratados europeos: si Cataluña se independiza
tendrá que solicitar su entrada y negociarlos durante años. "La ley es
muy clara: una declaración unilateral de independencia sacaría
inmediatamente a Cataluña de la Unión Europea, privaría a los catalanes
de los derechos que disfrutan como ciudadanos europeos
y supondría la vuelta a las fronteras y a los visados porque los
catalanes dejarían de disfrutar de la libertad de movimiento en un
espacio de seguridad jurídica mutua que garantiza el Tratado de
Schengen", según un informe de la Fundación Alternativas. Al ser un
tratado mixto, la solicitud de ingreso requeriría un acuerdo unánime.
Con el voluntarismo habitual, el soberanismo ha reiterado que Europa
aceptaría a Cataluña por su propio interés para controlar la inmigración
irregular, las redes de crimen organizado, las rutas de la droga y todo
tipo de prácticas relacionadas con la corrupción. El Consejo Asesor
para la transición nacional presentó en su día un estudio —con el
membrete de la Generalitat— que apunta que Cataluña "podría ser miembro
del espacio Schengen, en especial si pertenece a la EFTA (una asociación
de libre comercio a la que pertenecen Suiza, Liechtenstein, Noruega e
Islandia), pero antes tendría que cumplir una serie de requisitos", como
el control eficaz de sus fronteras. Pero para ingresar en la EFTA
debería cumplir antes, una vez más, una interminable serie de
requisitos.
Un Brexit aún más endiablado. Reino Unido votó en referéndum salir de la UE hace ya más de un año.
Y esa salida provoca automáticamente que Reino Unido se queda fuera de
las decenas de acuerdos comerciales firmados con la UE: Londres debe
pactar con Bruselas su futura relación comercial, pero de la misma
manera tiene que negociar desde cero tratados comerciales con todos los
países del mundo. Todo eso se complica endiabladamente en el caso
catalán: en primer lugar necesitaría el reconocimiento internacional,
para después empezar a negociar acuerdos que suelen tardar años. El
pacto comercial más importante sería, paradójicamente, con España, con
quien Cataluña tiene estrechos lazos comerciales y de inversiones. Lo
mismo sucede con la UE. Una alternativa sería solicitar el ingreso en la
Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, con Islandia, Noruega,
Liechtenstein y Suiza). Para ello hace falta un acuerdo unánime de esos
cuatro países. Y para ello, una vez más, hace falta un reconocimiento
internacional que en estos momentos es de lo más difuso. "No parece que
vaya a haber muchas dificultades para la adhesión a esta organización",
concluye con indisimulado voluntarismo un informe del Consejo asesor para la transición nacional encargado por la Generalitat.
Aeropuerto del Prat en Barcelona.MIRIAM LÁZARO
Esa sería la puerta de entrada al Espacio Económico Europeo, que
aplica las normas relativas al mercado interior y permite beneficiarse
de las libertades económicas de la Unión sin participar en la toma de
decisiones. Ese informe admite que en caso de que se obstaculizara una
integración rápida y en régimen transitorio de Cataluña en la UE,
Cataluña debería dotarse de una estrategia alternativa para acceder a
los mercados internacionales, clave para una economía tan abierta como
la catalana. Para ello hay que firmar acuerdos multilaterales con la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Y eso no es posible sin ser miembro de la OMC: más problemas. Los
efectos secundarios de una declaración de independencia dejarían huella
en varios capítulos económicos y comerciales: las fuentes consultadas en
Bruselas explican que Cataluña tendría que renegociar las cuotas de
pesca con la UE, y los agricultores perderían, de entrada, las ayudas de
la política agrícola común. "Todo eso es terriblemente complicado con
Reino Unido, que es un Estado reconocido internacionalmente; con una
región cuyo reconocimiento está en el aire, esto es como hablar de
ciencia ficción", admiten las fuentes consultadas en Bruselas.
7 La ONU, al margen: “Los Estados reconocen Estados”
Otro de los territorios inexplorados que recorrería una Cataluña
independiente es su relación con Naciones Unidas. El organismo rehúye
abordar directamente el asunto —“el secretario general confía en que las
instituciones democráticas de España encontrarán una solución”—, pero
un portavoz aclara que, de forma genérica, la clave no tiene que ver con
el reconocimiento de los países per se. “La
ONU no desempeña un papel en el reconocimiento de los países como tal;
los Estados reconocen a Estados”, explica. Cataluña ingresaría como
nuevo miembro por decisión de la Asamblea General, bajo recomendación
del Consejo de Seguridad (formado por los cinco miembros permanentes y
10 rotatorios). EE UU, Rusia, China, Reino Unido y Francia tienen poder
de veto.
Sudán del Sur fue el último Estado en incorporarse a la ONU, en julio
de 2011. El Consejo de Seguridad aprobó su ingreso sin llegar a votar,
por consenso. Hace dos años, ya en plena ebullición del conflicto
independentista catalán, el Gobierno español aprovechó la declaración con motivo del 70º aniversario de la ONU para lanzar un mensaje.
El texto, aprobado por iniciativa de España, recalcaba la obligación de
“respetar el principio de igualdad soberana de todos los Estados, su
integridad territorial e independencia política”. Pero, acto seguido,
añadía el que también es un principio de la ONU, “la libre determinación
de los pueblos”, pero en los supuestos coloniales, de ocupación militar
o cuando no se respetan los derechos humanos. Informa Amanda Mars
Al igual que ocurre con las instituciones de la Unión Europea, una
Cataluña unilateralmente independiente no tendría cabida en el Consejo
de Europa. Esta institución, surgida en 1949 como primer intento de
alejar al continente del abismo de la guerra, aglutina hoy a 47 países
europeos. Las condiciones para adherirse figuran en sus estatutos:
"Aceptar los principios del Estado de derecho y del disfrute de los
derechos humanos y las libertades fundamentales por parte de todas las
personas en su jurisdicción".
La nómina de países miembros, entre los que figuran todos los de la
UE, pero también Turquía, Ucrania o Azerbayán, despierta dudas sobre el
cumplimiento de esos valores fundamentales. Pese a todo, los requisitos
de entrada sí suponen una barrera. Sin aludir expresamente al caso
catalán, un portavoz de la institución asegura que el Estado que desee
integrarse en el Consejo de Europa debe solicitarlo al comité de
ministros, donde están representados los 47 Estados miembros. La clave
está en que la decisión se adopta por unanimidad. Resulta difícil
concebir que España permitiese la entrada de una Cataluña desgajada sin
respetar la legalidad. Dos ejemplos ilustran bien las opciones posibles.
En 1993, la institución con sede en Estrasburgo acogió entre sus
miembros a la República Checa y a Eslovaquia, que se habían divorciado
—amistosamente— unos meses antes. Así que el Consejo de Europa no tuvo
problema en admitir como nuevos socios a los Estados legalmente
sucesores de la anterior Checoslovaquia.
Peor suerte ha corrido Kosovo, que se independizó de Serbia en 2008
tras el genocidio al que fue sometida una parte de su población durante
la guerra de 1998-1999. Con esos precedentes, la ONU consideró legal su
independencia dos años después de proclamarla. Más de 100 países (España
no figura entre ellos) lo avalan como Estado. Pese a todo, sus
autoridades ni siquiera han llegado a solicitar el ingreso en el Consejo
de Europa, donde sí permanece Serbia. Este país de la antigua
Yugoslavia sigue sin admitir la secesión de su antigua provincia.
Convencer a los jubilados de las ventajas de la secesión ha sido uno
de los caballos de batalla de los partidos independentistas. Estos no
solo han afirmado que se mantendrían, sino también que en un nuevo
Estado catalán serían "más altas" que ahora. "En una Cataluña
independiente las pensiones no solo estarían garantizadas, sino que
mejorarían", sostiene un documento del Gobierno de la Generalitat del
mes pasado. ¿Es ello cierto? El sistema español está basado en el
principio de reparto. Es decir, las contribuciones sociales van
directamente a pagar las pensiones. La Generalitat sostiene en su último estudio que el conjunto de ingresos
y gastos de la Seguridad Social tuvo un déficit en Cataluña de 1.308
millones de euros en 2016, lo cual supone un 7,2% del total de España.
Esas cifras no coinciden, sin embargo, con las que ofrece el Estado.
Según los datos de la Seguridad Social, la comunidad cerró el año pasado
con un agujero de 4.963 millones de euros. Ambos datos, en cualquier
caso, llevan a la misma conclusión: un nuevo Estado catalán necesitaría
fondos para sufragar las pensiones.
Los asesores de Artur Mas elaboraron un documento en el que barajaban
dos escenarios. Si hay una separación pactada, daban por hecho que
habría un reparto de la hucha de la Seguridad Social, a la que echarían
mano de inmediato. Si no es así, los primeros meses serían complicados y
se debería recurrir al Presupuesto, financiado con los impuestos de los
ciudadanos. El problema es que desde que se elaboró ese documento el Estado ha ido vaciando esa hucha,
por lo que Cataluña en el mejor de los escenarios apenas contaría con
2.000 millones de euros. La alternativa sería, pues, o más impuestos o
más deuda.
Pero el debate de fondo es si Cataluña está mejor preparada para las
pensiones. Es cierto que, excluyendo los ciclos recesivos, los saldos de
la Seguridad Social tienen un mejor comportamiento en la comunidad que
en el conjunto del Estado. Ello se debe, sobre todo, a que Cataluña
tiene una menor tasa de paro y unos salarios algo superiores. Sin
embargo, la tasa de envejecimiento desde 1980 se ha incrementado en
siete puntos, casi igual que en toda España, y la edad media de sus
ciudadanos y la esperanza de vida son muy similares. Pese a la ventaja
de tener una mayor tasa de actividad y más afiliados, el volumen de
jubilados hace que haya 1,75 afiliados per pensionista, justo en la
media española, y muy por debajo que Madrid (2,5). Una Cataluña
independiente se enfrentaría, pues, a los mismos retos que ahora tiene
España sobre la mesa en materia de pensiones.
Un nuevo Estado catalán nacería con una voluminosa deuda, de 265.082
millones de euros, equivalente al 125% de su Producto Interior Bruto
(PIB). El propio vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y el
órgano asesor para la llamada "transición nacional" sugirieron que sin
acuerdo, Cataluña no debería hacerse cargo de ninguna deuda más allá de
las contraídas como Administración autonómica, que ascienden a 78.737
millones de euros, incluyendo sus empresas públicas. Es más, Junqueras
sugirió que la deuda podría ser usada como elemento para forzar al
Estado a sentarse a negociar. Sin embargo, hay consenso entre los
economistas en que la independencia solo es posible con un acuerdo, por
lo que Cataluña debería hacerse cargo de parte de la deuda española.
¿Cuánta? El criterio más extendido es que se llevaría la parte
proporcional del peso de la economía catalana en el conjunto de España,
del 19%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). De acuerdo
con los datos del Banco de España, descontando los mecanismos de
liquidez para las comunidades autónomas, la comunidad debería asumir
186.345,5 millones de euros, lo que sumado a su deuda actual arroja
265.082 millones.
La gran banca se protege y aniquila el sueño de un poder financiero catalán
Cataluña sería uno de los países más endeudados de Europa, solo por
detrás de Grecia, Italia y Portugal. Sin embargo, el mayor problema no
sería arrastrar esa losa, sino cómo afrontarla. El Gobierno de la
Generalitat tiene los mercados cerrados a cal y canto desde 2012, cuando
tuvo que pedir asistencia al Gobierno central. Con una deuda situada
por las agencias de calificación de riesgos al nivel de bono basura, hoy su único prestamista es el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
"El Estado es el único banco al que podemos acudir", recordó en varias
ocasiones el exconsejero de Economía Andreu Mas-Colell. Según los datos
de la propia Generalitat, a finales de este año el 78% de su deuda
estará en manos del FLA. A pesar de los intentos de Junqueras, que
recientemente ha viajado a Estados Unidos para reunirse con
instituciones financieras, Cataluña no ha podido regresar aún a los
mercados para pedir prestado. Y las perspectivas no son nada halagüeñas.
La agencia de rating Moody's ha recordado que la Generalitat afronta
"altas necesidades de refinanciación" y tiene una "posición de liquidez
significativamente debilitada" en los últimos años, lo cual complicaría
el acceso de la Administración general de una Cataluña independiente a
los mercados mayoristas, al menos hasta que se disiparan todas las
incertidumbres iniciales.
10 El Barça quiere seguir, La Liga no se lo confirma
El Barça desea seguir jugando Liga y Copa como lo ha hecho toda la vida,
aunque el Govern declare la independencia. También los otros dos clubes
catalanes de Primera, Espanyol y Girona. Pero esa continuidad
dependería de la administración deportiva y de La Liga. La situación se
puede extrapolar al resto de los grandes deportes, aunque en algunos
casos, como en el hockey patines, más de un club se ha mostrado
partidario del derecho a la autodeterminación.
Messi, durante un partido de esta temporada en el Camp Nou.AFP
“Vamos a ver qué pasa. Si se produce la declaración de independencia,
automáticamente citaré a los clubes catalanes. No se produciría una
ruptura inmediata, pero la clave está en la federación catalana. Si esta
apoya esa postura, pues quedarían fuera de las competiciones estatales.
Nuestra obligación es escuchar pero hay que cumplir el reglamento”,
dice Javier Tebas, presidente de La Liga. Todas las federaciones e
instituciones que organizan competiciones en España están sujetos a la
Ley del Deporte, que hace explícito que las disputan los clubes de
España y de Andorra. “Se entiende que mientras Cataluña no fuera
reconocida como país por España, los clubes seguirían siendo españoles de facto”, dicen en la Asociación de Clubes de Baloncesto.
El Comité Olímpico Español ha convocado una reunión de su comité
ejecutivo en la que analizará la incidencia de la situación política en
Cataluña y los Juegos Mediterráneos de Tarragona en 2018. Cataluña tiene
un peso enorme en el deporte español. 95 de los 309 olímpicos en Río
2016 eran catalanes. De las 17 medallas españolas en esa cita, ocho
tuvieron participación catalana (cuatro individuales). El deporte
catalán es especialmente hegemónico en algunas disciplinas como el
waterpolo, el hockey hierba y el hockey patines. Informa Robert Álvarez
La peor de todas, la que ha causado más estragos en la historia, es
la pasión nacionalista. Religión laica, herencia lamentable del peor
romanticismo. El nacionalismo ha llenado la historia de Europa y del
mundo, y de España, de guerras, de sangre y de cadáveres. Desde hace
algún tiempo, el nacionalismo viene causando estragos también en
Cataluña.
Para eso estamos aquí, para pararlo. Para eso han salido miles y miles de catalanes de sus casas en esta mañana soleada del otoño catalán.
Son catalanes democráticos, que no creen que son traidores quienes
piensan distinto a ellos. Son catalanes que no consideran al adversario
un enemigo, que no ensucian sus puertas, ni destruyen sus vitrinas.
Catalanes que creen en la democracia, en la libertad, en el Estado de
derecho, en la Constitución.
Y además de catalanes, hay aquí, esta mañana, miles de hombres y
mujeres venidos de todos los rincones de España —e incluso del Perú—, a
decirles a los amigos catalanes que no están solos, que estamos con
ellos, que queremos dar juntos con ellos la batalla por la libertad.
Estamos armados de ideas, de razones y de una convicción profunda de que
la democracia española está aquí para quedarse. Y que ninguna conjura
independentista la destruirá.
No queremos que los bancos y las empresas se vayan de Cataluña como
si fuera una ciudad medieval acosada por la peste. No queremos que los
ahorristas catalanes retiren su dinero por la desconfianza, por la
inseguridad jurídica que les merece el futuro de Cataluña. Queremos, por
el contrario, que los capitales y las empresas vengan a Cataluña para
que vuelva a ser, como tantas veces en su historia, la capital
industrial de España, la locomotora de su desarrollo y su prosperidad.
Queremos que Cataluña vuelva a ser la Cataluña capital cultural de
España, como era cuando yo vine a vivir aquí, en unos años que recuerdo
con enorme nostalgia. Eran los últimos años de la dictadura franquista.
La dictadura se deshilachaba y hacía aguas por todas partes. Y ninguna
ciudad española aprovechó tanto como Barcelona esos resquicios de
libertad para volcarse al mundo y traer del mundo las mejores ideas, los
mejores libros, todos los grandes logros de la vanguardia. Por eso
venían los españoles a Barcelona. Porque aquí los aires eran ya los de
Europa. Es decir, los de la democracia y la civilización.
Aquí, en esa Cataluña se reunieron, después de haberse dado la
espalda desde la guerra civil, los escritores españoles y los escritores
latinoamericanos. Aquí, yo he visto llegar a Barcelona a muchachas y
muchachos de toda América Latina, con vocaciones artísticas y
literarias, que venían porque aquí había que estar si uno quería
triunfar en el mundo de las artes, del pensamiento, de la literatura.
Venían aquí como nosotros en las generaciones anteriores íbamos a París.
Queremos que Barcelona, que Cataluña, vuelvan a ser la capital de la
cultura de España.
Queridos amigos. España es un país antiguo. Cataluña es un país
antiguo. Hace 500 años sus historias se juntaron y se juntaron con las
historias de vascos, de gallegos, de extremeños, de andaluces, etcétera.
Para crear esa sociedad multicultural y multilingüística que es España.
Ahora, desde hace 40 años, además de recuerdo de un pasado grandioso y a
veces trágico, España es también una tierra de libertad, una tierra de
legalidad. Eso el independentismo no lo va a destruir.
Se necesita mucho más que una conjura golpista de los señores
Puigdemont y Junqueras, y de la señora Forcadell, para destruir lo que
han construido 500 años de historia. No lo vamos a permitir. Aquí
estamos ciudadanos pacíficos, que creemos en la coexistencia, que
creemos en la libertad. Vamos a demostrarles a esos independentistas
minoritarios que España es ya un país moderno, un país que ha hecho suya
la libertad y que no a va a renunciar a ella por una conjura que quiere
retrocederlo a país tercermundista.
Esta manifestación supera todo lo que los más optimistas
organizadores consideraban. Es la demostración maravillosa de que en
Barcelona, de que en Cataluña, como en el resto de España, están por la
democracia, por la legalidad y por la libertad.
¡Viva la libertad! ¡Visca Catalunya! ¡Viva España!"
El nobel Mario Vargas Llosa (Arequipa, Perú, 1936) se juró a sí mismo
en 1990, tras perder las elecciones contra Alberto Fujimori en su país,
que jamás volvería a pisar un estrado en una manifestación política. El
domingo rompió esa promesa por su cariño a Barcelona: “Es una insensatez que la capital literaria
del mundo hispano se convierta en una republiqueta”, se dijo. Vargas
Llosa contesta por correo electrónico a un Pregunta. ¿Qué impresión tuvo en Barcelona de lo que más le preocupa, que es la desunión? Respuesta. Me pareció extraordinaria la cantidad de
gente que asistió a la manifestación. Todo el mundo decía que estaba
sorprendido, una concurrencia tan gigantesca, fue sorprendente. Todo el
mundo estaba convencido de que era algo fuera de lo común, que había
salido muchísima gente que normalmente no va a manifestaciones. También
me impresionó el carácter festivo, simpático, que caracterizó toda la
marcha hasta la Estación de Francia. Fue realmente una movilización
fuera de serie. Fue muy espectacular y muy pacífica. Clarísimamente, no
es una mayoría la que quiere la independencia y esta manifestación lo ha
demostrado. No hay una mayoría. Había un abanico de gentes de todos los
sectores. Algo muy emocionante y una demostración de que no hay un
apoyo masivo por el independentismo. Pensaban que tenían la calle y no
la tienen, la comparten. También hay que decir que había gente de toda
España que fue a dar su apoyo. Había en Barcelona un ambiente de fiesta
con todas las banderas. Quedé muy emocionado y muy conmovido. Esa
batalla se tiene que dar y se va a ganar. P. ¿Qué sensación le produjo el discurso de Josep Borrell? R. Borrell estuvo muy bien. Dio casi una clase
académica demostrando, de una manera muy clara, que ha habido cierta
responsabilidad de algunos banqueros y empresarios, un silencio
culpable, y que solo ahora reaccionan huyendo. Debieron decir antes lo
que esto iba a significar. Hizo una crítica muy justificada. Creo que la
fuga de empresas demuestra la catástrofe que sobrevendría a Cataluña si
prosperara el independentismo. Desde el punto de vista económico y
empresarial esto puede servir de freno. P. ¿Con qué estado de ánimo llegó a Barcelona y qué estado de ánimo tiene ahora? R. Yo había jurado que nunca más, después de mi
participación política en el Perú, volvería a subirme a un estrado de
una manifestación política. Pero yo le tengo mucho cariño a Barcelona.
Los años que viví ahí fueron muy importantes para mí, años de trabajo
intelectual, de amistad. Allí vi nacer a mi hija Morgana, en la clínica
Dexeus. Mi contacto con el mundo latinoamericano se lo debo a Cataluña
porque era la capital literaria del mundo hispano. Es una insensatez que
ese espacio se convierta en una republiqueta. Me afectó mucho esa idea. P. Si ahora tuviera que añadir una frase a su discurso, ¿qué diría? R. Diría: “Gracias Barcelona, gracias, españoles por
haber manifestado de una manera tan pacífica y tan clara que no están
por la regresión, por el retroceso, por la llamada de la tribu”.
Cerca de un millón de personas han
acudido este domingo a la manifestación de Barcelona, convocada por
Societat Civil Catalana (SCC), a favor de la unidad de España. La
concentración ha contado con la presencia de la presidenta de la
Comunidad y del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, y la delegada de Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa,
el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez
Almeida, el exfiscal Carlos Jiménez Villarejo, los catedráticos de
Derecho Constitucional Francesc de Carreras y Teresa
Freixes; el exministro Josep Piqué; la portavoz de Libres e Iguales,
Cayetana Álvarez de Toledo; el escritor Arcadi Espada y los
eurodiputados Santiago Fisas, Enrique Calvet y Teresa Giménez Barbat, entre otros. Mario Vargas Llosa
y Josep Borrell han sido los encargados de dar un discurso al final de
la manifestación. «Desde hace unos años el nacionalismo está causando
estragos también en Cataluña», ha declarado el premio Nobel de
Literatura.
Pero Barcelona no ha sido el único escenario. Londres, París y Bruselas
también han acogido varias concentraciones en defensa de la unidad.
Concretamente, varias decenas de personas se han concentrado en
Picadilly Circus en la capital británica mientras que en París un
centenar de ciudadanos se han reunido junto a la sede del Instituto
Cervantes a favor de la unidad de España, con banderas y enseñas en las
que se podía leer que los españoles no están «solos» y que son
escuchados en el extranjero. Bajo la lluvia y frente a la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, también han participado varias decenas de personas en otra concentración similar.
