Accidente ocurrió el 26 de mayo de 2013 en Turquía con el fallecimiento de 62 militares..
El Tribunal Constitucional acordó, el pasado 13 de febrero 2013,
desestimar el recurso de las familias contra el sobreseimiento de la
causa abierta por las irregularidades que rodearon la contratación del
vuelo. Le bastó un párrafo para, alegando la “manifiesta inexistencia de
violación de un derecho fundamental”, dar carpetazo a la investigación,
a pesar de que la fiscalía consideró que el accidente fue “previsible”,
fruto de una “imprudencia grave” y una “absoluta falta de diligencia” y
de que seis mandos —incluidos el ex jefe de la cúpula militar, el
almirante Antonio Moreno Barberá, y el exjefe del Estado Mayor Conjunto,
el teniente general Juan Luis Ibarreta—
llegaron a estar imputados. Los peritos concluyeron que
el siniestro fue fruto de un error fatal de los pilotos,
una maniobra temeraria e inexplicable. O quizá no tanto, porque también
constataron la falta de preparación y el exceso de fatiga de los
tripulantes.
Ni el indicador de combustible ni el sistema de grabación de
conversaciones en cabina funcionaban. Estas averías no provocaron el
accidente del Yak-42 pero, según la reglamentación aeronáutica, eran
suficientes para prohibirle despegar.
Tres procesos
El Constitucional ha inadmitido el recurso de las familias contra el
archivo de la causa para investigar las irregularidades que rodearon la
contratación del Yak-42
De los tres condenados por la falsa identificación de los cadáveres,
el general Vicente Navarro murió antes de ingresar en prisión y los dos
comandantes forenses fueron indultados.
La condena de 6,1 millones impuesta en septiembre pasado a Chapman
Freeborn y UM Air aún no se ha ejecutado. La primera tiene sede en
Alemania y la otra podría ser insolvente.
El archivo de la causa ha impedido saber por qué se confió a una
compañía ucraniana —incluida más tarde en la lista negra de la Aviación
Civil— el traslado de las tropas y, sobre todo, a dónde fueron a parar
los 110.558 euros de diferencia
entre lo que pagó Defensa (149.000) y lo que recibió UM Air (38.442), operador final del vuelo. Si solo hubo desidia y falta de control o algo más.
Para aclararlo habría sido necesario investigar la cadena de
subcontrataciones, media docena en total. El actual jefe del CNI, el
general Félix Sanz Roldán, encargó una auténtica tarea detectivesca para
recuperar los contratos; pero varios tenían tachado el importe. Tampoco
aparecieron nunca, aunque el juez los pidió, los expedientes de los 41
vuelos anteriores, cuyo importe total superó los 8,8 millones de euros.
Defensa intentó descargar toda la responsabilidad en la agencia NAMSA
de la OTAN, que gestionaba el flete de los aviones, pero ésta alegó que
se limitaba a verificar la documentación, no el estado de los aparatos.
Ni una cosa ni otra.
El Yak-42 carecía incluso del seguro previsto en el contrato
y Defensa tuvo que abonar 75.000 euros por fallecido (4,6 millones en
total). El dinero salió de las arcas públicas y el Estado nunca lo
reclamó.
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