El
exministro José Luis Ábalos, que fue "número tres" del PSOE y hombre de
máxima confianza de Pedro Sánchez, dormirá esta noche en la cárcel. El
magistrado del Tribunal Supremo (TS) Leopoldo Puente ha acordado su
prisión incondicional y la de su exasesor Koldo García ante el riesgo de
fuga y la gravedad de los delitos que se les imputan por el supuesto
cobro de comisiones ilegales.
La decisión del instructor del "caso Koldo" de enviar a
prisión al exdiputado socialista (ahora en el Grupo Mixto) se produce a
instancias de la Fiscalía y de las acusaciones populares, que
solicitaron la medida tras las vistillas celebrada en el Tribunal
Supremo (TS) para decidir sobre la modificación de las medidas
cautelares que hasta ahora impedían al exministro y a Koldo García salir
de España (tuvieron que entregar el pasaporte) y les obligaban a
comparecer cada 15 días en el juzgado.
Para el magistrado del
Supremo, la prisión de Ábalos es el "único instrumento posible" "para
asegurar racionalmente la pronta celebración del acto del juicio oral,
conjurando el evidente riesgo de que, en las circunstancias concurrentes
en este momento, pudiera el acusado sustraerse a la acción de la
Justicia".
Se trata de la primera vez -desde que Ábalos
compareció voluntariamente en el Supremo el 12 de diciembre del pasado
año- en que el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón ha
solicitado el ingreso en prisión de los dos investigados, algo que ya
habían hecho sin éxito las acusaciones populares (que antes de estas
comparecencias ya habían adelantado que instarían al instructor a
acordar la privación de libertad.
Juicio "muy próximo"
El
magistrado justifica la prisión provisional, comunicada y sin fianza
para ambos -a quienes imputa delitos de integración en organización
criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de
influencias y malversación- en la existencia de indicios delictivos más
que bastantes. Según Puente, el riesgo de que se sustraigan a la acción
de la Justicia es "extremo", por lo que considera que no puede
minimizarse con las actuales medidas cautelares en vigor (comparecencias
quincenales en el Juzgado y retirada del pasaporte) ante un previsible
"muy próximo" juicio. Según pone de manifiesto, existen numerosos
indicios racionales de criminalidad frente a ambos, unido al hecho de
que las acusaciones reclaman que se les impongan penas muy graves.
Según
el instructor, son tres las circunstancias que han cambiado desde que
el pasado 14 de octubre se negó a acordar la prisión de Ábalos (como
pidió la acusación popular). En primer lugar, el auto de procesamiento
del pasado 3 de noviembre, donde se detallan los "consistentes indicios"
contra el exministro.
En segundo lugar, destaca que ya se han
presentado los escritos de acusación, interesando la apertura de juicio
oral y atribuyendo "graves delitos" al exdirigente socialista, por los
que solicitan que se le imponga graves penas cuya extensión (24 y 30
años de prisión, respectivamente) "se comenta por sí sola". En el caso
de Ábalos, subraya, aunque se le imponga la pena mínima no será inferior
a los diez años de cárcel.
Comunicación al Congreso
Y
en tercer lugar, argumenta, dada la condición de aforado de Ábalos, el
juicio se celebrará previsiblemente "en apenas unos meses", "sin que la
prisión provisional, en consecuencia, pudiera en ningún caso superar ese
relativamente breve período de tiempo".
Al mismo
tiempo, recuerda que Ábalos también está siendo investigado por el
supuesto amaño de adjudicaciones de obra pública a cambio de comisiones,
una actuación "de la que igualmente podrían derivarse graves
responsabilidades penales" para el exministro.
De ahí que considere "extremo" el riesgo de que se fugue en estas circunstancias.
Puente
ordena que se ponga en conocimiento de la presidenta del Congreso de
los Diputados, Francina Armengol su resolución, en cuanto afecta a la
situación personal de Ábalos como aforado, así como el auto de
procesamiento del pasado 3 de noviembre, tal y como obliga el artículo
14.1 del Reglamento de la Cámara Baja tras concederse el suplicatorio
para que se inicie el trámite para su suspensión.
Ha manejado "importantes cantidades de dinero"
Puente
descarta que el hecho de que su único sustento sea, como él mismo ha
manifestado, el sueldo de diputado (que perderá una vez el Congreso le
suspenda en sus funciones tras la orden de prisión), "le vincule de
particular manera estable a nuestro país". La pérdida de ese salario,
recalca, "se produciría también, dentro previsiblemente de pocos meses,
para el caso de ser dictada en su contra una sentencia de sentido
condenatorio".
En sustento de ese "máximo" riesgo de
fuga, el instructor incide en que el exministro "ha podido recibir y
manejar importantes cantidades de dinero en metálico, al punto que
durante varios años no precisó realizar egreso alguno de sus cuentas
bancarias, lo que permite inferir razonablemente que pudiera disponer de
recursos económicos bastantes
para emprender y sostener la fuga".
A lo que añade sus "más que evidentes" contactos internacionales,
también a consecuencia de su desempeño público, a través de los cuales
podría obtener fondos "con el propósito de facilitar o contribuir a la
fuga".
Su abogado: el objetivo es que colabore
Durante
la vistilla, el abogado de Ábalos, Carlos Bautista, ha incidido en la
falta de indicios delictivos contra el exministro y ha negado el riesgo
de fuga por su arraigo en España al tener un trabajo conocido (por su
condición de diputado). Según fuentes jurídicas, el letrado se ha
quejado de la vulneración del derecho de representación política que
supone acordar su entrada en prisión, una medida que considera que se ha
solicitado por las acusaciones para forzar la colaboración con la
Justicia del exministro socialista.
Pero Puente rechaza
este argumento y asegura que "si ese fuera el -sin duda inaceptable-,
propósito de las acusaciones o del instructor, no sería este el momento
más adecuado para acordar la prisión provisional, cuando ya, debido al
avanzado estado del procedimiento, poco relevante parece que pudiera el
acusado aportar en este momento".
El abogado de Ábalos ha
defendido que la propia actitud del instructor contradice ese supuesto
riesgo de fuga, pues en lugar de convocar la vistilla de forma
inmediata, amparándose en el artículo 539.4 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, "le da una semana para fugarse" (el tiempo que ha tardado en
celebrarse la comparecencia tras solicitarlo tanto Anticorrupción como
las acusaciones populares). Pero el juez replica en el auto de prisión
que la vistilla se convocó con tiempo suficiente "para que pudiera
articular su derecho de defensa".
Durante su intervención, añaden
esas mismas fuentes, la defensa de Ábalos ha cuestionado por
"incoherente" el informe de la UCO sobre el patrimonio del ex secretario
de Organización del PSOE, "aderezado con la declaración de un
mentiroso" (en referencia nada velada al empresario Víctor de Aldama).
Y
a las quejas de su defensa sobre una supuesta vulneración del derecho
de representación política (al privarle de ejercer como diputado por el
ingreso en prisión), el juez no aprecia menoscabo alguno y precisa que
"los efectos que pueda proyectar la prisión provisional" sobre su
actividad parlamentaria "es decisión que corresponde adoptar al Congreso
de los Diputados en aplicación del Reglamento que lo regula".
Ábalos, solo y sin maleta
La
comparecencia de Ábalos en el Supremo se ha prolongado durante 45
minutos, durante los cuales Puente ha escuchado los argumentos a favor y
en contra de la prisión del exministro. El ex "número 3" del PSOE llegó
antes de las nueve y cuarto de la mañana (estaba citado a las diez) en
un coche, solo y sin maleta (previsión que algunos investigados adoptan
ante la posibilidad de terminar en prisión). Únicamente llevaba en la
mano una pequeña mochila.
Mucho más tarde se ha celebrado la
vistilla de Koldo García, puesto que el juez la retrasó hora y media
para que su abogada tuviese tiempo de asistir a la declaración en la
Audiencia Nacional del comisionista Víctor de Aldama (para quien
Anticorrupción pide una condena de siete años de prisión tras aplicarle
la atenuante de confesión por contribuir al esclarecimiento de la
investigación con sus revelaciones).
La acusación
popular unificada ya adelantó que solicitaría el ingreso en prisión
provisional tanto de Ábalos como de Koldo García ante los "indicios
racionales de criminalidad" contra ambos por "graves delitos" y por la
existencia de riesgo de fuga "ante la proximidad de una condena". Para
la acción popular, la medida resulta "idónea, necesaria y
proporcionada", puesto que otras medidas menos graves como la fianza o
la retirada del pasaporte "no garantizan" que los dos investigados sigan
a disposición de la Justicia.
"Fuentes ilegales de dinero en efectivo"
En
su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción -que pide una
condena de 24 años de prisión para el exministro y de 19 para quien
fuera su asesor- imputa a ambos delitos de organización criminal,
cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información
privilegiada.
Según expone, Koldo llevó a cabo -incluso después de
que Ábalos fuese cesado como titular de Transportes en julio de 2021-
labores más de asistente que de asesor, desempeñando para el entonces
ministro "un buen número de tareas de muy diversa índole, tanto
profesionales como personales, lícitas e ilícitas".
Fue,
subrayaba, "el alter ego de José Luis Ábalos durante su mandato al
frente del ministerio" hasta el punto de que tanto en el propio
ministerio como en el seno de otras Administraciones Públicas "se
sobreentendía que Koldo García era el fiel transmisor de las decisiones y
los deseos de José Luis Ábalos, habitualmente parapetado tras su
asesor".
Anticorrupción destaca que Koldo "manejó las fuentes
ilegales de dinero en efectivo" de Ábalos, "actuando de facto como
testaferro de su superior en las actividades delictivas que bien pronto
ambos acometieron al amparo de sus cargos con la colaboración, entre
otros", del comisionista Víctor de Aldama.
"Común beneficio económico"
En
el desarrollo de sus relaciones personales con Aldama, la Fiscalía
considera que los tres investigados vieron "la oportunidad de obtener un
común beneficio económico" aprovechando el cargo de Ábalos ostentaba en
el Gobierno de Pedro Sánchez y también en el PSOE, que coincidieron en
que "podría favorecer, naturalmente a cambio del correspondiente
beneficio económico del que todos participarían, la contratación con la
Administración Pública en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por
empresas cuyos intereses captaría y promovería" Aldama, a quien se
facilitaría "el acceso preferente a la Administración para la
realización de las gestiones que precisara para sí mismo" o para
empresas para las que actuaba de intermediario.
El fiscal jefe
Anticorrupción, Alejandro Luzón, sostiene que en connivencia con Koldo y
Aldama, el entonces ministro acordó en el contexto de la pandemia la
adquisición a través de Puertos del Estado y ADIF, organismos públicos
dependientes de Transportes, la adquisición de sendas partidas de
mascarillas a cambio de recibir "una indebida compensación económica"
procedente de Aldama, "quien, a su vez, se benefició en términos
económicos de las comisiones que le reportaba la realización del
mencionado ilícito negocio" (se embolsó 3,7 millones de euros).
Además,
según la Fiscalía, "prevaliéndose de su cargo de ministro de Fomento y
de la consiguiente posición de superioridad jerárquica sobre el resto de
autoridades y funcionarios de dicho ministerio", Ábalos habría
ejercido, siempre a través de Koldo, "una presión moral eficiente sobre
sus subordinados para promover la contratación" de su entonces pareja
Jessica Rodríguez "en dos empresas dependientes de este ministerio". Del
mismo modo, ambos también promovieron "la arbitraria contratación" de
la ex miss Asturias Claudia Montes, "quien formaba parte del círculo
personal del entonces secretario de Organización del PSOE", en este caso
por Logirail.
Reparto de roles
"Cada uno de
ellos asumió un papel diverso y complementario en la organización, en un
preciso reparto de funciones que se reveló muy eficaz", apunta Luzón en
el escrito de acusación de la fiscalía. Así las cosas, Ábalos, "a quien
tanto Koldo García como Víctor de Aldama consideraban el jefe, aportaba
la autoridad que le confería su máxima responsabilidad" en el
ministerio "y su directa influencia cuando era precisa, aprovechándose
en lo demás de los oficios de su hombre de confianza, Koldo García".
Por
su parte, Aldama "fue la persona que, en beneficio propio y de
terceros, aprovechando su influencia" sobre Koldo y Ábalos "garantizada
mediante el pago continuado de elevadas cantidades de dinero, consiguió
para sí o para terceros y con beneficio económico propio la adjudicación
de determinados contratos". De manera que el comisionista "era el
encargado de localizar empresas o particulares interesados en cualquier
clase de gestión con la Administración para, articulando sus intereses,
hacerlos valer con preferencia y de manera arbitraria ante aquella,
siempre a cambio de la correspondiente prestación económica, de la que
igualmente hacía partícipes a José Luis Ábalos y a Koldo García".
