En estos tiempo de elecciones se habla mucho de viviendas.
En España, el traspaso masivo de viviendas públicas o de protección social a fondos de inversión privados (comúnmente denominados "fondos buitre") se concentró principalmente durante los años posteriores a la crisis financiera de 2008, teniendo su pico entre los años 2012 y 2013.
Aunque no existe una única cifra oficial consolidada a nivel nacional para todas las comunidades autónomas, el volumen total de viviendas sociales vendidas a estos fondos se sitúa en aproximadamente entre 5.000 y 6.000 viviendas protegidas/públicas.
Las dos operaciones principales que concentraron la práctica totalidad de estas transacciones ocurrieron en la Comunidad de Madrid:
1. Venta de viviendas de la EMVS (Ayuntamiento de Madrid) – 2013
Número de viviendas: 1.860 viviendas protegidas (junto con trasteros y plazas de garaje).
Comprador: El fondo Fidere (filial en España de Blackstone)En España no existe un registro oficial único y centralizado que contabilice la totalidad de las viviendas sociales vendidas a fondos de inversión (populares y coloquialmente conocidos como "fondos buitre"). Sin embargo, a través de resoluciones judiciales, informes de comisiones de investigación y datos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), se calcula que entre 2011 y 2015 se vendieron más de 8.000 viviendas públicas o de protección oficial a fondos de inversión.
La inmensa mayoría de estas operaciones se concentraron en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, coincidiendo con los años posteriores a la crisis inmobiliaria de 2008.
Principales operaciones registradas
1. Venta del IVIMA (Comunidad de Madrid) – 2013
Número de viviendas: 2.935 viviendas públicas (junto con garajes, trasteros y locales).
Comprador: Goldman Sachs (a través del fondo Azora).
Importe de la venta: 201 millones de euros.
Situación judicial: En 2018 y 2020, la Justicia anuló definitivamente esta venta al considerar que no estaba justificada la falta de necesidad pública para vender las viviendas y que se vulneraron los derechos de los inquilinos. Las viviendas tuvieron que ser restituidas al patrimonio público regional.
2. Venta de la EMVS (Ayuntamiento de Madrid) – 2013
Número de viviendas: 1.860 viviendas protegidas.
Comprador: Fidere (filial del fondo norteamericano Blackstone).
Importe de la venta: 128,5 millones de euros.
Situación judicial: La venta fue objeto de un largo litigio administrativo y penal. Aunque el Tribunal Cuentas revocó en 2019 una condena inicial a los antiguos gestores, la operación fue fuertemente censurada social y políticamente, dejando a cientos de familias con subidas drásticas de alquileres o procesos de desahucio.
3. Carteras de bancos rescatados (SAREB y cajas)
A estas cifras del sector público directo se suman decenas de miles de viviendas protegidas o de alquiler social no garantizado que estaban en manos de cajas de ahorros rescatadas con dinero público (o transferidas a la SAREB). Estas carteras de créditos hipotecarios y activos Inmobiliarios fueron vendidas en bloque a grandes fondos (como Blackstone, Cerberus, Lone Star o Centerbridge) entre 2012 y 2018.
Impacto y consecuencias clave
Pérdida de parque público: España partía de uno de los porcentajes de vivienda social más bajos de la Unión Europea (alrededor del 1,5% al 2%, frente a la media europea del 9%). Estas ventas redujeron aún más el parque público en el momento de mayor vulnerabilidad social.
Jurisprudencia: Las sentencias judiciales en torno a la venta del IVIMA sentaron un precedente histórico en España, determinando que la vivienda pública no puede enajenarse a entes privados si no se demuestra formalmente que ha dejado de cumplir su función social.
