PEDRO SÁNCHEZ NUNCA GANÓ A UNA ELECCIONES
El accidente ferroviario de Urda (Toledo), con un balance provisional de 69 personas fallecidas, no puede despacharse como una simple tragedia ni como un acontecimiento inevitable atribuido a la fatalidad o, en términos de la polémica expresión utilizada por Pedro Sánchez durante la campaña electoral en Tarragona, una tragedia a la «voluntad de los dioses». Cuando se producen catástrofes de esta magnitud, lo primero es expresar solidaridad con las víctimas y sus familias, pero también exigir que se conozcan las causas, se depuren las responsabilidades y se garantice que algo semejante no vuelva a suceder. Sánchez viene de nueva con cara de circunstancias como si no llevara 8 años gobernando ahora le echa las culpas a los recortes Marinao Rajoy.
Una tragedia puede ser inevitable; una negligencia, si se demuestra, tiene responsables. Por eso, no basta con lamentar los fallecimientos, decretar días de luto oficial o aprobar paquetes de ayudas económicas y sociales. Las indemnizaciones son necesarias, pero no sustituyen el deber de investigar si existieron fallos de planificación, mantenimiento, inversión, supervisión o seguridad ferroviaria.
El presidente del Gobierno, en funciones -por estar en campañas electoral- afirmó que «hay decenas de familias rotas por culpa de un accidente que jamás debió suceder». Precisamente esa afirmación plantea una cuestión fundamental: si el accidente jamás debió suceder, ¿qué medidas se adoptaron para prevenirlo y quién debe responder si se demuestra que no se hizo lo necesario?
No es suficiente reconocer que el accidente pudo evitarse. Hay que investigar por qué no se evitó.
La seguridad ferroviaria no admite recortes ni aplazamientos
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La seguridad de los viajeros depende de una política de inversión sostenida y de un mantenimiento preventivo y correctivo de las infraestructuras. Las vías, los sistemas de señalización, los mecanismos de protección automática y los equipos de comunicación deben mantenerse actualizados, sometidos a inspecciones rigurosas y adaptados a los estándares tecnológicos y de seguridad europeos.
En este contexto, resulta imprescindible examinar el estado de las instalaciones ferroviarias y determinar si se destinaron los recursos presupuestarios necesarios para su conservación, modernización y renovación tecnológica.
Especial atención merece el sistema de protección y señalización LZB, una tecnología de control ferroviario que requiere un análisis técnico riguroso sobre su vigencia, estado de conservación, compatibilidad y adecuación a las necesidades actuales de seguridad. Si existían alternativas tecnológicas más modernas y seguras, como los sistemas ERTMS, deberá aclararse por qué no se implantaron cuando correspondía, qué inversiones se aprobaron, cuáles se ejecutaron y qué decisiones se aplazaron.
La cuestión no consiste simplemente en sustituir una tecnología por otra, sino en determinar si las decisiones de inversión y mantenimiento garantizaron el nivel de seguridad exigible.
Las responsabilidades políticas y las posibles responsabilidades penales
La investigación debe ser independiente, exhaustiva y transparente. Debe analizar, entre otros aspectos:
El mantenimiento de las vías: las inspecciones realizadas, las deficiencias detectadas, las incidencias comunicadas y las reparaciones pendientes.
Los sistemas de señalización y seguridad: su antigüedad, funcionamiento, posibles averías y adecuación a las exigencias técnicas.
Las inversiones presupuestarias: los recursos destinados al mantenimiento y modernización, las partidas ejecutadas y las inversiones que pudieron quedar pendientes.
La supervisión administrativa: las actuaciones de ADIF, los responsables técnicos y los organismos encargados de garantizar la seguridad ferroviaria.
La gestión política: las decisiones del Ministerio de Transportes y de los responsables gubernamentales competentes, así como el conocimiento que pudieran tener de las deficiencias existentes.
Si de esa investigación se desprende que hubo incumplimientos de las obligaciones de mantenimiento y seguridad, omisiones conscientes o actuaciones negligentes con relevancia jurídica y relación causal con el accidente, deberán exigirse las correspondientes responsabilidades administrativas, políticas y, cuando proceda, penales.
No se trata de anticipar una sentencia ni de atribuir delitos sin pruebas. Se trata de exigir que nadie quede protegido por su cargo, su responsabilidad institucional o su posición política.
Las ayudas económicas no pueden convertirse en una cortina de humo
El escudo social anunciado por el Gobierno puede ser necesario para atender a las familias de las víctimas, los heridos y los afectados. Sin embargo, ninguna ayuda económica puede sustituir la obligación de esclarecer los hechos.
Las familias tienen derecho a conocer la verdad, a recibir explicaciones documentadas y a saber si el accidente estuvo relacionado con deficiencias que podían haberse corregido.
Tampoco puede utilizarse el argumento de que las infraestructuras ferroviarias son complejas para diluir responsabilidades. Precisamente porque el transporte ferroviario exige elevados estándares de seguridad, las administraciones y los organismos responsables deben anticiparse a los riesgos, no limitarse a reaccionar cuando se produce una catástrofe.
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Esperemos que el "sanchismo" pase al olvido en las próximas elecciones el 29-N donde la participación debe ser masiva porque nos jugamos mucho. No creáis en la abstenccion ni en el voto en blanco.
