“Reivindicaciones justas”
El presidente de la Asociación de Afectados de Primera Línea de Arenales del Sol, el abogado Carlos Llorens, pone el foco en que “las reivindicaciones de los propietarios son justas, porque son propiedades legales que se levantaron en suelo privado y conforme a la ley en 1976, aunque luego se aprobó una ley en 1988 y no fue hasta 1997 cuando se dijo que afectaría a Arenales”. De este modo, lo que establecía la normativa era que, en lugar de expropiar a estos residentes, se les daría una concesión, esto es, un derecho de uso por 30 años que se podrían prorrogar por 30 años más, a los que el colectivo considera que se podrían añadir otros 75 años por la ley de 2013, apostilla Llorens. No obstante, para optar a la prórroga de 30 años habría que pedirla con seis meses de antelación. Un plazo que, como explica el presidente de la organización que agrupa a los afectados, comenzaría a contar a finales de año.
Y yo digo, ¿por qué no ponen una línea de espigones en forma de T y ganan playa.
Sin título
El problema es que entre 2018 y 2020 algunos vecinos comenzaron a recibir la propuesta de concesión, aunque Llorens deja claro que ese documento no implica que renuncien a su derecho de propiedad, pero a mayo de 2026 sólo la tienen entre un 10 % y un 15 %. Y peor aún: la concesión como tal solo ha llegado a un 3 % como mucho, según los datos que maneja la asociación. Un título que entienden que es lo que les permitiría renovar la concesión, y, de paso, poner fin en parte a la inseguridad jurídica que les ha acompañado desde el principio.
Hipotecas
Es más, esos documentos que atestiguan que tienen las concesiones son los que permitirían, por ejemplo, acceder a una hipoteca para comprar uno de los pisos en primera línea, porque ahora se pueden transmitir inter vivos, pero no se pueden registrar. “Estamos en un limbo jurídico desde 1997, hace ya 30 años, y no nos lo merecemos, más cuando los edificios se construyeron sobre suelo privado y respetando lo que marcaba la ley en ese momento”, explica y añade que “hay mucha vigilancia sobre lo que hacen los propietarios sobre los edificios, a poco que se levanta una valla ya están aquí desde Costas, pero no llegan las concesiones, que es lo que permitiría tener esa seguridad jurídica que siempre hemos pedido”, subraya Carlos Llorens, que insiste en que no renuncian a la propiedad, y que seguirán con la batalla hasta el final.
