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ARTICULOS DE OPINION
Revista digital de arte, cultura y opinión en Alicante. Enlace con POESIA PALMERIANA. En estas páginas no podemos estar ajenos a lo que pasa en España ni en el mundo. Dirigida por el escritor, poeta y pintor Ramón PALMERAL. Los lectores deciden si este blog es bueno, malo, o merece la pena leerlo. El periodismo consiste en decir lo que a algunos no les gustaría leer.
El portavoz
del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha advertido
tras la puesta en libertad deL DELINCUENTE Carles Puigdemont en Alemania (Por haber dado un golpe de estado en España) que "si la
euroorden no funciona", la zona Schengen y la eliminación de fronteras
entre países miembros "no tiene sentido". (07-04-2018)
Puigdemont, a su salida ayer de la prisión.Carsten Rehder (AP). Vídeo: Quality
Editoriales anteriores
el procés
de Cataluñatuvo un carácter violento: hubo usos indebidos y exorbitantes de la
fuerza: hubo obstrucción física de la Justicia; destrucción de vehículos
policiales; ocupación ilegal de carreteras; obstaculización de vías
férreas con peligro para la integridad de los propios actuantes;
intimidaciones y escraches contra personas, partidos y asociaciones
considerados rivales o enemigos; violencia sobre objetos callejeros; y
actuaciones del Govern y de la policía autonómica tendentes a facilitar
algunos de esos abusos. Y sobre todo, fue un proceso presidido por la
coacción, pues se violó la ley de forma sistemática para intentar
imponer a la ciudadanía, desde la calle y desde las instituciones, una
secesión unilateral, ilegal y obligatoria.
En Alemán
die Procés de Cataluña hatten einen gewalttätigen Charakter:
Es gab übermäßige und exorbitante
Gewaltanwendung: Es gab eine physische Behinderung der Justiz;
Zerstörung von
Polizeifahrzeugen;
illegale Besetzung von Straßen;
Behinderung von
Eisenbahnen mit Gefahr für die Integrität der Akteure selbst;
Einschüchterungen und Abscheu gegen Personen,
Parteien und Verbände, die als Rivalen oder Feinde gelten;
La decisión del Tribunal de Schleswig-Holstein de inadmitir la
petición de entrega a España del expresident de la Generalitat Carles
Puigdemont por el delito de rebelión no equivale, como han pretendido
algunos, a un veredicto incriminatorio sobre la democracia española, su
Estado de derecho ni sus instituciones judiciales. Tampoco puede ser
leída como una absolución, total o parcial, de los líderes
independentistas actualmente encausados por el Tribunal Supremo y, por
supuesto, menos aún como una legitimación de las gravísimas actuaciones
por ellos desarrolladas en los funestos meses de septiembre y octubre
del año pasado.
Esa lectura no es posible porque, como el propio tribunal alemán ha
explicado, queda acreditado no solo que hubo violencia, sino que “los
actos violentos” del 1-O “se pueden imputar al acusado en cuanto
iniciador y defensor de la celebración del referéndum”. Cuestión
distinta es que el tribunal no aprecie que el grado de violencia
atribuible a Puigdemont fuese tan abrumador como para obligar al
Gobierno a “capitular” ante sus exigencias, que sería el requisito de
gravedad que en Alemania convertiría el delito español de rebelión en el
alemán de alta traición y que permitiría franquear así la euroentrega.
En consecuencia, el tribunal ha estimado que los delitos no son
equivalentes, como exige la Decisión Marco de 2002 que regula la
euroorden, no que el delito no existiera en España de acuerdo con la
legislación española.
Tampoco valida el Tribunal los argumentos de Puigdemont respecto a la
comisión de “persecución política” en España, dejando así al
descubierto la falsedad de la afirmación —que éste volvió a repetir a la
salida de la prisión— sobre la existencia de presos políticos en
España. No hay por tanto sustento en los intentos de Puigdemont y los
suyos de autoabsolverse valiéndose del pronunciamiento del tribunal
alemán, ni tampoco queda expedita la vía para un retorno de Puigdemont a
la Presidencia de la Generalitat.
El tribunal no valida los argumentos de Puigdemont sobre la “persecución política”
Es cierto que la causa en Tribunal Supremo queda en una posición
difícil, pero no imposible, pues el juez Llarena tiene ante sí varias
vías de actuación, incluyendo el planteamiento de una cuestión
prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que permita
verificar si los jueces alemanes han aplicado correctamente el
mecanismo de la euroorden.
Pero más allá del curso judicial que siga el proceso, ni Puigdemont
ni los independentistas van a lograr cambiar los hechos que caracterizan
su gravísimo proceder, su deslealtad a la democracia, a la Constitución
española, a las instituciones del autogobierno catalán y, en
definitiva, a los ciudadanos de este país, cuyos derechos políticos han
lesionado de forma deliberada en su empeño de promover un proceso de
secesión ilegal y de ruptura de nuestro país.
Esos hechos son claros y están a la vista de todos. Incluyeron
derogar la Constitución y el Estatut; elevar unas leyes sediciosas
votadas por medio Parlament a sustitutos de esas normas supremas; y
hacerlo desobedeciendo a los tribunales y sin la concurrencia de mayoría
cualificada, y por métodos que privaron a la oposición (que representa a
más de la mitad de los catalanes) de sus funciones representativas y de
control. Todo ello constituyó un golpe de Estado que no solo merece
condena política sino reprobación judicial aunque corresponda a los
tribunales establecer los tipos de aplicación concretos.
La democracia española ha estado en peligro. Por fortuna, su Estado de derecho funciona
Independientemente de su calificación judicial, el procés
tuvo un carácter violento: hubo usos indebidos y exorbitantes de la
fuerza: hubo obstrucción física de la Justicia; destrucción de vehículos
policiales; ocupación ilegal de carreteras; obstaculización de vías
férreas con peligro para la integridad de los propios actuantes;
intimidaciones y escraches contra personas, partidos y asociaciones
considerados rivales o enemigos; violencia sobre objetos callejeros; y
actuaciones del Govern y de la policía autonómica tendentes a facilitar
algunos de esos abusos. Y sobre todo, fue un proceso presidido por la
coacción, pues se violó la ley de forma sistemática para intentar
imponer a la ciudadanía, desde la calle y desde las instituciones, una
secesión unilateral, ilegal y obligatoria.
El secesionismo catalán pretendió situar al Estado ante el dilema de
desbordar al Estado y forzarle a allanarse ante una independencia
impuesta de forma ilegal; o bien emprender una actuación extrema cuyos
perfiles sirviesen para autoinflingirse descrédito y un alto coste
reputacional. Como carecía del apoyo de la mayoría social, el movimiento
independentista pretendió imponerse por la vía de los hechos
consumados. Una vía que, pese a algunas autocríticas, todavía no ha
desechado de forma clara ni rotunda.
Ni el tribunal alemán ni la propaganda independentista pueden cambiar
esos hechos, que son ya parte de la historia de los españoles y su
lucha por mantener la democracia. La democracia española ha sido
sometida a una dura prueba y ha estado en grave peligro. Pero su Estado
de derecho y sus instituciones judiciales funcionan.
Pregunta a Teresa Freixe en El País, 8-04-2018, sobre qué grado de violencia se ha de considerar, para que constituya violencia penal en Alemania.
¿Y qué es lo que ha pasado para adoptar esta decisión?
Para
rebelión, es necesario que esta comporte un cierto grado de violencia.
Lo que ocurre es que lo que se va a tener que discutir es qué significa
que haya violencia, porque violencia no es solamente sacar los tanques a
la calle. Recuerdo el día del intento de asalto a la Consejería de
Economia en Barcelona, que me pilló en medio. Iba en taxi y nos voló una
valla por encima del coche. El taxista estaba muy nervioso porque
pensaba que le destrozaban su medio de trabajo. Con esto quiero decir
que violencia ha habido. La hay cuando cortan una carretera y te impiden
pasar. Este jueves, en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la
Plaza Cívica, se destrozaron entidades comerciales. Si eso no es
violencia... Ahora, ¿hasta qué grado de violencia tenemos que tolerar
para que se diga que hay rebelión?
La rebelión
es el intento de subvertir el orden constitucional. Los medios para
subvertirlos pueden ser distintos. Puede ser una violencia armada o
puede ser una violencia que constriña la coacción. ¿La coacción no es
violencia? Ahí es donde tenemos el debate, en el grado de violencia.
Don Juan Carlos será intervenido esta mañana en La Moraleja
El
Rey ha ingresado en la Clínica de Sanitas de Sanchinarro para someterse
a una sustitución de la prótesis de la rodilla derecha
MadridActualizado: El Rey Don Juan Carlos será
intervenido este sábado en la clínica de Sanitas La Moraleja de
Madrid, según ha anunciado el Palacio de La Zazuela. En esta
intervención, los facultativos le sustituirán la prótesis que le fue
implantada en la rodilla derecha el 3 de junio de 2011. El objetivo de
esta operación, según las mismas fuentes, es que Don Juan Carlos
disfrute de una mayor movilidad y estabilidad en atención a las
prestaciones que actualmente ofrecen las prótesis de última generación.
Zarzuela anunció el pasado 14 de marzo que el Rey padre se sometería a esta nueva operación, pero agregó que por el carácter no urgente de la intervención, todavía no se había fijado fecha ni lugar.
Esta
será la novena operación a la que se somete Don Juan Carlos en los
últimos diez años, y la segunda prótesis que le implantó el doctor Ángel Villamor y que ahora hay que retirarle. La primera fue la de cadera, que se la reemplazó el doctor Miguel Cabanela en noviembre de 2012, tras sufrir una grave infección año y medio antes de la abdicación.
La
prótesis que ahora deberá ser sustituida fue la que le implantó el
doctor Villamor en junio de 2011 en la rodilla derecha mediante una
artroplastia que fue realizada en la clínica San José de Madrid.
Tras
las numerosas intervenciones traumatológicas a las que fue sometido en
los últimos años y después de intensos programas de rehabilitación, Don Juan Carlos consiguió recuperar la movilidad,
primero con ayuda de muletas y después de un bastón. Pero, incluso en
esas circunstancias, el Rey recuperó su afición al deporte y consiguió
proclamarse campeón del mundo de vela en la clase 6 metros.
Esta
nueva operación de Don Juan Carlos, la primera tras el relevo en la
Corona, coincide con un momento en el que había intensificado su
actividad institucional, ya que a lo largo de este año se estaban
organizando diferentes actos con motivo de su ochenta cumpleaños, que
celebró el pasado 5 de enero.
....................
Desde Nuevo Impulso le deseamos que la intervención le sea leve y una pronta recuperción.
............................OPERADO.................................
El Rey Don Juan Carlos
ha sido intervenido con éxito en la mañana de este sábado de la rodilla
derecha en el Hospital Universitario de Sanitas de La Moraleja, de
Madrid. La intervención ha sido realizada por un equipo médico
encabezado por el doctor Primitivo Gomez Cardero, jefe del Servicio de Traumatología del centro sanitario.
En
esta ocasión, los facultativos le han sustituido la prótesis que le fue
implantada en la rodilla derecha el 3 de junio de 2011. El objetivo de
esta operación es que Don Juan Carlos disfrute de una mayor movilidad y estabilidad en atención a las prestaciones que actualmente ofrecen las prótesis de última generación.
Según el parte médico facilitado por el hospital, «la intervención, que ha durado 90 minutos, se ha desarrollado con total normalidad y el resultado ha sido plenamente satisfactorio.
Los objetivos de la cirugía han sido restaurar la alineación anatómica y
mejorar la estabilidad de la rodilla y la función articular. Don Juan
Carlos permanecerá 24 en la UCI del centro para su control
postoperario».
Don
Juan Carlos ingresó a primera hora de este sábado en el centro
sanitario. Durante la operación, permanecieron en el hospital el
secretario general de la Casa del Rey, Domingo Martínez Palomo, y el
jefe de la Secretaría de Don Juan Carlos, Alfonso Sanz Portolés. El Rey padre también estuvo acompañado por el jefe de los Servicios Médicos del Palacio de La Zarzuela, Miguel Fernández Tapia-Ruano.
Zarzuela
anunció el pasado 14 de marzo que Don Juan Carlos se sometería a esta
nueva operación, pero agregó que por el carácter no urgente de la
intervención, todavía no se había fijado fecha ni lugar.
Esta ha
sido la novena operación a la que se somete Don Juan Carlos en los
últimos diez años y la segunda prótesis implantada por el doctor Ángel Villamor que ha habido que retirarle. La primera fue la de cadera, que se la reemplazó el doctor Miguel Cabanela en noviembre de 2012, tras sufrir una grave infección año y medio antes de la abdicación.
La
prótesis que se le ha sustituido hoy fue la que le implantó el doctor
Villamor en junio de 2011 en la rodilla derecha mediante una
artroplastia que fue realizada en la clínica San José de Madrid.
Tras
las numerosas intervenciones traumatológicas a las que fue sometido en
los últimos años y después de intensos programas de rehabilitación, Don Juan Carlos consiguió recuperar la movilidad,
primero con ayuda de muletas y después de un bastón. Pero, incluso en
esas circunstancias, el Rey recuperó su afición al deporte y consiguió
proclamarse campeón del mundo de vela en la clase 6 metros.
Esta
nueva operación de Don Juan Carlos, la primera tras el relevo en la
Corona, coincide con un momento en el que había intensificado su
actividad institucional, ya que a lo largo de este año se estaban
organizando diferentes actos con motivo de su ochenta cumpleaños, que
celebró el pasado 5 de enero.
El tribunal que, según la
versión de la Universidad Rey Juan Carlos a la que se ha adherido la
presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, evaluó el
trabajo fin de máster de la política incumple de forma flagrante el
reglamento de 2011 que regulaba estos trabajos.
Ese reglamento, al que ha
accedido eldiario.es, especifica que la “comisión de evaluación de
trabajo fin de máster estará constituida por tres profesores y tres
suplentes, todos ellos doctores. Uno de ellos será profesor de otra
Universidad”. El Rector Javier Ramos dio el miércoles los nombres de
las componentes del tribunal: Cecilia Rosado Villaverde, Alicia
Esperanza López de los Mozos y Clara Souto. Las tres estaban vinculadas
en 2012 a la Universidad Rey Juan Carlos en el momento en que Cifuentes
estaba matriculada, según figura en las fichas públicas de las tres en
la web de la URJC.
El reglamento
también establece que los profesores que sean de la universidad sean
funcionarios, y en su artículo 9.3 relata que “el secretario será
designado entre los profesores numerarios”. Profesores numerarios son
aquellos que son funcionarios: es decir, o profesores titulares o
catedráticos. Ninguna de las tres firmantes lo era en ese momento,
tampoco quien firma como secretaria, Cecilia Rosado.
La Universidad todavía no ha respondido cómo es posible que se formara esta comisión.
Artículo 9 del Reglamento sobre los Trabajos Fin de Máster de la Universidad Rey Juan Carlos
Las docentes a las que hizo
referencia Javier Ramos están descritas por sus fichas
como doctoras con un sexenio reconocido y aparecen como investigadoras
en proyectos de la URJC, al menos, desde el año 2010, según recoge la
página web de la Universidad.
La idea
de que haya, al menos, un doctor en el tribunal desvinculado de la
Universidad donde se evalúa el trabajo es dotar de mayor imparcialidad
al proceso de calificación. Ramos ha declarado que había “hablado esta
misma mañana con los miembros de ese Tribunal y confirman la defensa del
trabajo y la calificación de 7’5 puntos”. Más tarde, Cristina
Cifuentes remitió a los medios de comunicación un documento encabezado
como acta de trabajo de fin de máster en el que aparecen los nombres de
estas tres profesoras (manuscritos) como las componentes del tribunal
que puso esa nota. Esa composición contradice el artículo del reglamento
que pide un profesor doctor de otra universidad.
A pesar de que el
reglamento obliga a designar tres suplentes, en el acta los nombres de
estos suplentes no aparecen. El documento que ayer presentó Cifuentes
tampoco cuenta con un sello oficial, ni fecha de entrada en el registro
de la Universidad.
Las tres profesoras que
firman el acta han hecho una gran parte de su carrera y de sus trabajos
académicos junto al catedrático Enrique Álvarez Conde, que ayer
compareció como director del curso y que defendió públicamente que a
Cristina Cifuentes se le había tratado “como a una alumna más”.
Acta del trabajo de fin de máster aportada por Cifuentes
El 2 de
julio de 2012, la fecha en la que supuestamente se constituyó este
tribunal, ninguno de las tres tenía plaza en la Universidad como
titular, algo que es igualmente inusual. La última actualización
de sus fichas les atribuye el estatus de “contratadas”, no funcionarias
con plaza en propiedad aunque un tuit del Instituto de Derecho Público
de la Universidad relata que Alicia Esperanza López de los Mozos se
había convertido en titular en diciembre de 2017.
Fuentes universitarias
consultadas por eldiario.es aseguran que el incumplimiento del
reglamento interno deja a a este tribunal sin capacidad legal para
juzgar. Es decir, que el acta no sirve para validar el supuesto trabajo
de fin de máster de Cristina Cifuentes.
El acta en cuestión que
presentó ayer Cristina Cifuentes es, igualmente, un documento interno y
sin sello de la Universidad que la presidenta de Madrid no debería
tener, salvo que se lo haya proporcionado la propia URJC. El protocolo
habitual, explican estas mismas fuentes, es que el tribunal firme este
papel y que después se informatice el resultado en la base de datos de
la Universidad, como parte del expediente del alumno. Las mismas fuentes
no entienden por qué la URJC ha difundido ese acta interna en vez del
documento informatizado, que sí es trazable y se puede demostrar
fehacientemente en qué momento se registró.
Obligación de haber aprobado todo antes
Además, ese documento
reglamentario ya obligaba a tener aprobadas todas las asignaturas y
entregar “la justificación correspondiente”. Sin embargo, según la
versión de la Universidad, fue en 2014 cuando se descubrió que había un
“error administrativo” que marcaba materias como no presentadas a
Cifuentes.
Así, la explicación
ofrecida por la Universidad a la que se ha adherido la presidenta de
Madrid, para justificar el cambio de calificaciones en su máster,
implica que presentó el trabajo fin de carrera sin esa justificación
reglamentaria. El punto 8.2 del documento que llegó en mayo de 2011 al
Consejo de Gobierno, según ha visto eldiario.es, especifica: “Para poder
realizar la defensa del Trabajo Fin de Máster el alumno tendrá que
haber superado el resto de asignatura del máster para lo que deberá
entregar la justificación correspondiente”.
Un año después, en junio de
2012, el Consejo de Gobierno universitario se reunió para modificar ese
reglamento, pero esos cambios no hacían referencia a este requerimiento
que sigue idéntico. Y esa misma exigencia se recoge en la última
versión, única de acceso público en la web de la URJC, que entró en
vigor para el curso 2016/2017.
Por lo que si la defensa
del trabajo, como ha argumentado Cristina Cifuentes, se hizo el 2 de
julio de 2012, para cumplir el reglamento debía tener una justificación
de haber aprobado el resto de asignaturas. Pero, al menos
administrativamente –según las explicaciones públicas ofrecidas por la
Universidad Rey Juan Carlos–, Cristina Cifuentes tenía una asignatura
como no presentada (de ahí que tuviera que subsanarse ese “fallo” en
2014).
El reglamento también pide
que se adjunte en la presentación oficial del trabajo “la autorización
del director para la lectura y defensa” del trabajo. Incluso pide que se
le remita esa autorización “al director del máster”. El profesor
Enrique Álvarez ha asegurado este miércoles que cuando recibió el
expediente “cumplía la legalidad vigente”.
FUENTE: ELDIARIO
.......... Otro.-
La presidenta del tribunal de Cifuentes dice que ella no firmó el acta del máster
La
universidad traslada el caso a la fiscalía por indicios de delito. El
ministerio público ya había abierto diligencias por la denuncia
colectiva de varias asociaciones de estudiantes
Madrid
Cristina Cifuentes durante su comparecencia este miércoles en la Asamblea. Luis Sevillano
El caso Cifuentes ha pasado del ámbito político y universitario al
judicial, probablemente lo que más temían tanto la presidenta de la
Comunidad, Cristina Cifuentes, como la Universidad Rey Juan Carlos
(URJC). Sus responsables salieron el primer día a declarar que no había
irregularidad alguna, al día siguiente abrieron una investigación
interna y esta tarde han anunciado que “ante la aparición de
informaciones que pudieran ser constitutivas de delito” han decidido
remitir a Fiscalía el resultado de la investigación. Todo se ha
precipitado después de que esta mañana Alicia López de los Mozos,
supuesta presidenta del tribunal que puntuó con un 7,5 a la presidenta
regional Cristina Cifuentes,
haya declarado ante la instructora de la investigación, Pilar Trinidad,
que no reconoce el acta del tribunal de trabajo de fin de máster (TFM)
de Cifuentes que aparecía con su nombre y firma, según han confirmado a
EL PAÍS distintas fuentes.
El delito investigado sería una falsificación en el acta
universitaria, castigada, según el artículo 390 del código penal, con
pena de prisión de tres a seis años, multa de 6 a 24 meses e
inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años por tratarse de
una falsedad en documento público, oficial o mercantil si lo hubiera
llevado a cabo un funcionario público. La fiscalía, en todo caso, ya
había abierto diligencias ante la denuncia colectiva por estos hechos
presentada por una docena de asociaciones estudiantiles, informa Fernando J. Pérez.
La universidad, por su parte, ha encargado el asunto a un abogado
penalista que presentará este viernes el caso en la fiscalía de Móstoles
(donde se encuentra el Rectorado), según fuentes del campus.
López de los Mozos es una de las tres docentes, junto a Clara Souto y Cecilia Rosado, que firmaron supuestamente ese documento
que ponía fin al posgrado de Cifuentes con un trabajo de fin de máster,
el 2 de julio de 2012. En ese momento ella era delegada del Gobierno en
Madrid. En 2014, la funcionaria Amelia Calonge, vieja conocida suya,
cambió la calificación de una asignatura de Cifuentes y de su TFM para
que ella pudiera pedir su título. En ambos casos, las calificaciones
pasaron de “no presentada” a “notable”, como destapó eldiario.es el
pasado 21 de marzo.
La supuesta presidenta del tribunal y sus dos
compañeras contactaron con un abogado el 23 de marzo para ver cómo
abordaban el asunto. No han hecho declaraciones públicas desde entonces.
Este jueves, finalmente, una de ellas, López de los Mozos, ha declarado
ante la instructora de la investigación,
Pilar Trinidad, jefa de Inspección de la URJC. No ha reconocido el acta y
ha dicho que no evaluó a Cifuentes. Según distintas fuentes, se han
vivido momentos de gran emoción y la profesora se ha echado a llorar. El Confidencial
había adelantado el miércoles la falsedad de dos de las firmas del
acta. Tras la reunión, la universidad ha decidido elevar el caso ante la
fiscalía por la posible comisión de un delito: si López de los Mozos no
firmó ese acta, alguien lo hizo en su lugar.
El día que
estalló el escándalo el rector, Javier Ramos, afirmó en rueda de prensa
que había hablado con las componentes del tribunal y que se habían
ratificado en la legalidad del acta del TFM. Cifuentes aseguró el
miércoles ante el pleno de la Asamblea de Madrid y en rueda de prensa
posterior que realizó una defensa pública de su TFM ese 2 de julio de
2002. "Sí. Lo defendí de forma presencial en el campus de la Universidad
Rey Juan Carlos de Vicálvaro", aseguró. En ese momento el rector de la
universidad era Pedro González-Trevijano, actual magistrado del Tribunal
Constitucional.
López de los Mozos es la única de las tres componentes del tribunal
que es profesora titular. Souto y Rosado son profesoras contratadas, no
funcionarias. En 2012 López de los Mozos, hoy secretaria del Instituto
de Derecho Público, no tenía aún plaza fija. Enrique Álvarez Conde,
director del máster de Derecho Público del Estado Autonómico en el que
se matriculó Cifuentes y tutor suyo en el TFM, ha dirigido la tesis
doctoral de las tres.
Las diligencias que ha abierto la fiscalía tienen su origen en la denuncia presentada por asociaciones de estudiantes
para que se investiguen posibles delitos de falsedad documental y
cohecho. Estos colectivos señalan como responsables de los delitos
citados a la funcionaria que habría modificado las notas, Amalia
Calonge, a la propia presidenta regional, Cristina Cifuentes, al
director del máster y a los miembros del Tribunal que calificaron el
TFM.
......................
¿Qué dice de todo este asunto Mariano Rajoy?
.....................
Las tres componentes del
tribunal acuden a un abogado
Desde que el 21 de marzo estalló el caso Cifuentes,
comunicarse con las tres componentes del tribunal que puntuó con un 7,5
el Trabajo Fin de Máster (TFM) de la presidenta regional se ha
convertido en un imposible para la prensa y para muchos de sus
allegados. Las docentes —Cecilia Rosado, Clara Souto y Alicia López de
los Mozos— ratificaron ese día al rector de la Universidad Rey Juan
Carlos (URJC), Javier Ramos, que la defensa del TFM se celebró de
acuerdo a la legalidad, y desde entonces callan. Tan solo Souto pidió
“respeto” a los medios de comunicación. Pese a su silencio, las doctoras
en Derecho se reunieron el pasado 23 de marzo, dos días después del
escándalo, con un abogado penalista para que las asesore. Las tres son
afiliadas a Comisiones Obreras y el sindicato les brindó en un primer
momento su apoyo legal, pero ellas decidieron diseñar su estrategia
judicial por su cuenta y sufragarla. No ha trascendido el nombre del
penalista escogido. Si la defensa del TFM no se hubiese celebrado, las
tres profesoras estarían incurriendo en falsedad en documento público y
podrían ser inhabilitadas. Las tres están obligadas a prestar esta
semana declaración —quizá ya lo han hecho— ante Pilar Trinidad, la
instructora elegida por el rector para investigar qué ocurrió realmente
en el posgrado. Trinidad está entrevistando a todos los implicados en el
máster puesto en cuestión.
Viñeta de humor. Leones del Congreso de Palmeral
Publicado en Mundiario.
5 de abril de 2018
La Fiscalía ha abierto este jueves diligencias penales por las
irregularidades detectadas en la obtención del máster de Cristina
Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, de las que ha informado
el rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos. Alicia López de los Mozos, la supuesta
presidenta del tribunal que evaluó el trabajo de fin de máster de
Cifuentes, ha declarado que no reconoce el acta del tribunal y que no la
firmó. Esta mañana la presidenta de Madrid ha respondido de
nuevo sobre la polémica en Pleno ordinario de la Asamblea de Madrid y
ha asegurado en los pasillos de la Asamblea que se encuentra "muy
tranquila". El PSOE adelantará a esta tarde la moción de censura contra Cifuentes. Albert Rivera comparecerá a las 19.30 horas en León.
Cristina, te han pillado fuera de juego. Una recosntrucción es siempre una falsificación. Falsificación de firmas.
Dimisión ya.
El
director del máster de Cristina Cifuentes, Enrique Álvarez, ha
asegurado en Onda Cero que el acta del trabajo de la presidenta de la
Comunidad de Madrid era una "reconstrucción"."El rector me
pidió el trabajo y yo le dije que no lo tenía, la normativa exige que se
destruyan a los 2 años (...) 'Hace falta un documento, hay que
reconstruirlo', me dijo el rector. Intenté reconstruir una hipotética
acta, que le enviamos por la tarde", ha detallado en una entrevista en
la que también ha asegurado que "nunca ha hablado con la alumna
(Cifuentes)" y que solo la ha visto "una vez". Álvarez también ha
relatado que han sido unos días de "fuertes presiones", que está
dispuesto a pedir perdón si ha cometido errores, y que nunca en su
carrera le habían pedido que reconstruyera un acta. Enrique Álvarez
sostiene que ese tribunal sí existió aunque no sabe "si estuvo
Cifuentes", según la conversación con el programa. Sobre el trabajo de
fin de máster ha mantenido que estuvo "corrigiendo el trabajo en las
semanas previas a la defensa". "Eran como unas 50 páginas, aunque nunca
leí la versión definitiva", ha añadido.
El
director del máster de Cristina Cifuentes, Enrique Álvarez, ha
asegurado en Onda Cero que el acta del trabajo de la presidenta de la
Comunidad de Madrid era una "reconstrucción" "en términos jurídicos".
Declaraciones del Rector Javier Ramos de 6 de abril 2018
La URJC contradice a la presidenta
Las declaraciones del rector de la URJC, Javier Ramos, asegurando que no existe acta del trabajo de fin de máster, tampoco su defensa ante un tribunal, contradicen gravemente su palabra.
Cifuentes cree que esta versión, que muchos ven como una estocada
definitiva sobre ella, es más de lo mismo. Lo que ha dicho el rector es
que «no han podido verificar hasta el momento que ese trabajo de fin de
máster se presentara», se ha limitado a decir. Su equipo más cercano
cerraba filas con su líder. «¡Si no ha dicho nada nuevo!».
Cifuentes
ha insistido en que la Universidad le envió un documento oficial que
acredita que cursó y terminó el postgrado, y que si está manipulado ella
en ningún casó lo ordenó. Ha rebajado el escándalo a una cuestión de
«formalidades de tipo administrativo» que debe aclarar la Universidad.
«A mí como alumna me corresponde». «Yo confío en que los propios
mecanismos internos de la Universidad y de la Fiscalía, averigüen lo que
ha ocurrido».
El archivo del acta de evaluación en el servicio de
postgrado es «obligatorio», pero no existe, según ha advertido el
rector. Como tampoco figura la memoria del TFM del máster de derecho
autonómico, ha manifestado esta mañana el rector. Ramos también ha
explicado que después de recibir una carta donde la profesora Alicia López de los Mozos aseguraba
que no había formado parte del tribunal evaluador y que no reconocía su
firma en el acta, la URJC decidió trasladar el caso a la Fiscalía.
La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein (norte de Alemania)
ha descartado este jueves el delito de rebelión en la petición de
extradición a España del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y lo ha dejado en libertad bajo fianza de 75.000 euros mientras estudia la entrega.mientras estudia la entrega, según ha informado la agencia EFE (Nada dicen de que le hayan retirado el pasaporte).
Los tres exconsejeros catalanes huidos a Bruselas Meritxel Serret, Toni
Comín y Lluís Puig han empezado a declarar este jueves ante el juez
pasadas las tres de la tarde, según ha informado su abogado.El
magistrado deberá decidir si les mantiene en libertad o si adopta otras
medidas cautelares para hacer cumplir la euroorden de detención que
tramitó España contra ellos.
En el ámbito judicial,
la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha procesado al mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero
por organización criminal y dos delitos de sedición por los hechos
ocurridos el 20 y 21 de septiembre frente a la Consejería de Economía en
Barcelona y la jornada del 1 de octubre.
.................................
Dentro de un tiempo, Puidemont estará en su Waterloo (Bélgica). El dinero no lo pondrá él, sino ANC.
Se ve que la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein ha cecido a la presión mediática de la extrema izquierda.
..........................
En España, Puigemont sí ha cometido el delito de rebelión.
Dice el Código Penal. Rebelión
Artículo 472 del Código Penal español
Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes:
1.º Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución.
2.º Destituir o despojar en todo o en parte de sus
prerrogativas y facultades al Rey o Reina o al Regente o miembros de la
Regencia, u obligarles a ejecutar un acto contrario a su voluntad.
El término «Rey o Reina» ha sido introducido en
sustitución de la anterior referencia al «Rey», conforme establece el
número doscientos cincuenta y nueve del artículo único de la L.O.
1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 31 marzo).
Vigencia: 1 julio 2015
3.º Impedir la libre celebración de elecciones para cargos públicos.
4.º Disolver las Cortes Generales, el Congreso de los
Diputados, el Senado o cualquier Asamblea Legislativa de una Comunidad
Autónoma, impedir que se reúnan, deliberen o resuelvan, arrancarles
alguna resolución o sustraerles alguna de sus atribuciones o
competencias.
5.º Declarar la independencia de una parte del territorio nacional.
6.º Sustituir por otro el Gobierno de la Nación o el
Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma, o usar o ejercer por sí o
despojar al Gobierno o Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma, o
a cualquiera de sus miembros de sus facultades, o impedirles o
coartarles su libre ejercicio, u obligar a cualquiera de ellos a
ejecutar actos contrarios a su voluntad.
7.º Sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno.
(informes policiales acreditan más de 300 actos violentos en Cataluña durante las algaradas secesionistas)
...............................
Qué entiende Alemania por la violencia. Deberían definir que no hubo violencia. Sí la hubo:
La violencia1 es el tipo de interacción entre sujetos que se manifiesta en aquellas conductas o situaciones que, de forma deliberada, aprendida o imitada,2 provocan o amenazan con hacer daño, mal o sometimiento grave (físico, sexual, verbal o psicológico) a un individuo o a una colectividad, o efectivamente lo realizan,3 afectando a sus víctimas de tal manera que limitan sus potencialidades presentes o futuras.4
Puede producirse a través de acciones y lenguajes, pero también de
silencios e inacciones, y es (generalmente) condenada por la ética, la moral y el derecho.
Se trata de un concepto complejo que admite diversas matizaciones y
graduaciones según el punto de vista desde el que se trate; en ese
sentido, su aplicación a la realidad depende en ocasiones de
apreciaciones subjetivas.
La violencia fue asociada desde tiempos muy remotos a la idea de la fuerza física y el poder. Los romanos llamaban vīs a esa fuerza, al vigor que permite que la voluntad de uno se imponga sobre la de otro. Vis tempestatis se llama en latín a la "fuerza de una tempestad". En el Código de Justiniano se habla de una "fuerza mayor, que no se puede resistir" (vis magna cui resisti non potest), el concepto jurídico de fuerza mayor. Vīs dio lugar al adjetivo violentus que, aplicado a
cosas, se puede traducir como ‘violento, impetuoso, furioso,
incontenible’ y, cuando se refiere a personas, como ‘fuerte, violento,
irascible’. De violentus se derivaron violare (con el sentido de ‘agredir con violencia, maltratar, arruinar, dañar’) y violentia, que significó ‘impetuosidad’, ‘ardor (del sol)', ‘rigor’ (del invierno), así como ‘ferocidad’, ‘rudeza’ y ‘saña’.
Cabe agregar que vīs, el vocablo latino que dio lugar a esta familia de palabras, proviene de la raíz prehistórica indoeuropea wei-, ‘fuerza vital’.
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ABC
Algo más
pausadas que las voces que celebraron en Alemania las decisiones tomadas
hasta ahora por el Tribunal Superior de Justicia de
Scheleswig-Holstein, van surgiendo otras muy críticas con los jueces
implicados. Una de ellas es la de la Fundación Konrad Adenauer, que en
un artículo publicado en el «Frankfurter Allgmeine Zeitung» ha acusado a
ese tribunal de haberse excedido en sus competencias y elogia la
democracia española por su corrección y su tolerancia. Wilhelm Hofmeister,
que firma el artículo titulado «Cataluña y el declive de la Unión
Europea», vaticina que cuando los historiadores describan el fin de la
UE, «no resulta difícil prever que encuentren el comportamiento de
Alemania frente al separatismo catalán como una de las causas más
próximas».
«La UE se basa en la idea de que constituye una comunidad de democracias liberales en un marco de Estado de derecho»,
explica, acusando a Alemania de traicionar ese principio y no sólo por
la decisión del Tribunal de poner en libertad provisional al
expresidente catalán, sino también por la reacción de los políticos y
medios de comunicación que, asegura, «niegan» a la Justicia española la
competencia para «enjuiciar a los separatistas conforme a las reglas del
Estado de derecho”.
«En lugar de concentrarse en las reglas
básicas de la Orden de Detención y Entrega y de extraditar a Puigdemont a
España», apunta, el tribual ha pretendido llevar a cabo en el plazo más
corto posible una valoración cualificada de los hechos que rodeaban el
referéndum ilegal celebrado el 1 de octubre de 2017 en Cataluña».
«Algo que no se le había exigido y que excedía claramente las
competencias de dicho tribunal», añade. También reprocha que el Tribunal
haya establecido analogías con el Estado Federal alemán en su decisión,
un «principio erróneo» porque España «no es ningún Estado federal» y
porque las comunidades autónomas tienen una posición constitucional muy
diferente a la de los estados federados alemanes. De hecho, precisa, los
derechos autonómicos de Cataluña «superan en muchos ámbitos el marco de
competencias de los estados federados alemanes».
Concluye
que la valoración de las infracciones de la Constitución y de las leyes
por parte de Puigdemont y su gobierno debería dejarse en manos de los
tribunales españoles y recuerda a Alemania que la democracia liberal española
no sólo permite que personas como Puigdemont y otros fugados de la
Justicia puedan ser candidatos en las elecciones, sino que también
tienen la posibilidad de delegar su voto y además cobran. «En Alemania
esto», anota, «sería impensable».
Un sorprendente método para eliminar la basura espacial
El
Centro Espacial Surrey (Reino Unido) ha desarrollado una plataforma
para limpiar las toneladas de basura que circulan en la órbita baja de
la Tierra
Esta
ilustración de la Agencia Espacial Europea representa una pequeña
porción de los miles de desechos espaciales y satélites que actualmente
están en órbita alrededor de la Tierra. (ESA)
Redacción, Barcelona
Limpiar más de 21.000 piezas de basura que, actualmente, están “atrapadas” en la órbita baja de la Tierra, es el objetivo del satélite experimental, lanzado a bordo del cohete Falcon9 de
SpaceX el pasado 2 de abril. A 28.200 kilómetros por hora, cualquier
objeto de más de un centímetro representa una amenaza constante para los
satélites, las estaciones espaciales tripuladas y los vehículos de la
misión.
La nueva herramienta desarrollada por el Centro Espacial Surrey, de la Universidad de Surrey (Reino Unido), RemoveDebris,
y compuesta por dos cube sats, o microsatélites de investigación,
servirá para atrapar los desechos localizados. Con sus casi 100 kilos de
peso, el satélite se ensamblará dentro de la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés) y, posteriormente, se colocará en uno de los brazos de la ISS, según han especificado en un comunicado.
“El problema con tanta basura es que está empezando a demostrar ser un problema real y la posibilidad de colisiones está aumentando todo el tiempo”, explicó Jason Forshaw, el gerente del proyecto RemoveDebris, en una entrevista con The Guardian.
La misión está pensada para que esta herramienta sea probada
por astronautas de la Estación Espacial, varias semanas después de su
lanzamiento. Una vez que la plataforma se lance al espacio desde la ISS,
se proyectará un CubeSat de 10 centímetros con un globo inflable
más grande. “El CubeSat será expulsado de la plataforma y luego
lanzaremos la red contra él”, continuaba Forshaw. Si todo va bien, la
red envolverá el globo y el satélite, y forzará a los objetos a salir de
la órbita baja de la Tierra. Los “empujará” para que vuelvan a entrar
en la atmósfera terrestre y se quemará.
La plataforma desplegará una vela enorme desde la parte posterior que acelerará su regreso a la Tierra
El segundo método que probarán para recoger basura especial es un arpón en miniatura,
que dispararán a un segundo CubeSat para empujarlo fuera de la órbita
baja de la Tierra. “Cuando el arpón lo impacte, en realidad simulara una
verdadera nave espacial siendo alcanzada”, añadía Forshaw.
Al final de la misión, se llevará a cabo el tercer sistema: una vela de arrastre.
Para evitar convertirse en basura espacial, la plataforma RemoveDebris
tiene que demostrar que es capaz de salir de la órbita baja de la Tierra
cuando la misión de prueba finalice. Para ello, la unidad desplegará
una vela enorme desde la parte posterior que recogerá moléculas de aire
dispersas procedentes de la parte alta de la atmósfera para crear
resistencia y propulsarse de nuevo hacia la Tierra.
Cuando estas fases se hayan completado, el equipo encargado de
RemoveDebris revisará qué partes de la misión se han realizado con éxito
y cuáles necesitan ciertas mejoras. Sin esta tecnología, según los
científicos, los sistemas de navegación y monitoreo podrían estar en
riesgo.
“La red y el arpón son métodos simples y de bajo coste pero podrían
ocasionar más peligros que un brazo robótico. Sin embargo, si los
pedazos de desechos espaciales giran muy rápido, con un brazo robótico será muy difícil capturarlos
y la red podría funcionar mejor”, ha señalado el investigador principal
de la Universidad de Surrey, Guglielmo Aglietti a la cadena inglesa
BBC.
El equipo de RemoveDebris revisará que partes de la misión se han realizado con éxisto y cuáles necesitan ciertas mejoras
Y,
digo, yo, visto lo que cuesta poner en órbita un solo kilogramo de
masa, no seria mejor recuperar todo ese material que nos ha costado una
pasta llevar allí para reutilizarlo en la confección de algo útil en
gravedad zero? Igual con toda la "basura" (sic.) te puedes montar una
nave que envie (por decir algo) una planta a Marte y así sólo tienes que
subir la planta....no?
@Ataraxia
Y de donde sacas la energia necesaria para frenar el objeto que viaja a
decenas de miles de kilometros por segundo para recupararlo y entre en
la atmosfera lentamente sin destruirse y caiga suavemente sin impactar
en la tierra y en una geolocalizacion conocida? todo esto tiene mas
coste aun. Tendria que hacerse una nave que persiguiera basura espacial
se anclara a ella y fuera recuperando trozos durante meses, no lo veo
factible.
@NoDigasTontadas@Ataraxia
no digo de hacer caer las cosas, sino de reutilizarlas ahí arriba, en
algún módulo específico de alguna base espacial, o incluso derivándolo a
la luna una vez reunido para aprovechar ahí los materiales para algun
trabajo futuro....no sé. Lo digo pq con lo que cuesta llevarlo ahí
parece absurdo destruirlo sin más pudiendoes reciclar ni que sea en un
almacén lunar...
La Universidad escocesa de St. Andrews,
en la que imparte clases la exconsejera catalana de Educación Clara
Ponsatí, confirmó ayer la recepción de una carta suscrita por un nutrido
grupo de académicos españoles en la que cuestionan el apoyo público del
centro a la catedrática sobre la que pesa una orden de detención
internacional emitida por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.
La misiva, que lleva la rúbrica de cuarenta profesores españoles y
"otros ciudadanos preocupados por los malentendidos sobre España y su
poder judicial", señala que la actuación de este último ha recibido el
reciente respaldo de la Asociación Internacional de Jueces y que Ponsatí
escapó a Bélgica de España "tras el referéndum ilegal organizado por el
Gobierno del que ella era miembro" el 1 de octubre del año pasado.
Los firmantes reprochan a la universidad escocesa su respaldo sin ambages a Ponsatí, directora de su Escuela de Economía y Finanzas,
cuando entienden que la orden de su detención no responde a "ideas
políticas expresadas democráticamente, sino por una serie de actos
destinados a separar Cataluña de España actuando en contra de la ley y
la voluntad de sus ciudadanos".
Firmantes
Destacan entre los firmantes el promotor de la iniciativa, Alfonso
Valero, profesor de Derecho en la Nottingham Trent University
(Inglaterra) y Fernando Jiménez Sánchez, docente de Ciencia Política de
la Universidad de Murcia y experto del Consejo de Europa. Figuran
también como firmantes representantes de organizaciones como Miriam Tey,
vicepresidenta de Sociedad Civil Catalana y Teresa Freixes, presidenta
de Concordia Cívica. Ponsatí, que se reincorporó en marzo a su puesto en St. Andrews tras
su huida a Bruselas junto a Carles Puigdemont y otros miembros del
depuesto Gobierno catalán, quedó en libertad con medidas cautelares el
pasado 28 de marzo, tras entregarse voluntariamente en una comisaría de
la capital escocesa.
Con ese gesto, dijo querer responder ante la justicia británica y no
ante la española, a la que acusa de falta de independencia. Los cargos
con los que el juez Pablo Llarena justifica la demanda de extradición
son los de rebelión y malversación de fondos públicos en relación con el
plebiscito del 1-O.
Alicante y Elche presentan el Festival Abril en Danza como ejemplo de cercanía y de apoyo al baile contemporáneo
--
La compañía Otra Danza, dirigida por Asun Noales, ha preparado un
intenso programa con actuaciones, talleres, actividades pedagógicas y
formativas.
-- Los
eventos se desarrollarán en las dos ciudades del 5 al 29 de abril para
divulgar el baile contemporáneo, fomentar la profesionalización de sus
artistas y acercar a nuevos públicos a la danza.
--
La concejala de Cultura de Alicante, Gloria Vara, el coordinador de
asuntos cultuales de Elche, Javier Baeza, y la coreógrafa Asun Noales
han presentado en rueda de prensa las novedades y contenidos del
festival.
Alicante. Miércoles 4 de abril de 2018.
La
concejala de Cultura del Ayuntamientos de Alicante, Gloria Vara, y el
coordinador de temas culturales del Ayuntamiento de Elche, Javier Baeza,
acompañados por la directora de Otra Danza, Asun Noales, han tomado
parte en la comparecencia de prensa para divulgar las novedades y
contenidos más resaltables de la VII edición del festival Abril en
Danza.
Las
actividades de la muestra se desenvolverán en las dos ciudades del 5 al
29 de abril con el objetivo de divulgar el baile contemporáneo,
fomentar la profesionalización de sus artistas y acercar a nuevos
públicos a la danza.
Gloria
Vara ha puesto énfasis en el lema de esta edición 2018 del festival:
Puentes. “Puentes para unir colectivos y estrechar lazos, para ayudar a
la profesionalización de jóvenes artistas; Puentes tendidos con la ayuda
de las trece compañías e instituciones que becarán y premiarán a
jóvenes participantes y Puentes trazados con el esfuerzo y trabajo de
todos los artistas que componen esta nueva edición”.
Javier
Baeza ha manifestado que el festival refleja la colaboración entre los
ayuntamientos de Alicante y Elche, su cercanía. Abril en Danza es el
ejemplo máximo de esta cooperación”.
Asun
Noales ha diseccionado los contenidos del festival, entre cuyas
novedades figura la incorporación de la Embajada de Israel en España,
que ha propiciado la llegada de una de las estrellas del festival, la
bailarina Ravid Aberbanel.
Junto
a los dos ayuntamientos y la delegación israelí, con el certamen
colaboran, además, Casa Mediterráneo, Institut Valencià de Cultura -
Generalitat-, Instituto Gil Albert y diversos centros y entes culturales
de las dos ciudades.
“El
trabajo que realizan los dos ayuntamientos camina en la buena dirección
en cuanto cooperación entre instituciones públicas y entidades
privadas, de lo que se beneficia directamente la ciudadanía, ya que
parte de los espectáculos se ofrecen al aire libre, con lo que la danza
sale al encuentro de las personas”, ha referido Gloria Vara.
El
festival ofrece actividades en diversos emplazamientos. En auditorios y
espacios escénicos del Teatro Principal de Alicante, L`Escorxador,
Teatro Arniches, Casa Mediterráneo, Gran Teatro de Elche, centro
Cigarreras, MACA, IAC Gil Albert – Casa Bardín, etc. Así como en
espacios abiertos. En Alicante: Plaza del Puerto (Tiovivo); Plaza del
Ayuntamiento y Plaza de Santa María, entre otros. Y en Elche, en La
Glorieta, Plaza de Santa Isabel, Plaza de Santa María, etc.
Todas
estas propuestas de danza, talleres, actos formativos y pedagógicos
contribuyen a diversificar las propuestas culturales en las dos
ciudades. Abril en Danza se asoma también, según han indicado los
portavoces, a otras expresiones de baile, como break dance, clásico o
flamenco.
La
programación incluye nueve talleres enfocados a diferentes colectivos,
cinco actividades divulgativas con distintos contenidos, y decenas de
representaciones que serán protagonizadas por jóvenes bailarines,
creadores experimentados y compañías reconocidas, como es el caso de La
Veronal o Sharon Fridman.
Análisis de MUNDIARIO. Síguenos en Twitter @mundiario.
Carles Puigdemont, expresidente catalán. / El Clarín
Luego de ser capturado en Alemania, el expresidente Carles Puigdemont
ya es consciente de que será extraditado a España por la Fiscalía
General alemana bajo los delitos de rebelión y malversación de fondos.
En el comunicado oficial, las autoridades aseguran que seguirá en la
cárcel mientras se tramita su regreso hasta España, donde finalmente
será juzgado. La decisión de no dejarlo salir hasta que el proceso esté
listo, es porque existe un “riesgo de fuga”, así que todo queda en manos
de la audiencia territorial de Schleswig-Holsteinische que tiene hasta
60 días, prorrogables por otros 30, para terminar el proceso; sin
embargo, en caso de que la defensa presente algún recurso, el proceso se
alargaría.
El expresidente catalán está recluido actualmente en la cárcel
Neumünster y según los argumentos de la fiscalía, las acusaciones de
rebelión se mantienen y sostienen por la celebración del referéndum contrario a la Constitución española.
Para el ministerio público alemán, esto trae consecuencias directas “en
los artículos 81 y 82 del código penal alemán, en los que se recoge el
delito de alta traición”. A pesar de esto, hay que aclarar que la ley
alemana y el Código Penal español utilizan términos poco precisos sobre
la alta traición y la rebelión, pero la fiscalía asegura que “no es
exigible que los delitos sean absolutamente coincidentes”.
Sobre los delitos de corrupción y malversación, la fiscalía asegura que los fondos públicos fueron utilizados para llevar a cabo el referéndum sececionista del 1 de octubre de 2017, algo que es comparable con la figura delictiva de malversación que contempla el código penal alemán.
Además, recuerdan los hechos violentos que ocurrieron durante el
evento y que, según las autoridades, el Gobierno catalán era consciente
de que sucederían. Señalan una reunión celebrada el 28 de septiembre con
altos cargos de la policía autonómica, donde se alertó a las fuerzas
policiales los disturbios que podrían ocurrir, “a la vista de los
desórdenes con violencia que ya habían tenido lugar el 20 de
septiembre”, por lo que, según las autoridades, “se podía esperar una
escalada de la violencia para el día del referéndum”, y que aun así “el
gobierno autónomo de Cataluña, y entre ellos también el presidente,
decidió dejar que se celebrara el referéndum”.
En total, la Fiscalía General señala el uso indebido de 1,6 millones de euros:
“Este dinero se utilizó, entre otras cosas, para la puesta en marcha de
la campaña publicitaria así como para la impresión de papeletas”. @mundiario
La Fiscalía de Schleswig-Holstein ha decidido este martes mantener en prisión provisional al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont mientras la Audiencia Territorial delibera sobre la petición de extradición. Una medida que el ministerio público de este norteño land teutón argumenta por el “riesgo de fuga” del expresident. En ello, uno de los aspectos que pesa es el hecho de que Puigdemont no cuenta con domicilio en Alemania, algo que en Bélgica sí que tenía y que desde su defensa quieren remediar lo antes posible.
“En Alemania el president no tiene (aún) residencia conocida, ahora
trabajaremos en este aspecto”, ha avanzado el abogado de Puigdemont Jaume Alonso-Cuevillas a través de las redes sociales. Cabe recordar que en Bélgica el expresident había alquilado una casa en Waterloo –a
una veintena de kilómetros de Bruselas–, donde residía y se llevaban a
cabo reuniones de los exconsellers cesados y que era autodenominada como
“la Casa de la República”.
De hecho, hace un par de días un diputado del Die Linke alemán,
Zaklin Nastic, ya ofreció “residencia permanente” a Puigdemont por si
debía acreditar domicilio fijo en el país germánico durante el
desarrollo del proceso de estudio de la extradición.
Sobre la decisión de hoy de la Fiscalía de Schleswig-Holstein,
Alonso-Cuevillas ha admitido que “era la esperada”. “Ahora se inicia el
procedimiento judicial donde ya podremos hacer alegaciones”, ha añadido.
También se ha referido a su condición de encarcelado el propio
Puigdemont, que a través de dos diputados de Die Linke que le han
visitado ha manifestado que si queda libre mientras se analiza su
extradición no huirá del país: “Si la justicia alemana me dice que puedo
salir de prisión pero quedarme en Alemania, me quedaré, obviamente no
me escaparé”. De hecho, el 130.º presidente de la Generalitat sostiene
que en su desplazamiento desde Helsinki hasta Bruselas su intención era “volver a Bélgica y entregarse a su justicia”.
Puigdemont
Estoy muy orgulloso de la reacción del pueblo de Catalunya, es muy democrática”
Así lo ha expuesto en Twitter uno de los dos representantes de
la izquierda alemana, Diether Dehm, quien también ha transmitido que
Puigdemont asegura que no sólo se defiende a él, sino a toda la
Generalitat de Catalunya: “No me estoy defendiendo a mi mismo, sino que
represento a una institución muy antigua, nacida en 1359”.
Además, el president cesado en aplicación del 155 ha transmitido su
agradecimiento por la respuestas y protestas surgidas tras su detención:
“Estoy muy orgulloso de la reacción del pueblo de Catalunya, es muy
democrática”. Y concluye: “Siempre he sido un activista en contra de la
violencia y el independentismo ha sido siempre un movimiento pacífico”.
