La percepción de que la justicia no actúa de igual manera para todos está profundamente arraigada en muchas sociedades como en España. Existe una sensación extendida de que los delitos cometidos por personas pobres reciben castigos inmediatos y severos, mientras que los actos de corrupción protagonizados por personas ricas o influyentes se interpretan como errores, fallos administrativos o situaciones “solucionables”. Esta diferencia de trato (para los encorbatados) no solo genera indignación, sino que también erosiona la confianza en las instituciones.
Cuando alguien con pocos recursos comete un delito menor, como un robo, suele enfrentarse rápidamente a consecuencias legales duras. En cambio, cuando figuras con poder económico o político se ven envueltas en casos de corrupción, los procesos se alargan, se llenan de tecnicismos y, en ocasiones, terminan con sanciones leves o incluso sin condena. Se construye así una narrativa en la que los poderosos parecen estar protegidos por el sistema, mientras que los más vulnerables cargan con todo el peso de la ley. Es evidente que cuanto tienes abogados de pago, las penas pueden ser menores. La Justicia tiene solamente un ojo tapado, con el otro ve bien.
Esta desigualdad percibida se refleja también en otros ámbitos, como el deporte. En el fútbol, por ejemplo, muchos aficionados sienten que los equipos grandes reciben decisiones arbitrales favorables, como penaltis dudosos o interpretaciones benevolentes del reglamento, mientras que los equipos pequeños son sancionados con mayor dureza ante situaciones similares. Aunque no siempre sea una realidad objetiva, la percepción persiste y alimenta la idea de que “el grande se come al chico”.
Al final, esta visión conecta con una idea más amplia: la de una sociedad que funciona como una “ley de la selva”, donde quien tiene más poder impone sus reglas. Para muchas personas trabajadoras, anónimas, que viven el día a día con esfuerzo, esta sensación resulta frustrante. Se percibe que el sistema no protege por igual a todos, y que el concepto de “bien común” a veces se utiliza para justificar decisiones que benefician a unos pocos.
Sin embargo, es importante cuestionar estas dinámicas y exigir mayor transparencia, equidad y responsabilidad. Una sociedad justa no puede permitirse medir con dos varas diferentes. La confianza colectiva depende de que las normas se apliquen de manera coherente, independientemente del estatus social o económico de cada persona. Solo así se podrá avanzar hacia un modelo más equilibrado, donde la justicia sea realmente igual para todos.
Ramón Palmeral
Veterano de muchas guerras, Alicante, 2 de mayo de 2026
