Por Gerardo Muñoz
En Alicante
Tras
fracasar la rebelión militar en la ciudad de Alicante, se produjo
durante los días siguientes el arresto de todas aquellas personas que
habían participado en la sublevación o que se habían manifestado
simpatizantes de la misma. Algunos de ellos ya se encontraban en la
cárcel previamente, como la plana mayor alicantina de la Falange y su
fundador, José Antonio Primo de Rivera.
El
1 de septiembre se constituyó en la ciudad el Tribunal Popular, con
jurisdicción sobre toda la provincia, compuesto por 14 miembros de las
organizaciones del Frente Popular y presidido por dos jueces y el
exfiscal de la Audiencia Vidal Gil Tirado.
Desde el 6 de septiembre hasta final de año, el Tribunal Popular pronunció 125 sentencias de muerte, según Francisco Moreno Sáez, siendo los reos fusilados. Uno de ellos fue Primo de Rivera, ejecutado el 20 de noviembre.
Nueve
días después de la muerte del fundador de la Falange, se produjo la
única saca que hubo en la ciudad. Medio centenar de falangistas que se
hallaban encerrados en la cárcel y el reformatorio de adultos, fueron
sacados por milicianos y fusilados en el cementerio.
No
fue el único acto violento e incontrolado que se produjo en Alicante
por aquellas fechas. Durante el mes y medio anterior a la constitución
del Tribunal Popular también se llevaron a cabo arrestos ilegales y
siniestros «paseos» de personas sospechosas de colaborar o simpatizar
con los golpistas o de ideología derechista.
Estas
ejecuciones ilegales, según Moreno, «fueron denunciadas desde las
propias páginas de la prensa. Unas veces por el propio Gobernador Civil,
que amenazaba en un bando el 28 de julio con "la ejecución inmediata de
la máxima pena", a quienes realizaran actos "contra la vida o la
propiedad ajena"; otras, eran organizaciones, como la CNT alicantina,
repudiando tales actos y rechazando de plano la implicación de la
organización en registros y detenciones irregulares "que sólo merecen el
calificativo de monstruosos"». Sin embargo, lo cierto es que muchos de
estos asesinatos fueron cometidos por milicianos, algunos de ellos
cenetistas.
Informes
En abril y agosto de 1939, a petición del primer alcalde franquista, Ambrosio Luciáñez Riesco,
el conserje-administrador del cementerio alicantino elaboró sendos
informes en los que relacionó las víctimas de fusilamientos y asesinatos
durante la guerra civil, cuyos cadáveres habían sido enterrados en
dicho camposanto. Algunos no habían sido identificados todavía y muchos
estaban siendo exhumados para ser trasladados a sus poblaciones de
origen.
Según estos
informes, conservados en el Archivo Municipal, entre el 12 de septiembre
de 1936 y el 1 de julio de 1938, fueron inhumados 123 hombres, que
habían sido fusilados en el Parque-Escuela frente al Cuartel (42),
detrás de las tapias del cementerio (14), en el Campo de Tiro de
Font-Calent (10), en la Prisión Provincial (5) o dentro del cementerio
(52).
El número de
asesinados desde el 11 de agosto de 1936 al 5 de abril de 1937 ascendía a
135 (62 en carreteras, 50 en el cementerio, 22 en la checa de la Santa
Faz y 1 en el Mercado). Entre ellos había dos mujeres: María Rosa Serra Cruañes, asesinada en una carretera el 5 de abril de 1937 junto con otra persona, y Delfina Oloriz Mombiela,
natural de Zaragoza, linchada en el Mercado el 27 de noviembre de 1937.
De esta última no hay más constancia documental, ni siquiera en la
prensa de la época, lo que resulta extraño, ya que, a pesar de estar en
guerra y formar por tanto la violencia parte de la vida cotidiana, un
suceso tan insólito como un linchamiento en el mercado tendría que haber
sido recogido como noticia, aunque fuese en un suelto. De María Rosa Serra sabemos, gracias a Glicerio Sánchez Recio, que fue detenida y asesinada junto con su marido, Antoliano Pérez Prats,
el 19 de marzo de 1937 (y no el 5 de abril, como dice el informe del
conserje del cementerio) en la playa ilicitana de La Marina, por unos
agentes de vigilancia. Ambos eran maestros nacionales y residían en
Santa Pola.
El total de
derechistas represaliados en Alicante, según dichos informes, fueron
258. De ellos, según cálculos de Francisco Moreno y Miguel Ors, solo 55 eran vecinos de Alicante.
Noticias de familiares
El
9 de agosto de 1939 el gobernador civil ordenó a los alcaldes de la
provincia que recabaran toda la información posible sobre las víctimas
derechistas. El alcalde alicantino publicó un anuncio en la prensa y,
como consecuencia de ello, durante los días siguientes se recibieron en
el Ayuntamiento numerosos escritos en los que se daba noticia de los
fallecidos o desaparecidos.
Desaparecidos solo había dos: Francisco Vogel,
de 31 años, natural de Lucerna (Suiza) pero domiciliado en la ciudad,
empleado de una casa exportadora de vinos, que según su viuda fue
detenido el 5 de noviembre de 1936 junto con un alemán que le acompañaba
en la Explanada, cerca de las oficinas de Air France, «por miembros de
la CNT y FAI y llevados al cuartel de ellos (convento de las monjas)»; y
el oculista José María Ruiz Olmos,
detenido por milicianos en la clínica donde trabajaba el 23 de
noviembre de 1936, sin que se le hubiera vuelto a ver, «dándose como
seguro que le asesinaron. Según las últimas gestiones practicadas parece
ser que el cadaver fué arrojado al mar», escribió su hermano.
Los demás se sabía dónde habían sido enterrados, como el presbítero José Cerdá Pastor, de 54 años, asesinado el 19 de agosto de 1936 en la carretera de Madrid, en el término de Monforte; o Federico Picó Giner,
cura de la parroquia de San Francisco, de 54 años, llevado por
milicianos el 28 de septiembre de 1936 a «un centro que había en la
misma calle de Gerona esquina á la de Castaños», de donde lo sacaron al
día siguiente para asesinarlo «en la Carretera de San Vicente junto al
último cruce del tranvía antes de llegar al pueblo»; o José María Gómez Guillén,
detenido el 26 de septiembre de 1936 y conducido por milicianos «a la
Checa que tenía instalada la CNT en el Convento de las Monjas de la
Sangre», siendo hallado su cadáver dos días después «en las proximidades
de la Venta de la Guapa (Carretera de Ocaña)»; o Rafael Flaquer Martín, teniente coronel de Infantería y delegado gubernativo en Alicante durante la dictadura de Primo de Rivera, asesinado el 7 de noviembre de 1936 en un barranco próximo a la Albufereta?
Respeto por las tumbas de las víctimas (de un bando)
El
4 de abril de 1940, el ministro de la Gobernación ordenó a los
Ayuntamientos que adoptasen «medidas oportunas que garanticen el respeto
a los lugares donde yacen enterrados las víctimas de la revolución
marxista (?), a fin de que no quede sepultura alguna aislada en estado
de abandono».
El 1 de mayo
siguiente, el alcalde informó al gobernador civil de que «todos los
cadáveres y restos inhumados en diversos lugares se trasladaron ya al
Cementerio Municipal de Nuestra Sra. del Remedio y en él ocupan
diferentes sepulturas. En estado de abandono, olvido o descuido no hay
ninguno, que se sepa».
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