Huelga General Política del 11 de noviembre de 2026: instrumentalización sindical y cuestionamiento de la democracia interna
La convocatoria de la Huelga General del 11 de noviembre de 2026 plantea importantes interrogantes políticos, institucionales y sindicales que merecen un análisis crítico.
Al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, parece incomodarle la alternancia política propia de una democracia constitucional, después de 8 años de gobierno de dudosa ificacia. Su trayectoria política y su manera de ejercer el poder alimentan, entre sus críticos, la percepción de que aspira a perpetuarse políticamente y a ocupar un lugar protagonista en la historia institucional de España. En términos irónicos, podría decirse que sueña con una especie de «Pedro VII», convertido en jefe del Estado de una hipotética III República y con una permanencia en el poder al estilo de Vladímir Putin en Rusia.
Sabe que esta elecciones las va a perder el PSOE pero no quiere perder muchos escaños.
Por otra parte, esta huelga general, cuya convocatoria parece responder también a una estrategia de confrontación política contra la oposición -que no gobierna- (motivo risorio), plantea dudas sobre su oportunidad y finalidad. El derecho de huelga está reconocido y protegido por el artículo 28.2 de la Constitución española, por lo que su ejercicio es plenamente legítimo cuando se ajusta a los requisitos legales. Sin embargo, que una huelga sea legal no significa que esté exenta de una valoración política sobre sus motivos, su oportunidad y los intereses que pueda representar.
La proximidad de las elecciones previstas para el 29 de noviembre, apenas dieciocho días después de la convocatoria, introduce un elemento político de especial relevancia. Resulta legítimo preguntarse si esta movilización responde exclusivamente a reivindicaciones laborales y sociales o si también pretende influir en el clima político y electoral. Una huelga general debe defender los derechos de los trabajadores, no convertirse en una herramienta de propaganda o de apoyo indirecto a determinadas estrategias partidistas.
Hay piquetes con la cara tapada, lo que es evidentemente ilegal. Atemorizan a los autónomos a que no abran la persianas. Por lo tanto no es voluntaria.
CARGOS VITALICIOS
En este contexto, también merece una reflexión profunda el papel de las dos grandes organizaciones sindicales españolas, Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT), así como la permanencia de sus máximos responsables al frente de ambas organizaciones. Los sindicatos defiende tradicionalmente a los obreros, excepto en esta ocasión que denfienden a la voz de su amo, al gobierno corrupto que les paga. (¡¡¡Vergonzoso!!!).
Unai Sordo ocupa la Secretaría General de CC.OO. desde junio de 2017, mientras que Pepe Álvarez dirige UGT desde marzo de 2016. Son trayectorias prolongadas que, sin cuestionar sus respectivos derechos estatutarios ni los procedimientos internos mediante los cuales han sido elegidos, invitan a plantear una cuestión fundamental: ¿pueden quienes representan a millones de trabajadores defender eficazmente la renovación democrática de las instituciones si sus propias organizaciones no impulsan mecanismos periódicos de alternancia y renovación de sus dirigentes?
Los sindicatos necesitan renovación, transparencia, participación y democracia interna. No deberían convertirse en estructuras anquilosadas alrededor de liderazgos prolongados en el tiempo. La representación de los trabajadores exige dirigentes sometidos a la evaluación periódica de sus afiliados, con oportunidades reales para que nuevas generaciones y equipos alternativos puedan asumir responsabilidades. Subvencionados por el gobierno.
Una propuesta razonable sería promover límites internos a la permanencia en las secretarías generales, por ejemplo, mediante mandatos de cuatro años y un máximo de dos mandatos consecutivos, es decir, ocho años. De este modo se favorecerían la renovación de ideas, la pluralidad y la responsabilidad de los dirigentes ante sus afiliados.
En definitiva, la democracia no puede ser una exigencia exclusiva para los adversarios políticos. Debe comenzar en las propias organizaciones que dicen representarla. Ni los gobiernos deben confundir la legitimidad electoral con el derecho a perpetuarse en el poder, ni los sindicatos deben confundir la representación de los trabajadores con la permanencia indefinida de sus dirigentes.
La alternancia política, la libertad sindical, la transparencia y la renovación democrática constituyen principios esenciales de cualquier sociedad plural y verdaderamente democrática.
