La orden de un supuestro decreto presidencia de la Moncloa consiste en aumentar el voto extranjero para que voten en los consulados rebajando la exigencias. Pedro Sánchez sabe que va a perder las próximas elecciones en 2027, tanto si son en marzo como en septiembre. Hará todas las artimañas, fraudes electoral, control del voto por Correo, timos etc... como nos hiciera Azaña del Frente Popular en febrero del 36 para ganar las elecciones. La baja autoestima personal de Snachez no le permite perder. Sin embargo, los españoles de cierta regiones como Cataluña, Madrid, Canarias, Ceuta y Melilla, Murcia, Andalucía y el Levante, saben que votar social comunismo de Sánchez y sus acólitos en más inmigrantes, saturación de todos los servicios sociales y enseñanza, precariedad en el el empleo, inseguridad y más desempleo para españoles. ¿Esto es lo que no queremos? y la solución pasa por un cambio democrático, cambio y el cambio.
No es una especulación, sino un dato confirmado por la propia documentación gubernamental de 2025: la prioridad del Ejecutivo era abultar el censo en el extranjero a cualquier precio. Ante lo que consideraban una participación insuficiente tras la aprobación de la Ley de Nietos, Moncloa optó por rebajar los filtros administrativos, permitiendo obtener la nacionalidad sin acreditar la condición de exiliado de los ascendientes, además de impulsar el voto por internet y una circunscripción externa.
Ante el riesgo de que personas con antepasados emigrados en el siglo XIX obtuvieran el derecho al voto bajo el pretexto del exilio, el Tribunal Supremo intervino paralizando la inclusión de estos nuevos ciudadanos en el censo e imponiendo una revisión detallada de los trámites consulares. La estrategia buscaba contrarrestar el desgaste electoral socialista en las comunidades autónomas mediante el voto CERA, un mecanismo que reforzó sus apoyos en el exterior hasta que la justicia frenó el proceso.
Estas medidas llevaron al Tribunal Supremo a paralizar temporalmente la aplicación de la norma y ordenar la auditoría de los expedientes consulares para verificar las exigencias documentales aplicadas. La decisión judicial responde a la hipótesis de que se habrían concedido estatus de exiliados a descendientes de emigrantes del siglo XIX. Con más de 500.000 nacionalizaciones aprobadas y más de un millón en proceso, la medida permitió al PSOE imponerse en el voto CERA durante los últimos comicios autonómicos, marcando un contraste con los resultados del territorio nacional.
Editorial Nuevo Impulso.net
