ARTICULOS DE OPINION


Revista digital de arte, cultura y opinión en Alicante. Enlace con POESIA PALMERIANA. En estas páginas no podemos estar ajenos a lo que pasa en España ni en el mundo. Dirigida por el escritor, poeta y pintor Ramón PALMERAL. Los lectores deciden si este blog es bueno, malo, o merece la pena leerlo. El periodismo consiste en decir lo que a algunos no les gustaría leer.

martes, 12 de septiembre de 2017

La Diada, una fiesta convertida en una farsa independentista

                                           (La Diada en Barcelona el 11 de septiembre 2017)



Por Ramón Fernández Palmeral
12 de spetiembre de 2017



La Diada, una fiesta convertida eb una farsa independentista.

Por todos los españoles es sabido que el sentimiento independentista existe en Cataluña desde el siglo XIX, lo que sucede es que algunas veces el índice de su gráfica de valores fluctúa al alza según los tiempos, sobre todo en tiempos de crisis.
Los españoles hemos aprendido a convivir con la idea del separatismo catalán, y no pasa nada, excepto cuando tratan de llevarlo a la práctica, cuando pasan del juego de las banderas a la realidad, y materializarlo. El astuto Jordi Pujol siempre los mantuvo a los independentistas en el sitio de la idealización, en la ficción, y en el ¡ya veremos! Pero poco a poco esa bola de imposible independencia ha crecido en una falsa que se la han creído, como gente de bajo nivel intelectual como Arthur Más, como Puidemont, Junqueras o Forcadell. Lo esperpéntico y estúpido ha sido engañar a la gente diciéndoles que iba a hacer un referéndum vinculantes y con el permiso del gobierno de Rajoy, cuando sabían de antemano que una consulta no iba a ser posible porque topaban con el techo de la Constitución, sobre la indivisible unidad  de España.

Ellos, los independentistas, no contaban con que el papá patrón del Estado no podía autorizar una consulta de separación de una parte del territorio español. Y esta es la realidad. Los catalanes no pueden decidir sobre lo que no es suyo, porque Cataluña es parte de España, y que por el hecho de nacer o residir en un territorio no te da derecho a apropiártelo. Lo de la Diada está bien, es un día de fiesta autonómica para sacar las banderas y desfogarse,  como años atrás, pero ya está de ahí no pasaba y no podía en peligro a la sociedad catalana, pero no para crispar a la gente y aumentar su hispanofobia a niveles de psiquiátrico.  Y exponer a la gentes a que les hagan daño los antidisturbios.

Todos los países de Europa y del mundo tienen regiones con ideas locales históricas, de no globalización. Pero eso se queda así y ya está. Y por ejemplo, la Unión Europea, jamás premiara o fomentará la desunión, el secesionismo en Europa, detrás tendrían a Baviera, o los Flamencos, Irlanda del Norte, los Corsos…y sería como dar paso a la primera ficha caída del dominó de la Unión y volver a los reinos taifas. Por ello, está bien que la gente tenga un día de banderas y sueños, pero al siguiente debe tener los pies en el suelo, y a trabajar.

No pasada nada por mantener este sentimiento separatista, como lo tuvo tiempo atrás el País Vasco, y con un brazo armado como ETA que causó 800 muertos, y no consiguieron nada. ¿Cuántos muertos están dispuestos a poner sobre la mesa el separatismo catalán?
Dicho esto, lo inteligente de los presidentes de la Generalitat, es mantener el deseo separatista en bajo nivel, pero no creerse que, algún día, podrían llegar a ser independientes de hecho, de derecho y con todas las garantías internacionales, porque la misma ONU, ha dicho que Cataluña no está en los casos de colonialismo. Y España no lo va a permitir jamás, que es quien tiene la fuerza efectiva y militar.

Es un error tremendo ha sido echarle un pulso al gobierno con un referéndum.

Las épocas más en alza fueron en 1934 con la detención de Lluis Companys y su gobierno, ideólogo catalanista y separatista que acabaron en la cárcel y Companys fusilado en Montjuic el 15 de octubre de 1940.
Actualmente y con el referéndum ilegal del 9 N- 2015, Arthur Mas y los suyos, acabaron siendo inhabilitados por dos años y con la devolución de más de 5 millones de Euros.
En 2017,el periodista deportivo, independentista, no electo en urnas, Carles Puigdemont se hace cargo de la Generalitat catalana, y de momento da un golpe de Estado legislativo, y un referéndum el 1-0, para materializar el golpe, en una farsa, que sabe que no es legal, no ya, porque lo haya ilegalizado el Tribunal Constitucional, sino porque no cabe en la Constitución. Y además que no es posible, los catalanes saben que no les convendría en un futuro: un sueño bonito, sí que lo es, pero la vida real no es un sueño sino que es más complicado.
Una vez que Puigdemont y su gobierno sea inhabilitado y entren en la cárcel, hay que hacer unas nuevas elecciones autonómicas, y el pueblo catalán que, no es tonto ni ingénuo, equilibrará la balanza de poderes, y volverá a ser como siempre una región autonómica española con sentimientos separatistas (y no pasa nada), que es lo que les conviene, desmontar a la ANC y Òmniun y adoctrinadores, agitadora de la gente a la que engaña y le saca sus dineros, mantener bajo los niveles de independentismo,  y seguir trabajando por un futuro mejor de nuestros hijos y nietos. La gente tiene que tener esperanzas, y vivir de ellas, pero nada más.

lunes, 11 de septiembre de 2017

Los nacionalistas tienen un estructura mediática increíble. Millones le cuesta.

«¿TV3 debe representar la mayoría social de este país? Sí. ¿Esta mayoría social es independentista? Sí. ¿Tiene que tener presentes todas las demás sensibilidades? También». Con estas palabras, el nuevo director de TV3, Vicent Sanchis llegó al cargo el pasado mes de marzo dispuesto a espantar de un plumazo las críticas que durante los últimos años han señalado a la televisión pública catalana como correa de transmisión y altavoz del argumentario secesionista. «No es verdad que TV3 sea independentista», insistió Sanchis con una afirmación que choca frontalmente con lo que partidos políticos, asociaciones periodísticas e incluso trabajadores de la propia cadena llevan años denunciando: que los medios de comunicación públicos se han convertido en piezas claves para todo el proceso independentista.

domingo, 10 de septiembre de 2017

Habrá enfrentamietos entre los ultraderechas y los extrema izquierdas el 1-0.

Habrá enfrentamientos entre los ultraderechas y los separatistas extrema izquierdas el 1-0.

Puigdemont ha conseguido un referéndum convertido en una jornada de enfrentamientos entre ultradechas y separatistas de la CUP. Donde habrás muchos palos. De esta forma jamás podía ser ni legítimo ni vinculante.

Ya se sabe que esto es solo un tramite para empezar a funcionar la República catalana. Me recuerda cuando el 14 de abril de 1931, los republicanos pusieron las bandera republicanas en elo Ayuntamiento de las capitales de provincias, ilegalmente, porque se trataba de una eleccione MUNICIPALES, NO LEGISLATIVA. Por lo tanto la procalmación de al II República empezó ilegalmente y acabó con una guerra civil.

Sería muy importante que funcionaran muchas videocámaras y que los ciudadanos preparen sus cámaras de vídeos y moviles. Se debería grabar todo.

Las movilizaciones y ocuipación de centros oficiales de la nación, seguramente, serán ocupdos. Los antidisturbios van a tener mucho trabajo.


Lengua, deporte y expansión

La política lingüística también sirve para «hacer país» y la Generalitat no escatima un euro en ello. La excusa: promocionar el catalán, que en algunos ámbitos llega a sustituir al español pese a que existen sentencias judiciales que lo impiden.
Así, la Dirección General de Política Lingüística dispone este año de 25,8 millones de euros. Y a esta dirección general hay que añadir otros 29 millones entregados en mano al Consorcio para la Normalización Lingüística, que tiene como objetivo «facilitar el conocimiento y el uso del catalán». Pero con truco. Es a través de esta entidad que asociaciones como Òmnium Cultural y otras de carácter político reciben subvenciones que escapan del control de la administración pública.
El deporte, en general, y el fútbol, en particular, tienen una gran capacidad de influencia en la sociedad. Desde el Consejo Catalán del Deporte se fomenta su actividad con 47,4 millones de euros. Al frente de la Secretaría General del Deporte está Gerard Figueras, exdiputado autonómico de CiU, que recientemente acudió a la presentación de un informe de la Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes para reivindicar la independencia catalana de cara a los JJOO.
Esta plataforma tiene como meta la secesión deportiva. En la segunda mitad de 2016 recibió 295.000 euros de la Generalitat para conseguir su objetivo. También el Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación provincial les ayudan económicamente.
Los tentáculos del nacionalismo catalán también se extienden por la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, así como por el sur de Francia. Y se extienden gracias al riego financiero. Un claro ejemplo de esto son los convenios que la Generalitat firma con entidades como Acció Cultural del País Valencià (ACPV), asociación de Eliseu Climent, amigo íntimo de Jordi Pujol, y editora de la revista «El Temps». Por el segundo semestre de 2016, ACPV recibió más de 939.000 euros.
Para la Obra Cultural Balear se fueron otros 60.000 euros; y para la red de escuelas infantiles de Francia que inmersionan en catalán a los niños salieron 400.000 euros más. Todo enviado desde Barcelona gracias a los impuestos que pagan los catalanes.

50 horas críticas para Cataluña: La desconexión. 6 y 7 de septiembre 2017

La cuestión catalana

50 horas para desconectar /La Vanguardia

  • El salto del Parlament y el Govern hacia la ruptura más allá de los debates en el hemiciclo
50 horas para desconectar
Dos ujieres salen de las dependencias del Govern en el Parlament cargando una senyera cada uno. Uno gira a la derecha, camino de la sala 4. Es una de las más antiguas de la Cámara pero ha sido elegida para acoger la firma del decreto de convocatoria del 1-O por decisión de Carles Puigdemont ante las alternativas que le propone su equipo. Allí se reunía el Govern durante la República.
La otra senyera se instala junto a una bandera europea en el auditorio, en la planta baja. Los escenarios están listos para dar el primer paso para la ruptura con el Estado desde el Parlament, pero falta el marco legal en el que el Govern quiere ampararse. Este tardó en llegar doce horas y muchos disgustos para Carme Forcadell. Es el día D.

6 DE SEPTIEMBRE. 9 h
El misterio del BOPC. La presidenta del Parlament reúne a la Mesa para admitir a trámite la proposición de ley del Referéndum, que llevaba un mes esperando. La batalla acaba de comenzar con Forcadell recusando a todo el Tribunal Constitucional. La reunión es el prólogo de lo que vendrá. No ­sólo por el agrio enfrentamiento, sino por la singularidad de los procedimientos. El texto de la ley se publica en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) sin la firma del secretario general y leves cambios en la tipografía y el diseño que muy pocos perciben pero que evidencian que la publicación no corre a cargo de las manos habituales. Las sospechas de la oposición apuntan a la secretaria de la Mesa, Anna Simó.

10 h. Reconsiderando espero.
El president reúne al Govern y los diputados de Junts pel Sí antes de arrancar el pleno. Les recuerda la trascendencia del momento y les pide serenidad y capacidad de residencia. Alguno lo reduce al “salid y divertíos” de Cruyff. Los grupos se dirigen al hemiciclo aunque los timbres no suenan. Durante quince minutos el silencio se impone hasta que entra Forcadell y el resto de la Mesa. “Comienza la sesión. La lista de preguntas al Govern… Señora Rovira ¿para qué pide la palabra?”. Y arranca la tempestad… Es la hora de los misales rojos. Del reglamento en el que todos escarbarán durante dos días. El artículo 81.3 es la grieta que permite a la mayoría independentista poner en marcha una aprobación superexprés. “Escandaloso”, “atropello”, “derechos pisoteados”, “procedimiento bucanero”, son los adjetivos de la oposición. “La única vía posible”, para los independentistas. La palabra mágica durante 48 horas es “reconsideración”, de todas y cada una de las decisiones de la Mesa. El pleno se suspende a las 10.49h. A pesar de la mayoría soberanista de la Mesa, la vehemencia y dureza de las intervenciones de José María Espejo-Saavedra (Ciudadanos) y David Pérez (PSC) marca el tono también a puerta cerrada. El secretario general Xavier Muro y el letrado mayor Antoni Bayona alertan de que se vulnera la orden del TC.

12.24 h. “Señor Carrizosa, ¿para qué pide la palabra?”.
Forcadell vuelve al pleno surfeando sobre el aviso de los letrados. Un minuto después, el otro mantra del pleno: “Señor Carrizosa, ¿para qué pide la palabra….?”. Es el portavoz de Ciudadanos y quiere una nueva reconsideración… Una sesión de un minuto y nueva reunión de la Mesa. Lluís Llach reparte galletas entre los compañeros de escaño. En la tribuna de invitados, dos secretarios generales comentan extrañados que Xavier García-Albiol y los suyos están “tranquilos”. “Como si estuvieran esperando alguna cosa”, susurran. A su lado, Artur Mas ha instalado una especie de despacho provisional. Firma, toma notas, subraya… El abogado de Forcadell, sigue atento cada movimiento. El calor invade el Palau del Parlament pero el hemiciclo es como un iglú. Puigdemont, de pie, conversa con Junqueras y Vila. A las 13 h el corrillo es una reunión del Govern en toda regla que anima Santi Vila. A las 13.11 h la Mesa vuelve al hemiciclo, las escaramuzas se trasladan a la votación para alterar el orden del día, que debe repetirse porque Germà Gordó no logra votar. Forcadell desarrolla una extraña insistencia en llamar “señor Carrizosa” a Joan Coscubiela (CSQP), que ya se ha ganado los aplausos de Cs y PP y el desprecio de Albano-Dante Fachin (Podem). Impuesto el procedimiento, la sesión se suspende. Arranca el plazo para presentar enmiendas y reponer fuerzas.

14.15 h. Bocadillo para el president, mesas XXL para PP y PSC.
Puigdemont vuelve al despacho y echa mano de un bocadillo. Sigue la intervención de Soraya Sáenz de Santamaría por televisión. Se cumplen sus pronósticos. No habrá suspensión inmediata de Forcadell. “Irán contra todos”. Los diputados inundan el comedor. Mesas XXL para PSC y PP: croquetas, rollitos de primavera, arroz con costilla y secreto ibérico…. El secretario general y el letrado del pleno, Joan Ridao, con una vistosa americana rosa, comen en un rincón. A las 15.15 h vuelta al hemiciclo. La sesión de control al Govern es una tregua para Forcadell. También para Puigdemont. Iceta de muestra su habilidad y se saca de la manga una propuesta de pacto nacional para la seguridad que desarrolle políticas para combatir el yihadismo. El president recoge el guante. De vuelta a la ley del Re­feréndum, nuevo colapso a las 16.56 h. La oposición busca el amparo del Consell de Garanties Estatutàries. Nadie se acuerda de que el organismo trabaja en la provisionalidad, con 3 de sus 9 puestos pendientes de renovación, ¡desde noviembre del 2015!

19.30 h. Las banderas españolas de Reguant.
Un bebé que se queja desde la tribuna del público mientras interviene Anna Gabriel en la reanudación del pleno. No hay ningún argumento nuevo pero el nivel de teatralización aumenta. Iceta es el único que enlaza las críticas con propuestas para preservar el espacio tradicional catalanista mientras, que Inés Arrimadas se lanza a por una moción de censura imposible. Ciudadanos, PSC y PP abandonan el hemiciclo. Los populares dejan como rastro senyeres y banderas españolas. La diputada de Podem Àngels Martínez, la más veterana de la Cámara, se levanta con dificultades de su escaño, sube las escaleras y retira las banderas españolas. Se las coloca a Eulàlia Reguant, diputada e la CUP, que no sabe qué hacer con ellas. Mira hacia el techo y las esconde bajo el escaño. A las 21.32 h, 83 diputados votan la ley del Referéndum, que se aprueba por 72 votos a favor y 11 abstenciones. El hemiciclo suena en mono. Sólo ha diputados en un lado. Los aplausos y el canto espontáneo de Els Segadors preceden el retorno parlamentario a la realidad. El sector del taxi espera la convalidación de un decreto.

21.35 h. Desobedecer en mangas de camisa.
La mano que mueve el BOPC se vuelve a poner en marcha para publicar la ley aprobada. Puigdemont repite bocadillo para cenar en su despacho mientras espera el trámite. En el bar del Parlament se han acabado las existencias. Han servido 700 desayunos, 300 almuerzos y bocadillos hasta agotar el pan. El catering de los trabajadores de TV3 sirve para aliviar a alguna diputada. El secretario del Govern, Víctor Cullell, entra en el despacho del president para que firme la ley. Es la primera rúbrica desobediente. Puigdemont se dispone a hacerlo en mangas de camisa en presencia de los consellers Forn, Ponsatí, Rull… Alguien piensa en la foto y el president interrumpe la firma “Tendría que ponerse la americana”...

23.30 h. Un pitillo de madrugada.
El Govern se congrega en la Sala 4 para firmar juntos el decreto de convocatoria y las normas que ponen en marcha la maquinaria del 1-O. La espera se alarga primero para garantizar que la ley ha sido publicada en el DOGC correctamente y después por la desaparición del vicepresidente Junqueras. No responde al móvil. Al fin llega. La cara de satisfacción de Puigdemont, con su bolígrafo de la ONCE, contrasta con las de preocupación de otros consellers, que se refugian en una selfie. Pasada la media noche, Puigdemont comparece en el auditorio del Parlament junto al Govern para hacer su primer llamamiento a la participación. Entre el público, los líderes de las entidades independentistas, algún diputado, asesores y algún familiar. También el expresident Mas, a quien Puigdemont abraza. Los aplausos impiden que Junqueras tome la palabra y se da por finalizado el acto. Uno de los asesores del proceso dar por concluida la misión.. Xavier Vendrell deja discretamente los despachos de Junts pel Sí. El bloque independentista quiere votar antes de irse a dormir la designación de los miembros de la Sindicatura Electoral. Pasada la 1 de la madrugada, el conseller Turull sale a la calle a fumar. Se encuentra con Iceta, que echa mano de ironía para amenazar con presentar un candidato, Turull le sigue la corriente: “Te lo votamos”.

7 DE SEPTIEMBRE
10.05 h
“Eso sí que es ‘know-how’”. De madrugada, el Govern ha puesto en marcha la web del 1-O, abierto los registros de voluntarios. Turull ha reciclado la web del Estatut para limitar el gasto y hace el seguimiento de que el operativo funciona desde su móvil. La ruptura está en marcha. Puigdemont y Junqueras han enviado cartas a los alcaldes instándoles a informar de la disponibilidad de locales para la votación. Los ediles prorreferéndum responden en cascada con decretos de apoyo. El pleno sigue adelante presidido por la bandera española y la senyera. La exconsellera Irene Rigau, previsora, lleva un bocadillo en el bolso. “Eso sí que es know-how”, certifica Puigdemont cuando se la encuentra en el pasillo. Es la confirmación de que la jornada volverá a ser larga. Mientras el hemiciclo espera la bomba de la ley de Transitoriedad, se aprueba la ley de la Agencia de Protección Social, dentro del marco autonómico, pero con la intención de convertirse en la Seguridad Social de un Estado independiente. 72 votos a favor y 61 en contra.

11 h. Evitar “un Vietnam”.
Forcadell se ha autoimpuesto la templanza que le faltó el día anterior y ha incorporado una falsa sonrisa. En el hemiciclo hay “fatiga de batalla”, señala un conseller. Los nervios están en los pasillos. El PDECat plantea retrasar la aprobación de la ley de Transitoriedad para no degradar más la imagen del Parlament, la CUP amenaza con pedir en solitario la modificación del orden del día y dejar en evidencia a los exconvergentes. El anticapitalista Quim Arrufat entra y sale de los despachos del Govern. También Marta Pascal, Lluís Corominas, Marta Rovira…ERC elude la polémica, pero Junqueras confirma en los pasillos que la ley se aprobará ese día. Para Puigdemont, la única discusión es si se abre el melón antes o después de la intervención de Mariano Rajoy anunciada para la hora de comer. “Llevarlo al próximo pleno es como ir a Vietnam”, avisan des de la Presidència. El PDECat vuelve a acatar el guión.

13.04 h. El abrazo de Puigdemont y Forcadell.
El fiscal general del Estado comparece para anunciar querellas a la Mesa y al Govern y la persecución de cualquier preparativo del referéndum. Puigdemont lo ve por la tele en el despacho y cede la réplica a Turull, que responde en medio del pasillo. La noche anterior Arrimadas compareció en la sala de prensa y apagó la pantalla en plena votación de la ley del Referéndum. A las 14.05h. Marta Rovira pide la palabra y el hemiciclo entra en bucle. De nuevo el “señor Carrizosa, ¿para qué pide la palabra?” y peticiones de reconsideración. Forcadell levanta la sesión sin atender las peticiones de palabra de la oposición e Iceta explota a gritos brazos en alto. Rajoy comparece en la Moncloa al mismo tiempo que se suspende el pleno. “Haré todo lo necesario, sin renunciar a nada para evitar que se celebre el referéndum”. Puigdemont sigue las palabras del presidente del Gobierno en su despacho y baja a comer al restaurante de la Cámara. Allí se encuentra con Forcadell. La abraza. La presidenta está “reventada emocionalmente”. Durante unos días se mantendrá un perfil bajo.

18.37 h. Una escapada al Born.
Las reuniones de la Mesa mantienen paralizado el pleno. Las peticiones de reconsideración son tan automáticas que en una de las ocasiones a Iceta no le da tiempo de llegar a su escaño antes de la siguiente ­suspensión. El portavoz del PP, Alejandro Fernández, avisa: “Debatiremos para defender la libertad hasta que se congele el infierno”. Rovira para estupefacción de la oposición, esgrime sentencias del TC y la Constitución –“también la mía, de momento”– para defender su derecho de iniciativa política. Se logra alterar el orden del día a las 20.52 h y se sitúa el debate de la ley de desconexión a las 23 h. Puigdemont baraja una comparecencia con Forcadell, pero está atrapada en con las Mesas, así que aparece en TV3 y 8tv y se escapa a comerse un bocadillo en el Born. El president entra en el König con Josep Rius, Víctor Cullell, Elsa Artadi, Pere Martí… Los dueños y la carne que sirven son de Girona.

23.13 h. #NoloséRufián y el otro yo de Gordó.
La hora de la verdad. Albiol achaca al proceso el papel de “principal amenaza del mercado europeo”, Arrimadas intenta pescar en el río revuelto del PDECat e Iceta proclama la muerte de Montesquieu. Pero el protagonista vuelve a ser Joan Coscubiela, los diputados de Podem se van cada vez que habla, y los de Cs, PSC y PP lo ovacionan por sus argumentos. En esta ocasión, con Gabriel Rufián como estrella. Una batalla política en Twitter se cuela en el hemiciclo con el hastag #noloséRufián. La ruptura de CSQP llega antes que la de Catalunya con el Estado. Los independentistas dejan la defensa de la ley en manos de Jordi Orobig (JxSí) y Benet Salellas (CUP), y Germà Gordó, el diputado del grupo mixto se empeña en anunciar su único voto en plural. La escena se repite: ciudadanos, populares y socialistas abandonan el hemiciclo. A las 0.47 h el marcador exhibe 71 votos a favor y 10 en contra, los de CSQP.

8 DE SEPTIEMBRE
1.10 h
“Viva el Gobierno de España”. En la calle, cuelga una corona de flores de Forocoches. Los periodistas echan de menos las pizzas que enviaron al comité federal del PSOE que le costó el cargo al renacido Pedro Sánchez. Un señor con una bandera española grita en la puerta del parque de la Ciutadella: “Viva el Gobierno de España”. “Misión cumplida con tres horas de retraso”, celebra el Govern.
12 h
“Esto hay que arreglarlo”. Las heridas siguen abiertas en el Parlament, pero eso no impide compartir un café ni bailar un mambo con la CUP. Puigdemont se encuentra con Andrea Levy, Santiago Rodríguez y Alicia Sánchez-Camacho en el bar. Se impone el factor Girona. Sánchez-Camacho y Puigdemont sonríen con el “café para todos” y la secretaria de la Mesa del Congreso susurra algo así como: “Estoy hay que arreglarlo, yo ya se lo digo al jefe”. El jefe es Rajoy.

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Pareciera como si Carles Puigdemont se le hubiera ido la olla, está como loco, babea, es un agitador, un rebelde suelto, ya no  razona, cómo es posible que siga dando mítines por los pueblos de Cataluña. Deberían de ponerlo a buen recaudo en el psiquiátrico de una prisión de máxima seguridad. Esta haciendo un perjuicio irreparable a la convivencia catalana. Por cierto, en 1934 los protagonistas de aquel intento de golpe de Estado acabaron todos en la cárcel, procesados por las autoridades judiciales de la República. El 80 % no son independentistas. La gente tiene miedo por lo que pueda pasar. Esta tensión es buena para que aprendan a confiar su voto a partidos peligrosos. El loco de Puigamon esta alentando a los soberanistas a encararse contra los alcaldes que no colaboren con el 1-0. Algo increíble en un presidente autonómico. Pero con Ada Colau ha topado, veremos a ver cuánto le resiste.
Van ha hacer una pamtomima de referéndum con 49 urnas y lo van a considerar legal, para poner en marcha la ley de transitoriedad. El 60% de catalanes saben que es un referéndum ilegal si respaldo internacional y que no va a servir para nada legal. Escribe Francesc de Carreras en el País: "Sabe perfectamente [sobre el referéndum] que ello no sucederá, tener urnas apenas significa nada, uno no puede ir colocando urnas[clandestinas] por las esquinas en la madrugada del 1 de octubre para que los ciudadanos empiecen a votar unas horas después" [Corriendo de la Policía. Esto no sirva para nada].
El único que los puede parar en Rajoy, y no lo esta haciendo. Rajoy nunca jamás negociará un referéndum vinculante. La solución pasa por un pacto a la vasca con mas autonomía y beneficios fiscales, y renunciando al separatismo. Con Mariano Rasjoy se puede hablar de financiación y de todo, menos separatismo, o de algo que vaya contra Constitución, como es lógico y normal.
La gente joven de menos de 40 años, que a estudiado en las universidades, sabe y reconoce que las leyes del referéndum y de transitoriedad, no se han hecho por los procedimientos legales, no tienen valor legal, porque las ha anulado el Tribunal Constitucional.
Hay una minoría locuaz, muy organizada y subvencionada que puede contra la mayoría silenciosa y disidente, que tiene miedo a ser señalada, que puede ser despedida del trabajo, u objeto de señalamiento. Parecido a lo que se hacia años atrás en el País Vasc con un tiro en la nuca.
Por ello, todos para poder trabajar o ganar unas oposiciones han tenido que aprender catalán, nadie se quiere señalar. Por éste control de la guardia secreta social, muchos se están marchando. Estamos en Cataluña en el periodo del Terror rojo jacobino,bajo un gobierno enloquecido. Estos son los males de los nacionalismos, antisistema y revolucionarios.
Una multitud con banderas siempre intimidan, pero son pacificos. Ya veremos. Las manifestaciones no consiguen nada, más que se hizo por Ángel Blanco, y al final los terrorista lo asesinaron a sangre fría.
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Sí que es Pot, que es la formación de Podemos de Cataluña, se puso de perfil.

 Sí que es Pot, que es la formación de Podemos de Cataluña, se puso de perfil en el Parlamento Catalán al votar abstencción se pusieron de perfil, como dando normalidad al golpes de Estado catalán. Una vieja podemista estuvo quitando las banderas españolas en el hemiciclo del Parlamento, porque dijo que Cataluña se tomo por las armas, y su bandera es la republicana. Así están las cosas. Ellos tambien son separatistas encubiderto bajo otra marca, que sedean un referendum legal y vinculante.
Podemos, según leo en la prensa es la herencia extremista que nos legó Caves, el lider venezolano, subvencionando, supuestamente, a Podemos. Por eso, ellos, en la crisis venezolana de Maduro estaban a favor de la constituyente. Todo esto lo anoto, para que cuando haya nueva elecciones no caer en el error de darle aires. Al menos, ya sabemos quienes son.

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 ABC..........8de septiembre 2017
La tormenta política perfecta que está teniendo lugar en los últimos días con epicentro en el Parlament catalán se ha cobrado una victima colateral inesperada: la cohesión interna del grupo parlamentario de Catalunya Sí que es Pot, que venía incubando desavenencias casi desde su constitución en la últimas autonómicas catalanas. La tensión ha llegado a un punto tal que el secretario general de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, convocó ayer al Consejo Ciudadano de su partido para decidir si sigue manteniendo grupo parlamentario unificado con ICV, la formación a la que pertenece el portavoz Joan Coscubiela, cuya contundencia atacando las argucias parlamentarias de los secesionistas han provocado de la ejecutiva de sus socios morados.
La disensión estalló poco después de que empezara el pleno del miércoles [6 de septiembre de 2917], cuando se votó la alteración del orden del día para tramitar la ley del referéndum. Todo el grupo votó en contra menos tres diputados de Podem –el propio Fachin, Joan Giner y Ángeles Martínez, que poco después retiraría las banderas españolas que habían depositado en sus escaños los diputados del PP–, que se abstuvieron.
 Pero fue otro el hecho que reveló en su totalidad la descomposición interna que aqueja a este sector de la extrema izquierda catalana: ni siquiera entre el Podem de Albano Dante Fachin y el Podem fiel a la cúpula central de Pablo Iglesias hubo acuerdo ya que mientras los de Fachin se abstuvieron en la votación sobre el trámite de la ley de referéndum, Jessica Albiach –miembro del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos y líder del sector crítico en Cataluña– votó con Coscubiela y el resto en contra del trámite que, entre otras cosas, hizo imposible a los partidos de la oposición acudir al Consejo de Garantías Estatutarias.
Y no sólo eso. Poco después los tres diputados de Podem y el de EUiA (el tercer partido de la coalición, tradicional mediador entre Podem y ICV) se levantaban y se iban después de que Coscubiela se negara a dividir el cuarto de hora de intervención en el debate entre el presidente del grupo –Lluís Rabell, independiente pero cercano a ICV– y Fachin. «Si ICV no quiere mantener la pluralidad del grupo, quizá ICVn o tenga que estar en el grupo», dijeron fuentes de Podem.

sábado, 9 de septiembre de 2017

Agitador, separatista Charles Puigdemont. Se ha desprestigiado mucho

Pareciera como si Carles Puigdemont se le hubiera ido la olla, está como loco, babea, es un agitador, un rebelde suelto, ya no  razona, cómo es posible que siga dando mítines por los pueblos de Cataluña. Deberían de ponerlo a buen recaudo en el psiquiátrico de una prisión de máxima seguridad. Esta haciendo un perjuicio irreparable a la convivencia catalana. Por cierto, en 1934 los protagonistas de aquel intento de golpe de Estado acabaron todos en la cárcel, procesados por las autoridades judiciales de la República. El 80 % no son independentistas. La gente tiene miedo por lo que pueda pasar. Esta tensión es buena para que aprendan a confiar su voto a partidos peligrosos. El loco de Puigamon esta alentando a los soberanistas a encararse contra los alcaldes que no colaboren con el 1-0. Algo increíble en un presidente autonómico. Pero con Ada Colau ha topado, veremos a ver cuánto le resiste. Puigdemon esperaba una oposición dócil, domada y respertuosa con quienes no respetan las leyes, que son ellos, y le salió mal. No reconoce al Tribunal Constituciuonal. Recordemos que cuando tomó posesión de su cargo no juró la Constitución española, este acto de rebedía fue una bajada de pantalones del Gobierno español, que lo reconoció, para eviatar males mayores, pero, así le ha ido, hasta que ha reventado.
Van ha hacer una pamtomima de referéndum con 49 urnas y lo van a considerar legal, para poner en marcha la ley de transitoriedad. El 60% de catalanes saben que es un referéndum ilegal si respaldo internacional y que no va a servir para nada legal. Escribe Francesc de Carreras en el País: "Sabe perfectamente [sobre el referéndum] que ello no sucederá, tener urnas apenas significa nada, uno no puede ir colocando urnas[clandestinas] por las esquinas en la madrugada del 1 de octubre para que los ciudadanos empiecen a votar unas horas después" [Corriendo de la Policía. Esto no sirva para nada].
El único que los puede parar en Rajoy, y no lo esta haciendo. Rajoy nunca jamás negociará un referéndum vinculante. La solución pasa por un pacto a la vasca con mas autonomía y beneficios fiscales, y renunciando al separatismo. Con Mariano Rasjoy se puede hablar de financiación y de todo, menos separatismo, o de algo que vaya contra Constitución, como es lógico y normal.
La gente joven de menos de 40 años, que a estudiado en las universidades, sabe y reconoce que las leyes del referéndum y de transitoriedad, no se han hecho por los procedimientos legales, no tienen valor legal, porque las ha anulado el Tribunal Constitucional.
Hay una minoría locuaz, muy organizada y subvencionada que puede contra la mayoría silenciosa y disidente, que tiene miedo a ser señalada, que puede ser despedida del trabajo, u objeto de señalamiento. Parecido a lo que se hacia años atrás en el País Vasc con un tiro en la nuca.
Por ello, todos para poder trabajar o ganar unas oposiciones han tenido que aprender catalán, nadie se quiere señalar. Por éste control de la guardia secreta social, muchos se están marchando. Estamos en Cataluña en el periodo del Terror rojo jacobino,bajo un gobierno enloquecido. Estos son los males de los nacionalismos, antisistema y revolucionarios.
Una multitud con banderas siempre intimidan, pero son pacificos. Ya veremos. Las manifestaciones no consiguen nada, más que se hizo por Ángel Blanco, y al final los terrorista lo asesinaron a sangre fría.

Ramón Palmeral.

Cargador para "cochelectri" en la Avda de Afonso el Sabio de Alicante.


El "Coelectri" o coche eléctrico va ganando incorporándose a nuestro parking de automóviles, son más ecologios, silenciosos y no dañan el medio ambiente.

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Vivimos en el siglo XXI, con importantes avances tecnológicos y con las puertas abiertas al conocimiento en prácticamente todos los campos. Contamos con progresos hasta hace pocos años inimaginables: células madre, exoesqueletos, viajes espaciales, realidad virtual... pero para una de las asignaturas pendientes, el problema de la polución, no hemos podido encontrar alternativas que sean masivamente adoptadas, y sigue siendo el vehículo con motor de combustión del siglo pasado, el que utilizamos diariamente para desplazarnos, en lugar de los nuevos coches eléctricos.
¿Por qué no es más popular su uso? Si solo ofrecen ventajas, ¿qué nos detiene? Está comprobado que la utilización del vehículo eléctrico significa una mejora sustancial en el medio ambiente, produce menos ruido en las calles, conlleva un ahorro económico, pues cada 100 km aproximadamente supone un gasto de un euro, su mantenimiento es casi inexistente y en numerosas ciudades premian su uso con privilegios en parkings y reducción de impuestos. Sin embargo, es cierto que las ventas se han incrementado, pero su volumen sobre el total del parque automovilístico es todavía muy bajo, apenas el 0,3 % en España.
A día de hoy, la respuesta a este bajo índice está vinculada a tres aspectos fundamentales: precio elevado, existencia de pocos puntos de carga y una autonomía que no sobrepasa los 200 km. Ante estas circunstancias, tener un vehículo de estas características puede ser sinónimo de dificultades, a menos que a quien corresponda invierta en dar soluciones. Las administraciones, por ejemplo, deben apoyar y subvencionar la utilización de este tipo de vehículos, los ingenieros deben diseñar puntos de carga cada vez más rápidos y los fabricantes tendrán que sacar al mercado coches con mayor autonomía.
De esta forma, podemos prever que el ciudadano considerará también más seriamente la inversión en un coche de energía limpia cuando vea que es una opción apoyada por políticas de desarrollo urbano, y muchos se apuntarán a esta tendencia, incluso si el coste sigue siendo elevado en relación al vehículo convencional.
No en vano, la propuesta de que a más puntos de carga rápida, se incrementará el uso de coches eléctricos, no es solo una hipótesis sino un hecho comprobado. En Reino Unido, tras realizar una importante inversión en los últimos meses con la instalación de más de 1.000 cargadores, han duplicado su parque móvil, pasando de 25.000 vehículos eléctricos a un total de más de 53.000.
Actualmente, si bien en el territorio español se dispone de puntos de carga, estos son en su mayor parte de carga lenta, lo que se traduce en que el vehículo debe quedarse estacionado de 8 a 12 horas para lograr un 100% de su capacidad. Esto produce un bloqueo ineficiente del cargador que afecta a la utilidad final para el usuario.
Estoy convencido, tras los años de investigación que llevo en el desarrollo del cargador ultra-rápido, de que la disponibilidad de infraestructura de carga rápida será lo que proporcione el impulso definitivo al mercado del vehículo eléctrico en España, en sintonía con la autonomía del vehículo. Pero, ¿cómo se van a fabricar coches con una gran autonomía, si no exiten suficientes puntos de carga? Y, ¿cómo se va a implantar una extensa infraestructura de estaciones de carga, para un mercado con mas del 99% de automóviles de combustión?
Entonces, ¿qué fue antes el huevo o la gallina? Desde la Grecia clásica, los filósofos se han hecho esta pregunta, que podríamos extrapolar a: ¿qué es antes, la infraestructura de carga rápida o el coche eléctrico? Aunque los dos al mismo tiempo deben gozar de un progresivo desarrollo en investigación, preferentemente antes debe ser una adecuada y eficaz infraestructura de cargadores, con una amplia cobertura a nivel nacional, la que debe contar con el apoyo y las inversiones adecuadas para hacer realidad un medio de transporte más sostenible, más limpio y más seguro como es el eléctrico.
Para ello, es necesario que intervengan de forma coordinada sus principales actores: Gobierno y CC AA, empresas de suministro eléctrico y fabricantes de automóviles, para poder desarrollar planes sostenibles capaces de conseguir que el coche eléctrico vaya equiparándose al de combustión en pocos años.
En este contexto, es prioritario un nuevo marco normativo enfocado a que se reduzcan los costes de acometida y mantenimiento, que agilice la instalación de estaciones de recarga, y dote a las ciudades de herramientas para facilitar el desarrollo de estas infraestructuras. Así como la modificación de la norma vigente de la ITC para sustituir el porcentaje de carga en parking por cargadores rápidos.
Asimismo, el Estado español debe aumentar los actuales paquetes de ayuda a las instalaciones e incrementar las subvenciones y ayudas a las empresas eléctricas para ampliar y mejorar la red española, su producción y su investigación. Proporcionando así una infraestructura capaz de llegar a los ciudadanos y que puedan cargar el vehículo por la noche en su casa. Además, en los cascos urbanos, intensificar el número de puntos de carga para aquellos usuarios que no lo pueden realizar en su domicilio, con cargadores a partir de 60 KW.
Por lo que respecta a los fabricantes de automóviles, su campo de investigación debe ir dirigido a avances tecnológicos que permitan una mayor autonomía de los vehículos. Creo firmemente que todos los fabricantes deben incorporar tecnología de carga rápida en corriente continua en sus vehículos. De no ser así, limitan la posibilidad de disponer de estos vehículos, por muchas campañas de concienciación de respeto al medio ambiente que se hagan. El objetivo es tener una autonomía de 600km con una carga no superior a 10 minutos.
Así como los sucesos que han marcado nuestra historia han dejado su huella en el tiempo, tengo la certeza de que el boom del coche eléctrico marcará un antes y un después: su uso masivo será una auténtica revolución medioambiental.
Jofel Carregui es director general de Energer.

Monsoy, una leche de almendras que se fabrica en Viladrau (Girona) Gobierna ERC


El Ayuntamiento de Viladrau, un municipio gobernado por separatistas (ERC), ha aprovechado los días en que estaba el ejército haciendo unas marchas por la zona, para ofrecerles a los soldados unas hojas informativas para adherirse al Pacto Nacional por el Referèndum.
La alcadesa del municipio, Margarida Feliu Portabella, cree que, individualmente, cualquier persona puede sentirse separatista sin tener en cuenta el “grupo profesional” al que pertenece, en este caso los militares. “La democracia pone en el mismo lugar a todos los que creemos”, afirmó.

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También tienen Agua Viladrau.

viernes, 8 de septiembre de 2017

Una carta del Gobierno catalán a los alcaldes/a, no tiene valor jurídico. Bando

Esta carta no tiene valor jurídico porque no lleva el nombre del municipio en concreto. No tiene registro de salidad. No es obligatorio. Por ello se considera lo que se llama un BANDO.

Los ayuntamientos deben consultar con sus abogados de turno para no incurrir en ilegalidades. Las capitales como Lleida, Tarragona y Barcelona no cederán sus locales.

Estamos seguros, segurísimo, que en caso de jucio anle el Tribunal Supremo, que lo habrá, Tan Puigdemont como Juqueras, dirán que era un bando general, y que voluntariamente los alcaldes decidieron ceder los locales para el referéndum del 1-0, pero que era voluntario, una proposición para explorar voluntades. No lo que no sabían es que estaban socabando las voluntades de alcaldes y alcandesas, cuyos patrimonios se verán o embragados o multados y lo peror inhabilitados de por unso años.

Claro que cuando eres del mismo partido a lo mejro la caja de resistencia paga la multa qaue le va a llegar.

El Tribunal Constitucional lo ha dicho claro y por escrito. Yo no me atrevería a desobedecer al TC.

Pablo Igelias líder de Podemos toma una nueva vía por tal de salir en las noticias

La posición que siempre ha defendido Podemos, especialmente Iglesias, es la de considerar el 1-O como «una movilización legítima», sin reconocer los resultados del referéndum ilegal y defendiendo la permanencia de Cataluña dentro de España. Posición que tampoco parece compartir la diputada de Podem, que explicó que el día 1 de octubre irá a votar «muy contenta» y que va a reconsiderar su voto, que en principio iba a ser el de no a la independencia, debido a aquellos que «están poniendo tan difícil» la celebración de la consulta. 

Pablo Iglesias, que no tiene partido, sino un conglomerado de mareas, comunes y no sé que más en Madrid, dice que es la izquierda progresista, munuda risa me da. Y este quiere ser algún día el presindente del gobierno y de todos los españoles. Entonces España entraría en el periodo de Terror, como en la revolución francesa.

Golpe de Estado de de la Comunidad Autónoma de Cataluña



ABC / DANIEL TERCERO Barcelona - Actualizado: Guardado en: Actualidad Política

Y al segundo día... siguió el esperpento jurídico y el asalto a la legalidad en el Parlamento de Cataluña. El choque contra la democracia, anunciado durante meses por las fuerzas secesionistas, siguió con otra jornada maratoniana que concluyó sobre la una de la madrugada con la aprobación de la ley de Transitoriedad. Con nocturnidad y alevosía, salía adelante un texto con el que la Generalitat, en manos de Carles Puigdemont, pretende regular la vida «legal» en Cataluña tras el «sí» en el referéndum secesionista del 1 de octubre.
La Mesa parlamentaria había aprobado su trámite de madrugada y, tras dos horas de debate, tomó forma la nueva norma con los votos de JpS y la CUP. CSQP votó en contra. Y los diputados de Cs, PSC y PP volvieron a ausentarse en la votación, como hicieron en la jornada del miércoles en la que se aprobó la ley del Referéndum.
Carme Forcadell, presidenta de la Cámara, y el resto de miembros de la Mesa de JpS y CSQP, bloquearon todas las peticiones de Cs, PSC y PP para que el cambio del orden del día fuera valorado previamente por el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), ya que la ley a votar no tenía cabida en el ordenamiento jurídico, tal y como confesó, incluso, Rovira, al admitir que la norma sobrepasa el Estatuto de Autonomía y la Constitución.
Para JpS y la CUP, las peticiones de Cs, PSC y PP son «filibusterismo». Para estos grupos de la oposición, «los independentistas están pisando los derechos de los diputados y de todos los ciudadanos de Cataluña». Los rifirrafes se repitieron al mismo estilo que los vividos el miércoles y la oposición se mostró más unida que en la jornada previa. Una unión en defensa de la democracia y la ley que se evidenció cuando las bancadas de Cs, PSC y PP aplaudieron de pie la intervención de Joan Coscubiela, portavoz de CSQP, tras la defensa que este hizo de los valores democráticos y criticó a JpS y la CUP que le estén «cogiendo gusto a pisar los derechos de los ciudadanos».
Tras tres suspensiones del pleno, a las que siguieron otras tantas reuniones de la Junta de Portavoces y la Mesa, el pleno votó y aprobó el cambio del orden del día gracias al rodillo secesionista. Después harían lo propio con una de las leyes de la desconexión, tras un debate más corto de lo esperado en el que Arrimadas calificó la ley de como un «panfleto que atropella el sentido común». Miquel Iceta, por su parte, aseguró que con la norma «JpS y la CUP liquidan el Estatut y la Consitución» mientras que Xavier García Albiol acusó a los secesionistas de querer «imponer un modelo político mezcla de bolivariano y autoritario».

«¿Abolido nuestras leyes?»

Los portavoces de la oposición se mostraron más lúcidos y contundentes en sus intervenciones. Así, destacó Carlos Carrizosa (Cs), quien criticó duramente la gestión de Forcadell. El portavoz de la formación naranja preguntó a la presidenta de la Cámara autonómica: «A partir de ahora, ¿se van a atropellar nuestros derechos ante toda Cataluña? ¿Podemos acudir al CGE o ya hemos abolido nuestras leyes? ¿Debo obediencia a la señora que desobedece las leyes? ¿Debo callar o debo hablar cuando ella me lo pida?».
También Ferran Pedret (PSC), más airado que en otras ocasiones, consiguió aplausos de los grupos popular y naranja. Y Alejandro Fernández (PP) comparó la situación que se está viviendo en Cataluña con la tensión que Nicolás Maduro mantiene en Venezuela: «Están suspendiendo la democracia en Cataluña. Pronto estarán con el señor Mas y el señor Homs, pidiendo diez euros a cada ciudadano. Lo que pase a partir de ahora solo será responsabilidad de ustedes».


.................CATALUÑA DIVIDIDA, TARRAGONA Y LLEIDA no prestarán sus locales para el referendum.


Lo hicieron la noche del miércoles y lo han vuelto a hacer esta medianoche, esta vez para aprobar la ley de transitoriedad con la que el independentismo pretende armar una república catalana. Junts pel Sí y la CUP impusieron su mayoría para forzar el reglamento de la Cámara y aprobar la que quieren que sea la ley suprema de Cataluña en el caso de que el sí se imponga en el referéndum del 1 de octubre. Lo han hecho a costa de un Parlamento roto en dos, en el que se ha manifestado la mayor unidad vista hasta ahora entre los cuatro grupos que integran la oposición.
El bloque independentista invocó este jueves el artículo 81.3 del reglamento y, pese al rotundo rechazo de la oposición, pasó el rodillo de su mayoría para forzar la votación primero y aprobar la ley de desconexión después. En la votación definitiva, sus 71 votos se impusieron en una cámara semivacía, de la que, otra vez, se ausentó la mayor parte de la oposición. Solo 10 miembros de Catalunya Sí que es Pot se mantuvieron en su escaño, para votar en contra.
“El pueblo tiene derecho a saber qué ha de pasar a partir del día siguiente del 1-O”, ha afirmado Jordi Orobitg (Junts pel Sí) para defender la necesidad de aprobar la ley. Desde la CUP, Benet Salellas, la ha ensalzado como “un instrumento que declare nuestra soberanía” y una forma para acabar “con el procesismo” que ha copado la política catalana en los últimos 18 meses.
La jefa de la oposición, Inés Arrimadas (Ciudadanos), ha denunciado que Junts pel Sí se ha puesto “a jugar en el campo de la CUP”, el “de la desobediencia”. Y ha acusado que la fórmula escogida para aprobar la norma se “va a cargar la legitimidad de este Parlament”. El popular Xavier García Albiol consideró el 1-O como “solo una estrategia de agitación y propaganda” al negar la posibilidad de que este se pueda celebrar.
El socialista Miquel Iceta ha censurado todo el articulado de la ley y ha cuestionado la forzada aprobación de la ley. En su opinión, esas prisas solo tienen un objetivo: “Saben que no se celebrará el referéndum y que al menos quede alguna cosa en el boletín oficial del Parlament, aunque solo sea 48 horas. Pasar a la historia aunque solo sea con una nota a pie de página”. Joan Coscubiela, de Catalunya Sí que es Pot, lamentó que en las últimas “48 horas negras” el soberanismo “se haya pulido su capital político” y hayan facilitado la “estrategia antidemocrática del PP y la criminalización del derecho a decidir”.
La de este jueves ha sido una jornada similar a la del miércoles. Maratoniana y que no ha tenido como principal escenario el hemiciclo, sino la sala donde mantienen sus reuniones la Mesa y la junta de portavoces del Parlament. Debate agrio y trabado por las continuas pausas forzadas por las peticiones de la oposición, cuyo objetivo pasaba por reforzar una imagen de aprobación anómala en un marco de desbarajuste general. El objetivo de los independentistas tampoco albergaba dudas. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, lo dejó claro en uno de los muchos encuentros de la Mesa: “De aquí no nos vamos hasta que esto se vote”. Y no ha sido hasta las 00.50.
El frente independentista hizo caso omiso, de nuevo, a un escrito del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) que insistía en la potestad de los grupos parlamentarios de demandar un dictamen sobre cualquier proposición de ley impulsada desde la Cámara Catalana. El PSC anunció que también pediría amparo ante el Tribunal Constitucional para evitar la aprobación de esta segunda ley de desconexión, una suerte de norma suprema con la que se quiere activar la declaración de independencia de Cataluña, crear una república y armar una estructura institucional que define quién es el jefe del Estado, quién es catalán, cuáles son las lenguas oficiales (catalán, castellano y aranés) y, entre otras cosas, cómo se configura el poder judicial (la elección de sus figuras clave quedaría en manos del Gobierno catalán).
La victoria del independentismo con la aprobación de la ley de ruptura dejó una imagen que le debilita, la mayor unidad de la oposición desde que se puso en marcha la legislatura: La mayoría de los miembros de los cuatro partidos de la oposición (Ciudadanos, PSC, PP y Sí que es Pot) puestos de pie y aplaudiendo unas palabras de Joan Coscubiela (CSQP), miembro de uno de los grupos que más se ha aproximado a las posiciones a favor del referéndum del Govern: “No quiero que mi hijo Daniel vea que una mayoría puede tapar los derechos de los que no piensen como ella”.

Artículo 155 de le Constitución española de 1978. El 155 es preceptivo, es decir obligatorio.

 
(Hay un perro o lebrel de bronce, junto a las escaleras donde se sienta Puigdemont)



Artículo 155
1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

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El artículo 155 de la Constitución es preceptivo y ejecutorio. Dice que con la mayoría absoluta del Senado, el Estado puede obligar a la Comunidad Autónoma al cumplimiento forzoso de la odenado.

En el caso de Cataluña, sería la destitución de su cargo de los que firmaron las leyes de Referéndum  y de transitoriedad del el presidente Puigdemón y todo su gobierno como la mesa del parlamento con Carme Forcadell a la cabeza.

Son previsibles manifestaciones, escraches y demás desordenes públicos, sí es cierto, pero nueno y qué. Quien la haga que la pague. Y 500.000 euros de multa para lo que vayan a votar.

La fuerza coercitiva la tiene el Estado, para eso la tiene, por eso cuando alguien defrauda por delito a Hacienda (excepto Iñaki Urdangarín), ya  al la cárcel. La gente paga porque tiene miedo. La gente respeta las normas de tráfico porque te denuncian. La inmpunidad lleva al caos.

Se llama a preseidente Puigdemont al Senado de Madrid, y si no viniera por voluntad, se le traería en un furgónde la Guardia Civil, como todo el mundo que no quiere ir a un juzgado.

Excelente artículo de Miguel Massanet, en SIGLO XXI, diario digital

La rebelión catalana requiere algo más que tribunales


“La realidad que llamamos Estado no es la espontánea convivencia de hombres que la consanguinidad ha unido. El Estado empieza cuando obliga a convivir grupos nativamente separados” Ortega y Gasset.
Miguel Massanet
viernes, 8 de septiembre de 2017, 08:59 h (CET)
Ayer, en el Parlament catalán, tuvo lugar una de las escenificaciones más burdas, menos solemnes, antidemocráticas, revolucionarias y deplorables que se puedan dar en un Estado del Siglo XXI, en plena UE y, podríamos afirmar que, ante la unánime perplejidad de todas las naciones que forman con nosotros esta gran unión que, con tantos esfuerzos, entre todos, estamos intentando llevar adelante; incluso contra la opinión de aquellos que sólo piensan en si mismos, como es el caso de la GB con su “brexit”, una aventura que no presagia nada bueno para la rubia Albion, acostumbrada a ir por libre, quizá pensando que todavía sigue siendo aquella nación colonialista todopoderosa del Siglo XIX.

El acto que el Parlamento catalán, presidido por una señora, Forcadell, que primero fue presidente de la ANC, una de las organizaciones que, con el Omnium Cultural, más se distinguieron en su lucha por la independencia de Cataluña y que, fue repescada para que presidiera la institución parlamentaria catalana, pese a ser manifiestamente incompetente para presidir un órgano de la importancia del que le ha tocado dirigir. Ayer quedó patente que, la señora Forcadell, no es más que un títere más del soberanismo catalán, olvidándose de que su misión era atender a los derechos de todos los parlamentarios sin distinción de partidos o ideas políticas, impidió que todos los partidos representados en la cámara, pudieran presentar sus alegaciones, ante el intento, y posterior consumación, de la aprobación exprés de una ley, expresamente calificada de anticonstitucional por el TC, aquella que convoca a los catalanes a un referéndum que, expresamente, fue considerado por el órgano máximo encargado de velar por la constitucionalidad de cualquier norma que se dicte en nuestra nación, como inconstitucional.

En una nefasta y embarullada jornada, en la que quedaron de manifiesto los vicios graves de una institución que pretende hurtar a una parte de sus miembros, a las minorías no separatistas, sus derechos y sus atribuciones en la preparación de aquellas normas que van a ser obligatorias para todos los catalanes; los miembros de los partidos anti constitucionalistas demostraron su desprecio por los principios democráticos, su radicalidad, cerrilidad y su obsesión enfermiza de atribuir a España aquello que, solamente en su cerrazón y fanatismo, se puede entender como una conducta inapropiada o especialmente contraria a los intereses del pueblo catalán. Claro que la labor concienzuda, comenzando por el adoctrinamiento escolar de las nuevas generaciones, la intoxicación mental de TV y tertulianos en todas las cadenas catalanas, amén de la insistente y machacante labor doctrinaria de la prensa, la mayoría de ella afín al separatismo; han sido factores determinantes de que lo que hace unos años apenas importaba a un 25% de los catalanes, en la actualidad esté cercana al 50%, algo que, desgraciadamente, deberemos atribuir a la falta de previsión, intereses partidistas y miedo a enfrentarse a ello con coraje y firmeza, de todos los gobiernos que se han ido sucediendo desde que el país entró en democracia.

Ante unos hechos consumados, un desafío abierto a la unidad de la nación, una tomadura de pelo a todo el resto de españoles, que vemos que, ante nuestras propias narices y sin que ocurra aparentemente nada, unos cuantos insurrectos que no representan más que una parte de la ciudadanía catalana ( y aún con importantes matices) son capaces de poner en jaque a toda una nación de la envergadura de la española, sin que lo único que se les ocurre a nuestros gobernantes, achacados del mal de la cobardía, de la sinrazón del miedo a que los insurrectos se enfaden porque se tomen medidas enérgicas en su contra o de que, una parte de los catalanes se lancen a la calle para destrozar todo lo que se les ponga delante, es interponer una serie de recursos ante el TC para que, con suerte, se reitera la anticonstitucionalidad de las leyes aprobadas en el Parlament catalán y empapelen a los firmantes por prevaricación para que, al cabo de un tiempo los tribunales los pudieran “incapacitar para ocupar cargos públicos” una medida que parece insuficiente ante la evidencia de la rebelión que se encubre en los actos sancionados.

Si se tiene en cuenta que el señor Puigdemont y sus colegas separatistas ya ha advertido que no piensan hacer caso de lo que digan los tribunales españoles y, específicamente, lo que pudiera salir del TC, es evidente que no van a tomar en consideración cualquier advertencia o conminación que viniese de la judicatura, lo que sitúa al Gobierno y al Estado español ante el dilema de permitir que las calles de Barcelona se conviertan en un infierno en manos de los terroristas de la CUP o utilizar a la fuerza pública para restablecer el orden. No obstante, es muy posible que las reacciones que nos tienen preparadas estos descerebrados, partidarios de los altercados callejeros y de los destrozos de escaparates y mobiliario urbano, sean de una magnitud mayor a las que se acostumbran a producir cuando se producen reclamaciones sobre temas que afectan a menos personas, cuando se tratan de meras reivindicaciones laborales o cuando sólo se centran en vencer la resistencia de una sola institución, por ejemplo, el Gobierno. Ahora nos encontramos ante un desafío mucho mayor en el que, por primera vez desde la muerte del general Franco, se pone en cuestión la unidad de la nación y el enfrentamiento entre dos bloques perfectamente definidos: el Gobierno de España y sus instituciones, apoyados por los dos partidos mayoritarios del arco parlamentario, enfrentados a quienes intentan, desoyendo la voz de la prudencia y desafiando la Constitución, la independencia de la nación española, para constituir lo que han dado por denominar la “República catalana”.

Ya no hablamos de si se suspende la autonomía según prevé el artículo 155 de la Constitución o de si se debe acudir a la Ley Penal o a otras leyes sobre seguridad nacional porque, señores, lo que es posible que suceda es que, como ya han anunciado, una numerosa banda de gamberros organizados se apoderen de las calles, organicen un caos circulatorio, irrumpan en los edificios públicos o se dediquen a asaltar bancos valiéndose del terror y pánico que multitudes de trúhanes amenazantes son capaces de crear entre los pacíficos ciudadanos. Quisiéramos creer que, cuando el señor Rajoy habla de reacción proporcionada, no está hablando de la que se pudiera llevar a cabo contra los culpables directos de la declaración de independencia, porque el problema no se va a limitar, si se producen las alteraciones de orden que se supone que se puedan llevar a cabo, a sancionar a los promotores sino que lo tendremos en lo que pueda suceder en las calles, en los locales públicos, en los organismos oficiales o en los bancos y demás lugares en los que, una invasión de vándalos semejante, puede llegar a impedir el normal desarrollo de toda actividad dentro de las principales ciudades de Cataluña.

Y aquí, señores, va aparecer la palabra mágica que ha venido siendo tabú durante todo este largo proceso en el que, los independentistas, han venido haciendo de su capa un sayo sin que nadie en absoluto, ni los tribunales ni las fuerzas del orden han sido capaces de impedir que siguieran avanzando en sus objetivos, unas veces con mayor rapidez y otras más despacio, pero siempre consiguiendo afianzarse en sus posiciones sin que, el Estado, haya tenido las agallas para pronuncia la palabra “basta”. Las dos ocasiones en las que hubo intentos de instaurar la república en Cataluña los gobernantes que les hicieron frente no se entretuvieron en discutir sobre las razones que avalaban aquellas peticiones de Maciá (1931) y Companys (1934), sino que ordenaron que, rápidamente, fueran reducidos los culpables para evitar que la insurrección adquiriera virulencia y pudiera contagiarse a otras partes de España. No olvidemos que existen otros lugares de España donde el germen independentista está latente y gobiernos autonómicos que esperan la menor ocasión que se les presente o debilidad del Gobierno para dar el paso adelante para conseguir también su independencia.

Estamos hablando de si, entre las medidas que estará manejando el Ejecutivo y que ha consultado con los dos partidos que le han prestado su apoyo, se encuentra la de, aparte de que la utilización de las fuerzas de seguridad, como la Policía Nacional, la Guardia Civil o, en el caso de Cataluña, los Mossos (suponiendo que permanezcan fieles a la Constitución), no fueran suficientes para acabar con los disturbios callejeros que se pudieran producir como consecuencia de la votación del 1 de Octubre o de la promulgación de las leyes de desconexión; se tuviera que declarar el estado de excepción y fuera necesaria la presencia del Ejército en las calles de Barcelona o cualquiera de las otras ciudades importantes de la comunidad catalana, ¿se acudiría al Ejército para pacificar las calles o se seguiría respetando esta especie de pacto no escrito por el que las FF.AA parece que, en Cataluña, no se encuentren en territorio patrio? Recordemos que el artículo 8º de la Constitución hace referencia a ellas cuando la patria se encuentre en situaciones como las que se pueden producir en Cataluña si, como es posible que suceda, el separatismo reacciona de forma violenta ante las decisiones del TC o del Gobierno.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, aunque sabemos que se trata de un tema complicado y muy delicado, no nos queda más remedio que dejar constancia de la preocupación que se siente, en tierras catalanas, por todos aquellos que viven en ellas, pero que no participan de esta fiebre separatista que parece que ha venido afectando a una gran parte de la población de la autonomía. Y es que no estamos muy seguros de la solidez de este apoyo que, por parte de los socialistas y miembros del partido de Ciudadanos, se le ha ofrecido al Gobierno de la nación; en el caso de que el problema adquiera tintes revolucionarios, se pudieran producir, en los enfrentamientos callejeros, algunas víctimas entre las partes enfrentadas y la sangre comenzase a correr por las calles. No estamos muy convencidos de que, el señor Sánchez o el mismo señor Ribera, en una situación semejante, mantuvieran su apoyo o bien aprovechasen la ocasión para hacer campaña contra el Ejecutivo, si vieran que, con ello, iban a conseguir votos que los favorecieran. Por desgracia, en política, las alianzas nunca son de fiar.
   

Jesús Salamanca, certero artículo de opinión en "Siglo XXI, diario digital independiente"

Golpe de Estado del separatismo catalán


Se echan de menos manifestaciones multitudinarias y opiniones contundentes del ámbito judicial ante este golpe de Estado del separatismo catalán.
Jesús  Salamanca
viernes, 8 de septiembre de 2017, 08:51 h (CET)
Muchos estamos convencidos de que la Cup-eta y la dictadura fraudulenta narcotraficante de Nicolás Maduro está detrás de estos separatistas que violan la Constitución de todos los españoles. Tanto como apelamos a la Carta Magna de 1978, ahí viene perfectamente clarificado el artículo 155 que -- desde mi punto de vista-- habría que aplicar ya, sin más dilación, para evitar.

Representantes de las instituciones catalanas se han cargado vulgarmente la democracia. Han demostrado que no saben lo que es la convivencia con el resto de comunidades autónomas del Estado español; un Estado al que pretenden imitar y del que se han mofado desde hace años: ahí tienen la cantidad de veces que ha habido que recurrir al Tribunal Constitucional por desobediencia institucional o incumplimientos absurdos. El pasado miércoles, el parlamento catalán se convirtió en el hazmerreír de toda Europa y del mundo democrático; a ello hay que añadir el ridículo permanente que viene haciendo Cataluña con la creación de embajadas catalanas que nadie reconoce ni hace caso.

Resulta difícil entender que se salgan de la Constitución española apelando a la "libertad de expresión", "libertad de los pueblos", "los derechos humanos", “aspiración de libertad”, “falso consenso del pueblo catalán”,... Pero lo cierto es que es un claro golpe de Estado que hay que atajar cuanto antes. Y hay que hacerlo con toda la contundencia de la ley, como se hizo con los insurgentes del 23F. Se echan de menos manifestaciones multitudinarias y opiniones contundentes del ámbito judicial, precisamente en este golpe de Estado dañino para España, la Unión Europea y el mundo democrático. Confío en que no falten las sanciones penales ante la excesiva gravedad de lo acaecido en el parlamento catalán y el odio difundido desde algunas instituciones, entre las que no se excluye el consistorio de Barcelona.

Mayoritaria es la población de Cataluña que no quiere independizarse de España. Son los partidos de corte independentista y antisistema quienes reaccionan contra derecho e interpretan de forma burda el deseo secesionista. Desde mi punto de vista han llegado muy lejos, excesivamente lejos, al secuestrar la democracia con un claro objetivo: fracturar España. Y actitudes así no hay por qué consentirlas. Las decisiones no se toman "por narices" cabe el diálogo cuando hay resquicio para ello, pero en este caso la Constitución es clara y cuanto alude a la indivisibilidad del Estado, también.

¿Hay culpables? Claro que los hay y en distintos frentes. Primero los distintos gobiernos nacionales que han permitido el juego sucio y navajero de los sucesivos gobiernos autónomos catalanes. En segundo lugar, los grupos antisistema e independentistas que, en una amalgama vulgar y nada respetable, han retorcido la irretorcible normativa. Y, por último, las presiones venezolanas hacia el mundo del "perroflautismo" integral; algo así como el "yihadismo" corrompido y desnortado. Insisto en que el golpe totalitario del separatismo no puede quedar impune; ese totalitarismo carece de valores y virtudes, por lo que se asienta en el delito, la vulneración de garantías democráticas y la ceguera secesionista.

Nadie debe sorprenderse de la dureza mostrada por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Tiene tan claras las ideas y la legislación al uso y al respecto que se ha encargado de fijar la postura del Gobierno y esa postura ha sido dura, aunque no más dura de cuanto marca la ley en este caso. Ahora tenemos que ver esa dureza contra Forcadell, principal responsable del desaguisado parlamentario para mostrar al mundo el golpe de Estado dado en Cataluña. El código penal debe defender el atentado que ha cometido contra la institución parlamentaria, contra el Estado de Derecho y contra la propia Cataluña.

Están lejos los tiempos en que los Mossos fueron puestos a buen recaudo por admitir la proclamación de la república catalana. Por entonces, el Gobierno supo pararlos los pies. En este momento es la vicepresidenta la encargada de fijar la postura del Ejecutivo. Fue muy dura en términos políticos, en especial contra Forcadell, la presidenta de la Cámara autonómica catalana.

"Se acercan a los regímenes dictatoriales, es bochornoso y vergonzante", llegó a declarar la vicepresidenta en Moncloa. Y fue más lejos: "Bajo el mandato de Forcadell ha muerto la democracia". Carmen Forcadell debe ser inhabilitada ‘ipso facto’ y volcar sobre ella la medida más dura que permita el código penal. Recordemos que es la tercera desobediencia de la presidenta de la Cámara.

8 de spetiembre 2017

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