ARTICULOS DE OPINION


Revista digital de arte, cultura y opinión en Alicante. Enlace con POESIA PALMERIANA. En estas páginas no podemos estar ajenos a lo que pasa en España ni en el mundo. Dirigida por el escritor, poeta y pintor Ramón PALMERAL. Los lectores deciden si este blog es bueno, malo, o merece la pena leerlo.

viernes, 23 de marzo de 2018

El juez envía a prisión sin fianza a Turull, Rull, Romeva, Bassa y Forcadell. Marta Rovira tiene la culpa por su huida.

El juez envía a prisión sin fianza a Turull, Rull, Romeva, Bassa y Forcadell





Nunca me he alegrado tanto al oír un noticia en la radio y leerla en la prensa, al fin la Justicia funciona en España. La Guardia Civil ha hecho un trabajo al Juez Llanera impecable. La Guadia Civil es el cuerpo más eficaz del munod. Acabó con la ETA y ahorfa con los políticos que organizaron el referendum ilegal y días despues proclamaron la republica catalana, de una forma humillante para todos los españoles.













El juez del Supremo Pablo Llarena ha ordenado el ingreso en prisión provisional sin fianza del candidato a la presidencia de la Generalitat, Jordi Turull; de los ex consellers Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa, y de la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell. El magistrado ha dictado el auto de ingreso en prisión -tal y como ha solicitado la Fiscalía-, este mediodía tras celebrar la vistilla en que ha escuchado a los encausados, al considerar que existe riesgo de fuga y de reiteración del delito.
Turull, Rull, y Romeva ingresarán en la cárcel de Estremera donde ya se encuentran Oriol Junqueras y Joaquim Forn, mientras que Forcadell y Bassa irán esta noche a la prisión de Alcalá Meco. En el auto del juez, Llarena ya apunta a la imposibilidad de Turull de acudir al debate de investidura convocado para este sábado.
El juez aprecia un grave riesgo de fuga y de reiteración delictiva en los encausados derivado de la grave punición a la que se enfrentan por su eventual responsabilidad penal por rebelión, en un momento en el que las sospechas que se plasmaban al inicio del proceso son hoy indicios racionales y firmes de la posible perpetración de unos hechos que presentan una determinada consideración delictiva y de la participación que en ellos han podido tener los procesados.
Se configura un grave riesgo de fuga en los encausados”, indica el juez en su auto de procesamiento contra 25 líderes independentistas y hace hincapié “en la concurrencia con otra pluralidad de factores”. Factores como “el claro desprecio de los procesados al acatamiento de las decisiones de la autoridad judicial, las cuales se han desatendido de manera contumaz y sistemática durante los últimos años”, según apuntaba ya Llarena en el auto de procesamiento que dictó el pasado miércoles.
El juez ve acreditada la “pertenencia” de los procesados a “un amplio colectivo que se solidarizaron con la causa”
Además, el juez ve acreditada la “pertenencia” de los procesados a “un amplio colectivo que se solidarizaron con la causa”. “Un colectivo que cuenta con estructuras asociativas organizadas, asesoramiento legal especializado, relevantes recursos económicos derivados de las aportaciones de sus asociados, así como armazones internacionales desarrollados en los últimos años para la defensa de sus planteamientos”.
La secretaria general de ERC, Marta Rovira, también estaba citada a la vistilla que se ha celebrado esta mañana. Pero no ha acudido al llamamiento del Supremo. La diputada republicana, que ayer anunció que deja su escaño en el Parlament, ha huido de España para “poder hacer de madre”. Do momento, no ha trascendido cuál es el destino final de Rovira, a quien Llarena no había retirado el pasaporte en su anterior comparecencia.
La ley marca tres causas tasadas para acordar el ingreso de los procesados en prisión provisional. Se trata del riego de reiteración del delito, de fuga y de destrucción de pruebas. El magistrado ha apreciado la existencia de las dos primeras en este caso, lo que llevará a los afectados de nuevo a la cárcel, donde ya estuvieron el pasado mes de noviembre.
El juez acusa a Turull, Romeva, Rull y Forcadell del presunto delito de rebelión. Turull, Romeva, Rull y Bassa están procesados también por malversación de caudales públicos. El delito de rebelión puede comportar penas de prisión de cinco a diez años e inhabilitación absoluta por tempo de seis a doce años. La malversación está castigada con penas de hasta ocho años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años.

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El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena tiene la firme convicción de que los principales responsables de haber impulsado el procés idearon un plan para lograr la independencia de Catalunya fuera de las vías legales y eran conscientes de que se podían dar actos de violencia el 1-O y aún así movieron a los catalanes para que salieran a la calle y fueran a votar.
En el auto de procesamiento , el instructor sostiene que tras los hechos ocurridos el 20 de septiembre ante la Conselleria d’Economia, cuando 40.000 personas rodearon el edificio mientras una comisión judicial realizaba un registro, reflejaban la existencia de “un riesgo de que las movilizaciones futuras desembocaran en una violencia instrumentalizada para lograr la independencia”.
Para Llarena, es “evidente” que lo acontecido el día 20 de septiembre, “aunque no fuera el reflejo de una violencia que estuviera ideada desde el principio como un instrumento para la consecución de la independencia (lo que esta resolución no excluye), desde luego permitió que todos los involucrados en el proceso se representaran el riesgo de que futuras movilizaciones pudieran estallar con episodios de fuerte lesividad y daño en el grupo social”.
El juez considera que “a partir de la incendiaria convocatoria” ante la sede de la Conselleria “lo que aconteció quedó lejos de la pacífica actuación que formalmente se reclamaba en algunos mensajes”. Una vez allí, según el relato del juez, “la muchedumbre rodeó los vehículos de la Guardia Civil, que terminaron devastados y destrozados, interior y exteriormente”. Las armas que se encontraban en el interior de los coches “quedaron al albur del vandalismo desplegado”.
Movilizaciones masivas
De esta manera, argumenta que movilizar a la gente a votar el 1 de octubre a sabiendas de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tenían la orden judicial de impedir la votación del 1-O “supone, no ya aceptar el riesgo de una violencia claramente representable, sino directamente impulsar a una masa ciudadana a que desborde por la fuerza cualquier intención de contención que pueda provenir del Estado, tal y como finalmente aconteció el día de la votación”.
Llarena considera que los procesados por rebelión han estado durante años impulsando el deseo colectivo por la independencia entre amplios sectores de la población; han ensayado movilizaciones masivas conformadas por cientos de miles de adeptos; y han convencido a los seguidores “de que ostentaban una legitimidad para una independencia que sabían constitucionalmente imposible”.
Un grupo con reparto de funciones
El auto define a los investigados dentro de un grupo con reparto de tareas organizados para logar un mismo fin, la independencia de Catalunya creando un enfrentamiento con el Estado. “Es evidente que la minuciosa ideación de la estrategia con la que pretendía imponerse la independencia en el territorio, permite considerar que los principales responsables de estos hechos siempre hubieron de representarse que el proceso terminaría recurriendo a la utilización instrumental de la fuerza”.
Fanatismo violento
El instructor llega a decir que “quienes realizaron aportaciones principales al núcleo del hecho con posterioridad al 20 de septiembre, desde luego se representaron que el fanatismo violento de muchos de sus seguidores había de desatarse”. A su juicio, la “persistencia en su determinación criminal” con ese conocimiento, es muestra de su “voluntad de incorporar la utilización de la fuerza al mecanismo para conseguir una secesión a la que no quería renunciarse”.
Hacer rendir al Estado
Indica además que “se decidió utilizar el poderío de la masa para, con él, hacer frente a una actuación policial que sabían orientada a imposibilitar el referéndum, de manera que la votación pudiera desarrollarse, posibilitando y favoreciendo, no sólo que los resultados del referéndum permitieran la proclamación de la independencia sino que el Estado de Derecho se rindiera a la determinación violenta de una parte de la población que amenazaba con expandirse”.
De este modo, para el magistrado el delito de rebelión es “plenamente exigible” a quienes, “conociendo el ineludible estallido social que resultaba ya inherente a los hechos, lo incorporaron a su actuación criminal y persistieron en realizar aportaciones esenciales que impulsaran el ilícito comportamiento que desplegaban”.



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El juez Pablo Llarena ha procesado por un delito de rebelión a 13 líderes del procés: el expresidente Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, siete exconsejeros (Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Toni Comín y Dolors Bassa), a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, el de Omnium Cultural Jordi Cuixart, y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira.
En el auto notificado este viernes, el juez procesa además a los otros cinco exmiembros del Gobierno catalán cuando sucedieron los hechos, Meritxell Borràs, Lluis Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret, por delitos de malversación de caudales públicos, y de desobediencia. A Puigdemont, Junqueras y los siete exconsellers procesados por delito de rebelión también les procesa por malversación, sin perjuicio de que su calificación pueda después formularse en el delito específico de malversación (artículo 432 del Código Penal) o quedar absorbida en el tipoagravado de rebelión con distracción de caudales públicos contemplado en el artículo 473.2 del Código Penal.
Asimismo, el juez procesa por el delito de desobediencia a cinco exmiembros de la Mesa del Parlamento de Catalunya —Lluis María Corominas, Lluis Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet—, así como a Mireia Boya, expresidenta del grupo parlamentario de la CUP, y a Anna Gabriel, exportavoz del mismo grupo. Llarena ha procesado a 25 de los 28 investigados y ha dejado fuera del auto de procesamiento al expresidente de la Generalitat Artur Mas, a la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, y a la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia Neus Lloveras.
El juez fija una fianza de responsabilidad civil por importe de 2,1 millones de euros que deberá ser prestada solidariamente por los 14 exmiembros del antiguo Govern, es decir, Puigdemont, Junqueras, Forn, Turull, Romeva, Ponsatí, Rull, Comin, Bassa, Borràs, Puig, Mundó, Vila y Serret. La cuantía se ha establecido sumando a 1,6 millones de euros, que el magistrado señala que fue el dinero que se empleó para sufragar el referéndum del 1-0, más el tercio de esa cuantía que debe añadirse de acuerdo a la ley para este tipo de fianzas para asegurar responsabilidades económicas.
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Nota de Nuevo Impulso

En Cataluña estaban muy acostunbrados a saltarse las leyes y la Constitución, y ahora lo que ellos preveían que iba a ser una cuestión política se ha convetido en un asunto penal.

Esto hará saber a los políticos catalanes independentistas que no se puede dar un golpe de estado, proclamando la republcia catala, y luego salirse de rositas.

En España la ley funciona en dlitos tan graves.

Ahora Puigdemont que haga ruedas de prensa en Bélgica, y a la vez se ponga el flequeillo a rmojar.

Marta Rovira sospechó que la iban meter en prisión preventiva y por eso cobardemente ha huido, y al hacerlo a precipitado que el juez tome esta decición.

 Y además son culpable de la ruina económica a que han llevando a todo los catalanes.

La república catalana no es posible, y nunca lo será. España Unida Siempre.