Al "déspota insumiso" de Pedro Sánchez le moleta no poder controlar la voluntad del CGPJ. Que se le ha convertido como un tiro en el pie. Un alacrán en la mochila del poder, una ola en forma de anzuelo, una arena caliente en pie descalzo...
Si el Poder Judicial no ve viable la ley de Amnistía del PSOE con los partidos minoritarios, demuestra claramente que estos expertos en leyes y Constitución que esta ley es anticonstitucional a todas luces.
Se empeña Pedro en pactar con el PP para sustituir al Consejo del Poder Judicial para que éste le sea favorable, sin atender a razones legales. Con el Poder Judicial en contra no hay posibilidad legal de que esta ley de Amnistía salga adelante. Quiere que cumplan la Constitución cuando el gran "déspota insumiso" la está incumpliendo in fragranti. Argumenta que defiende la amnistía por el interés de España cuando en realidad es por su propio interés de gobernar. Y actualmente el 90 % de los españoles está en contra.Poniendo un muro al resto.
Mintió y miente en interés de España y de sus nereidas, apolos y demás afroditas que el adoran.
Le importa un c... que los españoles no podamos ser convencidos de argumentos fungibles. Ya se lo dijo Feijóo "Usted se ha equivicado" Ahora no le eche las culpas a la oposición que está cumpliendo con su deber y su obligación.
Manos Limpias ha denunciado en el Tribunal Supremo (TS) a Carles Puigdemont por delitos de odio e injurias al poder judicial por calificar el pasado día 1 a los jueces españoles de "cuervos togados" que "se revuelven y enseñan las garras y colmillos"
-por las reacciones judiciales en contra de las acusaciones de
"lawfare" y de la ley de amnistía- y compararlos en su cuenta de
Instagram con el general Manuel Pavía, protagonista del golpe de Estado
que fulminó la I República. En su denuncia, a la que ha tenido acceso LA
RAZÓN, el colectivo de funcionarios sostiene que esas palabras denotan
un "elevado rango ofensivo" y una "clara finalidad difamatoria". "Puigdemonio" quiere un referéndum en Cataluña por a la independencia a la escopeta, perdón quería decir a la escocesa.
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El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, reunido hoy en sesión extraordinaria, ha aprobado la siguiente declaración institucional (6-11-2023):
“I
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha venido observando con creciente preocupación las declaraciones de miembros de algunos partidos políticos minoritarios, algunos de ellos con responsabilidades de gobierno, sobre la eventual amnistía de los delitos cometidos con ocasión de los episodios acaecidos el 1 de octubre de 2017, así como los también cometidos con anterioridad para su preparación, incluidos delitos de corrupción, y los que también se cometieron con posterioridad para oponerse a la acción legítima del Estado para llevar a sus autores ante la justicia y restablecer el orden público y constitucional alterado.
En la medida en que esas declaraciones no se respaldaban con una manifestación del Presidente del Gobierno en funciones, este Consejo ha preferido mantenerse en una actitud de prudente expectativa. El silencio del Presidente del Gobierno en funciones, sin embargo, se rompió el pasado sábado 28 de octubre y en una declaración personal de amplia difusión pública ha afirmado dos cosas: la primera, que efectivamente ha pactado una ley de amnistía con partidos políticos que incluye, entre otros, el dirigido por un prófugo de la justicia que se beneficiará personalmente de la medida; la segunda, que la medida se adoptará en “interés de España” para impedir un eventual gobierno de partidos de derecha en caso de que hubiese repetición electoral.
II
Ante los comentarios vertidos en las últimas horas acerca de la extemporaneidad de esta declaración bajo el argumento de que este Consejo debió esperar a conocer el texto de la proposición de ley para emitir su opinión, afirmamos tanto nuestra legitimidad como la oportunidad para hacerlo ahora.
La legitimidad para pronunciarnos en relación con iniciativas legislativas como las relativas a una ley de amnistía no sólo resulta del art. 561.1.8ª LOPJ, sino que es parte también de los estándares europeos en materia de independencia judicial. Como señala el Comité Consultivo de Jueces Europeos, órgano asesor del Consejo de Europa, organización internacional de la que forma parte España, “40. Los parlamentarios y los miembros del poder ejecutivo deben, por supuesto, respetar la ley en sus relaciones con el Consejo de Justicia y no infringir su papel y su funcionamiento vulnerando o eludiendo las normas jurídicas. Además, las relaciones con el Consejo deben basarse en una cultura de respeto al Estado de derecho y al papel del Consejo de Justicia en su respectivo estado miembro.- 41. Los Consejos de Justicia deben participar activamente en el diálogo con los otros poderes del Estado, especialmente cuando hacen aportaciones sobre proyectos legislativos. Este diálogo debe realizarse en un ambiente de respeto mutuo” (Dictamen del Comité Consultivo de Jueces Europeos del Consejo de Europa nº 24-2021). No puede considerarse en ningún caso ajeno a las funciones de los Consejos de Justicia, ni desde luego de este Consejo General del Poder Judicial, alzar su voz cuando la democracia, las libertades fundamentales y el Estado de derecho puedan estar en peligro.
Ante una iniciativa tan trascendental, razones de prudencia y lealtad institucional justificaban su tramitación como proyecto de ley y no como proposición para dar oportunidad a que los órganos consultivos del Estado emitiesen su opinión técnica. No va a ser así. Los partidos que impulsan la iniciativa legislativa, los mismos que sostienen la acción del Gobierno en funciones, anuncian que han optado por la tramitación parlamentaria que permite prescindir de tales informes. Resulta por ello absurdo que se nos pida esperar a hacer algo que no se podría hacer porque deliberadamente se ha escogido la vía que lo impide.
La presente declaración no pretende sustituir el informe que se elude con la vía de tramitación escogida para la iniciativa legislativa, pero se emite ante la imposibilidad de formularlo. Y para hacerla no es preciso conocer los aspectos objetivos y subjetivos que delimitarán los contornos de la ley que se anuncia. No es necesario porque lo sustancial ha sido anunciado ya por los diferentes responsables políticos que están negociando la futura ley, entre ellos algunos con responsabilidades pendientes de dilucidar ante los tribunales y que están negociado y determinando su propia exención de responsabilidad. Y a ello hay que añadir que, en cualquier caso, la aprobación de una ley de amnistía, cualquiera que fuese su fundamentación, y cualquiera que fuesen sus aspectos objetivos y subjetivos, entra en conflicto con principios constitucionales diversos, como seguidamente se pondrá de manifiesto, entre ellos el de exclusividad de la jurisdicción, que justifican que este Consejo, como órgano constitucional cuya misión esencial es velar por la independencia judicial, exprese su preocupación ante la inminente tramitación de aquélla.
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El Consejo General del Poder Judicial (CJPG) ha aprobado este lunes una declaración en contra una eventual ley de amnistía a los encausados por el 'procés' que negocian el PSOE y los partidos independentistas catalanes. Consideran que supone "la degradación", cuando no la "abolición" del Estado de derecho, y que "se violenta la independencia de los tribunales" y la Constitución.
La declaración ha salido adelante gracias a la mayoría conservadora del órgano, la que forzó la celebración de este pleno extraordinario. Según fuentes del Consejo, ha obtenido nueve votos a favor -a los ocho vocales que pidieron este pleno se ha sumado también el de Wenceslao Olea, nombrado por el PP-, cinco en contra -los del sector progresista presentes en el pleno- y un voto en blanco, el de su presidente interino, el vocal Vicente Guilarte.
Este redactará una explicación de voto en el que evidenciará que no está de acuerdo con la iniciativa, pero ve conveniente esperar a su tramitación de la proposición. Se aprueba, por tanto, con una mayoría de tres quintos. El vocal progresista Álvaro Cuesta ha rechazado acudir al pleno al considerarlo "manifiestamente ilegal", lo que ha permitido rebajar la mayoría para que saliera adelante el texto. Esta mayoría se ha visto finalmente reforzada con el voto a última hora de Olea. Los vocales progresistas han sido muy duros contra la declaración institucional, que consideran sitúa al órgano de gobierno de los jueces "en un campo de batalla político".
Convierte el Estado de derecho "en objeto de mercadeo"
En un texto de nueve páginas, consideran que una posible ley de amnistía provocaría una "muy peligrosa injerencia del Poder Legislativo en el Poder Judicial", ya que Parlamento se inmiscuiría en la potestad básica de los tribunales, la de "juzgar y ejecutar lo juzgado".
El CGPJ "expresa con esta declaración su intensa preocupación y desolación por lo que la proyectada ley de amnistía supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal", denuncian.
"Confundir el 'interés de España' con el interés del Presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política", critican a continuación, lo que atenta contra el principio de pluralismo político reconocido en el artículo 1 de la Carta Magna. Creen que la iniciativa supone convertir el Estado de derecho "en objeto de mercadeo al servicio del interés personal" de Pedro Sánchez.
Usan las palabras literales del líder socialista, quien abogó por la amnistía por "el interés de España y en defensa de la convivencia entre españoles" el pasado 28 de octubre, en su primera alocución pública clara al respecto sobre este tema.
