LA IMPOSIBLE BATALLA POR LA ILEGAL LEY DE AMNISTÍA
La Ley de Amnistía avanza en su trámite parlamentario con la preocupante percepción de que se ha convertido en un proyecto más dentro del contexto político actual, en lugar de ser reconocida como uno de los ataques más significativos al estado de derecho en la historia de la democracia. El plazo para presentar enmiendas parciales a la iniciativa concluye hoy, tras ser considerada por el Pleno del Congreso en diciembre de 2023 y superar el debate de totalidad con el rechazo de propuestas alternativas presentadas por el PP y Vox.
La prioridad de los separatistas catalanes, así como de los socialistas y populistas, es consolidar una reforma que pueda asegurar la impunidad inconstitucional, especialmente después de constatar que la situación legal del prófugo Puigdemont no está próxima a resolverse y que la controversia se prolongará sin un desenlace garantizado. Los defensores y beneficiarios de la amnistía están inmersos en un conflicto legal, buscando cancelar la cuestión prejudicial que suspende la aplicación de cualquier norma en la legislación nacional y comunitaria. Buscan que el ordenamiento español sea soberano, independiente de la influencia de Pedro Sánchez.
Es probable que utilicen estrategias y artimañas durante el proceso en el Congreso para distorsionar la aplicación de principios jurídicos generales, contando con la complicidad de figuras judiciales cercanas al gobierno. Sin embargo, es poco probable que tengan éxito, ya que los fundamentos y las instancias europeas son particularmente cautelosos en la protección del estado democrático dentro de sus competencias y autoridad.
Sánchez y Puigdemont tienen prisa por lograr la publicación en el Boletín Oficial del Estado del indulto colectivo para los involucrados en el intento de golpe de estado y otros beneficiarios cercanos al fugitivo de la Justicia. Han asegurado que una proposición de ley evite los informes y dictámenes objetivos de los órganos consultivos, eludiendo cualquier posible obstáculo. El PP ha propuesto enmiendas que buscan la comparecencia de expertos y juristas en la Comisión de Justicia para corregir esta anomalía. La mayoría parlamentaria ha alterado la integridad del proceso legislativo para evitar desgastes y exposiciones que podrían ser perjudiciales para sus intereses.
El argumento del gobierno es criticado, y aunque son conscientes de su infamia, lo llevan a cabo con un descaro que se podría considerar un montaje fraudulento en términos jurídicos y constitucionales. Han pasado más de mes y medio desde que el ministro Bolaños afirmara que no existía preocupación en Bruselas por el estado de derecho y la separación de poderes en el país, y desde entonces, han surgido manifestaciones en sentido contrario. Es crucial una movilización intensa en las instituciones nacionales y europeas contra la corrupción moral de políticos que absuelven a otros políticos. La batalla aún no está perdida.
