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26 de junio: Día negro para los constitucionalistas
El 26 de junio de 2025 quedará marcado como un día negro para quienes defienden la Constitución española. En esa fecha, el Tribunal Constitucional avaló por 6 votos a favor y 4 en contra (No hay consenso y sí voto particulares) la controvertida Ley de Amnistía, una norma que ha generado una profunda fractura política, institucional y social en el país. Desde sectores constitucionalistas, esta ley es vista como un atropello al Estado de Derecho y como el mayor ejemplo de cesión política ante el independentismo catalán desde la Transición.
Una ley nacida sin consenso
La aprobación de la ley ha sido percibida por muchos como una decisión impuesta desde el poder ejecutivo, sin el necesario consenso nacional ni respaldo ciudadano. La medida ha sido entendida por buena parte de la sociedad como una concesión directa al expresidente catalán Carles Puigdemont y a los partidos independentistas, en el marco de las negociaciones para asegurar la investidura de Pedro Sánchez. No puede olvidarse que el propio Sánchez aseguró en campaña que la amnistía “no cabía en la Constitución”, para luego cambiar radicalmente de posición tras necesitar los votos de Junts per Catalunya. Una maniobra que ha sido calificada por muchos como un engaño electoral de gran calado.
El TC avala la ley, pero se lava las manos
La sentencia del Tribunal Constitucional que respalda la ley subraya que esta responde a un fin “legítimo, explícito y razonable”, haciéndose eco de los argumentos recogidos en el preámbulo de la ley: la necesidad de “reducir la tensión institucional y política” tras el procés y avanzar hacia una “reconciliación” en Cataluña. Sera un reconciliación para los independentistas catalanes y un balón de oxígeno para sus pretensiones, ello acarrea que todos los españoles constitucionalista estemos en contra y muy enfadados por esta tomadura de pelo.
Sin embargo, el propio tribunal reconoce sus límites para valorar las intenciones políticas detrás de la norma. A pesar de las acusaciones de arbitrariedad presentadas por el Partido Popular, el TC afirma que solo puede hacer un enjuiciamiento jurídico, no político. En otras palabras, declina valorar si la ley fue fruto de un pacto político opaco y condicionado, aunque muchos entienden que la amnistía es, de hecho, el precio pagado por el apoyo parlamentario de las fuerzas independentistas.
El tribunal insiste: “una cosa es el fin de la ley y otra la intención última de sus autores”, dejando claro que no está en su competencia indagar los móviles reales tras la norma. Así, deja a la ciudadanía con una ley de enorme repercusión y muy dudosa legitimidad política, sin un verdadero control institucional sobre sus motivaciones.
¿Una amnistía o una claudicación?
Para los constitucionalistas, la ley representa una renuncia del Estado a defender su legalidad frente al secesionismo. No es una medida de reconciliación, sino de claudicación. Lejos de cerrar heridas, abre una peligrosa puerta a la impunidad y sienta un precedente muy delicado para el futuro de la democracia española.
El 26 de junio no solo se aprobó una ley; se institucionalizó una estrategia de negociación con quienes desafiaron al orden constitucional. Un día oscuro para quienes creen que la ley debe ser igual para todos, y que la Constitución no puede ser una moneda de cambio en el tablero político. Un aval echo a la medida del presidente del gobierno.
El propio Felipe González ha dicho hoy Onda Cero: El expresidente del Gobierno e histórico dirigente socialista ha anunciado este jueves 26 de junio que no votará al PSOE de Pedro Sánchez en las próximas elecciones generales por "participar en la barrabasada" de la ley de amnistía. Y ha añadido que "nunca" apoyará a ningún partido en las urnas que haya respaldado la controvertida norma para amnistiar a los participantes del procés.
