ARTICULOS DE OPINION


Revista digital de arte, cultura y opinión en Alicante. Enlace con POESIA PALMERIANA. En estas páginas no podemos estar ajenos a lo que pasa en España ni en el mundo. Dirigida por el escritor, poeta y pintor Ramón PALMERAL. Los lectores deciden si este blog es bueno, malo, o merece la pena leerlo. El periodismo consiste en decir lo que a algunos no les gustaría leer.

domingo, 18 de julio de 2021

Convencion nacional de Ciudadanos: Liberales. Inés Arrimada admitió haber cometido errores. Los errores se pagán.

 Foto: Inés Arrimadas en la convención nacional del partido. (EFE)

Inés Arrimadas puso el colofón a la convención nacional de Ciudadanos en la que el partido reivindicó de manera definitiva la ideología liberal como propia, relegando al PP al conservadurismo y al PSOE, a una socialdemocracia “en manos del sanchismo”. El partido naranja afronta su particular travesía en el desierto tras las crisis vividas (Murcia y Madrid esencialmente), pero la presidenta sentó las bases de la hoja de ruta, que ya parece irrevocable: Arrimadas luchará hasta el final por su partido, no habrá fusión con los populares ni integración con Pablo Casado y, sobre todo, pidió apoyo a sus filas para aguantar frente a la OPA lanzada desde la calle Génova con un mensaje claro: “Nuestra seña de identidad es que no nos rendimos nunca. Y no se puede vencer a quien nunca se rinde”.

Las cartas están encima de la mesa. La apuesta de Ciudadanos es la de una corriente liberal, lejos del objetivo que tuvo Albert Rivera en su día para dar el sorpaso al PP, y asumiendo que su lugar será el de un espacio más reducido, bisagra, que defienda el liberalismo en todas sus vertientes. La operación es arriesgada e implica hacer pedagogía política en la sociedad española con ejemplos de otros partidos liberales europeos que tienen peso, como en Francia, Alemania, Rumanía o Hungría, y que participaron en el cónclave naranja para dar su respaldo a Ciudadanos como partido liberal. Ha sido una de las claves de la convención: “El nuestro es un espacio que no puede representar ningún otro partido”, insistió Arrimadas.

“Quiero que esta convención sea la convicción de Ciudadanos, de nuestros valores, principios, los motivos que nos hicieron afiliarnos y entrar en política. Esta convención es el punto de partida para relanzar el proyecto liberal y de centro en España”, dijo Arrimadas sin una sola mención a Rivera, el padre del partido, en ningún momento de un discurso que duró más de una hora.


La presidenta del partido insistió en que en estas horas tan bajas la mayor reflexión interna es “si seguimos siendo necesarios” y os garantizo que “somos imprescindibles y por eso estamos aquí”. Miró a los principales cuadros del partido (Juan Marín, Francisco Igea, Begoña Villacís, eurodiputados como Luis Garicano), a los que les reconoció “la buena gestión” en sus gobiernos, que “no han tenido un solo titular de crítica”. A pesar del momento crítico, tampoco hubo ningún dirigente (ni siquiera los denominados críticos) que abriera una grieta en el discurso oficial. El propio Igea insistió durante el fin de semana en que “hay que seguir defendiendo la opción política que representa el partido”, cerrando la puerta a futuras integraciones. No ha habido división interna.

Como ayer reconoció la propia presidenta, el gran ‘hándicap’ del partido en los ejecutivos de los que forma parte está siendo el de hacer valer sus propuestas y medidas siendo el hermano pequeño de las coaliciones. Una decisión que también sitúan entre los errores de la anterior dirección en 2019. No hubo autocrítica en el discurso de la presidenta ni menciones expresas a la moción de censura de Murcia (la decisión que la mayoría de los dirigentes sitúa como la gran crisis que podría terminar con el partido si las cosas no van bien el próximo ciclo electoral), ni tampoco al hecho de haber desaparecido de la Asamblea de Madrid. “Claro que hemos cometido muchos errores en estos 15 años y tenemos que aprender de ellos”, dijo Arrimadas sin indagar en mayores detalles.

placeholder Inés Arrimadas y Edmundo Bal. (EFE)
Inés Arrimadas y Edmundo Bal. (EFE)

Es más, elevó el nivel de crítica mirando a sus rivales: “Otros, además de errores, cometen infamias y delitos. Nosotros pagamos como nadie los errores en las urnas porque tenemos los votantes más exigentes. No somos un partido más”, aseguró Arrimadas lanzando otro recado más al PP.

En mitad de la operación de absorción lanzada por el partido de Casado, la líder del partido no escatimó en peticiones de confianza a los suyos. Y advirtió: “El futuro no está escrito. Huid de los cenizos y los pesimistas que tratan de sacar conclusiones de lo que va a pasar en este país o en este partido”. Desde la moción murciana, las elecciones madrileñas (y las catalanas antes) y la pérdida de la alcaldía de Granada, el partido naranja no ha dejado de aparecer como un partido agotado entre la opinión pública.

Frente a esa opinión extendida, Arrimadas pidió evitar los futuribles. “Al Gobierno desastroso de Zapatero le siguió otro de Rajoy, conformista y que perdió oportunidades históricas. En 2014 nuestro pequeño partido decidió expandirse y logramos lo impensable. Fuimos decisivos para sacar adelante los presupuestos generales”, enumeró la líder del partido haciendo un repaso sobre los 15 años que ahora ha cumplido la formación.

Cataluña se llevó una especial mención al insistir en que “mientras el bipartidismo repartía privilegios para los nacionalistas”, Ciudadanos “paraba el golpe separatista de 2017”. “Allí estuvimos. En primera fila para ser la voz de los catalanes, pero también de todos los españoles que se sintieron vulnerados”. La convención rompió en aplausos en ese momento. “Ganamos en 2017. Ya nunca más el separatismo pudo decir que Cataluña era independentista y que las calles eran suyas. Acabamos con ese mantra falso”. 

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Nuevo Impulso:

Los partidos bisagra no tienen futuro en España. Alberto Rivera no apoyó la candidatura de Sánchez, hizo bien me gustó, luego incomprensiblemente un día de dimitió. Ahora se escora hacia el PP. Cómo fiarnos de Inés  que apoyó a Pedro Sánchez varias veces. Los españoles no olvidamos. Unas veces apoya a Sánchez y otra no. Nos tiene descconcertado. Aí no funciona un partido. Le recordamos Iné el "no es no" de Pedro d Rajoy.

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Discrepancia en Ciudadanos por el apoyo al Gobierno: una diputada se lamenta del voto a favor del estado de alarma de Sánchez

  • La diputada Marta Martín manifestó su rechazo en un 'tuit' que luego borró
  • La dirección 'naranja' insiste en que nadie le exigió borrar su comentario
Inés Arrimadas interviene en el Congreso con la diputada Marta Martín en el escaño posterior. Foto: EFE

Los puntuales apoyos de Ciudadanos al Gobierno han dejado una lista de bajas en el partido y amenazan con tensar aún más la situación interna. La última prueba se ha visto con el voto favorable del partido de Inés Arrimadas a la prórroga del estado de alarma por seis meses auspiciada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La diputada de Ciudadanos Marta Martín Llaguno admitió sus dudas la hora de apoyar este jueves en el Congreso el estado de alarma para un periodo de seis meses porque, según ha manifestado, teme "la gestión que pueda hacer" el presidente del Gobierno mientras esta medida excepcional esté vigente.

El jueves por la noche, unas horas después de la votación, Martín publicó un mensaje en su cuenta de Twitter reconociendo que había sido un día "muy duro". "He tenido que apoyar con mi voto algo que no comparto. Creo que el Estado de Derecho y el control parlamentario son irrenunciables aun en circunstancias dantescas. He respetado la disciplina de voto. Confío en que acertemos y en que no me vuelva a pasar", escribió. Sin embargo, poco después eliminó el mensaje, que ya solo es visible en la red social a través de capturas de pantalla realizadas por otros usuarios. 

Ante las acusaciones de haber impuesto censura a la diputada, la dirección de Ciudadanos se ha apresurado a remarcar este viernes que Martín borró "motu proprio" su mensaje en Twitter. Según ha explicado en rueda de prensa el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, después de leer su propio mensaje, la diputada pensó que "podía ser malinterpretado", y por ello "procedió a borrarlo motu proprio".

En su opinión, la diputada "se ha explicado de forma muy clara, muy razonable y muy lógica" sobre "lo difícil que es negociar con este Gobierno" y la conclusión de que al final es Ciudadanos quien "tiene que tomar decisiones difíciles", que se toman "con la cabeza y no con las tripas" para estar "a la altura de las circunstancias".

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Votar por seetido de Estado, es una maniobra patriótica, estúpida.

Los 'okupas' de Trapagaran. Hay algo es esta ley contra los okupas que no está bien. No es lógica. Atenta contra a propiedad privada

 

Los 'okupas' de Trapagaran se niegan a marcharse: «A nosotros también nos han estafado»

Uno de ellos atiende a los medios a las puertas de la casa e insiste en que esperarán a lo que diga un juez

A.M. | D.M.

La ocupación de la vivienda de Jesús, un octogenario de 85 años residente en Trapagaran, ha causado una gran conmoción en el conjunto del país. E l pasado 27 de junio, una familia 'okupo' su vivienda aprovechando que no se encontraba en ella y desde entonces no puede acercarse a su hogar por las amenazas vertidas. La presencia de los medios en los alrededores de la vivienda ha sido constante en las últimas horas. Uno de los 'okupas' salió a atenderles a las puertas de la vivienda después de amenazarles con «enterrarles en abono» a un periodista y un cámara de Antena 3.

En un tono mucho más pausado, el 'okupa' aseguró que no tienen intención de marcharse y lo argumentó afirmando que era una víctima más: «A nosotros también nos han estafado con un contrato de alquiler falso», afirmó mientras reconocía que esperarán a la decisión del juez para decidir si se marchan o no.

El programa de Antena 3, 'Espejo Público' tamibén habló con la hija de Jesús, Inma Sánchez: «Estamos impotentes», reconocía a escasos cien metros de la vivienda 'okupada'. La familia cuenta con el apoyo del alcalde y los vecinos que según explica Inma «están cansados y con miedo». La familia afectada denuncia que los 'okupas' se reúnen con más de 20 personas por las tardes y prolongan la fiesta «hasta las 3 de la mañana con música, peleas....».

El caso ya está en manos del abogado de la familia y denunciado en los juzgados, según explica Inma. «Esto va para largo», afirma resignada lo que el letrado le ha transmitido.

Los primeros contactos, sin éxito

José Antonio Pardal, sobrino del octogenario –que reside en la actualidad en casa de su hija en Sopela convaleciente de dos operaciones–, se puso en contacto con un conocido de los okupas para «convencerles de que se vayan». Este hombre se acercó a la vivienda y, tras encontrarles cuando metían en una furgoneta enseres de los propietarios, les advirtió que «dejen todo como está y que no desaparezca nada». No obstante, los inquilinos continúan aún en la casa de Jesús y «las posibilidades de que permanezca lo que teníamos en el interior son mínimas», afirmó su sobrino, quien agregó que «hay que erradicar estas situaciones».

La ocupación tuvo lugar durante la noche del pasado 27 de junio, justo un día después de que Pardal acudiera a la vivienda para continuar con una serie de reparaciones en el inmueble. Tras manipular la alarma de seguridad que tenían instalada los propietarios, esta familia conflictiva procedente de Sestao se adentró en la casa, ubicada en el número 32 de la calle Funikular. 

.................CONCLUSIONES................................

Esto se llama robo de una vivienda. allanamiento de morada, apropiación de algo que no es suyo.

¿Cómo entraron?

Si entraron rompiendo la puerta es un robo con fuerza en las cosas. 

Te obligan a tomarte la Justicia por tu mano.

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Ley de las 48 horas

La usurpación de una propiedad ajena constituye un delito en España según el artículo 245 del Código Penal. "El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses". Sin embargo, las cosas no son tan sencillas en la práctica. Aunque la rabia e indignación del propietario de un inmueble al encontrarlo ocupado es lógica, debe medir sus pasos para no acabar dando pie a la victoria de quienes han usurpado su propiedad.

Diferencias entre allanamiento de morada y usurpación

El allanamiento es ocupar la vivienda actual y habitual de otra persona física o jurídica, y la justicia resuelve con celeridad; quedarse en una casa vacía es una usurpación, y solventar este asunto es más lento y complejo. Si la Policía actúa en las primeras 48 horas de la ‘okupación’, el desalojo no precisa de orden judicial. Si pasa más tiempo y los ‘okupantes’ cambian la cerradura, por ejemplo, el domicilio pasa a ser inviolable para sus nuevos usuarios, y solo se puede actuar contra ellos bajo una orden judicial. Por si fuera poco, cualquier intento de desalojo por la fuerza que pueda ejercer el propietario legítimo (corte de suministros, nuevo cambio de cerradura) podría suponer para el propietario una denuncia por allanamiento de morada o coacción. [Esto mes increíble, inaudito, ilógico, impropio].

Tipos de demandas ante una okupación de la vivienda

Lo más efectivo es presentar una demanda civil de desahucio, o penal, si ha habido violencia o destrozos de la propiedad. Se pide la recuperación inmediata de la vivienda, aunque no se hayan identificado a los ocupantes, que tienen a su vez un plazo de cinco días para justificar la posesión de la vivienda; de no hacerlo, como lógicamente ocurre, el tribunal ordenará la entrega inmediata del inmueble al demandante.

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A parto de septiembre de 2020 

El Ministerio del Interior ha puesto en marcha un nuevo protocolo de actuación policial para tratar de agilizar el desalojo de okupas tras la instrucción dada recientemente por la Fiscalía General del Estado. La novedad principal es que se elimina el plazo de 48 horas para proceder a echar a los usurpadores de la vivienda por parte de los agentes. Si el delito es flagrante o reciente se podrá expulsar a los okupas aunque Interior no establece ningún plazo legal para que los policías o guardias civiles devuelvan la vivienda al legítimo propietario. Fuentes del ministerio reiteran que los agentes podrán actuar cuando el delito es reciente.

Además, se establece que hay delito de allanamiento de morada tanto en la okupación primera vivienda como en la segunda residencia y en ambos casos es posible desalojar de forma inmediata al intruso sin necesidad de solicitar medidas judiciales y proceder a la identificación de los okupas y llevar a cabo su detención.

A partir de ahora, los policías nacionales, policías autonómicos, policías locales y guardias civiles deberán rellenar un atestado que recoja todos los elementos que deben ser aportados a las autoridades judiciales para acreditar la comisión de un delito y la participación de sus presuntos autores. "Que los atestados se afinen mucho más para agilizar la resolución judicial y ver si procede judicialmente el desalojo cautelar", explican fuentes de Interior que citan, como ejemplos de esa información que puede contener los atestados, la declaración de vecinos al inmueble okupado, el título de propiedad por parte del denunciante, el resultado de la inspección ocular en los alrededores u otros elementos de prueba del delito.

El protocolo indica que si el inmueble ocupado no constituye morada se trata de una usurpación y que si el delito no es flagrante hay que solicitar el desalojo al juez. Hay que recordar que el Tribunal Supremo indica que para que se produzca un delito flagrante se deben dar al menos tres supuestos: inmediatez en la acción, inmediatez personal -que haya pruebas de la presencia del delincuente- y una necesidad urgente de intervención policial.

Fuentes del departamento de Grande-Marlaska dejan claro que el protocolo no es una norma, sino una instrucción para "clarificar" y "homogeneizar" los modos de actuación de las fuerzas de seguridad conforme a la legislación actual y de acuerdo con los criterios establecidos por la Fiscalía General del Estado en otra instrucción publicada la semana pasada.

Así, la instrucción firmada este jueves por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, remitida a las direcciones generales de ambos cuerpos para su traslado a los operativos, incluye medidas para mejorar los atestados de denuncia de okupación. Se trata, en definitiva, de que una vez las fuerzas de seguridad trasladen a la autoridad judicial esas denuncias, el juez y el fiscal cuenten con elementos suficientes para acordar en su caso el desalojo de ese inmueble okupado y no alargar el procedimiento judicial, según Efe.

Además de la mejora de los atestados, Interior habilitará este mes en la aplicación para móviles Alertcops una herramienta específica para que cualquier ciudadano, sea propietario de un inmueble usurpado o un vecino, pueda alertar con su teléfono a las fuerzas de seguridad de que un inmueble ha sido okupado e, incluso, pueda proporcionar a los agentes fotos del lugar.

La instrucción de Interior también incluye actuaciones de tratamiento, información y asesoramiento a las víctimas, para lo que aprovecharán los canales de contacto e información al ciudadano de sus páginas web oficiales, redes sociales y la propia aplicación Alertcops, que recogerá recomendaciones y mensajes preventivos e información general sobre el modo de actuar en caso de ser víctimas de este tipo de delitos.

No olvida el protocolo un refuerzo en la investigación de las mafias de la okupación o los delitos conexos que en ocasiones conllevan, como la defraudación del fluido eléctrico o las coacciones al resto de vecinos.

Pero la instrucción también indica que en algunos casos de ocupación ajena hay situaciones de verdadera vulnerabilidad, como la presencia de menores entre los ocupantes. En estos casos, y sin renunciar a la restitución a su dueño del inmueble allanado, las fuerzas de seguridad ejercerán su papel legal de agente desencadenante de una respuesta ágil por parte de las entidades e instituciones sociales y asistenciales.

Desde Interior admiten que si bien las okupaciones no se han incrementado notablemente, existe una percepción subjetiva de inseguridad ligada a este fenómeno y, por tanto, hay que darle respuesta. El nuevo protocolo policial se ha puesto en marcha dos días después de que la Fiscalía General del Estado emitiera una instrucción instando a los fiscales a pedir a los jueces el desalojo como medida cautelar.

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Hoy 18 de julio se cumplen 85 años del Alzamiento Nacional

Hoy 18 de julio sabemos que se inicio el Alzamiento Nacional contra las nefastas gestiones del gobierno de la Segunda República comanda con Azaña y el Frente Pupular.

Pero todavía nadie me ha dicho por qué que inció el levantamiento de los generales africanistas: Franco, Mola, Queipo de Llano...

Nadie habla de la quema de iglesias y conventos en el 31 y del asesinatos de curas y monjas, y del asesinato de miles de personas en toda España en los primeros meses de 1936 por no ser afines a la República.

 Por ello, los españoel actuales hemos de defender la Constitución de 1978 con uñas y dientes, porque es lo única Norma que no puede defender de los tiranos.

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85 años del inicio de la Guerra Civil española: El domingo que lo cambió todo

El golpe de Estado tomó cuerpo en Zamora el 19 de julio después de una primavera sangrienta, pero lo peor estaba por llegar en la fratricida contienda que duraría tres años

Partidarios de la sublevación recorren las calles el 19 de julio de 1936.

Partidarios de la sublevación recorren las calles el 19 de julio de 1936.

La realidad zamorana estaba revestida de violencia desde años antes de que estallara el conflicto. Las elecciones de 1936 dieron el triunfo a la coalición de centro-derecha en la provincia, en medio de un ambiente ya plenamente radicalizado. Hacia la primavera el clima era irrespirable, con protestas y enfrentamientos entre los partidarios de las distintas ideologías. Tres asesinatos marcaron el mes de mayo de ese año: el del militante de Acción Católica Francisco Gutiérrez Rivero, que recibió un tiro por la espalda el día 21. Durante su entierro muchos comercios cerraron sus puertas y se organizó una manifestación que tuvo que ser disuelta por la fuerza pública.

Cuatro días más tarde, el 25 de mayo, llegaba la respuesta del otro bando con otra muerte a tiros, la del obrero del barrio de Olivares Rafael Ramos Barba, de tan solo 19 años e hijo de “El Pelao”, muy conocido en la capital. Al sepelio acudió gente llegada de otras partes de la provincia y, de nuevo, se produjo una gran manifestación que se encaminó hacia Santa Clara. Al final de la misma se repitió la tragedia con Martín Álvarez, de 32 años, militante de Acción Católica, como víctima mortal. Otras cinco personas resultaron heridas. Además de los tiroteos, a la altura de la antigua imprenta de Calamita, donde se editaba el liberal Heraldo de Zamora, se produjo la explosión de una botella con líquido inflamable. El caos se desató y, como consecuencia, el Gobierno Civil prohibió todas las manifestaciones y aumentó la presencia policial en las calles. Los sucesos violentos se repetían, igualmente en la provincia. En Aspariegos ese mismo mes de mayo hubo otra refriega con resultado de un muerto y varios heridos.

La ideología era la excusa, pero como ocurriría durante toda la contienda y la posguerra, en la sucesión de hechos violentos se soterraban antiguas rencillas, envidias y desavenencias vecinales.

El 17 de julio los rumores de sublevación de los militares eran la constante en la calle. Sin embargo, EL CORREO DE ZAMORA, en la edición dominical del 18 de julio hablaba de “normalidad reinante en la península”, al tiempo que desmentía haberse declarado el estado de guerra y daba por desarticulado el movimiento de agresión a la República.

La verdad quedaba patente en la edición del lunes. El diario informaba que el general Sanjurjo se había hecho cargo de todas las fuerzas militares que actuaban en la península. Se publicaban, además, los bandos de los gobernadores civil y militar declarando el estado de guerra, además de los relevos en el Ayuntamiento y el nuevo mando sobre orden público.

El bando declarando el estado de guerra había sido ya colgado en los soportales de la Plaza Mayor el día anterior, 19 de julio, que fue cuando Zamora vivió de forma oficial el golpe de Estado. Las tropas del Regimiento de Toledo tomaron el cuartel de carabineros y se produjeron salidas a las calles de quienes apoyaban la sublevación. No hubo oposición en las instituciones: el teniente coronel Hernández Comes asumió el Gobierno Civil, el capitán Agustín Rodríguez, la Diputación y el comandante Teodoro Arredondo fue nombrado alcalde de la ciudad.

El Ayuntamiento de la capital, cuyo alcalde elegido era Cruz López sería uno de los primeros en sufrir la represión sangrienta. De doce concejales, seis acabarían fusilados. La “depuración” se extendió a funcionarios y demás población civil, a instancias de Hernández Comes. El socialista Ángel Galarza, diputado nacional, trató de convencer a varios correligionarios, entre ellos López y el recordado Quirino Salvadores, de que salieran de España por la frontera portuguesa. Convencidos de que no había nada que temer, acabarían fusilados junto a Felipe Anciones, Higinio Merino o Saturnino Barayón, hermano de Amparo, la esposa de Ramón J. Sender, también muerta en la cárcel durante aquellos años malditos. En los seis meses siguientes, en aquella ciudad de 20.000 habitantes en la que “nunca pasaba nada”. Fueron asesinadas más de mil personas, la mayoría de ellos inocentes y sin juicio previo.

El único punto de resistencia se presentó en Requejo de Sanabria, donde los 2.000 obreros que trabajaban en las obras del ferrocarril constituían un foco sindical fuertemente ideologizado. Pero la superioridad de los sublevados puso rápidamente fin a su intento. Desde entonces, Zamora quedaría en la retaguardia como punto de avituallamiento para el ejército franquista.

La venganza, el hambre, la miseria, se convirtieron en elementos de la vida habitual para la mayoría de la población durante los años siguientes. Y tras la cruenta represión, unos se resignaron a vivir con miedo permanente mientras otros asumían con resignación aquella sociedad pacata y retrógrada impuesta por la fuerza. Hace 85 años de aquel funesto 18 de julio y el fantasma de la división sigue revelando su siniestra sombra en todo un país que parece haber aprendido muy poco de su pasado. 

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Málaga no se alzó, fue republicana por nueve meses hasta febrero de 1937. El barco prosión del puerto se lleno de presos, y la tapias del cementerio de San Rafael eran fusiladao falangistas todas las noche.

El febrero y marzo la población malagueña en huda de Málaga fueron ametralleados por la carretra de la costa hasta Almería, también republicana.

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Se cumplen 85 años del estallido de la Guerra Civil con un anteproyecto para la Ley de Memoria Histórica bloqueado por el cambio de ministros. Un conflicto ya octogenario que derrocó la II República e impuso 40 años de dictadura de Francisco Franco. Una guerra que se reinterpretó con los años y aún dista de ser un conflicto del pasado.

Desde The New York Times se hacían eco de las proclamas del Gobierno y daban fe de que algo se estaba cociendo en el norte de África, desde donde empezó el golpe de Estado. El titular del estallido de la guerra, en la primera plana del periódico el 19 de julio de 1936, aseguraba que "España identifica el ejército alzado como fuerzas rebeldes de Marruecos". Se mencionaban bombardeos en el norte de África, revueltas en Sevilla y tensión en Canarias. La página del diario, aquel día, es un pequeño augurio de lo que le espera a Europa en los próximos años: un breve recorte de apenas un párrafo sobre el nazismo en Alemania acompaña en la portada...

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Opiniones de la prensa internacional

La nueva Ley de Memoria tendrá que esperar 

El nuevo ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha decidido posponer la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, que estaba prevista para este martes en el Consejo de Ministros

Argumentos no válidos en la editorial de "EL País" sobre el Tribunal Constitucional del 18 de julio de 2021

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ES TAN LEGAL SON RENOVACION COMO SIN ELLA.

"La pugna argumental es consustancial a la jurisprudencia, pero en este caso se ve agriada por varios factores. Entre ellos, que un asunto tan trascendental se haya decidido por mayoría mínima (seis a cinco); por un Tribunal que no opera al completo (por la salida de un juez que no ha sido sustituido); con cuatro plazas con mandato caducado, y con una sentencia dictada 16 meses después de emitirse el decreto. Ninguna de estas circunstancias reduce la legitimidad del fallo; todas le restan luminosidad".

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Estado de alarma institucional

Una sentencia problemática evidencia varios síntomas de deterioro democrático18 jul 2021 - 5:00 CEST

El presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas en la clausura del encuentro internacional de juristas en Madrid el pasado 6 de julio.
El presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas en la clausura del encuentro internacional de juristas en Madrid el pasado 6 de julio.Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

Más información

El Tribunal Constitucional ha declarado esta semana la nulidad de algunas de las medidas previstas en el decreto de estado de alarma promulgado por el Gobierno en marzo de 2020, en pleno estallido de la pandemia. La decisión, de la que se ha publicado solo la parte dispositiva, representa un grave revés para el Ejecutivo, que promovió el decreto, pero afecta también al Legislativo, que lo convalidó. El control de constitucionalidad es parte esencial del sistema democrático y el fallo debe ser plenamente respetado y acatado. Ello no impide que se pueda reflexionar sobre el mismo y las circunstancias que lo rodean, que a todas luces presentan aspectos problemáticos.

El mérito de la cuestión, de entrada, es muy controvertido. Aspecto nuclear es si las medidas de confinamiento previstas por el decreto supusieron una limitación de derechos fundamentales, admisible en el estado de alarma, o una suspensión, posible solo bajo los de excepción y de sitio. Otro elemento fundamental es la interpretación de la ley orgánica que por mandato constitucional regula la materia. Esta prevé, sintetizando, que el presupuesto habilitante para el estado de excepción es un desafío al orden público, mientras que para los retos sanitarios se prevé expresamente el estado de alarma. En estas cuestiones el Constitucional se decanta por considerar que hubo suspensión, e interpretar que la gravedad de la pandemia supuso un desafío de orden público, concepto habitualmente más bien vinculado a crisis políticas. Por tanto, concluye que debió de recurrirse al estado de excepción. Estos argumentos encuentran fuerte oposición por parte de eminentes juristas, que ni creen que hubo suspensión, ni que había amenaza de orden público y que, con varias y razonables reflexiones, rechazan esa interpretación.

La pugna argumental es consustancial a la jurisprudencia, pero en este caso se ve agriada por varios factores. Entre ellos, que un asunto tan trascendental se haya decidido por mayoría mínima (seis a cinco); por un Tribunal que no opera al completo (por la salida de un juez que no ha sido sustituido); con cuatro plazas con mandato caducado, y con una sentencia dictada 16 meses después de emitirse el decreto. Ninguna de estas circunstancias reduce la legitimidad del fallo; todas le restan luminosidad.

Si a partir de ahí se amplía el foco, todo el episodio que rodea la sentencia aparece como una cristalización de los males de la democracia española: el bochornoso bloqueo de la renovación de órganos constitucionales que el PP mantiene para conservar sus posiciones; reacciones nerviosas y que no contribuyen a un sereno clima de separación de poderes de un Gobierno enervado; una conflictividad alrededor del marco legal de lucha contra la pandemia probablemente sin parangón en Europa occidental, en medio de un clima político insufrible.

El escenario futuro que abre la sentencia también es problemático. Caso de necesitarse otro confinamiento, hará falta un estado de excepción. A diferencia del de alarma, este requiere de la aprobación previa del Parlamento, contempla medidas de restricción de derechos draconianas y solo es activable por 30 días más otros 30. Es útil el ejercicio de imaginarse cómo sería, en circunstancias dramáticas, la negociación para activar semejante marco en un Congreso como el español. ¿Lo avalarían los partidos de la derecha que celebran el varapalo judicial, pero consideran que el Gobierno tiene instinto de conculcar derechos? ¿Qué habría hecho España el 15 de mayo de 2020, cuando hubiera expirado la única prórroga posible? Este es el escenario al que aboca el Constitucional. El Tribunal no tiene la responsabilidad del triste estado de la política, que es la causa de la falta de seguridad jurídica en la actual fase de la lucha contra la pandemia. Sí la tiene por adoptar una decisión muy cuestionable. Aun así, el Gobierno deberá atenerse a una escrupulosa contención, evitar gestos que puedan interpretarse como presiones o ataques. Hay que detener la espiral de deterioro institucional, no alimentarla.

 

 

Sánchez solamente piensa en encarar bien las nueva elecciones generales. Falseando datos.

Mentiras son lo que dice Sánchez de la recuperación económica y que hay más afiliados  ala Seguridad Social que antes de la pandemia, es una elucubración. Un amentira del gobierno de Pedro Sánchez. Datos, que en lógica con un paro real de 5 millones de personas en España, pueda dar esos datos. Y el paro juvenil el más altos después de Grecia.

Sánchez tiene ahora el gobierno que quiere para encarar la próximas lecciones generales, que como no aguanta más será a finales de 2022. Por eso ha preparado el gobierno de la remodelación, para manipular todos los todos posibles.

Cuna Libre. 

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«Los datos macroeconómicos y del mercado laboral son muy positivos». La poliédrica y dilatada conversación con un miembro del Gobierno de Pedro Sánchez, confirmado en su cargo mucho antes del «gran revolcón» de carteras anunciado el sábado de la pasada semana y en la que se abordan desde el impacto actual de la quinta ola de la pandemia a la llegada de los fondos europeos o la compleja situación de la banca patria, se desliza entre la cautela y el optimismo. La distensión favorece la fluidez en la charla. «Todo apunta a una recuperación sólida, de verdad, y las cifras de contratación van a dar una sorpresa muy positiva este mes», prosigue. «Creo que ahora lo que toca es centrarnos totalmente en la recuperación», añade. ¿Por eso los cambios en el Consejo de Ministros? La respuesta es rotundamente afirmativa y desliza la idea que impregna toda la revolución ministerial agitada por Pedro Sánchez. «Vamos a otra fase», en la que no caben ruidos ni artificios y sí la gestión. La pirotecnia se entrega sin rubor al «ala morada» del Ejecutivo. Ese caladero de votos no es la fuente que pretende Sánchez para continuar en La Moncloa. El principal objetivo de la revolución del jefe del Ejecutivo, según se desprende de la conversación, es apuntalar el crecimiento y el empleo porque los votos, creen en el PSOE, llegarán por sí solos si se cumplen ambos objetivos. Unos sufragios que, a día de hoy, no le sobran a los socialistas. El revolcón que Isabel Díaz Ayuso les dio en las elecciones autonómicas madrileñas ha puesto al PP en la senda de su propia recuperación, la política. Y al Partido Socialista en la de tener que echar el resto para mantener la Moncloa.

Sacar el máximo partido a la recuperación parece el único camino de Sánchez para retener el poder. Y como se aproxima el «tie-break», el líder socialista no ha querido dejar nada al azar y ha afianzado a la nueva vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, como dama de hierro de la recuperación y mano derecha de un giro, veremos si cosmético o real, hacia el pragmatismo económico con la vista puesta en Bruselas, de donde deben fluir los 70.000 millones de las ayudas del fondo Next Generation vitales para la recuperación. A la vera de Calviño, Teresa Ribera, quien deberá comandar la ingente inversión que requiere la transición energética desde su cartera y vicepresidencia tercera. «Ganan peso los tecnócratas», se afirma desde el otro lado de la mesa.

A la siniestra, en sentido cardinal, queda la líder de Podemos en el Ejecutivo, vicepresidenta segunda desde la salida de Pablo Iglesias y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, encumbrada como figura «realista» de su formación en el coalición de Gobierno.

Juego de malabares

Sánchez sabe que deberá soltar lastre en el tramo final de legislatura con los morados para ampliar su espectro electoral, pero tampoco puede perderlos de vista como socios de un hipotético segundo gobierno de coalición en vista del fragmentado panorama político actual, donde un escaño marca la diferencia entre gobernar o irse a los bancos de la oposición. Así que Díaz mantiene su peso, afianzado tras alcanzar más de una decena de acuerdos en las negociaciones mantenidas con los agentes sociales.

Sánchez ha conformado así una suerte de «trinidad» de carteras económicas de peso, a las que se unen por la importancia de sus cometidos dos ministros que se mantienen pese a las polémicas: José Luis Escrivá al frente de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y María Jesús Montero, en Hacienda. O lo que es lo mismo, las pensiones y la reforma fiscal, en la que se inscribe también la mal llamada «armonización» de impuestos, que apunta directamente a la Comunidad de Madrid para contentar al secesionismo catalán.

Cinco ministerios donde el pragmatismo es vital para sacar adelante las reformas con las que contentar a Bruselas, de donde saldrá buena parte de los recursos para la recuperación. Para empezar, 9.000 millones de euros en las próximas semanas de los 19.000 millones previstos para este ejercicio, más de la mitad condicionados al cumplimiento de las reformas previstas; y otros 12.000 millones en 2022 de los 69.500 millones no reembolsables. Una cuantiosa cantidad ligada a los 416 «hitos» que han de llevarse a cabo y donde la capacidad de interlocución de Calviño con Bruselas por su pasado y conocimientos comunitarios se antoja fundamental para evitar problemas en la llegada de los recursos del Next Generation.

Consumo

Pero para hacer buena la revolución que ha ejecutado Pedro Sánchez en el Consejo de Ministros, será también necesaria, le guste o no al Gobierno, la «colaboración» de los españoles y que el consumo interno se reactive con fuerza en los próximos meses. El Ejecutivo, si los rebrotes provocados por la variante delta del coronavirus no vuelven a poner fuera de control la pandemia, deberá aprovechar los fondos y las reformas para activar esta palanca y sacar partido a los 68.000 millones de euros que los hogares españoles han atesorado desde el estallido de la pandemia, según los cálculos publicados esta misma semana por BBVA Research. Su activación facilitará una recuperación «intensa» del consumo de los hogares en «unos pocos trimestres», según anticipa el Banco de España. La institución ha señalado esta semana también que «el repunte del consumo privado una vez que se solvente la crisis sanitaria tendería a compensar el retroceso observado durante la pandemia». Así, una vez levantadas las medidas de contención, la recuperación será «más robusta». «Los consumidores habrían percibido que el impacto de la crisis no tiene un grado de persistencia muy elevado, lo que contribuiría a que un comportamiento expansivo del gasto de los hogares apuntalara la recuperación de la actividad», subraya el Banco de España.

Esta bolsa de ahorro, asimilada como un aumento de renta de los hogares, podría hacer crecer el consumo, de media, entre un 1,1% y un 2% en 2021 y 2022. Incluso esta previsión podría quedarse corta. «El fuerte crecimiento en el gasto privado podría ser más elevado de lo que en principio se pensaba», según BBVA. Los ERTE, las moratorias crediticias y el mantenimiento de condiciones financieras muy favorables han facilitado este ahorro y afianzado la confianza en un rápido repunte de la economía que Sánchez pretende exprimir.

Cuba: comunismo agotado. Cuba pide liberta. Sin Internet no hay futuro

 

Cuba: comunismo agotado

La letanía de quejas de los cubanos es larga tras seis décadas de un modelo fallido a todos los niveles que sobrevive con la represión

PlatónIlustración

Cuba está viviendo unos días extraordinarios. Las protestas masivas que han sacudido al Partido Comunista no tienen precedentes en la isla. Ni en escala, ni en alcance. Las reuniones no autorizadas por la dictadura están prohibidas. La salida a las calles requiere valentía y coraje. Los manifestantes se arriesgan a detenciones y estancias largas en la cárcel. Por eso, la última vez que se fue testigo de algo parecido fue en 1994. El país se encontraba devastado por el colapso de la Unión Soviética, su benefactor. Cuba estaba sumida en el llamado «período especial». Un tercio del PIB cayó de la noche a la mañana. La caída del imperio soviético fundió en negro a la isla. Los apagones se convirtieron en norma, igual que el desabastecimiento. Esta vez, la lista de letanías de quejas de los cubanos es llamativamente larga. Supermercados vacíos, cortes de luz, una economía quebrada, un Gobierno represivo y una asfixiante falta de libertades. Todo esto mezclado con una pandemia fuera de control. Los hashtags #SOSCuba #SOSMatanzas se convirtieron en tendencia el sábado 10 de julio. El día previo a la gran movilización. Matanzas es la provincia más afectada por la crisis sanitaria con un crecimiento exponencial de los contagios por la variante Delta. Esta semana se ha superado el récord de 6.000 casos diarios. Fuentes de la isla aseguran que los hospitales están al borde del colapso y que no quedan ni aspirinas. En un vídeo publicado en Facebook, Lisveilys Echenique, relata cómo su hermano pasó once días luchando contra la covid-19 sin recibir ningún tratamiento porque no había camas de hospital ni medicinas disponibles en la ciudad de Ciego de Ávila. Murió. El cadáver estuvo en su casa durante siete horas hasta que se lo llevaron. «El régimen presume de potencia sanitaria, mientras los cubanos sufren sus carencias», contó en estas páginas Antonio Guedes, miembro de la ejecutiva de la Unión Liberal Cubana. El mito sanitario se desmorona igual que lo hizo el modelo económico. Inhabilitado Fidel en 2008, Raúl Castro intentó reformar la moribunda economía dirigida con tímidas reformas y acercándose al Estados Unidos de Barack Obama. La resistencia a los cambios por parte de la línea dura del régimen hizo fracasar esta apertura. Hace tres años, Castro dio paso a Miguel Díaz-Canel, un burócrata del partido sin pedigrí revolucionario. Los insípidos mensajes de continuidad no han servido para ilusionar a las nuevas generaciones. La revolución está huérfana.

Los estragos de la pandemia han hundido la economía, que se ha contraído un 11% este año. Con el turismo internacional tocado de muerte debido a las restricciones a la movilidad por el coronavirus, Cuba ha experimentado una severa caída de sus ingresos. Las visitas de extranjeros empiezan a reanudarse en otras islas del Caribe, mientras el descontrol de los contagios mantiene a los turistas alejados de La Habana.

La mecha de la desesperanza y el descontento se ha propagado por la isla. ¿Cuándo se produjo la desconexión entre los cubanos y el Partido Comunista? Desde Florida, el director asociado del Cuban Research Institute en la Universidad Internacional, Sebastián A. Arcos, sostiene que, en su opinión, «la desconexión ha sido lenta y progresiva, tras largas décadas de incompetencia económica y represión política permanentes. La falta de progreso acabó con la paciencia de la sociedad, la caída de la Unión Soviética acabó con la justificación ideológica, la llegada de teléfonos móviles e internet acabó con el monopolio de información del Estado, y finalmente la muerte de Fidel Castro (2016) acabó con la poca legitimidad política que le quedaba al régimen castrista. Las protestas del pasado domingo fueron la culminación de ese proceso de desconexión». Para Arcos, la frustración es total. «La gente salió a las calles a demandar no comida ni medicinas, sino libertad y cambio de régimen. Esto representa una radicalización profunda de la sociedad en abierta oposición política a la continuidad del castrismo».

Tiananmen o colapso

Las autoridades han respondido con la misma dinámica de siempre. Cerrojazo a internet. Pero por mucho que lo deseen, el apagón digital total es inviable. Las exorbitantes tarifas que cobra el monopolio estatal de telecomunicaciones son una importante fuente de divisas para el régimen. Internet, también, es la vía de entrada de las remesas desde el exterior. La otra línea de la respuesta de Díaz-Canel ha consistido en el recurso a la fuerza bruta. El régimen ha desplegado a las «Avispas Negras», como se conoce a las fuerzas especiales, y a los «Boinas Rojas» para sofocar con balas y porras los nuevos conatos de protesta. La Policía Nacional Revolucionaria y la Seguridad del Estado han irrumpido en centenares de casas y han practicado de detenciones arbitrarias.

«Ahora mismo el régimen no muestra divisiones internas claras que faciliten una salida negociada. Están aún en la fase dura de unitarismo y represión. Esto puede cambiar si las protestas continúan y crecen. Una fractura de la élite puede conducir a negociaciones. Sin fracturas hay dos opciones, Tiananmen o colapso», analiza Arcos. La pregunta de si el Partido Comunista cubano se enfila hacia el proceso transitado por sus partidos hermanos en Europa del Este en 1989 probablemente resulte prematura. Como recordaba un compañero de oficio, hemos dado demasiadas veces por muerto al castrismo o al chavismo y ahí están. Pero Arcos destaca la profunda crisis de legitimidad política que presiona para un final del régimen ya sea por negociación o colapso. «La única manera de detener este proceso es empleando una represión total». Avisados estamos.

viernes, 16 de julio de 2021

Mensajes de políticos en valenciano, en Alicante. Pedimos traductores

Honorable señor Ximo Puig y vicepresidenta Mónica Oltra:

Cada día pongo la radio para ir las noticias de la comunidad valenciana (el canal valenciano apunto ni enchufarlo), y he de decirle con toda sinceridad que no nos enteramos de los menajajes políticos, puesto que la mitad de los alicantinos y de la Vega Baja no hablamos valenciano, sino español. Yo llevo 32 años en Alicante y no lo entiendo ni tengo empeño en entenderlo. Por lo tanto, todos los mensajes políticos de interés general que dicen diariamente para la pobación no nos enteramos. No me extraña que los contagios aumenten. No sabemos lo que dice sus consejos. Por lo menos contraten traductores de valenciano a español.

El 50% de la población alicantina no hablamos valenciano. Solo español. Y también tenemos derecho a enterarnos de  lo que dicen los políticos en Valencia, capital del reino. Porque también votamos y pagamos impuestos.

En cuanto podamos nos vamos a Murcia. Otros matrimonios  escolarizar a los niños en Murcia.

Vengan a Alicante capital y no oirán en la calle ni autobuses decir ni una palabra en valenciano. Esta es la realidad.

Alicante, a 16 de julio de 2021

Ramón Palmeral

 



jueves, 15 de julio de 2021

Margarita Robles desprestigia las sentencias del Tribunal Constitucional

 

Margarita Robles, sobre la sentencia del Constitucional: "Responde a elucubraciones doctrinales"

15 julio 2021 - 08:31 h

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido que el Gobierno "hizo lo que tenía que hacer" decretando el confinamiento de la población a través del estado de alarma en la primera ola de la pandemia y lo hizo "con arreglo" a la legalidad. 

La magistrada ha señalado en una entrevista en la Cadena SER que el Tribunal Constitucional tiene el "máximo respeto" y se acatará su resolución, pero responde a "elucubraciones doctrinales" y se trata de "un debate doctrinal que no afecta a lo más importante: el confinamiento era imprescindible para salvar vidas".

Robles, que ha recordado que el Constitucional avaló el 30 de abril de 2020 en un fallo el estado de alarma, ha afirmado que le "duele" que el tribunal haya entrado en ese debate y haya filtrado la división en sus posiciones durante estos meses. "Los debates doctrinales están muy bien pero a lo mejor no deberían plasmarse en las sentencias", ha dicho, añadiendo que cuando uno está en el Constitucional "tiene que tener un sentido de Estado". "Cuando ha pasado ya tanto tiempo, sembrar estas dudas, estos debates doctrinales que son más propios del ámbito de la cátedra... lo respeto pero no lo comparto", ha zanjado. 

 

...............La sentenccia del Tribunal.............

 

Jimenes Losantos entrevista a Macarena Olano 15 de julio 2021

La sentencia del Constitucional contra el confinamiento ata al Gobierno frente a futuras pandemias

Imagen de la Rúa de San Pedro de Santiago de Compostela, en medio del estado de alarma

La sentencia del Constitucional sobre el estado de alarma ata al Gobierno frente a futuras pandemias. La decisión, adoptada por seis votos contra cinco, impedirá volver a utilizar el mismo mecanismo que Pedro Sánchez aplicó a principios de 2020 para confinar a la población en sus domicilios como respuesta a la crisis sanitaria. A partir de ahora, un confinamiento general solo podrá ser decretado por un periodo máximo de 60 días, tras declarar el Parlamento el estado de excepción. La decisión se ha adoptado en respuesta a un recurso de Vox, que la formación de extrema derecha presentó pese a haber votado a favor de la misma medida en el Congreso. El Partido Popular también votó a favor de la primera prórroga del estado de alarma, como hizo una amplísima mayoría de la cámara de representantes. El principal impulsor de la censura constitucional ha sido el magistrado Pedro González Trevijano.

El Constitucional tumba el confinamiento del primer estado de alarma a petición de Vox

El órgano de garantías ha acogido un enfrentamiento total durante el debate que se ha resuelto con la declaración de inconstitucionalidad del confinamiento impuesto por Sánchez durante la primera ola del COVID. La decisión supone vaciar de contenido el concepto de estado de alarma recogido en la Constitución en lo que respecta a su aplicación para crisis sanitarias. Lo que en principio parecía una discusión de técnica jurídica ha derivado en una enmienda a la totalidad del mecanismo con el que el equipo de Moncloa ha sorteado la primera ola de la pandemia, los 98 días en los que España se parapetó entre cuatro paredes mientras el virus mataba sin remedio a cientos de personas cada día. Aquella decisión fue ratificada con los votos de la mayoría, incluido el Partido Popular y Vox. Hoy ya no podría hacerse algo parecido.

El debate del órgano de garantías se ha prolongado durante tres jornadas, en un clima de máxima tensión en el que el protagonista ha sido el magistrado conservador Pedro González Trevijano. Su ponencia le daba la vuelta a una propuesta anterior que planteaba una resolución opuesta y ha llevado a cinco magistrados, incluidos dos conservadores, a anunciar un voto particular contra la decisión adoptada por un único voto de diferencia. Durante los momentos más acalorados de la discusión a Trevijano se le ha recordado que un tema tan sensible no podía ser aprobado por un margen de un solo voto en un tribunal todavía pendiente de ser renovado. Entonces, Trevijano se ha encarado con sus compañeros a la voz de "no va a haber renovación", aseguran fuentes del Constitucional.

Fuentes del Gobierno señalan este incidente como una prueba importante de la conexión entre esta decisión sobre el Estado de Alarma y la estrategia, por parte de la derecha, de desgastar al Ejecutivo desde la Justicia. Al igual que el CGPJ, varios de los magistrados del Tribunal Constitucional están en funciones, con el mandato caducado, pendientes de una renovación que bloquea el PP, que mantiene en este órgano una mayoría que hace años perdió en las urnas

El Tribunal Constitucional se ha roto y al minoritario bloque progresista se han sumado dos magistrados conservadores contrarios a la censura firmada en la resolución avanzada este miércoles por elDiario.es. Entre ellos, con anuncio de voto particular, Juan José Rivas, presidente de la institución. Durante el cruce de argumentos ha habido intervenciones de tono elevado. Una de ellas, la protagonizada por el magistrado Cándido Conde-Pumpido, quien ha llegado a asegurar lo siguiente: "Yo no me hago responsable de que cualquier Gobierno futuro se encuentre ante una pandemia y no pueda adoptar medidas mientras muere gente y a la espera de que sea el Parlamento el que autorice el confinamiento de la población".

El razonamiento de Conde-Pumpido entronca con el debate principal que proponía el ponente Trevijano: si el confinamiento debe ser impuesto por la declaración de un estado de alarma (potestad del presidente) o por la de un estado de excepción (potestad del Parlamento). En esa línea argumental se movió la magistrada Encarnación Roca, en su día propuesta para el tribunal por el Partido Socialista. Roca argumentó su desconfianza ante el Gobierno y reclamó que medidas como la reclusión domiciliaria deben ser sometidas a una votación parlamentaria antes de su aplicación. Finalmente, su voto fue el definitivo para aprobar la resolución final que declara que toda la población española pasó 98 días encerrada en sus casas sobre una decisión adoptada al margen de la Constitución.

Ante el tamaño del dilema, el presidente del Constitucional, Juan José Rivas, propuso en su turno de palabra que todos se tomaran un tiempo para alcanzar una decisión de consenso. Rivas planteó la creación de un grupo de magistrados que trabajasen durante 15 días en la búsqueda de encuentros. Le respondió Trevijano. Y lo hizo para reivindicar que su condición de ponente le autorizaba para exigir una votación inmediata. La votación se produjo y Trevijano ganó.

Las consecuencias de la sentencia

Las consecuencias de la resolución son incalculables en este momento. En un intento de convencer a la magistrada Encarnación Roca, de quien dependía su victoria, Trevijano modificó en los últimos días su ponencia para incluir un nuevo apartado que pretende eximir al Gobierno de responsabilidad económica por haber impuesto una limitación de movilidad que se ha confirmado como ilegal. Ese texto, incorporado a la sentencia, dice así: "La inconstitucionalidad apreciada en esta sentencia no será por sí misma título para fundar reclamaciones de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, sin perjuicio de lo dispuesto en el art 3.2 de la Ley Orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio".

Fuentes del Tribunal consultadas por elDiario.es califican ese añadido como "papel mojado" frente a futuras reclamaciones al Estado. "Cualquier ciudadano español podría quejarse ahora por haber sido encerrado en su casa y, por tanto, reclamar compensaciones", aseguran a esta redacción. Hace ya meses que muchos despachos de abogados trabajan en la posibilidad de demandas conjuntas para pedir compensaciones derivadas del parón ciudadano motivado por el confinamiento. Uno de los más activos ha sido el exconsejero de esperanza Aguirre, y actualmente abogado en ejercicio, Manuel Lamela que ya en 2020 anunciaba querellas en nombre de la sanidad privada para reclamar compensaciones por la falta de negocio que les supuso tener a su clientela encerrada en casa. Los hospitales privados denunciaron que especialidades como traumatología se quedaron sin público en las consultas. Algunos de ellos, como contó elDiario.es en marzo del pasado año, llegaron a pedir a sus trabajadores que se cogieran vacaciones ante la falta de negocio.

El fallo del Constitucional sí permitirá, en principio, que se puedan anular las multas por saltarse las restricciones del estado de alarma, como el confinamiento domiciliario. Este escenario será posible ante la interposición de recurso, dado que el fallo por sí mismo no se traducirá automáticamente en la anulación de las sanciones.

Al margen de lo anterior, no habrá consecuencias sobre comercios y hostelería, ya que la sentencia es específica al no discutir los límites que se impusieron a estos sectores al calor del estado de alarma. También se ha rechazado de manera específica la censura que Vox proponía sobre los límites que se impusieron entonces sobre los velatorios y servicios funerarios en el momento más crudo de la contabilización de víctimas. Lo demás, está en el aire.