ALICANTE. Los dos exalcaldes de Alicante procesados en la rama del
caso Brugal sobre el presunto amaño del Plan General de Alicante,
Luis Díaz Alperi y
Sonia Castedo, se inclinan por
defender su inocencia durante la celebración del juicio, sin vislumbrar ningún acuerdo de conformidad como los firmados hasta ahora
por los promotores Enrique Ortiz y
Ramón Salvador.
A poco más de un mes de la fecha señalada para el inicio de la vista
-que debe arrancar con una primera sesión el próximo 30 de junio-,
fuentes
consultadas entre las defensas de los dos exdirigentes políticos se
considera muy complicada -prácticamente descartada- la posibilidad de
que se pueda llegar a un pacto previo que evite el desarrollo de todo el proceso, aunque todavía no se cierra la puerta a una posible negociación
in extremis.
Así,
según las mismas fuentes, desde que se concretó el pacto con Ortiz no
se ha producido ningún contacto firme con la Fiscalía Anticorrupción en
el que se haya podido negociar un hipotético acuerdo que, según se
insiste desde el entorno de los exdirigentes municipales, se continúa
considerando improbable. Para que pueda prosperar, las defensas
de los dos exalcaldes siguen planteando que las acusaciones deberían
renunciar al grueso de las conductas delictivas que se les atribuye. Y, por consiguiente, también debería producirse una rebaja
de las peticiones de pena y de las cantidades económicas para resarcir
una posible responsabilidad civil que se les requiere.
Hasta el momento, Anticorrupción reclama 10 años de prisión para Castedo, y 10 años y 2 meses para Díaz Alperi por
favorecer, presuntamente, a Ortiz en el diseño del nuevo PGOU, durante
su fase de redacción, a cambio de distintas dádivas: entre ellas, viajes
pagados a Ibiza, Creta y Andorra, así como la entrega de un vehículo
modelo Mini Cooper y diversas cantidades de dinero en metálico. El
ministerio público acusa a ambos expolíticos de delitos continuados de
revelación de información privilegiada por autoridad o funcionario,
cohecho y tráfico de influencias.
La representación legal de Esquerra Unida, por su parte, solicita las mismas penas para los dos exalcaldes, mientras que el letrado que defiende los intereses del Ayuntamiento de Alicante (un abogado externo) rebaja esa petición a cuatro años para cada uno.
Por ahora no ha trascendido la voluntad de ninguna de las tres
acusaciones en modificar esas solicitudes para reducir su duración,
aunque, según las fuentes consultadas, se antoja difícil que se pueda
pretender que se apliquen dilaciones indebidas por la cantidad de recursos que se ha ido presentando a lo largo de la instrucción.
Por
lo pronto, en la comparecencia pública posterior a la Junta de Gobierno
del Ayuntamiento de Alicante celebrada este martes, el portavoz adjunto
del equipo de Gobierno y edil responsable de Asesoría Jurídica, Manuel Villar (PP), solo señaló respecto a la posición municipal en el proceso que el letrado que representa al Ayuntamiento ha dispuesto de autonomía para asumir esa tarea "sin interferencia del equipo de Gobierno" y que el objetivo fundamental es defender los daños que pudiesen haberse ocasionado sobre el interés público.
Sin agotar el mes
Según
las mismas fuentes, el escenario más probable es el de llegar a sala y
ya se está trabajando en ello, preparando las sesiones del juicio, con la consciencia de que los plazos efectivos para que pueda intentarse un acuerdo de conformidad no son de un mes natural:
ninguna de las partes puede agotar ese horizonte sin saber a qué
atenerse. Así, uno de los últimos pasos dados por la defensa de Alperi
ha sido la petición de las transcripciones de las declaraciones testificales practicadas en la fase de instrucción (que todas las partes tienen en soporte de vídeo) para facilitar la planificación de la vista.
En todo caso, además de Díaz Alperi y Castedo, también deberán sentarse en el banquillo de los acusados otros tres procesados sobre los que tampoco ha trascendido la firma de ningún acuerdo previo. Se trata, por un lado, del hermano de la exregidora, el abogado José Luis Castedo, y su socio en el bufete Salvetti Abogados, Javier Gutiérrez,
a quienes se atribuye el papel de supuestos colaboradores en el
presunto trato de favor a Ortiz, como responsables de asesorar en la
tramitación de las modificaciones en el planeamiento. Y por otro lado,
también figuraría un tercer responsable de las empresas del constructor,
Pablo Rico, que queda fuera del pacto suscrito por Ortiz, su hermano Virgilio Ortiz y otro de sus trabajadores, Santiago Bernáldez.
El cuándo y el cómo
En principio, las partes mantienen esas fechas en sus respectivas agendas hasta el punto de que varios de los letrados han tenido que solicitar el aplazamiento de otros señalamientos previstos para el mismo 30 de junio. La información que se maneja hasta ahora es que esa
primera vista se celebrará, aunque puedan suspenderse otros
procedimientos también fijados para ese mismo periodo antes de que se
paralizase la celebración de juicios tras la declaración del estado de
alarma.
La cuestión es cómo
podrían desarrollarse esas primeras sesiones, de manera presencial o
telemática, a través de la nueva aplicación informática habilitada por
la Conselleria de Justicia. Según las fuentes consultadas, la opción más
probable es que esas dos primeras sesiones se celebren presencialmente procurando que se guarden las distancias de seguridad entre los participantes que fijan los protocolos sanitarios para evitar la propagación del coronavirus. En esa hipótesis, todo parece indicar que el juicio podría desarrollarse fuera de las instalaciones de la Audiencia.
Probablemente, en el salón de actos del edificio judicial de la calle
Pardo Gimeno, en el que se suelen desarrollar los juicios sobre procesos
de especial repercusión social o con muchos intervinientes.
Publicado por Alicante Plaza el domigno 24 de mayoo de 2020
Los exalcaldes del PP, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, en una imagen de archivo.
