Los 300 pueblos que se inventó Franco para repoblar la España vaciada de posguerra
En España, hay pueblos que tienen siglos y siglos de historia. Es el caso de Brañosera, en Palencia, que se fundó en el año 824 y es conocido por ser el municipio más antiguo de nuestro país. O el de Besalú, en Girona, una villa de origen medieval que creció alrededor de la fortaleza del Castillo de Besalú, documentado desde el siglo X.
En la otra cara de la moneda, encontramos más de 300 pueblos que apenas tienen 60 años, como El Torno (Cádiz), Cartuja de los Monegros (Huesca) o Esquivel (Sevilla), entre otros. Estos pueblos recientes fueron puestos en pie por la dictadura franquista entre 1940 y 1970 como parte de su política de colonización.
La política de colonización fue un proyecto que se desarrolló bajo la asistencia del Instituto Nacional de Colonización (INC), una entidad que la dictadura creó tras la guerra civil para sacar adelante la política agraria franquista. El objetivo era aliviar las consecuencias que había dejado el conflicto militar y retener a las familias en el campo para que siguieran explotando las tierras.
Para conseguirlo, el gobierno de Franco impulsó la creación de lo que se conoció como pueblos de colonización, pueblos que se construyeron desde cero para alojar a miles de familias. Hablamos de alrededor de 55.000 familias que dejaron sus hogares para empezar una nueva vida en otro lugar. Para hacernos una idea, se considera la segunda gran migración interior del siglo XX en España.
Los nuevos pueblos fueron diseñados por arquitectos e ingenieros con un estilo arquitectónico sobrio, e incluían plaza central, iglesia, ayuntamiento, viviendas y escuelas. A día de hoy, muchos siguen funcionando y algunos incluso se han convertido en destinos de interés histórico, arquitectónico o etnográfico.
Los requisitos para vivir
Para convertirse en “colono” de estos nuevos pueblos, los interesados debían un único requisito oficial: no tener antecedentes. A priori, las familias se elegían por sorteo, simplemente había que apuntarse a una lista. Sin embargo, se cree que no todas las familias candidatas tenían las mismas oportunidades de ser elegidas.
Las familias numerosas, con hijos dispuestos a trabajar en el pueblo, y que se ajustasen al ideario franquista (católicos, leales al régimen, con buena conducta…) pudieron haber partido con ventaja. Por lo que sí estaban atravesadas todas las familias era por la necesidad: la mayoría provenía de zonas rurales empobrecidas sin perspectiva de mejora.
Aquellos que eran elegidos, recibían dos cosas: una casa en propiedad y un campo de labranza, es decir, un terreno que pasaba de ser secano a regadío y que permitiría a las familias ser autosuficientes. Esto se convirtió en una opción para muchos que, para entonces, seguían viviendo en barracas y no tenían acceso a unos mínimos, como tener baño propio o habitaciones separadas.
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.Franco realizó 4.080.619 viviendas sociales en 14 años (1961-1975). Entre 1960 y 1980 el número de viviendas familiares se duplicó, pasando de 7,7 millones en 1960 a 10,6 en 1970 y 14,7 al comienzo de los 80. En estos tiempos la mayor parte de los españoles consiguió una casa que pagaron en 8 o 10 años, a pesar de que los intereses bancarios superaban en muchos casos el 10% anual.
Franco impuso la congelación de las llamadas rentas antiguas que congelaba los alquileres y obligaba a la prórroga indefinida de los contratos. Medida que era consecuencia de las políticas social socialistas del franquismo para garantizar sus viviendas a muchos españoles. Esta situación se interrumpió con la llegada de Felipe González, del PSOE, a la Moncloa. El decreto Boyer 2/1985 de 30 de abril sobre medidas de política económica supuso la liberalización del mercado de alquileres poniendo fin a la dictadura franquista en materia de rentas de viviendas.
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Cuando Franco congeló el alquiler y promovió la vivienda social (con éxito)
El dictador levantó más de cuatro millones de viviendas sociales en 14 años (1961-1975), que la mayoría de españoles consiguió pagar en 8 o 10 años
El Franquismo, un régimen que mezclaba de forma atípica ideas ultranacionalistas, formas de gobierno autoritarias, socialismo en materia económica, propiedad privada y anticapitalismo (y todo dentro de una España bañada en un rancio clericalismo y gobernada por militares y falangistas) no tuvo problemas en congelar las rentas de los alquileres sin que se le moviese un músculo. Así, Franco y sus ministros promulgaron la Ley de Viviendas de Renta Limitada de 1954 y la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, cuyo preámbulo decía:
«El movimiento liberalizador de la propiedad urbana ha de atemperarse, no sólo al ritmo determinado por las circunstancias económicas del país, sino también a las exigencias ineludibles de la justicia social, que constituyen la médula y razón de ser de nuestro régimen político. A estos principios capitales responde la presente reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, reforma que, naturalmente, no puede consistir en la simple e inmediata vuelta al sistema jurídico propio del Derecho común, mientras éste no sea modificado para adaptarlo a los imperativos de nuestra época, puesto que aún no hemos alcanzado la madurez económica indispensable ni se ha logrado satisfacer la necesidad de vivienda por importantes sectores de la sociedad española, pese al considerable esfuerzo realizado y al manifiesto incremento obtenido durante esta última década».
Estas leyes lograron la disminución, casi absoluta, del mercado del alquiler, provocando que los españoles tuviesen que ahorrar para comprarse un pisito. ¡Eran otros tiempos! A pesar de que los tipos de interés eran muy altos, el precio de los pisos era muy razonable y quien más quien menos se pudo comprar un pisito acorde a su situación económica. Así, el 77,8 % de los españoles era propietario de su casa. Estas cifras que en los últimos años están bajando por la enorme subida del precio de la vivienda, nada acorde con los actuales sueldos de los españoles. España ha pasado de estar entre las diez naciones con más propietarios a ocupar el puesto número 13.
En 1950 el Gobierno estimaba que existía un déficit de un millón de viviendas para cumplir su proyecto de «una familia una vivienda». Para afrontar este enorme problema, a mediados de los años 50, el general Franco creó crea el Ministerio de la Vivienda. El Régimen puso en marcha una política de viviendas sociales ya desde el 19 de abril de 1939, cuando el nuevo Instituto Nacional de la Vivienda puso en marcha un «plan de viviendas protegidas», de «viviendas bonificables» y de «viviendas de renta limitada».
Junto con las archiprotectoras e intervencionistas leyes de Arrendamientos Urbanos de 1951 y 1964 había lanzado un Plan de Urgencia Social de viviendas subvencionada. Con el II Plan Nacional de la Vivienda (1961-1975) se llevó a cabo la construcción de cuatro millones de casa, cantidad mínima para eliminar el déficit de pisos del que se partía. Fueron en total 1,5 millones de pisos pensados para cubrir la demanda del enorme crecimiento vegetativo de la población española; 250.000 para asumir la emigración interna y 900.000 para la reposición de vivienda antigua
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