El Diario
La Policía mantiene operativo desde 2012 un grupo de
agentes dedicados casi en exclusiva a buscar indicios de corrupción
vinculados a dirigentes políticos catalanes o miembros de su entorno,
con el objetivo de contrarrestar la ofensiva política que busca la
independencia. Este grupo de policías usurpa las funciones de las
unidades a las que el reglamento policial otorga competencias en este
tipo de delitos, sobre todo a la Unidad Central de Delincuencia
Económica y Fiscal (UDEF), y no está identificado en el organigrama del
Cuerpo.
El Ministerio del Interior niega su
existencia, aunque sus integrantes se reparten en dos estructuras
conocidas: la Unidad de Asuntos Internos, que debería ceñirse a
investigar conductas delictivas de otros policías, y la Unidad de
Planificación Estratégica y Coordinación, creada por Ignacio Cosidó al
comienzo de la legislatura y de la que se desconocen el número de
integrantes o sus funciones, más allá de una confusa definición
genérica.
Esta suerte de Policía política ha
provocado durante meses rumores en el seno del Cuerpo, que no pasaban de
ahí por el secretismo con el que se maneja el grupo. Algunas informaciones en medios de comunicación
se han referido a él, pero han sido desmentidas oficialmente desde el
departamento que dirige Jorge Fernández Díaz. Ahora, eldiario.es ha
tenido acceso a una oferta interna de la Dirección de la Policía para cubrir una de las vacantes.
Formalmente, se trata de una oferta para inspectores que quieran
incorporarse a la Unidad de Asuntos Internos, pero las características
que se reclaman en ella tienen que ver muy poco con las requeridas
tradicionalmente para un agente de policía que investiga a policías.
Según recoge el documento, se valorará “positivamente” en los
inspectores aspirantes “tener conocimientos y/o experiencia” en la
investigación de delitos relacionados con el “crimen organizado,
delincuencia económica y fiscal, blanqueo de capitales, etc.”. A pesar
de la lógica discreción con la que trabaja la Unidad de Asuntos Internos
para no ser descubierta por los policías investigados, su participación
en casos de entidad termina saliendo a la luz. Sucedió en el ‘caso
Faisán’, en la investigación de un grupo de policías en la operación
Emperador o, más recientemente, en el crimen de Cala Cortina, por el que
seis agentes han sido detenidos en Cartagena, acusados de matar a
golpes a un hombre. En ninguno de estos casos se investigó un blanqueo
de capitales, ni los hechos se aproximan siquiera a la delincuencia
económica, según se define esta judicialmente.
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La historia nos dice que Cataluña, que pertenecía al Reino de Aragón, se unió al Reino de Castilla por al matromonio de los Reyes Católicos. Y así debe permancer. La historia no de peude cambiar a caprischo de los intereses nacionalistas.
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La historia nos dice que Cataluña, que pertenecía al Reino de Aragón, se unió al Reino de Castilla por al matromonio de los Reyes Católicos. Y así debe permancer. La historia no de peude cambiar a caprischo de los intereses nacionalistas.
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CON LA CONSTITUCIÓN Y EL ESTADO DE DERECHO.
No
es posible obviar un hecho como el desafío de las autoridades catalanas al
ordenamiento constitucional español, cuya gravedad resulta incuestionable. La
convocatoria de una consulta para propiciar la independencia de Cataluña
constituye, por parte de la
Generalitat y de su Presidente, una evidente ruptura de la
lealtad constitucional que corresponde a los titulares de todas las
instituciones públicas.
Las
pretensiones independentistas, como cualquier otro programa político que no
atente a la dignidad del ser humano, son perfectamente legítimas y pueden
propugnarse en el marco de una sociedad democrática. Lo que no resulta
admisible es que autoridades públicas, expresamente sometidas a la legalidad
constitucional, propicien vías o procesos independentistas vulnerando dicha
legalidad, pues ésta constituye la garantía esencial de la
convivencia de todos los españoles, incluidos los ciudadanos de Cataluña.
La
democracia es inseparable del respeto de las normas, y la Constitución
Española es, precisamente, la garante de los principios
democráticos en nuestro Estado. Carece, por ello, de todo sentido el
contraponer un inexistente “derecho a decidir” a las exigencias que establece
nuestra Constitución para modificar un contenido tan relevante como la unidad
de España. Esta opción solo cabe a través de una reforma constitucional, por el
procedimiento expresamente establecido, y con la ratificación en referéndum
por parte de todos los españoles.
No
existe el derecho de secesión en los Estados democráticos ni éste puede ser
reclamado bajo un engañoso “derecho a decidir” –la Constitución española
vincula por igual a los catalanes que al resto de los españoles, es la norma
que garantiza la autonomía de Cataluña y ampara los derechos fundamentales de
sus ciudadanos-, y la democracia
española tiene mecanismos suficientes para asegurar el respeto al orden
constitucional, incluido el uso legítimo de la fuerza.
Hay
que confiar en el civismo democrático de los ciudadanos catalanes para que
dejen de secundar consignas impropias de quienes viven bajo el gobierno y el
amparo de las leyes. Pero igualmente hay que respaldar a las instituciones del
Estado en su defensa de la legalidad constitucional, pues su respeto es la
condición esencial para la convivencia democrática de todos los españoles.
