El debate sobre la gestión migratoria en las fronteras de Ceuta y Melilla es complejo e involucra múltiples dimensiones legales, políticas, geopolíticas y gubernamentales.
Marco Legal e Internacional
La gestión de los flujos migratorios y las devoluciones en las fronteras de España está regulada por la legislación nacional e internacional:
Protección de Menores: La Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor en España establecen el principio del interés superior del menor. La legislación vigente prohíbe las devoluciones sumarias de menores no acompañados y exige incoar un expediente administrativo individualizado para evaluar si el retorno a su país de origen con sus familias es seguro e idóneo.
Derecho de Asilo: El Convenio de Ginebra de 1951 y la Ley de Asilo en España prohíben la devolución de personas que hayan solicitado protección internacional hasta que su solicitud sea evaluada, garantizando el principio de non-refoulement (no devolución a países donde su vida o libertad peligren).
Atención Sanitaria: El marco legal español garantiza la atención médica de urgencia y el tratamiento hasta el alta médica a cualquier persona, independientemente de su situación administrativa.
La Dimensión Geopolítica con Marruecos
Los sucesos ocurridos en mayo de 2021 en Ceuta, coincidentes con momentos de tensión diplomática entre España y Marruecos, evidenciaron el uso de la gestión fronteriza como herramienta de presión geopolítica. Análisis de seguridad y de relaciones internacionales han calificado el paso masivo de miles de personas, en su mayoría jóvenes y menores, como un episodio de presión o amenaza híbrida por parte del Reino Alauí, aprovechando la vulnerabilidad social y económica de la población joven en Marruecos.
El Debate Político Territorial y el Reparto de Menores
La distribución de los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) desde Canarias, Ceuta y Melilla hacia la Península ha sido objeto de debate entre el Gobierno central y las comunidades autónomas:
Capacidad de Acogida: Las ciudades autónomas y Canarias han manifestado de forma reiterada que sus sistemas de protección de menores están sobrecargados, requiriendo un principio de solidaridad interterritorial.
Posturas Políticas: La negociación sobre la modificación de la Ley de Extranjería para hacer obligatoria la derivación de menores entre comunidades autónomas ha generado enfrentamientos políticos. Diversos gobiernos autonómicos han argumentado falta de financiación adecuada, opacidad en el reparto o saturación de recursos, mientras que la falta de consenso parlamentario ha dificultado la implantación de un sistema automatizado de traslado a la Península.
Estrategias de Devolución y Efecto Disuasorio
Existen posturas encontradas sobre el impacto de los traslados a la Península:
Por un lado, se argumenta que el traslado a territorio peninsular puede generar un "efecto llamada", interpretándose como el cumplimiento parcial del objetivo migratorio y desincentivando el control en el país de origen. Desde esta perspectiva, se defiende la aplicación estricta de los acuerdos bilaterales de devolución con Marruecos.
Por otro lado, la legislación europea e internacional exige que cualquier procedimiento de expulsión o retorno se realice respetando las garantías procesales individuales, los derechos humanos y los acuerdos bilaterales ratificados entre España y Marruecos.
