Antifascismo radical, violencia callejera y el efecto boomerang para Pedro Sánchez
Los episodios de violencia callejera protagonizados por grupos radicales, incluidos sectores de la extrema izquierda que se presentan bajo la bandera del antifascismo, plantean una cuestión fundamental para la convivencia democrática en España: ¿hasta qué punto puede justificarse la violencia en nombre de una causa política? Los españoles queremos "orden y paz", valores que Sánchez y su afines no nos da, porque el problema de la vivienda y la carestía de la vida y de los combustibles es problema del Gobierno actual, no de la oposición.
Lo ocurrido en ciudades como A Coruña, Avilés y Barcelona, en los episodios a los que se viene haciendo referencia, merece un análisis serio y sin dobles raseros. Es necesario esclarecer qué sucedió, quiénes participaron, cuál fue la respuesta de las fuerzas de seguridad y qué responsabilidad corresponde a las autoridades. La defensa de una ideología, por legítima que sea dentro del marco democrático, no puede convertirse en una excusa para intimidar, agredir o alterar la convivencia. Los verdaderos fascistas falagista son los que saquean.
El problema aparece cuando el antifascismo deja de ser una defensa de la democracia frente a las ideologías totalitarias y se transforma, en determinados grupos radicales, en una justificación de la violencia contra quienes piensan de manera diferente. Combatir el fascismo no puede significar renunciar a los principios democráticos, ni mucho menos sustituir el debate político por la coacción en la calle. ¿Y no preguntamos quién los mueve y quien les paga?
También resulta legítimo preguntarse si existe un doble rasero político y mediático a la hora de condenar estos comportamientos. Cuando una autoridad condena con contundencia la violencia de un signo ideológico, pero guarda silencio ante episodios similares de signo contrario, se genera una percepción de parcialidad que erosiona la confianza de los ciudadanos. Ahora bien, para afirmar que existe una estrategia deliberada de tolerancia o una complicidad del Gobierno, hacen falta pruebas concretas, no solo sospechas o coincidencias políticas.
En este contexto, el Gobierno de Pedro Sánchez afronta un desafío político importante: demostrar que el Estado de derecho se aplica a todos por igual, con independencia de la ideología de quienes protagonizan los incidentes. La obligación de cualquier Ejecutivo democrático es garantizar la seguridad, proteger los derechos fundamentales y evitar que la violencia se convierta en un instrumento aceptable de confrontación política.
La política del doble rasero puede terminar produciendo un efecto boomerang. Si una parte de la ciudadanía llega a la conclusión de que determinados comportamientos violentos se toleran por razones ideológicas, la consecuencia puede ser una creciente desconfianza hacia las instituciones y hacia quienes las dirigen. Una política que pretende movilizar a unos sectores sociales puede terminar alejando a otros que, sin identificarse necesariamente con la derecha, exigen algo tan básico como seguridad, estabilidad y respeto a las normas.
Porque la mayoría de los ciudadanos quiere "orden y paz" poder vivir, trabajar, salir a la calle y expresar sus opiniones sin miedo a sufrir agresiones o intimidaciones. El orden público no es patrimonio de una ideología, del mismo modo que la paz social no puede depender de quién sea el responsable de los disturbios. Orden y libertad no son conceptos incompatibles: en una democracia, la seguridad debe servir precisamente para que todos puedan ejercer sus derechos.
Pedro Sánchez y cualquier otro responsable político deben tener presente esta realidad. La ciudadanía puede aceptar discrepancias ideológicas profundas, pero difícilmente confiará en unas instituciones que perciba como selectivas a la hora de condenar la violencia. La legitimidad democrática exige coherencia, transparencia y una aplicación imparcial de la ley.
En definitiva, el antifascismo no puede convertirse en una patente de corso, como tampoco puede serlo ninguna otra bandera política. La violencia debe condenarse por lo que es, no en función de quién la ejerce. Si el Gobierno no logra transmitir esa imparcialidad con hechos verificables, corre el riesgo de alimentar precisamente aquello que pretende evitar: una mayor polarización, el desgaste de la confianza pública y el rechazo de ciudadanos que reclaman, por encima de las trincheras partidistas, orden, paz y convivencia democrática.
