En defensa del juez Juan Carlos Peinado: la igualdad ante la ley no puede tener excepciones
El gobierno de Pedro Sánchez lo quiere convertirlo en un Tomas Moro
Lo que sucede en España da asco. Un hecho como esta imputación de su mujer, de su hermano, de Zapatero, y de exministros por corrupción, debería suponer la dimisión inmediata del presidente del Gobierno. Sin embargo, la reacción parece centrarse en abrir un expediente disciplinario al juez o en desacreditar a la UCO a través de las llamadas «cloacas» del Gobierno social-comunista de Pedro Sánchez.
Estamos ante un caso inaudito, increíble y peligroso para la democracia. Todos los españoles somos iguales ante la ley, principio recogido en la Constitución y que ampara nuestros derechos y deberes. Sin embargo, cuando se investiga a la esposa del presidente, las cosas parecen cambiar.
Este asunto demuestra, según sus críticos, que el Gobierno actúa como una república bananera, más propia de una dictadura centroamericana que de una democracia consolidada.
Quieren hacer con el juez Peinado como hicieron con Tomás Moro (1478–1535) fue un pensador, político y humanista inglés, célebre por escribir la obra clásica Utopía. Llegó a ser Lord Canciller de Inglaterra, pero fue decapitado por orden del rey Enrique VIII tras negarse a reconocer su divorcio y su autoridad suprema sobre la Iglesia.
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Lo que está ocurriendo en España resulta profundamente preocupante para quienes creen en el Estado de Derecho y en la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. La investigación judicial que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha provocado una enorme controversia política y mediática que, a juicio de muchos, está desviando la atención del asunto principal: el trabajo de la Justicia. Lo único que ha hecho el juez Peinado es acelerar y cerra un caso complicado antes de jubilarse en septiembre de 2026. Lo que pretenden ahora, es expediéntarlo por prevaricación para que todo lo actuado por él, quede como nulo de hecho, no de derecho.
Se percibe la mano directa del ministro Bolaños en la convocatoria urgente, inmediata y telemática, en domingo, del Consejo General del Poder Judicial. Asimismo, como para mañana lunes se ha programado otra reunión presente que, por cauces ordinarios, habría tenido lugar tras meses de informes y trámites previos.
La Constitución Española establece en el artículo 14 que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, sin privilegios ni excepciones. Sin embargo, cuando una investigación alcanza el entorno más próximo del presidente del Gobierno, parece que las reglas del debate cambian. En lugar de centrarse exclusivamente en los hechos que se investigan, parte de la discusión pública se ha orientado hacia la figura del juez instructor y hacia los organismos encargados de colaborar con la investigación. La televisión RTVE se ha montado para desacrediatrlo.
Desde esta perspectiva, preocupa que cualquier actuación judicial que afecte al poder político sea interpretada automáticamente como una actuación partidista o sospechosa. En una democracia consolidada, los jueces deben poder desarrollar su labor con independencia, sin presiones externas y sin campañas de descrédito dirigidas a condicionar sus decisiones.
La reacción institucional tras algunas resoluciones del juez Juan Carlos Peinado ha generado un intenso debate. La intervención de distintos responsables políticos y las reuniones convocadas por el Consejo General del Poder Judicial han sido interpretadas por algunos sectores como una respuesta desproporcionada frente a una decisión judicial que, guste o no, forma parte del ejercicio ordinario de la función jurisdiccional.
Especial polémica han suscitado las referencias del magistrado a la posibilidad de una eventual fuga y al papel que podrían desempeñar los miembros de la escolta oficial. Estas afirmaciones motivaron una queja formal del Ministerio del Interior, que consideró que se ponía en cuestión la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No obstante, otros observadores sostienen que corresponde exclusivamente a los tribunales valorar los riesgos procesales y adoptar las medidas cautelares que estimen oportunas dentro del marco legal. Cuando en realidad lo que he ha debido hacer es imputar a Grande-Marlaska con mentir respecto al caso Leire Díez y sus contactos con la Directora General de la Guardia Civil
Más allá de las discrepancias jurídicas, lo verdaderamente relevante es preservar la independencia judicial. Una democracia sólida no se caracteriza porque sus gobernantes estén libres de investigaciones, sino porque las instituciones funcionan con normalidad cuando dichas investigaciones se producen. La separación de poderes exige respeto mutuo entre los órganos del Estado y la aceptación de que ninguna persona, por relevante que sea su cargo, debe quedar al margen del control de la Justicia.
Por ello, quienes defienden la actuación del juez Peinado consideran que no debe ser convertido en un símbolo de persecución política ni sometido a presiones derivadas de la relevancia pública de los investigados. Sin embargo, dese Nuevo Impulso.net le defendemos a ultranza, por tratarse se una persecución del poder Ejecutivo (dónde que la división de poderes en España). Del mismo modo, sostienen que cualquier responsabilidad política que pudiera derivarse de estos hechos debe afrontarse mediante los mecanismos previstos por la Constitución y las leyes, garantizando siempre el respeto a los procedimientos democráticos y al Estado de Derecho. Con este tipo de actuaciones gubernamentales el Estado de Derecho se resquebraja, se rompe y también a democracia.
En definitiva, la fortaleza de una democracia se mide por su capacidad para aplicar la ley con imparcialidad, independientemente de quién sea el investigado. Si la igualdad ante la ley constituye uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema constitucional, ese principio debe mantenerse firme incluso cuando afecta a quienes ocupan las más altas responsabilidades del Estado.
Si Cervantes dijo en el Quijote "con la Iglesia hemos topado" ahora diría El Quijote: "Con el gobierno de Pedro Sánchez hemos topado". Invocamos al Rey Felipe VI, porque dice la Constitución que al Justicia se imparte en nombre del rey.
No es posible que ni Alberto Feijóo president del PP, Abascal Vox, UPN, CC y otros conservadores queden al margen en los medios de comunicación. El miércoles en el Congreso esperamos una revancha dura. Pidiendo otra vez la dimisión del rey del mambo jeta.
Dimisión de Pedro Sánchez y de su gobierno.
Ramón Palmeral
