El secretario general y abogado de Vox, convencido de que probará la
rebelión en el juicio del «procés»: «La fuerza intimidatoria de 18.000
mossos contra el Estado también es violencia»
-Cuando
dimos la voz de alarma en enero de 2017 lo hicimos porque no actuaba la
Fiscalía, la Abogacía del Estado ni ningún otro partido. Estábamos
solos. No fue hasta octubre cuando la Fiscalía presentó sus querellas.
Las nuestras llevaban dos meses ya en el Supremo y antes en el Juzgado
de Instrucción 13 de Barcelona, donde denunciamos que se estaba creando
una administración paralela y preparando un golpe de Estado...
-¿Se minusvaloraron los pasos que iban dando los independentistas?
-Yo
creo que había una connivencia con los golpistas. El Gobierno de Rajoy
sabía lo que estaba pasando. Artur Mas en sede judicial lo reconoció:
había una comisión con un representante del PSOE, uno del PP y otro de
la Generalidad, y los tres sabían lo que estaba pasando. Aquí
entraríamos ya en un debate político. ¿No se atrevieron a actuar? ¿Era
parte de las cesiones que durante 40 años se han hecho a los golpistas?
No sé si se estaban pagando precios de apoyos pasados, si era simple
cobardía o si era complicidad. Quizá un poco de todo.
- ¿Qué puede aportar que Rajoy, Sáenz de Santamaría y Montoro declaren como testigos en el juicio?
-Rajoy
tuvo conocimiento del golpe de Estado que se estaba preparando. Había
más que sobradas razones para que ejerciera una potestad que solo él
podía ejercer, que era la aplicación del 155 de la Constitución. Sólo él
podía apretar ese botón.
- Sin embargo, no es a
Rajoy ni a su equipo a quien se está juzgando. Puede dar la impresión de
que intentan sacar un rédito político de cara a las elecciones de mayo.
-Nosotros queremos que nos cuenten los datos
que tenían. Soraya Sáenz de Santamaría hizo una cosa extrañísima en la
«operación diálogo»: los independentistas anunciaron un golpe de Estado y
aun así se reunió con ellos para ver cómo lo iban a dar. De la
información que puedan aportar podremos deducir si esto se podría haber
evitado. Y usted me dirá: y si es así, ¿se va a querellar contra ellos?
Igual más adelante.
-Pero esa hipotética
connivencia de la que usted habla, que el Gobierno hubiera mirado para
otro lado, es un argumento que sirve a las defensas, no a la
acusación...
-No, porque el que el Gobierno no lo hiciera bien no significa que los otros no lo hayan hecho mal.
-¿Cree que la postura del nuevo PP ante unos hechos similares en Cataluña sería otra ahora mismo?
-Yo
creo que sí, sinceramente. Me sorprendió que Pablo Casado dijera que ya
hay que aplicar un 155 duro. Quiero pensar que no es oportunismo porque
ahora están en la oposición y no tienen que aplicarlo ellos, pero al
menos dice lo que otros no decían.
-El relato de
la Fiscalía y Vox sobre lo sucedido en Cataluña es muy distinto al de la
Abogacía del Estado. Ustedes acusan por rebelión; la Abogacía sólo ve
«incidentes callejeros»...
-La Abogacía del
Estado había mantenido a lo largo de la instrucción una línea de
absoluta coherencia, similar a la de acusación popular y pública
respecto a la rebelión. Sin embargo, con el cambio de gobierno purgaron
al jefe de los servicios penales de la Abogacía del Estado, Edmundo Bal,
y se cambió la línea de la acusación. Desde luego la Abogacía va a
tener un papel complicado, ya no tiene ninguna credibilidad. De lo que
no tengo ninguna duda es de que entre la Fiscalía y Vox va a quedar
perfectamente acreditado lo que es un clarísimo delito de rebelión. En
este juicio lo que se va a demostrar es que el objetivo final y
prioritario era vulnerar la Constitución, desobedecer las sentencias del
TC, subvertir el ordenamiento constitucional y, en definitiva, doblegar
la voluntad del Estado de Derecho. Y eso entra dentro de la esencia de
los delitos contra la Constitución y no contra el orden público.
-¿Qué
pasaría si la Fiscalía cambia de criterio y al finalizar el juicio, en
sus conclusiones definitivas, tampoco viera rebelión?
-Cuando
lo que ha habido por medio ha sido un cambio de gobierno sonaría a
instrucción política y eso sería un golpe de muerte contra cualquier
principio de independencia de la Fiscalía, que aunque tiene una
dependencia jerárquica, está sujeta a la legalidad. No se puede cambiar
una posición jurídica por criterios políticos. Si nos encontráramos ante
ese escenario sería un escándalo internacional mayúsculo. Vox va a
mantener la calificación de rebelión, lo que permitiría al tribunal
condenar por ese delito.
-¿Por qué la Fiscalía pide 25 años para Junqueras y ustedes 74?
-Porque
para nosotros aquí hay una organización criminal en la que cada uno
tenía su papel. Hay un reparto de funciones con una hoja de ruta que es
la que se sigue. Todos la siguieron aunque algunos se quedaron vendidos
cuando vieron cómo otros se fugaban.
-¿En qué momentos del «procés» hubo violencia?
-El
20 de septiembre y el 1 de octubre desde luego, pero la fuerza
intimidatoria de 18.000 agentes desobedeciendo al Estado también es
violencia. Si sustraes el poder de la fuerza legítima del Estado y lo
pones al servicio de una organización con un objetivo ilegítimo estás
violentando al Estado.
-¿La respuesta internacional a España supone la muerte de la euroorden?
-Es
un golpe de gracia a la propia euroorden. El acuerdo marco se basa en
la confianza entre los Estados miembros. Si España tuviera un gobierno
decente teníamos que haber salido de ahí.
-¿Ve factible un indulto en caso de condena?
-Cuando
eso ocurra Pedro Sánchez ya estará muy de salida. No se atrevería desde
un punto de vista político porque con el tribunal y la Fiscalía en
contra, tendría un coste brutal.
