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El problema de no aprender valenciano y su repercusión en el acceso al empleo público
En la Comunidad Valenciana, el conocimiento del valenciano es un requisito valorado o incluso imprescindible para acceder a determinados puestos en la administración pública. Esto incluye oposiciones a cuerpos docentes (maestros y profesores), policías locales, bomberos y otros empleos públicos dependientes de la Generalitat Valenciana. En muchos casos, se exige acreditar un nivel C1 o C2 de valenciano según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).
Este requisito lingüístico tiene como finalidad garantizar la igualdad de derechos de los ciudadanos valencianohablantes en su relación con la administración, tal como recoge el Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana en su artículo 6, que reconoce el valenciano como lengua cooficial junto al castellano y garantiza su uso y conocimiento por parte de los poderes públicos (Generalitat Valenciana, 2006).
No obstante, esta política lingüística genera tensiones en municipios de predominio castellanohablante, especialmente en zonas catalogadas como "islas lingüísticas", como es el caso del municipio de Alicante. En estos municipios, donde el uso cotidiano del valenciano es muy limitado o inexistente, algunos sectores de la población consideran que el requisito lingüístico para acceder al empleo público coloca a sus habitantes en una situación de desigualdad de condiciones frente a quienes sí han tenido acceso y motivación para aprender el valenciano.
Recientemente, el gobierno local de Alicante, liderado por una coalición entre el Partido Popular (PP) y Vox, ha promovido una moción para no impartir la asignatura de valenciano en su centro escolar, apelando a que se trata de una isla lingüística y defendiendo que el castellano es la lengua materna del municipio. Esta decisión ha generado polémica y ha sido interpretada por sectores educativos y lingüísticos como un error grave que perjudica directamente a los alumnos, ya que limita su acceso futuro al mercado laboral público en la Comunidad Valenciana (Levante-EMV, 2024).
La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) y sindicatos educativos han advertido de que no estudiar valenciano condena a los alumnos a la exclusión social y laboral, ya que se les priva de una herramienta clave para competir en igualdad de condiciones en oposiciones y otros contextos públicos (Diario Infromación).
En definitiva, no aprender valenciano en el sistema educativo valenciano no solo limita la competencia comunicativa y cultural del alumnado, sino que afecta directamente a sus oportunidades profesionales. La idea de renunciar a su enseñanza por motivos ideológicos o políticos puede tener consecuencias estructurales a largo plazo, y supone además un incumplimiento de los principios de cooficialidad y derechos lingüísticos recogidos en el marco legal autonómico y estatal así como del Estatuto Autonómico de la Generalitad.
Otro asunto diferente, es que el ciudadano común de orígenes, castellano-manchego-andaluz e incluso sudamericanos puedan expresarse libremente en castellano. No como en Cataluña que el conocimiento y uso catalán es obligatorio y excluyente si lo desconoces.
Fuentes:
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Generalitat Valenciana. Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana (2006).
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Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Documentos sobre la situación sociolingüística (2023).
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Levante-EMV. “Un municipio de la Ribera rechaza enseñar valenciano en la escuela con el aval de PP y Vox” (enero 2024).
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Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). Consejo de Europa.
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Sindicat de Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV): Comunicados sobre el valor del valenciano en las oposiciones (2023-2024).
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Ramón Palmeral. Nuevo Impulso
