Pedro Sánchez tiene en subasta su sillón en la Moncloa.
La ministra María José Montero no sabe explicar que existen comunidades de 1, 2 y 3 orden.
Cómo explica el PSOE a los militantes no catalanes la financiación especial a Cataluña
El PSOE afronta estos días una de las encrucijadas internas más complejas de la legislatura. Al acuerdo alcanzado con ERC para avanzar hacia un nuevo modelo de financiación autonómica —con un impacto estimado de 4.700 millones de euros adicionales para la Generalitat— se suma ahora la difícil tarea de explicarlo y defenderlo ante su propia militancia fuera de Cataluña, especialmente en territorios donde cualquier concesión al independentismo genera un fuerte rechazo electoral.
El pacto, suscrito por el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y por el líder de ERC, Oriol Junqueras (inhabilitado), simboliza un nuevo paso en la estrategia del Ejecutivo para normalizar las relaciones con el independentismo catalán tras el procés de 2017. Junqueras, condenado por sedición y posteriormente indultado, fue recibido por primera vez en el Palacio de la Moncloa, un gesto político de alto voltaje que en el Gobierno se interpreta como la culminación de su “retorno a la política institucional”. Sin embargo, dentro del PSOE el coste político del acuerdo se percibe como muy elevado. Pedro Sánchez tiene en subasta su sillón en la Moncloa
Fuentes socialistas reconocen que el partido vive con “estupefacción” lo que consideran un serio deterioro de sus expectativas electorales en comunidades como Aragón, Castilla y León y Andalucía, todas ellas con elecciones a corto plazo. En estos territorios, cualquier iniciativa que pueda interpretarse como un trato singular a Cataluña provoca rechazo inmediato tanto en la militancia como en el electorado tradicional del PSOE. De ahí que algunos dirigentes hablen abiertamente de un “suicidio electoral” o incluso del “asesinato” de cualquier opción competitiva en esas regiones.
La principal encargada de defender el acuerdo será la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que además es candidata socialista en Andalucía. Su argumento central pasa por negar que exista un privilegio para Cataluña y por insistir en que el nuevo modelo se basa en el llamado “principio de ordinalidad”: una fórmula que permitiría a las comunidades mantener una posición similar en recursos antes y después de la redistribución. Según esta tesis, lo acordado con ERC no sería exclusivo para Cataluña, sino una base extensible al conjunto del sistema autonómico, preservando la igualdad entre territorios, una de las señas de identidad históricas del PSOE.
No obstante, dentro del partido abundan las dudas sobre la viabilidad de este relato. “El papelón que tienen Montero, Pilar Alegría y el resto del Gobierno es muy difícil”, admite una dirigente socialista de peso. Otros cuadros territoriales señalan que el acuerdo “llega en el peor momento posible”, justo cuando el PSOE se juega buena parte de su poder autonómico y municipal y cuando la sensibilidad territorial está especialmente a flor de piel.
Este malestar se enmarca en una corriente interna cada vez más visible de descontento con la estrategia de Pedro Sánchez. La llamada ola “antisanchista”, alimentada por pactos con fuerzas independentistas y por decisiones que muchos consideran alejadas del sentir mayoritario del partido en amplias zonas de España, no deja de crecer. Pese a ello, el liderazgo de Sánchez se mantiene firme y dispuesto a desafiar a sus críticos internos. Desde su entorno más cercano se minimiza el alcance de estas discrepancias e incluso se ironiza sobre la capacidad de quienes reclaman abrir un debate de fondo sobre el rumbo del PSOE y su proyecto territorial.
En definitiva, el partido se enfrenta a una disyuntiva de alto riesgo: sostener una estrategia de gobernabilidad basada en acuerdos con el independentismo catalán, mientras trata de convencer a su base no catalana de que no se están rompiendo los principios de igualdad y cohesión territorial. Una tarea que, según reconocen muchos socialistas en privado, se presenta como una de las más difíciles de los últimos años.
