ARTICULOS DE OPINION


Revista digital de arte, cultura y opinión en Alicante. Enlace con POESIA PALMERIANA. En estas páginas no podemos estar ajenos a lo que pasa en España ni en el mundo. Dirigida por el escritor, poeta y pintor Ramón PALMERAL. Los lectores deciden si este blog es bueno, malo, o merece la pena leerlo.

viernes, 22 de septiembre de 2017

Artículo en La Vanguardia de Juan José López Burniol. "Por que no iré a votar". Debería ser leído por todos las universidades catalanas.


Por qué no iré a votar





Hará diez años publiqué un libro de título explícito: España desde una esquina. Federalismo o autodeterminación (Madrid, La Esfera de los Libros, 2008). Defendí en él la necesidad de permitir que las nacionalidades históricas que forman parte de España se replanteen y decidan en su caso, mediante referéndum, su modelo de encaje en el Estado. Lo hice desde el punto de vista del interés general de España, por entender que una estructura auténticamente federal del Estado sería mayoritariamente aceptada por todos, resolviéndose así un conflicto que perturba la política española desde hace más de un siglo. Dicho esto, he de añadir que diez años después sigo sosteniendo lo mismo (puede verse, en tal sentido, mi artículo publicado en La Vanguardia el pasado 9 de septiembre). Y desde el principio he respondido a quienes me objetan que todo ello es imposible y que, por tanto, hay que optar por la ruptura, que el día en que la demanda de un referéndum legal y acordado superase de largo los dos tercios del censo catalán (cosa segura), nadie ni nada podría impedir que el referéndum se celebrase.

Si traigo a colación cuanto antecede sólo es para dejar claro que no soy contrario a consultar a los catalanes, por vía de un referéndum legal y acordado, si aceptan permanecer en España bajo la estructura de un Estado federal; y, si la respuesta fuese negativa, a afrontar de consuno la situación con una nueva consulta sobre la independencia, pues entiendo que, a estas alturas de la historia, es imposible mantener cualquier forma de comunidad que no se asiente sobre la libertad. Ahora bien, con la misma claridad afirmo que no iré a votar en el referéndum ilegalmente convocado para el día 1 de octubre próximo, si es que llega a celebrarse. Y no iré a votar porque mi voto negativo sería contabilizado para aumentar el porcentaje de participación en la consulta a efectos de su aparente legitimación, siendo como es absolutamente ilegal. Cuanta mayor sea la participación, más legítimo parecería un referéndum que los independentistas presentan como un inocente ejercicio del derecho a decidir en abstracto, cuando lo cierto es que se trata de optar entre el sí o el no a la independencia, con infracción frontal del ordenamiento jurídico, comenzando por la Constitución y el Estatut de Catalunya (que exige el voto de 90 diputados para aprobar una ley electoral), y sin contar además con el respaldo mayo­ritario de los catalanes tal como quedó ­demostrado en las últimas elecciones autonómicas.

España en 1635-1645 según el atlas Theatrum Orbis Terrarum
España en 1635-1645 según el atlas Theatrum Orbis Terrarum (Getty)
Este referéndum carece de legitimidad democrática por ampararse en una ley –la ley del Referéndum– cuya aprobación por el Parlament constituyó el inicio de un golpe de Estado, culminado luego por la aprobación de la ley de Transitoriedad Jurídica. En efecto, los vicios de procedimiento en que se ha incurrido al tramitar dichas leyes son irreparables: se han aprobado a toda velocidad tras una irregular admisión a trámite, se ha dificultado su control de constitucionalidad al sortear el dictamen de la Comissió de Garanties Estatutàries, se ha enervado la facultad de enmienda y se ha infringido el principio de transparencia. Todo ello para celebrar un referéndum votado por una mayoría parlamentaria que no se corresponde con una mayoría social; que carecerá de las mínimas garantías de celebración; y que, además de su falta de base legal y de garantías democráticas, incumple la normativa de las Naciones Unidas y los indicadores exigidos por el Código de Buenas Prácticas sobre Referéndums de la Comisión de Venecia.

Todo Estado de derecho descansa sobre dos principios: el principio democrático y el principio de legalidad. Ni la voluntad popular puede expresarse al margen de la ley, ni la ley puede enervar la expresión de dicha voluntad hasta obturarla. De lo que se desprende que la democracia es el resultado de la aplicación simultánea de ambos principios debidamente conjugados. Hace siglos, Francisco de Vitoria dejó escrito en sus Relectiones que “para que la ley humana sea justa y pueda obligar no basta la voluntad del legislador, sino que es menester que sea útil a la república”, porque “si la ley no es útil a la república, ya no es ley”. Por consiguiente, ni sin la ley, ni sólo con la ley. Lo que significa que ni se puede convocar un referéndum prescindiendo del Estado –que, a fin de cuentas, no es más que un sistema jurídico–, al que deben su existencia y del que reciben su legitimidad las instituciones que lo convocan y amparan, ni puede utilizarse la ley, restrictivamente interpretada, para impedir la expresión de la voluntad popular cuando existe una clara, continuada y seria voluntad de expresarla.

Estas son las razones por las que no iré a votar el próximo día 1 de octubre. Expongo mi decisión sin ningún ánimo apologético ni, menos aún, apostólico. Pero he pensado que, gozando tiempo ha del enorme privilegio de publicitar mis opiniones sobre los más variados temas semana tras semana, estaba obligado a hacerlo también hoy sobre una cuestión de tan capital importancia como esta.