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La incomprensible intención de gastar 132 millones en lenguas autonómicas y no tener dinero para vivienda
En un contexto de crisis habitacional creciente en España, donde el acceso a una vivienda digna se ha convertido en un lujo para miles de ciudadanos, el gasto propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez para hacer oficiales en la Unión Europea las lenguas cooficiales (catalán, euskera y gallego) despierta, como mínimo, una profunda controversia. La Comisión Europea estima que esta iniciativa supondría un desembolso de al menos 132 millones de euros anuales, una cifra que pone en tela de juicio las prioridades políticas del Ejecutivo central. Y considera que no es tema prioritario para la Unión. Por lo tanto siete veces (7) lo ha de negado.
La medida responde claramente a compromisos políticos adquiridos con partidos nacionalistas como Junts y Bildu, actores clave en la actual mayoría parlamentaria del PSOE. El trasfondo no es lingüístico ni cultural, sino político: asegurar votos a cambio de concesiones simbólicas y económicas. Y el coste de estas concesiones no lo pagan los partidos, lo pagan todos los españoles.
El uso, defensa y promoción de las lenguas cooficiales en sus territorios es legítimo y está recogido en la Constitución Española. Sin embargo, llevar este esfuerzo al nivel de la Unión Europea no sólo supone una inversión desproporcionada, sino también innecesaria en términos prácticos. El catalán, el gallego y el euskera ya cuentan con amplios recursos institucionales y educativos dentro de España. Forzar su oficialidad en las instituciones europeas implica, además del coste directo, una complejidad operativa notable: traducción de documentos, interpretación simultánea en reuniones, contratación de personal especializado, entre otros.
Pero lo más grave no es el gasto en sí, sino la desconexión entre esta medida y las necesidades reales de la ciudadanía. Mientras se derrochan millones en contentar a partidos con intereses regionalistas, la situación del acceso a la vivienda en España es crítica: precios de alquiler disparados, jóvenes sin capacidad de emancipación, una oferta pública de vivienda social muy por debajo de la media europea y una alarmante escasez de políticas efectivas para paliar esta situación.
A pesar de que la vivienda es uno de los derechos sociales más importantes, no existe en España actualmente un Ministerio de la Vivienda con capacidad real de actuación ni una estrategia nacional ambiciosa para abordar esta problemática. El resultado: miles de familias atrapadas entre sueldos precarios y alquileres abusivos, mientras los recursos se desvían hacia políticas simbólicas sin impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos.
En conclusión, el problema no radica únicamente en el gasto de 132 millones de euros, sino en una cuestión de prioridades. Es legítimo promover las lenguas cooficiales, pero no a costa de desatender la emergencia habitacional que vive el país. La política lingüística no puede ser la moneda de cambio para sostener un Gobierno, y mucho menos si ese precio lo pagan quienes hoy no pueden permitirse ni siquiera un techo donde vivir. Un Estado verdaderamente social debería priorizar las necesidades básicas de sus ciudadanos antes de embarcarse en proyectos de dudoso beneficio colectivo.
Y todo ello para mantener a Pedro Sánchez en el poder.
Editorial de Nuevo Impulso.net
