Constante desastre en el Ministerio de Igualdad. Un misterio que debería desaparecer, que se creo para enchufar a Irene Monterro, la mujer de Pablo Iglesias (Podemos), y armó un desastre judicial con los violadores por culpa de una ineficaz ley de "sí es sí", y ahora con la pulseras telemáticas y las mentiras de Redondo. Y nadie dimite. La polémica en relación con las pulseras telemáticas afecta tanto a la gestión de la exministra de Igualdad Irene Montero, como a la actual responsable del departamento, Ana Redondo (socialista).
Lo que se ha confirmado
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Cambio de adjudicatario y nueva licitación
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En 2023, el Ministerio de Igualdad (entonces bajo Irene Montero) lanzó una nueva licitación para el contrato del sistema de pulseras telemáticas antimaltrato (el sistema Cometa) con un presupuesto de unos 50 millones de euros. El País+3elconfidencial.com+3El País+3
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Se adjudicó a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Vodafone y Securitas. elconfidencial.com+2El País+2
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Problemas técnicos / fallos reconocidos por fuentes oficiales
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Durante la transición del servicio (del proveedor anterior – Telefónica, con dispositivos gestionados también por Securitas Direct – al nuevo) hubo dificultades para migrar datos anteriores a marzo de 2024. Algunos juzgados no pudieron acceder a datos de “quebrantamientos de condena” de maltratadores por esos fallos. OndaCero+6El País+6El País+6
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La Fiscalía ha señalado en su memoria que esos fallos técnicos fueron “potenciales desprotecciones” para algunas víctimas, porque sin esos datos no siempre se pudo acreditar judicialmente si se había incumplido la orden de alejamiento. El País+2El País+2
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Respuestas del Ministerio / Gobierno
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Ana Redondo (la ministra actual) ha defendido que los dispositivos en sí han funcionado en todo momento, y que lo que fallaron fueron principalmente partes del “trasvase de datos” o de la encriptación que impedían el acceso inmediato a historiales. El País+2El País+2
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Se ha dicho que los casos afectados son porcentajes muy pequeños (“menos del 1%” en algunas declaraciones) y que se han reabierto algunos procesos que fueron sobreseídos provisionalmente. El País+2El País+2
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Críticas y alarmas
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Voces del Poder Judicial, del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, jueces, técnicos del sistema Cometa, e incluso informes internos, han advertido reiteradamente durante meses de que los nuevos dispositivos tienen fallos: pérdidas de cobertura, saltos del GPS, cierres débiles, manipulaciones, problemas con la señal. El País+2La Razón+2
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Se menciona que esos dispositivos “nuevos” podrían encontrarse en plataformas comerciales online como Aliexpress. No se ha confirmado que los dispositivos adjudicados fueran comprados allí, sólo que aparatos similares están disponibles públicamente. OndaCero+1
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Lo que no se ha confirmado o está en disputa
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Si los dispositivos realmente se compraron “tipo Aliexpress”: La acusación es que los dispositivos usados se han visto en esas plataformas, pero no hay prueba definitiva de que los dispositivos del servicio público fueran idénticos, fabricados o adquiridos de esas tiendas. OndaCero+1
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Si hubo asesinatos de mujeres que llevaban la pulsera y falló: No hay noticia creíble de que una mujer portando pulsera haya sido asesinada como resultado de los fallos. Las fuentes oficiales insisten en que en los casos con pulsera, no ha habido impacto de ese nivel. El País+1
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Cuántos casos concretos fueron sobreseídos o absoluciones debido solo a esos fallos: Los datos aún son vagos; el Ministerio / Fiscalía no han dado un número claro en todos los medios de cuántos procesos se vieron afectados, lo que genera desconfianza. El País+3El País+3ElDiariodeMadrid.es+3
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Si alguien debería dimitir: Hasta ahora no se ha producido ninguna dimisión formal relacionada con este asunto. Hay exigencias políticas y críticas públicas, pero no renuncias confirmadas. El País+2ElDiariodeMadrid.es+2
Implicaciones y posibles responsabilidades
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Desde el punto de vista técnico/judicial, la migración de datos es crucial en sistemas que generan prueba judicial. El fallo en ese punto puede comprometer procesos, generar impunidad parcial, y erosionar la confianza del sistema de protección a víctimas.
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Políticamente, este asunto puede generar desgaste al Gobierno porque toca un área sensible (violencia de género) con alta expectación de eficacia y transparencia.
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Legalmente, podría haber responsabilidad administrativa, si se demuestra negligencia en los pliegos técnicos, en los controles de calidad, o en la supervisión del contrato.
Qué queda por aclarar
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Número exacto de procesos judiciales afectados, cuándo ocurrieron, qué consecuencias para las víctimas (además de los sobreseimientos).
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Datos técnicos sobre los dispositivos: especificaciones, si realmente hay una bajísima calidad, cuántos aparatos han fallado, etc.
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Si hubo advertencias previas formales y si el Ministerio respondió a ellas oportunamente.
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Si los contratos o pliegos técnicos daban prioridad al precio sobre calidad (y si eso es legal, ético, y conforme a las normas de contratación pública).
¿Qué delito comete quien rompe una pulsera telemática?
Romper una pulsera telemática y dejar de cumplir con las obligaciones que esta representa sí puede constituir delito en España, y tiene varias consecuencias jurídicas posibles:
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Quebrantamiento de condena o medida cautelar (art. 468 del Código Penal)
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Si la pulsera está impuesta como medida cautelar (por ejemplo, prohibición de aproximarse a una persona) o como parte de una condena, romperla y desobedecer equivale a quebrantar la medida judicial.
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El artículo 468 CP castiga con pena de prisión de 6 meses a 1 año a quien quebrante su condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar o suspensión.
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Si el quebrantamiento se da en casos de violencia de género o doméstica, la pena es más grave: 6 meses a 3 años de prisión.
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Delito de daños (art. 263 CP)
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La pulsera telemática es un dispositivo propiedad del Estado. Romperla intencionadamente puede considerarse delito de daños, aunque normalmente se prioriza el quebrantamiento de medida, que es más grave.
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Desobediencia a la autoridad (art. 556 CP)
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También puede entenderse como desobediencia grave a la autoridad judicial, pero en la práctica los tribunales suelen aplicar preferentemente el quebrantamiento del art. 468 CP.
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👉 En resumen: la persona que rompe la pulsera telemática comete, como mínimo, un delito de quebrantamiento de medida judicial (art. 468 CP). Según el contexto, también se le puede imputar daños y, en algunos casos, desobediencia grave.
