Pedro Sánchez gobierna bajo la espada de Damocles
No se puede gobernar sin presupuestos. Tampoco es viable sostener una legislatura si el Congreso tumba sistemáticamente las iniciativas legislativas del Ejecutivo. Un Gobierno que depende de socios poco fiables, que no garantizan el apoyo en momentos clave, y que además se ve cercado por sumarios de corrupción que amenazan con desgastar aún más su credibilidad, se encuentra en una situación extremadamente frágil.
A esto se suma una oposición movilizada, en pie de guerra, que ve la ocasión de acorralar al presidente. Un presidente que, además, no puede moverse con libertad entre los ciudadanos sin exponerse a protestas y tensiones, lo que visualiza todavía más la distancia entre gobernantes y gobernados.
La pregunta que cabe hacerse es clara: ¿es posible gestionar los intereses generales de España desde un Gobierno atenazado por sospechas judiciales, por la presión de presuntos delincuentes que no dudan en lanzar amenazas de sacar a la luz nuevas acusaciones de corrupción, y por las exigencias de unos socios separatistas que anteponen su agenda particular a la de todos los españoles?
A nuestro juicio, la respuesta se impone por sí sola. La situación actual, lejos de aportar estabilidad, solo contribuye a aumentar la polarización y el desgaste institucional. La parálisis gubernamental y el clima de enfrentamiento permanente no ofrecen salida ni horizonte.
Por ello, la solución más razonable y beneficiosa para el conjunto de la ciudadanía pasa por un adelanto electoral. Sánchez dispone de encuestas —como las del CIS dirigido por José Félix Tezanos— que reflejan un buen momento para el PSOE: según estos datos, incluso podría obtener una ventaja de nueve puntos sobre el Partido Popular. Si de verdad la valoración del líder socialista es tan alta, y si su partido cuenta con semejante ventaja, ¿qué sentido tiene prolongar una legislatura marcada por el bloqueo, el enfrentamiento y la sospecha?
La democracia ofrece una vía clara para resolver estas crisis de legitimidad y de confianza: devolver la voz a los ciudadanos. Adelantar las elecciones no sería un gesto de debilidad, sino un acto de responsabilidad política.
No se puede gobernar sin presupuestos. Tampoco es viable sostener una legislatura si el Congreso tumba sistemáticamente las iniciativas legislativas del Ejecutivo. Un Gobierno que depende de socios poco fiables, que no garantizan el apoyo en momentos clave, y que además se ve cercado por sumarios de corrupción que amenazan con desgastar aún más su credibilidad, se encuentra en una situación extremadamente frágil.
A esto se suma una oposición movilizada, en pie de guerra, que ve la ocasión de acorralar al presidente. Un presidente que, además, no puede moverse con libertad entre los ciudadanos sin exponerse a protestas y tensiones, lo que visualiza todavía más la distancia entre gobernantes y gobernados.
La pregunta que cabe hacerse es clara: ¿es posible gestionar los intereses generales de España desde un Gobierno atenazado por sospechas judiciales, por la presión de presuntos delincuentes que no dudan en lanzar amenazas de sacar a la luz nuevas acusaciones de corrupción, y por las exigencias de unos socios separatistas que anteponen su agenda particular a la de todos los españoles?
A nuestro juicio, la respuesta se impone por sí sola. La situación actual, lejos de aportar estabilidad, solo contribuye a aumentar la polarización y el desgaste institucional. La parálisis gubernamental y el clima de enfrentamiento permanente no ofrecen salida ni horizonte.
Por ello, la solución más razonable y beneficiosa para el conjunto de la ciudadanía pasa por un adelanto electoral. Sánchez dispone de encuestas —como las del CIS dirigido por José Félix Tezanos— que reflejan un buen momento para el PSOE: según estos datos, incluso podría obtener una ventaja de nueve puntos sobre el Partido Popular. Si de verdad la valoración del líder socialista es tan alta, y si su partido cuenta con semejante ventaja, ¿qué sentido tiene prolongar una legislatura marcada por el bloqueo, el enfrentamiento y la sospecha?
La democracia ofrece una vía clara para resolver estas crisis de legitimidad y de confianza: devolver la voz a los ciudadanos. Adelantar las elecciones no sería un gesto de debilidad, sino un acto de responsabilidad política.
