Alicante, 1 de octubre 2025
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve a situarse en el centro de la polémica por el incumplimiento de uno de los compromisos más relevantes en materia de gestión pública: la presentación en plazo del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE). Pese a haber prometido reiteradamente respeto a la Constitución y a las obligaciones que de ella se derivan, por tercer año consecutivo España llega al 30 de septiembre sin que las cuentas públicas hayan sido registradas en el Congreso de los Diputados.
La Carta Magna es clara en este aspecto: el Ejecutivo debe remitir el proyecto de PGE “al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”, lo que fija el límite en el último día de septiembre. No obstante, el Consejo de Ministros de este martes ―el último del mes― se celebrará sin haber aprobado ni el techo de gasto ni la senda de déficit, pasos previos imprescindibles para formalizar el proyecto presupuestario. En consecuencia, el retraso abre la puerta a que los Presupuestos de 2023, los últimos en vigor, continúen prorrogados hasta 2026, con todas las limitaciones que ello implica en materia de política económica.
El incumplimiento, lejos de sorprender, era asumido como una realidad tanto en el Ministerio de Hacienda como en los pasillos del Congreso. El calendario estaba agotado desde hace semanas, y para cumplir con la norma constitucional el Ejecutivo habría tenido que acelerar los trámites mucho antes. Sin embargo, no lo hizo. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistía aún el lunes en que el proyecto estaba “en la recta final”, con los “últimos números” pendientes de ajuste, y prometía llevar al Consejo de Ministros el techo de gasto y la senda de estabilidad “pronto”. Pero ese “pronto”, en términos legales, ya es demasiado tarde.
El retraso en la presentación de los Presupuestos no es un asunto menor. Además de constituir un incumplimiento constitucional, afecta a la credibilidad del Gobierno y limita la capacidad del Estado para adaptar sus políticas fiscales a las nuevas necesidades sociales y económicas. La prórroga presupuestaria puede garantizar la continuidad administrativa, pero impide introducir nuevos programas de gasto, actualizar inversiones o responder con flexibilidad a escenarios imprevistos, como tensiones internacionales o cambios en los mercados financieros.
Este episodio refuerza la percepción de que Sánchez utiliza los tiempos políticos en función de sus intereses de estabilidad parlamentaria y negociación con sus socios, relegando el cumplimiento estricto de las obligaciones constitucionales. La reiteración de este retraso erosiona la confianza en la gestión del Ejecutivo y alimenta la crítica de la oposición, que denuncia una falta de respeto a las instituciones y a la seguridad jurídica que debería imperar en la gestión de las cuentas públicas.
En definitiva, el hecho de que España encare por tercer año consecutivo un incumplimiento del mandato constitucional en materia presupuestaria no solo tiene implicaciones técnicas y financieras, sino que proyecta una imagen de deterioro institucional y debilita la autoridad del Gobierno en un momento en que la disciplina fiscal y la responsabilidad presupuestaria son claves para mantener la confianza de Bruselas y de los mercados.
¨Él mismo ha dicho cuando estaba en el oposición "sin presupuestos no se puede gobernar".
