Si Puidemont y los fugados entra en España amnistiados ilegalmente se puede armar gorda en España
Ya sabemos que Pedro Sánchez es capaz de cualquier cosa por mantenerse en el poder como un dictador autócrata, los saben Feijóo y Abascal, por ello están tomando todo tipo de medidas antifraude electoral.
La Ley de Amnistía: fundamentos de su presunta ilegalidad e inconstitucionalidad
La reciente aprobación de la Ley de Amnistía ha generado una profunda controversia jurídica y política en España y en el ámbito europeo. Su aplicación pretende borrar las responsabilidades penales, administrativas y contables derivadas de los hechos relacionados con el “procés” independentista catalán, incluyendo a figuras como Carles Puigdemont.
Sin embargo, esta norma ha sido señalada por diversos juristas y magistrados —entre ellos, el miembro del Tribunal Constitucional (TC) José María Macías— como inconstitucional e incompatible con el Derecho de la Unión Europea, por varios motivos de fondo y forma.
1. Inconstitucionalidad: vulneración del principio de igualdad y separación de poderes
La Constitución Española establece que todos los ciudadanos son iguales ante la ley (artículo 14) y que el Ejecutivo no puede interferir en el Poder Judicial (artículo 117). La Ley de Amnistía, al extinguir las responsabilidades penales y judiciales de determinados individuos por motivos políticos, puede interpretarse como una intromisión del poder legislativo y ejecutivo en la función jurisdiccional.
Además, se estaría concediendo un trato de favor a un grupo concreto de personas, lo cual vulneraría el principio de igualdad ante la ley. En este sentido, amnistiar delitos aún pendientes de enjuiciamiento o ejecución podría vaciar de contenido la potestad jurisdiccional y quebrar la confianza ciudadana en la imparcialidad de la Justicia.
2. Ilegalidad: incompatibilidad con el Derecho de la Unión Europea
El Derecho de la UE impone límites a la amnistía cuando esta pueda afectar la protección de intereses financieros europeos o la aplicación efectiva del Estado de Derecho. Diversos tribunales españoles (entre ellos la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas) han planteado cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para determinar si esta ley vulnera los principios de cooperación judicial, la lucha contra el fraude a los fondos europeos y la independencia judicial.
El magistrado José María Macías, del TC, ha criticado que el Tribunal Constitucional avalara la norma sin solicitar previamente la opinión del TJUE, o sin esperar a que Luxemburgo resolviera esas cuestiones prejudiciales. Ello podría interpretarse como una precipitación que compromete la coherencia del orden jurídico europeo, y un riesgo de incumplimiento del principio de primacía del Derecho de la Unión.
3. El caso de Carles Puigdemont: un “fugado no condenado”
Uno de los puntos más polémicos es la situación de Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña. No ha sido condenado, ya que no se sometió a la Justicia española y se encuentra huido del territorio nacional. En consecuencia, no puede considerarse beneficiario de una medida de gracia destinada a extinguir condenas, puesto que no existe condena alguna.
El hecho de que la amnistía alcance incluso a quienes eludieron voluntariamente la acción de la justicia, refuerza el argumento de que esta norma rompe la lógica del Estado de Derecho, en el que el cumplimiento de la ley es condición previa para acogerse a cualquier beneficio jurídico.
4. Conclusión
La Ley de Amnistía enfrenta, por tanto, serios reparos de legalidad y constitucionalidad. Se le reprocha que:
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Vulnera el principio de igualdad ante la ley.
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Interfiere con la independencia judicial.
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Es potencialmente incompatible con el Derecho de la Unión Europea.
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Y extiende su cobertura incluso a personas fugadas de la justicia, como Carles Puigdemont, que no han cumplido ni respondido ante el ordenamiento jurídico español.
A la espera de las conclusiones del abogado general del TJUE y del pronunciamiento definitivo de Luxemburgo, este debate sigue abierto y podría tener consecuencias trascendentales tanto para el sistema constitucional español como para la relación entre España y las instituciones de la UE.
Ramón Palmeral
Alicante, 10-11-2025
